Un informe de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales analiza el ajuste a las partidas presupuestarias del área. Otros especialistas denuncian la mercantilización del ecosistema.

Río contaminado con bolsas, botellas y elementos electrónicos

En Argentina, por cada peso que se invierte en el cuidado ambiental, se destinan veinte pesos  hacia los sectores que colaboran con su degradación. Esa es una de las conclusiones que se desprende del análisis del presupuesto nacional para medio ambiente, según un estudio de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). Esa organización y otras entidades del sector social concuerdan en destacar lo poco que invierte el Estado nacional en ese área.

“Este trabajo llegó para quedarse, hace rato”, afirma María Marta Di Paola, directora de Investigación de FARN. El análisis del Presupuesto 2018 concluyó que las partidas medioambientales se reducen. “En el último tiempo hay medidas de ajustes que no procuran la conservación del ambiente, sino que buscan posicionar a la economía en lugares que fomentan energías que no son consideradas limpias. Por ejemplo, hay presupuesto creciente para el sector de la minería, pero no para remediar los efectos vinculados a esta actividad”, explica.

En el documento se detalla que este año se aplicaron un millón 700 mil pesos para detectar los glaciares que no se pueden usar para evitar su degradación, mientras que el monto para la búsqueda de nuevos yacimientos de minerales es muy superior. Así, por cada peso a la ley que los protege, se destinan 66 al mapeo minero. Ocurre algo similar en el sector energético: por cada peso que se asigna a energías renovables o eficientes, hay 61 pesos que subsidian los combustibles fósiles.

Joven caminando sobre una montaña de bolsas de basura
El análisis del Presupuesto 2018 concluyó que las partidas medioambientales se reducen.

El informe también analiza las partidas presupuestarias a la Ley de Bosques: “Sólo se le dio el 0,02% del presupuesto nacional, cuando en realidad debería tener al menos 0,3%. Es decir, se lo constituyó con solo un 5% del fondo que debería tener según ley”, enfatiza Di Paola. Sobre este ítem, Darío Rodríguez, coordinador del Banco de Bosques, consideró que si bien esta ley generó una baja en la tasa de deforestación, ésta sigue siendo una de las más altas del mundo. “Se ha deforestado más del 70% de las áreas boscosas. Las penas que se adjudican son mucho menores a la ganancia que le representa a los dueños de estas tierras explotarlas. Además, es muy poco lo que se destina al control. Desde la sanción de la ley se estima la pérdida de 750 mil hectáreas de bosque de forma ilegal”, expresa.

Sobre las causas principales de esta política, Rodríguez afirma: “Quiero creer que es más porque nuestros gobernantes no saben todo el mal que están haciendo. Pero es innegable que el lobby que hacen las empresas que se dedican a la compra de tierras para su deforestación es y siempre ha sido muy fuerte. Los beneficios económicos a corto plazo, en un país como el nuestro, siempre parecen ser una buena idea para el gobierno de turno, pero a nivel local los niveles de pobreza aumentan, así como las enfermedades y los desastres ‘naturales’”.  El directivo de Banco de Bosques agrega: “Todavía persiste la idea de que para producir, generar empleo y ‘progresar’, hay que hacerlo destruyendo nuestros recursos naturales”.

Pato nadando en rio contaminado. En los márgenes del río hay basura y desperdicios desparramados.
Contaminación del Río Reconquista

Por su parte, Adriana Anzolín, coordinadora de la Plataforma de Organizaciones de la Sociedad Civil de la cuenca del Río Luján, explica: “Hay algunas áreas donde directamente están vacías, como en la Organización para el Desarrollo Sostenible (OPDS), no tiene gente ni presupuesto y es la encargada de realizar controles de contaminación y las habilitaciones de las urbanizaciones cerradas”, declara. Según dice, lo mismo ocurre con el plan de obra sobre el Río Luján. “Van a destruirlo, quieren rectificarlo en 48 km. Todas estas acciones deberían estar controladas por la OPDS y lo que sucede es que el Ministerio de Infraestructura es el que realmente tiene el poder y la OPDS queda subordinada a él”, revela. Desde la Plataforma denuncian que el ensanche del río borra los meandros -curvas y contracurvas- propios del ecosistema, quedando rectos y dando como resultado la poca infiltración del agua hacia las napas subterráneas que proveen el agua potable. “Esta gente ve a los ríos como caños y si las lluvias son muy intensas, se desborda a una velocidad impresionante que puede arrasar con lo que encuentra, ya no van a estar las curvas”, expresa.