La Renta Básica Universal plantea asignar un ingreso universal a todos los ciudadanos, sin distinción. Países como Finlandia ya lo están implementando. ¿Es posible aplicar algo similar en Argentina?

El desempleo, la precariedad laboral y una creciente desigualdad en la distribución de la riqueza son males que aquejan a la economía mundial. El aumento de la desocupación se ve contrastado con el sobre empleo de los que tienen trabajo; los sistemas de previsión y seguridad social parecen desbordados. Ante este panorama, una vieja aspiración de aquellos que debaten sobre derechos económicos toma fuerza: la Renta Básica Universal (RBU). A diferencia de las tradicionales políticas de asistencia social, la RBU plantea un ingreso para todos los ciudadanos en forma incondicional e indiscriminada. Puede tener diversas formas, dependiendo de las posibilidades de cada país. La propuesta se aproxima más a un derecho como es el derecho al sufragio que a cualquier otra concepción. Busca que toda persona por el solo hecho de nacer tenga asegurada las necesidades básicas para vivir. Hoy, Finlandia lleva adelante un experimento con dos mil participantes en un período de dos años (2017-2018) y cuyos resultados comenzarán a analizarse en 2019.

En contacto vía mail con ANCCOM, el Director de Relaciones Comunitarias de Kela, la institución del seguro social de Finlandia, Olli Kangas, contó cuáles son los motivos que impulsaron la implementación del programa: “El objetivo del experimento es encontrar formas de remodelar el sistema de seguridad social en respuesta a los cambios en el mercado laboral. Se evaluará el efecto de un ingreso básico en diferentes grupos de población y producirá una estimación del costo total”.

“El experimento de ingresos básicos busca respuestas a las siguientes preguntas: ¿Cómo podría rediseñarse el sistema de seguridad social para abordar la naturaleza cambiante del trabajo? ¿Se puede reformar el sistema de seguridad social de una manera que promueva la participación activa y brinde a las personas un incentivo más fuerte para trabajar? ¿Se puede reducir la burocracia y simplificar el complicado sistema de beneficios?”

En este sentido, Kangas señala: “Es para obtener resultados confiables, sean cuales fueran, para mejorar la elaboración de políticas basadas en evidencia y para producir datos, hechos para los debates muy acalorados sobre los pro y los contra de la RBU”. Ante el debate planteado, señala que “ahora los argumentos se basan en consignas ideológicas en lugar de hechos. Tratamos de producir hechos”. Como la Administración Tributaria finlandesa no participó en la redacción de la ley, no fue posible realizar ningún cambio en las disposiciones fiscales y la prueba tendrá un costo total de 20 millones de euros.

Finlandia optó por experimentar y obtener información de campo antes de implementar un sistema. ¿Cómo se plantea el tema en nuestro país?

Uno de los precursores de estas iniciativas es el economista Rubén Lo Vuolo, director del Centro Interdisciplinario para el estudio de la Política Públicas. En 2001, Lo Vuolo fue parte del Frente Nacional Contra la Pobreza, donde tuvo su inicio el debate por la Asignación Universal por Hijo.

En primer lugar, Lo Vuolo considera que “ya no se puede confiar en que el empleo sea la relación social por la cual todas las personas puedan acceder a un ingreso que alcance para cubrir sus necesidades básicas”. La RBU puede ser un mecanismo que garantice un piso de ingreso para el conjunto de la población y por lo tanto actuar como estabilizador del consumo”.

Al igual que en la propuesta finlandesa, se plantea la necesidad de reformular el sistema tributario.

Lo Vuolo propone que la Renta Básica debe funcionar como un crédito fiscal, explica que “es decir, implica una reforma del impuesto a las ganancias y hacer una nueva tabla para que, a partir de un determinado ingreso, se tribute hasta el punto que se devuelva. Este concepto es muy importante porque algunos cuestionan que se les dé el ingreso ciudadano a los ricos y se lo damos porque es un derecho universal como el de votar o ir a una escuela pública. Estamos hablando de políticas que hacen a la conformación de un nuevo ethos social que implica este tipo de políticas”.

La propuesta requiere de múltiples discusiones. Conlleva conflictos de intereses que impactan en la política. Lo Vuolo considera que “el análisis de la coyuntura no tiene que trabar este tipo de propuestas. Y hay que ser claros, ninguno de los derechos se obtuvieron de la noche a la mañana. Hoy no es ni política ni fiscalmente posible, pero se puede establecer una gradualidad y discutir cual es el mecanismo para avanzar y no tiene que implicar una gran carga fiscal. Ahora, si la política va a seguir siendo favorable a las minorías obviamente una propuesta de este tipo no va a trascender ni va a ser posible de aprobarla”.

En coincidencia con Ollie Kangas, el economista argentino considera que se potencia la autonomía de las personas. “Con las políticas actuales hay un enorme clientelismo, son herramientas fundamentalmente de control social. Una persona que está permanentemente rindiendo examen para poder recibir un ingreso mínimo para poder vivir y sostener su familia evidentemente es una persona que no puede ni siquiera ejercer con libertad su derecho a voto. Esto se terminaría ya que nadie te podría quitar este beneficio”.

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