Memoria Activa denuncia maniobras de Garavano para absolver a sus amigos y pide la condena de trece personas por el encubrimiento del atentado a la AMIA. Entre ellas, Menem, Galeano, Anzorreguy, Fino Palacios, Mulen y Barbaccia.

A casi tres años del comienzo del juicio por encubrimiento del atentado a la AMIA, el proceso judicial iniciado en agosto de 2015 está cada vez más cerca de la sentencia final. Una vez terminados los alegatos de las seis querellas y de las defensas de los 13 imputados, que se extenderían hasta el mes de junio aproximadamente, se conocerá finalmente el fallo del Tribunal Oral Federal Nº 2, integrado los jueces Jorge Gorini, Karina Perilli y Néstor Costabel. Unos pocos meses para saber si las víctimas de uno de los peores atentados terroristas cometidos en nuestro país recibirán algo de justicia luego de más de dos décadas de impunidad.

El reloj que marca las 9.53, la hora exacta de la explosión.

En la audiencia de esta semana tuvo lugar la presentación del alegato final de la Asociación de Familiares y Amigos de las Víctimas Memoria Activa, a cargo del abogado Rodrigo Borda. Esta asociación representa a las familias de algunas de las 85 víctimas que en la mañana del 18 de julio de 1994 perdieron la vida cuando una bomba explotó en la Asociación Mutual Israelita Argentina. Entre ellos estaba Andrés Malamud, un arquitecto de 37 años, casado con Diana (una de las principales referentes de Memoria Activa) y padre de dos hijas que, al momento de perder a su padre, tenían apenas cinco y dos años. Ese día también falleció Noemí Reisfeld, una joven asistente social que aquella mañana, a pesar de que debía tener el día libre, acudió a su lugar de trabajo para reemplazar a una compañera. Por su parte, Norma Lew, que era jefa del servicio social de la AMIA y quien más tarde se convertiría en la primera presidenta de Memoria Activa, fue rescatada con vida de entre los escombros del edificio, pero sus lesiones eran tan graves que una fotografía suya -tomada cuando era sacada en camilla- fue publicada en un periódico como la imagen de una persona fallecida. Su hijo Agustín, de 21 años, que aquel día había ido a acompañar a su madre al trabajo, no sobrevivió.

“Todos ellos, Andrés, Noemí, Agustín y Norma, fueron víctimas directas de ese atentado terrorista, al igual que las otras 82 personas que fallecieron y las que integran la larga lista de lesionados, que supera la centena”, manifestó Borda al iniciar su alegato. “Las personas que yo represento en este juicio, al igual que el resto de los familiares, también son víctimas directas del atentado a la AMIA, porque ese atentado les provocó un enorme daño personal y les marcó la vida para siempre, porque perdieron a un marido, a un padre, a una hermana, a un hijo.” Y agregó:Pero a las personas que represento en este juicio no solo las damnificó el atentado a la AMIA, no solo son víctimas del atentado terrorista. También son víctimas de la impunidad, de la falta de verdad y de la falta de justicia. La respuesta infame del Estado argentino, luego del atentado, constituye una verdadera tragedia institucional”.

La consigna de siempre: Justicia y memoria.

A su vez, el abogado querellante también refutó el argumento invocado por algunos de los imputados, que atribuyeron las irregularidades cometidas durante la investigación a la falta de preparación, escaso conocimiento sobre terrorismo y falta de recursos para investigar, justificando su accionar como “inexperiencia” y no como encubrimiento. Al respecto, Borda especificó: “A ninguno de los imputados en este juicio se les acusa de ser negligentes o de haber actuado por desidia. La participación que les atribuimos en las maniobras de encubrimiento y desvío de la investigación del atentado a la AMIA fue una participación dolosa. Los acusamos por cosas que hicieron de manera intencional para impedir que las víctimas puedan obtener verdad y justicia”.

Los 13 imputados en la causa son Juan José Galeano, ex juez instructor de la causa; los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia; el ex titular de la SIDE, Hugo Anzorreguy, el ex agente Patricio Finnen y el ex subsecretario Juan Anchezar, ambos de los Servicios de Inteligencia; el ex comisario Jorge “Fino” Palacios y el ex policía Carlos Castañeda; el ex presidente de la DAIA, Rubén Beraja; el ex Presidente de la Nación, Carlos Menem; Carlos Telleldín, último propietario conocido de la Trafic en cuyo interior se hallaría la bomba, su esposa Ana Boragni y su ex abogado Víctor Stinfale. Los hechos por los que se los juzga incluyen el pago a Telleldín de 400.000 dólares para que diera una declaración falsa ante la justicia, y el abandono deliberado de la investigación sobre el ciudadano de origen sirio Alberto Kanoore Edul, quien tenía vínculos con la familia Menem. Según Borda, todos los acusados actuaron de manera intencional para encubrir a los autores de la explosión y permitir que el atentado permanezca impune.  “Las personas acusadas en este juicio han privado de la verdad y de justicia a las personas que represento, y el daño ocasionado a la búsqueda de verdad y justicia ha sido tan grande que cabe pensar que a esta altura, a casi 24 años del atentado, puede ser irreparable”, aseguró Borda.

Foto del 18 de Julio 2017, en el aniversario número 23 del atentado a la AMIA.

A diferencia de la querella que representa al Estado Argentino, Unidad AMIA (recientemente disuelta), que al presentar su alegato decidió no solicitar penas para los ex fiscales Mullen y Barbaccia, Borda ratificó la intención de Memoria Activa de buscar la condena de todos los acusados. “Los vamos a acusar a todos, vamos a pedir condena para todos. Tenemos la convicción de que son todos culpables. Pediremos penas acordes con la magnitud del perjuicio personal e institucional que han causado. Todos ellos son responsables de la impunidad del atentado a la AMIA”, afirmó.

Respecto a este punto, el abogado citó las declaraciones Mario Cimadevilla, ex titular de la Unidad AMIA -recientemente removido y reemplazado por el subsecretario de Memoria, Verdad y Justicia, Mariano Fridman-, quien acusó al Ministro de Justicia Germán Garavano de haber solicitado, “por amiguismo”, que no se acusara a los ex fiscales. El argumento planteado por Unidad AMIA para no imputar a los ex fiscales no tiene que ver con “amiguismo”, sino con la preocupación de que acusar a Mullen y a Barbaccia supondría voltear las alertas rojas contra los iraníes, un planteo al cual el abogado calificó como “un argumento hipócrita y absurdo”.

Sobre este punto, Borda expresó en diálogo con ANCCOM: “Es lo mismo que se decía del ex juez Galeano durante el gobierno de Menem, que no se lo podía cuestionar porque si no se caía la causa. Es un argumento hipócrita porque intenta ocultar las verdaderas razones por las cuales piden la absolución de estos dos personajes, que es lo que dice Cimadevilla, el “amiguismo”.

Los nombres de las 85 personas fallecidas, sobre el mural de la calle Pasteur.

Respecto a la continuidad del caso, Borda manifestó: “Va a haber un nuevo juicio contra Telleldín. Sin duda, el resultado de este juicio va a tener un efecto en reconstituir o no la imagen del Estado en la institucionalidad de la Causa AMIA. Eso es lo que está en juego en este juicio, si la palabra del Estado en sus distintas agencias va a ser creíble, o no, para poder determinar la verdad y lograr justicia en la causa por el atentado. Porque lo que hicieron estas personas puso en crisis la confianza en la justicia por parte de la ciudadanía, y fundamentalmente de las víctimas. Este juicio es la oportunidad que tienen los jueces de reconstruir la confianza de la sociedad en las instituciones”.

La querella de Memoria Activa continuará con la exposición de su alegato en la próxima audiencia, que se llevará a cabo este jueves 15 a partir de las 10 de la mañana en los tribunales de Comodoro Py.

Los familiares de las víctimas viven este proceso con expectativa, pero también con mucho dolor. Son casi 24 años de impunidad, concluyó Borda. “No vemos muchos cambios institucionalmente y hay un enorme retroceso con este tipo de planteos del Ministerio de Justicia. Acaban de disolver la Unidad AMIA y la pusieron a cargo de un funcionario que fue uno de los abogados que participó en las maniobras de encubrimiento, Mariano Fridman. Es muy grave y es muy doloroso para los familiares, pero aun así hay expectativas que no tienen que ver con la fe, sino con la convicción de que si no hay una respuesta institucional, no solo no hay destino para la Causa AMIA, sino que no hay destino para nuestra sociedad como país”.

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