La Justicia consideró inconstitucional la decisión del Gobierno de la Ciudad de venderle al club los terrenos linderos a La Bombonera. El fallo dice que las tierras deben ser un gran parque público. Los xeneizes apelaron.
Chicos jugando al fútbol en los campitos de Casa Amarilla. Detrás, la Bombonera.
Las tres manzanas en disputa están delimitadas por las calles Almirante Brown, Blanes, Palos y Espinoza.

La jueza Paola Cabezas Cescato, al frente del Juzgado Nº 11 en lo Contencioso, Administrativo y Tributario, declaró la nulidad absoluta de la licitación pública y, en consecuencia, de la adjudicación y venta de las tierras conocidas como “los campitos” de Casa Amarilla al Club Boca Juniors, al reconocer que la venta fue inconstitucional por no existir ninguna ley de la Legislatura de la Ciudad que la autorice.

La magistrada, que en febrero había frenado las obras del club en los terrenos de Casa Amarilla, ahora hizo lugar al amparo colectivo firmado por la agrupación barrial La Boca Resiste y Propone (LBRP), con patrocinio del Observatorio del Derecho a la Ciudad. Esa organización había denunciado que el Gobierno de la Ciudad, a través de la Corporación Buenos Aires Sur, vendió los terrenos públicos al club que preside Daniel Angelici por más de 180 millones de pesos sin la autorización de los dos tercios de los legisladores porteños, tal como lo establece el artículo 82 de la Constitución local.

Para las organizaciones del barrio el fallo representa una victoria. “Esta sentencia es la más importante porque las anteriores eran medidas cautelares, orientadas a resguardar la protección de estos predios hasta que se decida si nosotros teníamos razón, o si la tenía el Estado o Boca Juniors. La decisión que se dio a conocer ahora es definitiva, resuelve el conflicto y nos da la razón”, indicó Jonathan Baldiviezo, abogado del Observatorio del Derecho a la Ciudad.

Las tres manzanas en disputa están comprendidas entre las calles Almirante Brown, Blanes, Palos y Espinoza y habían sido adjudicadas en 2016 al club para construir un estadio-shopping. Sin embargo, la Ley N° 2.240, que declara la Emergencia Ambiental y Urbanística del Barrio de La Boca, definió que las tierras debían convertirse en un gran parque público para el barrio.

Una mujer agita su bandera en una protesta vecinal del barrio de la Boca.
“Esta sentencia le da la razón a las organizaciones barriales”, dice el abogado Jonathan Baldiviezo,

Natalia Quinto, referente de La Boca Resiste y Propone, expresó: “Hay un gran problema: la tierra pública que se vende ya no va a estar disponible para nada de lo que necesitemos los vecinos”. Además, Quinto dijo que espera que prontamente el club retire el alambrado que puso ya que los vecinos utilizan este espacio abierto para realizar campeonatos de fútbol, ensayos de murgas y festivales locales.

Por su parte, Emiliano Acosta, de la Agrupación Vecinos de La Boca que integra la asamblea por “los campitos” de Casa Amarilla, recordó que las tierras pertenecían al Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) y estaban destinadas a la construcción de viviendas sociales. “El planteo del IVC en los últimos gobiernos es que no hay espacio para hacer vivienda y acá el primer proyecto que hubo fue habitacional y un proyecto educativo que no se cumplió”, manifestó Acosta.

En 2005, el IVC había planificado en ese sector la construcción de 1.200 viviendas. Pero sólo construyó 438 casas en Casa Amarilla y en 2010 cedió el predio al Ejecutivo porteño que, mediante el Decreto 723 firmado por Mauricio Macri, aceptó esa cesión y transfirió la propiedad fiduciaria a la Corporación Buenos Aires Sur. Así, este organismo oficial se encargó de beneficiar, según la Justicia de forma ilegal, el negocio del club xeneize en perjuicio del barrio.

De todos modos, el Club Boca Juniors, al día siguiente de ser notificado del fallo de Cabezas Cescato, presentó el recurso de apelación y con posterioridad también lo hicieron la Corporación Buenos Aires Sur y el Gobierno de la Ciudad. “Vamos a seguir sosteniendo la ilegalidad de las ventas y denunciando públicamente como el Gobierno se atreve a violar la Constitución para favorecer negocios de privados”, aseguró Baldiviezo.

 

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