Por Sebastián Campopiano (Universidad Nacional de Moreno)
Fotografía: Gentileza

Una escuela en malas condiciones no puede garantizar el aprendizaje de los alumnos, especialmente si no cuenta con la infraestructura necesaria. En distintas zonas del Conurbano existen instituciones escolares con muchos problemas edilicios, lo que atenta contra el derecho a la educación. ANCCOM recorrió escuelas del oeste suburbano con problemas de toda clase.

Clase pública en la Escuela 66 de Francisco de Alvarez

La escuela pública N° 66, de la localidad de Francisco Álvarez, es una. Los alumnos, durante distintas épocas del año, sacaron bancos y mesas a la calle para tomar clases en la vía pública , ante los problemas de infraestructura. La situación del establecimiento se agravó cuando desbordó el pozo séptico y llenó de mal olor las aulas. La comunidad del barrio hace años que reclama al Consejo Escolar local, pero sólo consiguió que un camión atmosférico acuda para vaciar el pozo en lugar de hacer  uno nuevo. La directora del colegio no quiso hacer declaraciones al respecto.

“Hay un pozo para la primaria y otro para la secundaria. Uno está desmoronado, por eso se llena el otro rápidamente. Los reclamos vienen del año pasado”, dijo Lautaro, empleado de un negocio vecino a la escuela.

Vivian es madre de cinco hijos y todos son alumnos de la Escuela 66. Detalló varios problemas que tiene el establecimiento: “¿Problemas? El pozo séptico, los vidrios rotos, las puertas no tienen manija, en los baños no andan las canillas, siempre está goteando y están sucios. Este año se perdieron la mitad de las clases por eso. Yo hablé con el director de secundaria y me dijo que nadie se hace cargo, le dije que mi marido iba a ir a arreglar la puerta pero se lo negaron. Mis hijos directamente ya no quieren ir, para ellos no es normal copiar la tarea y venir para hacerla en casa. Le están cerrando el paso a los chicos con mesas para que no se acerquen a los pozos”.

Pablo es uno de los padres que colaboraba en los arreglos de la escuela, hasta que le impidieron continuar. “¿Sabés lo que hacen los directores? Cuando hablamos con ellos, nos ayudan, pero los sancionan. Hay pérdidas de agua por la pared, ¿qué pasa si un chico queda electrocutado? ¿Quién se va a hacer cargo? Los directores están reclamando desde 2015. La escuela no tiene la culpa, es el Estado”.

Las condiciones de infraestructura impiden que las clases puedan realizarse normalmente.

El Artículo 85 de la Ley de Educación Nacional establece en  el capítulo VI, referido a los derechos y deberes de los estudiantes: “Los alumnos deben desarrollar sus aprendizajes en edificios que respondan a normas de seguridad y salubridad, con instalaciones y equipamiento que aseguren la calidad del servicio educativo”. Sin embargo, la realidad es distinta a la letra de la ley.  Quien debe ocuparse de la situación de las escuelas es el Consejo Escolar de cada municipio, un órgano descentralizado  que depende de los fondos que envía la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires para infraestructura, servicio alimentario y seguridad e higiene.

En el predio del Jardín 964 del Barrio Los Hornos ya no hay más espacio. La solución que ofreció el Gobierno provincial es la construcción de aulas modulares para “inaugurar” así la Escuela Primaria N° 84, tras siete años de reclamos de los padres. Pero el acceso desde la calle Portugal es imposible debido al estado de las calles: cuadras llenas de barro, pozos, piedras de gran tamaño bloqueando el camino, restos de árboles y falta de veredas imposibilitan la llegada. Una vecina dice: “No se puede acceder, todo el barrio es igual. Hay barro por todos lados y las calles están destruidas”.

En tanto, en la Escuela N° 6 Juana Azurduy, del Barrio San José, Dayra, vocera del Centro de Estudiantes, describe los problemas de su escuela y los motivos que conllevaron a una toma del establecimiento: “Nuestra escuela cuenta con problemas edilicios desde 2012. Todo el sector de la entrada tiene las paredes que se electrifican. Quien se encargó principalmente de arreglarnos los problemas eléctricos y que ahora están haciendo el contrapiso y refaccionando nuestra nueva entrada provisoria es la Cooperativa de Trabajo Tupac Amaru. Se solidarizan personas que no tienen nada que ver con nuestra escuela. Y quien realmente se tendría que hacer cargo, no lo hace”.

Toda la comunidad reclama por las mejoras en el establecimiento.

Jésica es una ex alumna de la escuela, pero su familia tiene un kiosco dentro del establecimiento: “Soy una ex alumna; terminé el año pasado. Desde que empecé tercer año estamos luchando para mejorar la escuela. Íbamos al Consejo Escolar una vez por mes, nunca tuvimos respuesta. Hay días que llovía, se mojaban las aulas y se suspendían las clases”.

Dayra además agregó a su testimonio un incómodo momento que les hizo pasar Gendarmería: “Cinco años después del proyecto de obra, tomamos la escuela, pero del lado de afuera. Nos mandaron a Gendarmería Nacional,  que sacó fotos de todos los menores de edad”.

También denunciaron todo tipo de problemas de infraestructura, los familiares de alumnos de escuelas como la 27 de Trujuy, la 45 de Francisco Álvarez y la 46 del Barrio La Victoria.  El  Consejo Escolar de Moreno, al que corresponden las escuelas, fue intervenido el mes pasado por las autoridades bonaerenses, por un plazo de 180 días. Mientras la anterior conducción del Consejo, elegida junto a los comicios provinciales y nacionales, denunció intencionalidad política como causa de la intervención, la Gobernación contraatacó al difundir supuestas irregularidades registradas en el pasado reciente. En el medio, los chicos…