En la Argentina, 120.000 personas viven con VIH, aunque un tercio de ellas lo ignora. Las políticas de estado y la necesidad de actualizar la legislación para enfrentar a un virus que dejó de ser mortal.

El pasado 1º de diciembre se conmemoró el Día Mundial de Lucha contra el SIDA y en Argentina, uno de los países más avanzados de Latinoamérica en cuanto al diagnóstico, análisis y tratamiento del virus del VIH,  las cifras médicas indican que hay aproximadamente 120.000 personas que lo poseen,  pero se calcula que un tercio de esa cantidad desconoce esa situación. ANCCOM dialogó con especialistas en la temática, a 35 años del primer caso detectado en el país y con un proyecto de ley congelado en el Congreso.

Lorena del Valle, miembro de la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos (RAJAP) afirma que “El VIH no es una enfermedad. Tienen que pasar muchas cosas antes de que uno llegue a la etapa de SIDA, por desconocimiento o por propia voluntad de no llevar adelante el tratamiento”. Esta situación favorece el desarrollo de enfermedades “oportunistas” (infecciones o tumores) que aparecen aprovechando la caída de las defensas. Del Valle agrega: “Las enfermedades oportunistas siempre atacan de forma muy fuerte y muy violenta”. Según la edición 2016 del Boletín Epidemiológico de VIH-SIDA difundido por el Ministerio de Salud, 17 personas por día se infectan el virus y en el 90% de los casos, la vía de transmisión son las relaciones sexuales sin preservativo.

Dicho Ministerio, a través de la Dirección de SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS), promueve el acceso universal a la prueba de VIH en forma gratuita, voluntaria y confidencial. Se recomienda hacerse el test de VIH a las personas que tuvieron relaciones sexuales (orales, vaginales o anales) sin preservativo; a las que compartieron agujas, jeringas o máquinas de afeitar con otras personas o a aquellas que desean tener un hijo de manera de evitar posibles transmisiones del virus al bebé. Por otro lado, a partir de la Ley Nacional de SIDA, sancionada en 1990, se garantiza el acceso al diagnóstico y tratamiento gratuito de VIH y otras enfermedades asociadas. El Estado brinda, además, todos los estudios de seguimiento a quienes se atiendan en el sistema público de salud.

“Argentina tiene uno de los índices más altos de personas que acceden al tratamiento antirretroviral. Por la ley vigente, el tratamiento se entrega gratuitamente al 100% de los pacientes, ya sea a través del sistema público como los de las obras sociales y de las prepagas”, sostiene José María Di Bello, secretario de la Fundación GEP (Grupo Efecto Positivo) y miembro del secretariado de RedAr (Red Argentina de Personas Viviendo con VIH-SIDA).

Desde el año 2007 y como medida de prevención, el Estado pone a disposición de la población puestos de distribución de preservativos, ubicados en espacios públicos de gran circulación. Soledad Sequeira, abogada y miembro del Área de Derechos humanos de la Dirección de SIDA, ETS y HEP virales resalta que “además hay que tener acciones de prevención precisas y estratégicas que lleguen a esos lugares donde son necesarias. La prevención tiene que llegar a todo tipo de lugar y de cultura. La información tiene que estar adecuada a cada autonomía y cada identidad”. Otra de las políticas públicas que se lleva a cabo es la se entrega de leche maternizada para bebés recién nacidos de mujeres con VIH en hospitales de todo el país.

Gracias a los tratamientos actuales, cada vez son más las personas que tienen VIH sin desarrollar SIDA. Más allá de las políticas de salud adoptadas por el Estado, las personas con VIH-SIDA sufren estigmatizaciones y discriminación. Lorena del Valle resalta que “existe algo que nosotros llamamos ‘la enfermedad social’ que tiene que ver con la segregación que sufrimos. Todavía se tiene un concepto muy antiguo de lo que es vivir con VIH. Se lo asocia con la muerte, con drogadicciones o con promiscuidad y hoy ya no es tan así”. Y agrega: “En caso de que lo fuera, nadie tiene autoridad como para cuestionar la manera de vivir del otro”.

José María Di Bello considera, justamente, que “el obstáculo más grande para frenar el VIH-SIDA sigue siendo el estigma y la discriminación. Es una realidad contundente en nuestro país como en otros. Sobre esto no había mucha materia de legislación y, a decir verdad, la ley de los años 90 es buena pero se encarga exclusivamente de los aspectos biomédicos”. Por eso, desde el año 2014, se viene gestando un proyecto de actualización de la normativa que contempla los determinantes sociales y cuestiones ligadas a los derechos humanos. En esa propuesta trabajan ONGs, la comunidad científica y la Dirección Nacional de SIDA.

En el proyecto se planea crear el Observatorio contra el Estigma y la Discriminación Asociados al VIH-SIDA y las Hepatitis Virales. La propuesta legislativa tiene artículos que sancionan específicamente situaciones del ámbito laboral, educacional y sanitario, como poder multar a aquellas empresas privadas u organismos públicos que pidan el test como condición para acceder a un trabajo. Además, el proyecto incluye a las infecciones de transmisión sexual (ITS) como la sífilis, gonorrea, clamidiasis, herpes, hepatitis B y C, VIH y VPH.

El proyecto de ley fue presentado en el Congreso en el año 2016. “El 13 de junio de 2017 se logró un dictamen favorable en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Desde esa fecha, debía pasar por la Comisión de Legislación General y la de Presupuesto y Hacienda, pero lo cierto es que no ha pasado nada” expresa José María Di Bello. Los días y meses pasaron acompañados de movilizaciones pero la propuesta no recibió el tratamiento necesario y con el cierre del año legislativo perdió estado parlamentario. Por lo que, como el Juego de la Oca, el tratamiento legislativo deberá volver a empezar.

Actualizado 05/12/2017

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