Dos conflictos movilizaron a los trabajadores del subte. La Corte Suprema anuló la personería gremial de AGTSyP y hay nuevas denuncia sobre materiales cancerígenos en los vagones. El sindicalista Roberto Pianelli explica el estado de situación.

Los trabajadores del subte llevan varias semanas en el centro de la agenda pública. El fallo de la Corte Suprema de Justicia que anuló la personería gremial de su sindicato, primero, y la denuncia por la presencia de una sustancia cancerígena en los nuevos vagones de la Línea B, unos días después, pusieron en primer plano la voz de los hombres y mujeres que cumplen tareas en el transporte bajo tierra de la Ciudad de Buenos Aires.

Roberto Pianelli, secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro (AGTSyP), dialogó con ANCCOM sobre ambos temas y advirtió que el pronunciamiento supremo que firmaron los jueces Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti constituye “una decisión política y absolutamente escandalosa que liquida la libertad sindical”.

“Que la Corte haya tomado esta postura por esta causa entre las miles de cuestiones que debe tener, se debe a una decisión política. A nuestro entender tiene que ver con que esta  Corte cuenta con una mayoría de personas que claramente ayudan a la aplicación de la política de este Gobierno”, reflexionó.

Los trabajadores del subte están convencidos de que el fallo de la Corte del miércoles pasado funciona como un “mensaje” del Gobierno en el medio del tironeo por las negociaciones paritarias que la administración de Cambiemos pretende tener a raya del 15 por ciento. Y también como una señal al mundo empresario por la próxima licitación del servicio de subterráneos porteño. 

El cimbronazo tendrá una respuesta firme en tribunales internacionales. “Vamos a ir a protestar ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y también vamos a recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para  denunciar al Estado Argentino. No sólo hay presos políticos hoy en la Argentina, también se pierden y se bajan las condiciones de vida de  los sectores más vulnerables, los jubilados también se ven afectados y a esto se suma que ahora no hay libertad sindical”, subrayó Pianelli.

 ¿Y mientras tanto? ¿Qué medidas analizan?

Seguiremos actuando como lo que veníamos haciendo hasta ahora. Los fallos anteriores de la Corte nos reconocen determinados derechos que seguiremos ejerciendo. Si hubiera algún intento con esta resolución de cercenar nuestros derechos, tomaremos nuestras medidas de autodefensas. Esa respuesta puede ser desde realizar una movilización, apertura de los molinetes,  paro  parcial o total. Vamos variando la modalidad de protesta para no tener que perjudicar a los usuarios que no son los culpables del conflicto.

Denuncia y respuesta

Casi en simultáneo a la pulseada por la personería gremial, los trabajadores del subte iniciaron una dura pelea -con amenaza de paro incluida- para que la empresa Metrovías y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires atiendan la denuncia por la presencia de asbesto (el componente nocivo y cancerígeno) en los trenes de la Línea B. La firme posición del sindicato obligó a la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad a aceptar la elaboración de un cronograma de inspecciones sobre los trenes en cuestión.

La empresa Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) insistió en esgrimir el comunicado del Metro de Madrid que aseguró que los coches CAF 6000 no tienen asbesto. En febrero se retiraron los coches CAF 5000, pero los metrodelegados insisten con la revisión de los CAF 6000.

“Es probable que los análisis de las formaciones se realicen en el laboratorio del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)”, le explicó Pianelli a ANCCOM. Y adelantó: “No habrá protestas hasta conocer los resultados”.

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