La crisis por la que pasa la fábrica de plásticos Oropel SA, en La Boca, moviliza a sus 75 trabajadores a una jornada de protesta el 1º de mayo. Llevan cuatro meses sin cobrar.
Trabajadores de fábrica de plastico Oropel de la Boca, en conflicto por su fuente de trabajo.

Los 75 trabajadores de la fábrica de plásticos Oropel S.A., ubicada en La Boca y que atraviesa un conflicto laboral, decidieron -con el apoyo de las organizaciones sociales y políticas del barrio- realizar una jornada de lucha el martes 1º de mayo.

Bajo la consigna “Oropel es de los trabajadores”, los organizadores esperan que la actividad sirva para visibilizar la problemática y, al mismo tiempo, recaudar recursos económicos para el fondo de lucha.

La fábrica de plásticos Oropel S.A. atraviesa un grave conflicto laboral: desde diciembre de 2017 los 75 trabajadores se encuentran sin percibir sus salarios. Si bien las irregularidades se iniciaron a fines del 2012 con atrasos en los aguinaldos y en el pago de las vacaciones, en 2016 Alejandro García Calabria, presidente de la firma, se presentó en concurso de acreedores e intentó formalizar un convenio proponiéndole al Ministerio de Trabajo acuerdos de pronto pago.

Gustavo Ureña, uno de los trabajadores que lleva más de 20 años en la fábrica, denuncia que “García Calabria prometió que se iba a poner al día y no cumplió. No presentó nada, ninguna disposición de pago. Los sueldos se empezaron a atrasar y ahora estamos hace cuatro meses sin cobrar” y continúa: “La única presentación que realizó ante el juzgado es que nosotros, supuestamente, estábamos haciendo una toma de fábrica e, incluso, que no queríamos trabajar. Está claro que las únicas propuestas que él tiene son acusaciones”.

Bajo la consigna “Oropel es de los trabajadores”, los organizadores esperan que la actividad sirva para visibilizar la problemática.

El abogado defensor de los empleados, Luis Palmeiro, explica que García Calabria llegó a hacer una denuncia penal contra los trabajadores “por una venta de mercaderías -así lo manifiesta- por ocupación. La Fiscalía mandó a archivar esa causa debido a que no hay delito porque lo consideró parte de un conflicto de carácter laboral. Los trabajadores siguen yendo a la planta, no se violentaron cerraduras, simplemente se presentan a trabajar todos los días en los distintos turnos así que no hay posibilidad de identificar eso con el delito de usurpación” y enfatiza: “El deudor dijo que iba a poder pagar los salarios vendiendo algunas máquinas, sin identificar cuáles. Esta propuesta también fue rechazada”.

Cabe señalar que, durante diciembre de 2017, Calabria retiró de la fábrica 36 moldes, luego se llevó otros tres y en enero retiró el de los envases de la Serenísima que para Franco Medina, empleado de hace más de 30 años, significa “el corazón de la fábrica”. Se trata de piezas fundamentales para poder realizar los productos y, según los argumentos del deudor, habrían sido llevados a un taller de reparación. Los trabajadores insisten en que “los moldes estaban en perfectas condiciones y pareciera que el propio gerente está intentando desmantelar su propia fábrica”.

Luis Palmeiro explica que “el último viernes, el Juzgado Comercial N°18 secretaría 36, ordenó que el síndico ocular concurra, en primer lugar, a Oropel para ver el estado de situación de la fábrica, para ver si los trabajadores están ahí y en qué situación y, en segundo lugar y en relación a la salida de molduras que son las matrices que se necesitan para hacer los envases plásticos, solicitó que fuera a ver dónde están los moldes y en qué estado”.

Lo cierto es que aquel acuerdo de pronto pago que Calabria propuso en 2016 ante el Ministerio de Trabajo para regularizar la deuda de la fábrica no se cumplió, por lo que fue necesario recurrir a lo que se conoce como período de exclusividad en el cual se deben presentar las conformidades y el consentimiento de todos los acreedores, proveedores, clientes, servicios, AFIP, sindicales y los propios trabajadores. Todos los acreedores deben prestar la conformidad a ese acuerdo que intenta hacer el deudor. Al no obtenerla, se extendió el plazo, se prorrogó dos veces por 30 días y el último improrrogable venció el 10 de abril.

Gustavo, trabajador que dialogó con ANCCOM.

Al terminarse el período de exclusividad se abre una nueva instancia que no va a estar destinada al deudor sino a los eventuales interesados en adquirir la fábrica. “El cramdown es la posibilidad de que un acreedor o un tercero adquiera la empresa del concursado y tiene como propósito evitar la quiebra” explica Palmeiro y continúa: “Es un proceso que, a partir de la última modificación de la Ley de Concursos y Quiebras del año 2011, habilita a la cooperativa de trabajadores en formación a presentarse al mismo”.

“En estos días estamos esperando la resolución de la jueza para ver qué va a pasar con nosotros. Lo que queremos es seguir trabajando pero necesitamos que vengan con propuestas”, exige Ureña y lamenta las situaciones difíciles que están atravesando todos sus compañeros: “Algunos tuvieron que dejar de alquilar, otros se separaron, compañeros que toman medicación hoy no pueden comprarla”. En esa misma línea, Franco Medina expresa que “cuatro meses sin sueldo es insostenible. Nosotros necesitamos trabajar y tener un sueldo para poder vivir”.

Desde diciembre de 2017 los 75 trabajadores se encuentran sin percibir sus salarios.

 

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