Casi 12.000 chicos se quedaron sin lugar en la escuela en 2017. El año que está por comenzar no parece más alentador. La promesa incumplida de construir 3.000 jardines de infantes y la subejecución del presupuesto.

El reciente dato, proporcionado a la fuerza por el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a raíz de un recurso de amparo presentado por Miryam Bregman y Patricio del Corro (FIT), indica que en 2017 quedaron sin vacante para las escuelas públicas porteñas 11.958 chicos y chicas de los niveles Inicial, Primario y Secundario. Lejos de revertir la crítica situación de 2016, en la que 11.432 padecieron la misma suerte, el panorama educativo de la Ciudad empeoró, tanto cuantitativa, como cualitativamente. 

“El chico que no tiene educación desde temprano tiene cincuenta por ciento menos de probabilidades de no terminar el colegio. Faltan jardines de infantes en Argentina y desde el PRO vamos a construir 3.000 jardines infantes en cuatro años”, prometía el entonces candidato Mauricio Macri en un programa de televisión previo a las últimas elecciones presidenciales.

Transcurridos casi dos años de su presidencia y tras diez de gestión de su mismo partido político en la Capital Federal, con leyes nacionales que instan –y obligan- al Estado a asegurar el derecho a acceder a una educación pública, laica y gratuita, las conclusiones a las que llega el informe Seguimiento del dispositivo de tramitación de vacantes escolares denominado ‘Sistema de Inscripción en Línea’, de la Defensoría del Pueblo de CABA indican que “se ha incrementado el porcentaje de niños, niñas y adolescentes aspirantes a los tres niveles educativos, sin vacante confirmada, al inicio del ciclo lectivo”. La proyección es la siguiente: 39,8 % (ciclo lectivo  2014); 41 % (2015) y 54,05 % (2017).

Esta inquietante realidad de miles de familias hizo que se movilizaran el último miércoles 22 a las puertas del Ministerio de Educación de la Ciudad, para hacer llegar el reclamo y la exigencia de hacer cumplir lo que es un derecho: la vacante –el ingreso- a la educación. De diversos colores, las respuestas que allí reciben por parte de los funcionarios son, año tras año, las mismas. En diálogo con ANCCOM, Patricia Pines, madre organizadora de la multisectorial “Vacantes para Tod@s en las escuelas públicas” y docente del Mariano Acosta, afirmó que Juan Pedrazzi, asesor del secretario de Carrera Docente (que atendió los reclamos en la calle), “no tiene mucha injerencia en esta problemática, promete solucionar los casos, pero no cumplió el año pasado. Nunca reconoce que faltan escuelas, siempre nos bicicletea con que ‘bueno, estamos trabajando para solucionar el problema’”.

Lo que no especifica el funcionario es exactamente en qué están trabajando, ya que en los estudios que demuestra el ex legislador Patricio del Corro, hasta mitad de año se ejecutó tan solo un 34% del total asignado para la Dirección General de Infraestructura Escolar.

Inscripción en línea

Una de las causas que se aducen a la ineficiencia en la asignación de vacante es, justamente, el sistema de inscripción, que desde el 2013 -para el año lectivo de 2014- es online. Patricia define esa operatoria como arbitraria y expulsiva, porque “como todo lo que hacen, son medidas inconsultas, y porque el que no tiene computadora no puede inscribir a sus chicos en la escuela; y el que la tiene, la primera semana nunca funciona (el sistema) entonces vos tenés que ponerte el despertador a las 2, 3 de la mañana para enganchar el sistema y tratar de que la inscripción entre y cuando vas a llevar los papeles a la escuela, algo que ellos mismos te obligan, en la institución no hay Internet, no hay facilitador, no hay computadora”. Entre los miles de casos de inscripciones azarosas, Patricia recuerda el de tres hermanos, a los que ubicaron en tres escuelas diferentes. “¿Cómo hace la mamá para llevar a tres pibes a tres escuelas distintas a la misma hora?”. 

Esta modalidad contribuye a generar, por ejemplo, un proceso de alejamiento en la relación entre la institución asignada y la familia ya que, en muchos casos, los padres y las madres deben terminar optando entre las posibilidades que les brinda el sistema, que no siempre se ajustan a sus preferencias y/o búsquedas pedagógicas. Así, el Estado nuevamente incumple un mandato, expresado en el artículo 23 de la Constitución porteña: “(la Ciudad) asegura  la  igualdad  de  oportunidades  y  posibilidades para  el  acceso, permanencia,  reinserción  y  egreso  del  sistema  educativo, respeta  el derecho  individual  de  los  educandos,  de  los  padres  o  tutores,  a  la elección  de  la orientación educativa según sus convicciones y preferencias …”. 

La despersonalización del sistema de inscripción online conlleva en muchas familias a tener que aceptar desesperadamente lo que hay, que en la mayoría de los casos no se corresponde con sus propias búsquedas para sus hijos e hijas. Así, se observan diferencias entre las preferencias y la asignación final –en el mejor de los casos- en cuanto al tipo de jornada (simple, extendida o completa), a la propuesta pedagógica de la institución, a la cercanía del hogar o del trabajo de los padres y las madres. De esta manera, el periplo de la inscripción y asignación de vacantes, en su expresión digital, queda relegado a un mero acto administrativo, desconociendo su impronta pedagógica que involucra, entre otros aspectos, las expectativas familiares proyectadas para la trayectoria escolar de sus niños, niñas y adolescentes, es decir, para sus futuros. 

Sin un plan integral de construcción de escuelas, especialmente en aquellas zonas críticas de la Ciudad, como la zona sur, en la que abunda la desescolarización de nivel Inicial y Primario, a las familias que no corren la misma suerte de aquellas que consiguieron por lo menos una vacante -aún lejos de sus barrios, de sus “convicciones y preferencias”- no les queda más opción que tener que inscribir a sus hijos en escuelas privadas. Esto explica, entre otras cosas, el aumento de la matrícula de ese sector. A la pregunta de cómo se podría solucionar la falta de vacantes en la educación pública, Pines es tajante: “No hay voluntad política para solucionar el problema, sino para profundizarlo. Muchas veces estuvimos en la Legislatura exigiendo la aprobación del Proyecto de Construcción de Escuelas, que se ejecute el presupuesto.” 

¿Alcanza con la asignación de un lugar?

La foto sobre el estado de situación muestra que en el presupuesto nacional de 2017 hubo una pérdida de los fondos asignados a la participación de la función educación de un 13% en relación al presupuesto 2016. La película completa expresa un deterioro en las condiciones de acceso, permanencia y finalización de los estudios en los respectivos niveles de la educación pública nacional, signado principalmente por la falta de inversión en infraestructura, en recursos materiales y humanos. 

Patricia lo grafica con sus palabras: “Este año costó muchísimo obtener datos, mucho más que los años anteriores. Hasta el año 2016 venían respondiendo los pedidos de informe de la Legislatura y este año no lo respondieron. Teníamos hasta el año pasado la información de que en los últimos diez años se había sub-ejecutado el presupuesto en 850 millones de pesos. Eso equivale, más o menos, a 60 escuelas. Ese dinero estuvo destinado a infraestructura escolar, pero no sabemos en qué se utilizó. Sí sabemos que no se usó para crear escuelas y entendemos que tampoco se utilizó en mejorar la infraestructura de las instituciones educativas porque todos los años es noticia que los techos se caen, que faltan estufas, ventiladores y los vidrios están rotos. Entonces no sabemos para qué se utilizó.” 

En cuanto infraestructura edilicia, a la promesa de construcción de 3.000 jardines de infantes, el Gobierno respondió especialmente con los Centros de Primera Infancia (CPI), los cuales no dependen del Ministerio de Educación, sino del de Desarrollo Social, funcionando como guarderías sin proyectos pedagógicos y con escaso personal docente, contratado en condiciones precarias. Hasta la primera semana del mes de junio 2017, el informe El derecho a la educación en Argentina, ¿hacia dónde van las políticas educativas actuales?, realizado en julio de 2017 por la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE), arroja que han sido ejecutados 506 millones de pesos, sólo el 9% del total presupuestado para la construcción o ampliación de jardines de infantes ($5.592 millones), siendo hasta el momento la más baja ejecución de las 19 partidas del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación.

Actualizado 28/11/17

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