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Absolvieron a los delegados de Perfil que habían sido acusados en Tribunales por “coartar la libertad de prensa” durante un conflicto gremial.

Delegados y trabajadores de Perfil.
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Este jueves absolvieron a los seis delegados gremiales de Editorial Perfil en el juicio oral llevado a cabo durante esta semana, en el que los trabajadores habían sido acusados de afectar la libertad de prensa en el marco de una medida de fuerza. La causa penal, que había comenzado en 2013, era para los procesados una represalia de la empresa para disciplinar a los trabajadores y debilitar la organización gremial colectiva.

El juez subrogante Walter Candela dictó la absolución luego de escuchar los alegatos y el testimonio de 19 testigos, de los cuales 16 fueron llevados por el fiscal. En el banquillo de los acusados esperaban Marcelo Iglesias, Raúl Mileo, Carlos Rodríguez, Héctor Velásquez, Jose Luis Quartana y Rubén Schofrin, quien además es secretario adjunto del Sindicato de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (Sipreba). Durante las cuatro jornadas del juicio, este sindicato, que es, según Schofrin, “uno de los sindicatos que Macri dice que sobran”, organizó una radio abierta y actividades de apoyo a los delegados. A ellos se sumaron otras organizaciones gremiales, diputados, legisladores y periodistas para pedir la absolución en las puertas del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 12.

“Perfil dio un golpe de estado a nuestra comisión interna el 30 de octubre de 2013, día de elecciones. Echaron a trece compañeros, entre los cuales había miembros de la junta electoral, que tienen inmunidad gremial”, relata Schofrin. Y agrega: “El despido de un trabajador es legal, pero no el de un integrante de la junta electoral. La ley así lo considera. El paro fue masivo y entonces las publicaciones de la empresa, como el diario Perfil y la revista Caras, demoraron su salida unas horas. Frente a eso nos acusaron de violar la libertad de prensa”.

En el juicio oral llevado a cabo durante esta semana, los trabajadores habían sido acusados de afectar la libertad de prensa en el marco de una medida de fuerza.

Para Schofrin, la denuncia penal efectuada dos meses después de esos hechos fue una venganza de la empresa de Jorge Fontevecchia, ya que en el fuero laboral los trabajadores habían logrado grandes conquistas. “Perfil aplicó un revanchismo inédito. Nosotros sufrimos más de 800 despidos y revertimos cerca de 200. La acción punitiva busca quebrar una organización gremial colectiva e imponer un régimen de disciplinamiento a los trabajadores de prensa”, sostiene.

Iglesias, también acusado, cuenta algunos detalles de la noche de la denuncia: “Viene la Policía Federal, entra, mira y se va sin hacer nada. Más tarde vienen de Prefectura y pasa lo mismo. Cuando llega la Policía de la Ciudad, que en ese momento se llamaba Metropolitana, el fiscal de turno le dice al jefe del operativo que se vaya, que no había ningún delito. Eso figura en el expediente”. De hecho, durante el tercer día del juicio declararon algunos de los policías que participaron esa noche, ratificando que no había delito, tal como cuenta el delegado.  

Editorial Perfil, que en diciembre de 2013 hizo la denuncia penal contra sus trabajadores, no fue querellante en la causa. “Fontevecchia tiene sus mañas, y prefirió hacerle hacer el trabajo sucio al Poder Judicial, a un fiscal. Y como el Estado defiende los intereses de la empresa, esto a Perfil le sale gratis”, dijo Iglesias. Por su parte, el abogado de la defensa, Fernando Gómez, aclara este punto: “Perfil no fue querellante porque estaban muy flojos de papeles, ya que los hechos que denunciaron no existieron y no hubo ningún ataque a la libertad de prensa. Solo hubo una medida de fuerza para impedir despidos ilegales porque la empresa violó la Ley 23551 de Asociaciones Sindicales”.  El abogado, además, advierte: “Tendrán responsabilidades severas cuando se termine de comprobar la verdad que deriva de este juicio, y que es lo que motivó las medidas de fuerza. Esta empresa ha llevado adelante despidos masivos, ha violentado los recursos preventivos de crisis, ha desoído decisiones judiciales de reincorporación de trabajadores y ha desconocido la vigencia del Estatuto del Periodista”. Entre los testigos que declararon, hubo cinco gerentes de distintas áreas de Editorial Perfil.

Si bien el artículo 161 del Código Penal preveía una pena de uno a seis meses de prisión, detrás de este juicio se escondía un riesgo mucho mayor que la posible condena, y es la utilización de la justicia penal para criminalizar la actividad gremial. “Pegarle a la organización gremial es pegarnos a todos. Si nos llegaba a ir mal a nosotros, Clarín y La Nación iban a salir a hacer denuncias penales en vez de buscar abogados laboralistas. Estuvieron mirando este juicio de cerca”, se preocupa Iglesias. “Es una locura que los que producen los diarios y revistas sean acusados de coartar la libertad de prensa. En realidad, violar la libertad de prensa es echar periodistas y sembrar el terror para que no haya voces disonantes, que es lo que están haciendo algunos medios en este momento”, compara.

Para Schofrin, la denuncia penal efectuada dos meses después de esos hechos fue una venganza de la empresa de Jorge Fontevecchia, ya que en el fuero laboral los trabajadores habían logrado grandes conquistas.

El clima de época es otro factor que los protagonistas de esta causa toman muy en cuenta para entender por qué llegó a juicio oral un reclamo laboral. “Yo tengo 30 años en el gremio y nunca vi un caso así”, dice Fernando “Tato” Dondero, secretario general de Sipreba y testigo de concepto en la causa. “La preocupación central es el momento político en el que aparece esto. El gobierno viene por reformas en contra de los trabajadores, y este hubiera sido un precedente terrible. Cualquier paro puede terminar en denuncia por entorpecer la libertad de prensa”.

Iglesias también entiende que los nuevos vientos políticos han dado aire a este tipo de criminalización del conflicto gremial: “Fontevecchia es un hábil lector de la realidad, y leyó este cambio de época, porque es en este contexto que una causa así puede tener algún asidero. El fallo de Cámara salió en 2015, el día después del balotaje, y a partir de ahí la causa se aceleró y avanzó hasta este juicio”.

“Volvemos a Editorial Perfil a trabajar como todos los días, pero sin la espada de Damocles sobre la cabeza”, dijo Schofrin al salir del juzgado, absuelto al fin, pasada la una de la tarde del jueves.

Los aplausos después de la absolución.

Actualizado 02/11/2017

 

           

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