El trasfondo económico e ideológico del proyecto de reforma de los Institutos de Formación Docente. ¿Una Universidad que jerarquiza o prepara tecnócratas para estar frente a los aspirantes a maestros?

En el marco de la etapa de reformismo permanente inaugurada por el presidente Mauricio Macri, inmediatamente después de que su partido ganó las elecciones intermedias de octubre, apareció otra propuesta conflictiva en una de las áreas más sensibles y nodales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: la educativa.

A la crisis en los niveles Inicial, Primario y Medio, por la falta de vacantes en la escuela pública –dejando este año a 11.958 niños, niñas y adolescentes por fuera de la educación pública, laica y gratuita-, se le suma el proyecto que presentaron, en conjunto, el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y la ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña, referido a la creación de la “Universidad de Formación Docente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” (UniCABA). El mismo tiene por objeto concentrar en una única institución, la diversidad de los 29 Institutos de Formación Docente que, según la matrícula de 2016, forman a 25.138 maestros y profesores en la ciudad.

Ante la presencia de funcionarios de la cartera educativa nacional y municipal, además de representantes de la educación privada y ONG´s, Rodríguez Larreta presentó el 22 de noviembre pasado, el “Plan de Transformación Educativa de la Ciudad”, que incluye la creación de la universidad pública de formación docente. Antes de enviar el Proyecto de Ley a la Legislatura porteña para su tratamiento, el jefe de Gobierno adelantó que “una educación del futuro para chicos del futuro requiere también docentes del futuro. Por eso, estamos lanzando la creación de una universidad para los docentes, para jerarquizar y para que tenga cada vez mejor calidad la formación”.

La respuesta de la comunidad educativa de los institutos superiores -estudiantes, graduados, docentes, rectores y rectoras, gremios, personal no docente- no se hizo esperar: el jueves 30 de noviembre los rectores de los 29 profesorados porteños, nucleados en el Consejo de Educación Superior Estatal (CESGE), brindaron una conferencia de prensa en el Instituto Superior del Profesorado “Dr. Joaquín V. Gonzalez” para rechazar el proyecto de reforma que incluye el desmantelamiento de las 29 instituciones de formación docente que actualmente existen en la Ciudad de Buenos Aires.

Una multitud escucha la conferencia de prensa brindada en en el Instituto Superior del Profesorado “Dr. Joaquín V. Gonzalez”.
“La jerarquía de la profesión guarda estrecha relación con las condiciones para enseñar que no están siendo garantizadas por las políticas educativas y laborales del Estado”, dijo Paula Topasso, docente de la Escuela Normal Nº1.

¿Qué son los Institutos de Formación Docente?

La propuesta de reforma integral educativa, que en el área de formación docente incluye la creación de una Universidad de Formación Docente pública y gratuita, echa por tierra más de cien años de historia en lo que atañe al sistema de educación superior.

De los 29 Institutos Superiores de Formación Docente (ISFD) que existen actualmente en la CABA, 21 dependen de la Dirección de Formación Docente y ocho de la Dirección de Formación Artística, a la vez que ambas dependencias están dentro de la Dirección General de Educación Superior del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Por su parte, de los 21 institutos dependientes de la Dirección de Formación Docente, 16 fueron creados entre 1880 y 1920, en pleno proceso de organización del sistema educativo nacional, el cual para aquella época tenía un solo propósito: la homogeneización de las masas en una sola identidad argentina, de valores y costumbres devenidos del mundo occidental. Hoy, entre esas 29 instituciones, se ofrecen carreras docentes para los cuatro niveles de enseñanza -Inicial, Primario, Media y Superior-, las cuales se dictan en cinco tipos de establecimientos: Escuelas Normales Superiores (ENS), Institutos de Enseñanza Superior (IES), Institutos Superiores de Profesorado (ISP), Institutos Superiores de Educación Física (ISEF) y en Escuelas Superiores de Educación Artística (ESEA).

Entre variedad de ofertas –de instituciones, de carreras, de niveles-, los ISFD fueron desde fines del siglo XIX los principales formadores de docentes del sistema educativo, tanto público como privado. Es decir que todos los que leemos esta nota seguramente hayamos tenido a uno o varios docentes egresados de los institutos superiores, gracias a quienes se fue consolidando una tradición de educación normalista a lo largo de los últimos dos siglos que fuera reconocida internacionalmente como “vanguardista” por la formación que brinda para “docentes de excelencia”.

Al respecto, y pensando en este proyecto de reforma que significaría el cierre de los institutos existentes, Cecilia Buratti, rectora de la Escuela Normal Superior Nº 11 “Dr. Ricardo Levene”, en diálogo con ANCCOM, adelanta: “No es que estamos encaprichados en que no nos muevan de los Institutos; los Institutos tienen una identidad y un perfil claro de graduado, que se ha ido aggiornando en función de los cambios sociales, pero siempre con un eje: que estás formando un docente, y el docente trabaja con alumnos, y se trabaja en las aulas. Esa es nuestra identidad”.

Sobre el escenario, docentes sostienen diferentes carteles que esgrimen su oposición a la reforma impulsada desde el gobierno de la Ciudad.
“Los Institutos tienen una identidad y un perfil claro de graduado”, afirma Cecilia Buratti, rectora de la Escuela Normal Superior Nº 11 “Dr. Ricardo Levene”.

¿Cambiar para mejorar?

El principal argumento oficial acerca de la necesidad de transformar la educación, y la formación docente en particular, es la escasez de docentes en la Ciudad y la falta de jerarquía de la profesión. Desde esta visión, la creación de una universidad aparece como respuesta a la profesionalización académica –pasando de ser una formación terciaria, a una universitaria-, trayendo consigo una supuesta jerarquización de la profesión.

Paula Topasso, docente de la Escuela Normal Nº1 y Nº4 y miembro de la Comisión Directiva de la Asociación de Graduados en Ciencias de la Educación (AGCE), aporta en este sentido una opinión compartida por la comunidad educativa que desde enero de 2016, por un motivo u otro, se encuentra en estado de alerta y movilización: “La jerarquía de la profesión docente guarda estrecha relación con las condiciones para enseñar y aprender que no están siendo garantizadas por las restantes políticas educativas y laborales del Estado nacional y jurisdiccional”.

Además de solicitar “no faltarle el respeto a la profesión”, Buratti, que se enteró de las intenciones del Gobierno porteño por los medios de comunicación, agrega que “para jerarquizar la profesión, tenés que dar condiciones de trabajo coherentes y lógicas. No hablo solo de una cuestión salarial, que obviamente es muy importante, sino también que las instituciones cuenten con el apoyo y los recursos que necesitan para llevar a cabo el trabajo: no puede ser que cualquier cosa que pasa en la escuela, es siempre culpa de la escuela”.

Juego de palabras, juego de intereses

Ante palabras tan rimbombantes que anuncian cambios paradigmáticos de cara al futuro –como la “Campaña del Desierto, pero no con la espada sino con la educación”, en términos del ex ministro de Educación nacional, Esteban Bullrich-, es necesario detenerse en cada una de ellas siempre que fuera posible, a modo de tratar de entender qué hay detrás.

En este sentido, es posible recrear un posible diálogo entre los testimonios que ofrecieron a ANCCOM docentes, rectoras, y representantes gremiales, con el Proyecto de Ley que pronto se discutirá en la Legislatura porteña.

Así, al artículo Nº 3 del mencionado Proyecto, el cual se establece que: “La UniCABA tendrá por objeto la formación inicial y continua  para todos los niveles y modalidades del sistema educativo, procurando su excelencia a partir de prácticas pedagógicas innovadoras, criterios multidisciplinarios de trabajo e investigación en la práctica docente, incluyendo las áreas de conocimiento de educación, didáctica, pedagogía, ciencia y tecnología, administración y gestión de la educación”, es interesante preguntar cómo se procurará la excelencia a partir de prácticas pedagógicas innovadoras cuando, a decir de Cecilia Buratti, es notoria la falta de recursos tanto materiales, como logísticos y tecnológicos:

“Es muy irónico que tengamos en todos (los Institutos) problemas con la conectividad; las instituciones tienen en general serios problemas con el uso de Internet, incluso en las secretarías de las instituciones, teniendo en cuenta que hoy en día todo se manda por expediente electrónico, muchas veces está toda la mañana sin poder ingresar un expediente porque se cayó el sistema. De ahí en más, imagínense lo que son las aulas; en general, cuando trabajás con tecnología es porque los alumnos o docentes usan sus teléfonos, porque más allá de que se hayan compartido las netbooks en su momento, o ahora las tablet en Primaria, si vos no tenés conectividad en las instituciones, es poco lo que podés hacer”.

Los docentes marchan por las calles de Buenos Aires. Una de las banderas dice: "Institutos de Formación Docente en lucha".
Docentes marchan por las calles de Buenos Aires rechazando el desmantelamiento de las 29 instituciones de formación docente.

Agrega Paula Topasso: “Hay problemas de infraestructura diversos y demoras en los arreglos de fondo. Este año, por ejemplo, se han pintado las fachadas de algunas escuelas, pero por dentro no se realizaron mantenimientos”.

Al concentrarse todas las ofertas de formación docente de gestión estatal en una única Universidad, como marca el Artículo Nº 5, “garantizando la igualdad, gratuidad y equidad en el ejercicio del derecho constitucional y convencional de enseñar y aprender”, resulta necesario estudiar de qué manera se reasignarán los recursos –los docentes, por ejemplo- y cómo harán los estudiantes para adaptarse a tener solo una opción –pública- donde estudiar, situado en un barrio en particular, contrariando la actual diversidad territorial con que se ofrecen los Institutos. En este sentido, sobre el derecho de enseñar, marca Federico Milman, delegado gremial por ADEMYS, que “evidentemente” lo que hay detrás del cierre de los 29 IFD es la intención de “achicar personal, reducir docentes”. En la misma vereda, Buratti opina que las verdaderas intenciones son bastante claras, porque 29 instituciones no van a poder absorberse en una. Entonces hay una realidad, que un montón de docentes van a quedar por fuera de esta Universidad”.

Al respecto del derecho de aprender, y relacionado con la baja tasa de egresados, es preciso observar las condiciones en las que los estudiantes deben realizar sus cursadas: en las carreras de formación docente, desde el primer año se deben hacer prácticas de intervención en escuelas, a contraturno de los horarios de cursada de las respectivas carreras, volviendo casi imposible compaginar la necesidad de trabajar con la obligación de realizar las prácticas pedagógicas. Pensando en cómo se podría atender este punto, y derribando el mito sobre que sólo creando una Universidad se soluciona el déficit de egresados, Topasso reflexiona: “Las condiciones materiales de vida y estudio de los estudiantes es fundamental; en tiempos de mayores crisis económicas, la provisión de becas a los estudiantes debería incrementarse. Sostener una carrera de nivel superior, aun cuando no sea arancelada, requiere disponer de recursos para poder hacerlo con real igualdad. No todos nuestros estudiantes pueden costear sus estudios y tener la disponibilidad de tiempo para realizar las diversas prácticas y observaciones en instituciones educativas. La gran mayoría debe trabajar”. Por su parte, Milman afirma que mientras no exista “un serio programa de becas” para que los estudiantes puedan concluir sus estudios, el problema seguirá existiendo, ya que en los horarios para realizar las prácticas, los estudiantes deben prodigarse su sustento.

Por último, los objetivos del proyecto de reforma -al cual Buratti caracteriza de “autoritario y vacío”, ya que no fue consultado con la comunidad educativa, ni está planteado desde una concepción pedagógica, sino por el contrario desde “una mirada casi ingenua, de pensar que se resuelven todos los problemas de la formación (y la falta de docentes en la Ciudad), creando una Universidad” tienen que ver con una reestructuración integral, que abarca aspectos pedagógicos, financieros e ideológicos.

Ante el diagnóstico de la realidad en boca del ministro de Educación nacional Alejandro Finocchiaro, sobre que hoy “tenemos escuelas del siglo XIX, maestros del siglo XX y alumnos del siglo XXI”, Buratti hace su propio diagnóstico sobre las búsquedas –ocultas- de la propuesta de reforma: “Además de la cuestión presupuestaria, creo que tiene que ver también con una cuestión ideológica muy profunda, que es querer una educación con poca reflexión y poco análisis crítico. Además de todo esto, creo que los IFD realmente resultamos molestos para lo que es la formación docente y para el Ministerio de Educación, porque tenemos una autonomía que no tiene el resto del sistema educativo. Los rectores contamos con Consejo Directivo y Consejo Académico que, con equipos muy formados, avalan el accionar de las instituciones, y creo que esto molesta, y mucho”.

Así, la concentración en un solo órgano directivo propio de una Universidad, como dice Milman, apunta a que “el Ministerio y el Poder Ejecutivo directamente designen a dedo a las autoridades”, pudiendo hacerse del control, tanto de voces opuestas como de contenidos prescindibles, como la Historia o la Filosofía, que en la Secundaria del Futuro ven acotadas sus cargas horarias en pos de la formación en habilidades para “trabajos que aún no conocemos”. En este sentido, Buratti concluye: “El sujeto que buscan formar tiene que ver con un sujeto menos crítico, menos reflexivo, donde las problemáticas sociales no se tomen en cuenta, más abocado a la tecnología. Sería una necedad no tomar en cuenta hoy el uso de las tecnologías, porque es evidente que la enseñanza lo toma como un recurso, pero una cosa es la tecnología al servicio del pensamiento crítico y del aprendizaje, y otra, es la tecnología como eje principal de la educación. Ahí hay una gran diferencia: si lo que queremos es crear seres tecnócratas, posiblemente la tecnología tenga un lugar que no es el que le damos los que trabajamos enmarcados en nuestra concepción de educación: en la que se piensa y se cree desde el pensamiento crítico reflexivo”.

Eduardo López, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) habla con un micrófono sobre el escenario del acto del jueves 30 de noviembre.
Eduardo López, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) habló en la manifestación.

Actualizado 05/12/2017

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