Se realizó por primera vez en CABA la Marcha de la Gorra contra la violencia institucional. Una multitud se dirigió al Congreso Nacional para pedir que dejen criminalizar a los jóvenes y repudiar el gatillo fácil.

Un pibe muere cada 25 horas por gatillo fácil, según un informe de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI). El dato hace referencia a los años 2016 y 2017, y expresa un incremento de la violencia policial si se tienen en cuenta los períodos precedentes: entre 2003 y 2015, un chico moría cada 28 horas, mientras que, entre 1983 y 2003, se producía una muerte cada 30 horas. Es decir, durante el gobierno de Cambiemos, iniciado en diciembre de 2015, la represión por parte de las fuerzas de seguridad ha ido en aumento.

Es este contexto, la Marcha de la Gorra se realizó por primera vez en la Ciudad de Buenos Aires. La movilización, originada en 2007 en la provincia de Córdoba, y tomada como ejemplo en otras ciudades del país, ayer llegó al epicentro porteño como resultado de la escalada en la violencia y persecución policial hacia los sectores populares y, en especial, hacia los jóvenes. Bajo la consigna “Cuando la gorra crece, nuestros derechos desaparecen”, decenas de organizaciones sociales y políticas se nuclearon en la intersección de Avenida de Mayo y 9 de Julio con el objetivo de rechazar el aumento de la represión a la protesta social, el recrudecimiento de la criminalización de la pobreza y las políticas antipopulares del Gobierno Nacional. Una de las agrupaciones presentes fue la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) y su presidente Adrián Lutvak dialogó con ANCCOM: “Esta marcha nació para criticar el avance represivo que vienen teniendo el Gobierno Nacional y las distintas fuerzas provinciales sobre la juventud, sobre la pobreza y sobre los distintos colectivos que protestan en nuestro país”.

En la concentración, pactada para las 16, participaron familiares de víctimas de violencia institucional. Un caso de gatillo fácil lo representa Jon Camafreita, el joven de 18 años asesinado por el cabo Martín Naredo, el 23 de enero de 2012, en el barrio de Balvanera. El hecho ocurrió cuando Jon y un amigo se alejaban de la plaza Boedo, minutos después del desarrollo de una trifulca entre adolescentes, de la que no formaban parte. Fue en ese momento cuando llegó la policía: los chicos comenzaron a correr al notar que un patrullero los perseguía, pero fueron alcanzados a las pocas cuadras. Una vez atrapados, el cabo Naredo le disparó en la nuca a Jon. La prima de Camafreita, Jesús Castro, formó parte de la Marcha de la Gorra y dio sus razones: “Cuando fuimos a reclamar, el cabo estaba libre. En el juicio, lo condenaron a cadena perpetua pero terminó, aparentemente, escapándose. Pienso que estaba todo arreglado. Ahora, le envié una carta a la ministra (de Seguridad Patricia) Bullrich pero todo sigue igual”. Consultada sobre la actual situación, sostuvo: “Si antes eran diez los que mataban, ahora son cien. Están todos liberados y, con abuso de poder, siguen matando a nuestros hijos, a nuestros pibes, por solamente usar una visera o, como dicen ellos, por tener cara de negro”.

Bajo la consigna “Cuando la gorra crece, nuestros derechos desaparecen”, decenas de organizaciones sociales y políticas se nuclearon en la intersección de Avenida de Mayo y 9 de Julio.

Alrededor de las 17, la marcha arrancó destino al Congreso de la Nación, vía Avenida de Mayo.  Encabezada por la CORREPI, organismos de derechos humanos y algunas Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la movilización pisó fuerte por las calles de la Ciudad, pese al mal clima que se preveía desde temprano y que se confirmó tiempo después, cuando unos leves chaparrones dificultaron el cometido. “Es importante visibilizar esta situación: hay un retroceso de los derechos de las grandes mayorías en favor de las minorías del gobierno”, señaló Lutvak.

Mientras las agrupaciones -La Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), el Movimiento Evita, Patria Grande, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), entre otras- alcanzaban lentamente el Congreso, un escenario se terminaba de armar para luego brindar un festival a cargo de algunas bandas como Militantes del clímax, Klan y Asterisco. Antes de que la marcha llegara a su fin, las grisáceas nubes y la llovizna habían concluido. El clima y el lugar de la concentración eran diferentes, pero el clamor de la protesta continuaba vigente. Al escenario subió Taty Almeida, representante de Madres de Plaza de Mayo, quien se expresó sobre la problemática que asedia a los jóvenes de los barrios más humildes del país: “Felicitamos a los que organizaron esta Marcha de la Gorra, que contrapone la gorra de los chicos y la gorra de los que son policías y todas aquellas fuerzas de seguridad. Recordemos a Santiago Maldonado y a todos los asesinados y desaparecidos por parte de las fuerzas de seguridad”. Al calor de aplausos y cantos, el reclamo persistió con el fin de hacerse escuchar en alguna parte del imponente Congreso. “Claramente, hay una política de las fuerzas de seguridad mucho más represiva en las protestas, en las cuestiones relacionadas con los derechos humanos y en los barrios, por eso queremos visibilizar este problema. La violencia institucional no empezó ahora, pero sí hay un recrudecimiento muy importante que creemos que hay que denunciar”, indicó Lutvak, presidente de la FUBA.

Un pibe muere cada 25 horas por gatillo fácil, según un informe de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI).

Otro de los familiares de víctimas de violencia institucional que protagonizó la movilización fue Nicanor, padre de Marcelo Bogado, quien fue asesinado por el sargento César Luis Díaz, el 26 de mayo de 2004, en el barrio de Villa Tesei. “Desde que murió mi hijo, pasaron tres años para que se iniciara el juicio. Sin embargo, el asesino se fue de la sala de audiencia con solo haberle prohibido, durante dos años, la portación de arma. Eso terminó de quebrar a la familia, sufrimos mucha impotencia y bronca”, dijo Nicanor a ANCCOM. Bogado tenía 20 años cuando sucedió el crimen. Había terminado de trabajar y se encontraba en un pool cuando cuatro personas ingresaron al lugar buscando a alguien. Al no lograr su cometido, se fueron pero regresaron a los veinte minutos, llevándose a Bogado en un Ford Escort, por un motivo que aún se desconoce y que las versiones policiales no hacen más que contradecirse. En el viaje, un patrullero seguía a los jóvenes y los obligaron a bajarse con las manos en la nuca. Pese a las declaraciones de la policía, Bogado fue esposado y luego, agredido de gravedad. Finalmente, mientras el adolescente explicaba, arrodillado, que no tenía nada que ver con la confusa situación, el sargento Díaz le pegó un tiro en la nuca y otro en la frente. “Si hay algo que aprendí de CORREPI es que no solamente un policía reprime, tampoco dos o tres, sino toda la institución es la culpable. Es importante que estemos organizados por nuestra condición de trabajadores y de vulnerabilidad, y por lo tanto, con la posibilidad de ser reprimidos”, señaló Nicanor.

Otro ejemplo de vulnerabilidad, frente los constantes ataques policiales, lo constituye la villa 1.11.14. Hace algunos meses, Mónica, la maestra secretaria de la Escuela Infantil N°6 del Bajo Flores, le contó a ANCCOM lo siguiente: “Es muy habitual la muerte de chicos por la zona. Si no mueren en un tiroteo que se da entre bandas, se da por intervención policial o por el juego perverso con las armas”. Mientras que Dolly Demonty, madre de Ezequiel, quien fue detenido ilegalmente y luego torturado y asesinado por la Policía Federal en 2002, dijo: “La violencia institucional, por parte de las fuerzas de seguridad, está muy complicada en el barrio. Acá la Policía mata a los pibes como si fueran pajaritos, no los detienen. Algunos justifican ese accionar pero hay que darles una oportunidad de vida a los pibes para que cambien”.

La Marcha de la Gorra no solo tiene como objetivo terminar de algún modo con la violencia y represión institucional, sino también enfrentar el discurso hegemónico que circula por los medios de comunicación. En tiempos donde se intenta reinstalar el debate sobre la “inseguridad”, con el consecuente pedido de mayor presencia policial y de reducción en la edad de punibilidad, la movilización intentó fijar otra mirada: desnudar a quienes abusan de su condición de poder para enfrentar y castigar la vulnerabilidad de los sectores populares. Al respecto, Nicanor, el papá de Marcelo, quien lleva una foto colgada de su cuello, expresó: “Prácticamente, desde el comienzo de la democracia, de 1983 a esta parte, hubo y hay personas con las que no contamos porque nos las arrebató el Estado terrorista, capitalista y represor. Hay algunos casos que se conocen, pero muchos más que no, porque los familiares no denuncian y no visibilizan el caso por temor a represalias”.

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

 

Actualizado 24/11/2017

Print Friendly, PDF & Email
Compartilo