Hablan las ONG sobre la situación de la trata de personas en Argentina. Déficits públicos y necesidad de concientización, los temas a resolver , según un informe elaborado de manera conjunta entre la Protex y ACCT.

Más de 6.000 mujeres y varones son buscados en Argentina, según datos de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), como posibles víctimas de las mafias que operan a través de secuestros y esclavización sexual o laboral. La Argentina tiene la Ley 26.842 que combate este flagelo, sancionada en 2008,  modificada en 2012 y que se encuentra vigente. ¿Qué dicen organizaciones sociales sobre la política oficial ante esta problemática? ¿Qué falta por hacer para que la sociedad se concientice más?

Lucas Schaerer, integrante de La Alameda y Director de la Comisión Especial de Trata y de Hechos Vinculantes, afirmó: “La trata de personas es un delito de lesa humanidad, es esclavitud moderna”. Schaerer señaló que el trabajo del gobierno respecto al tema es malo y remarcó: “Asistir a las víctimas es un déficit del Estado. La asistencia es pésima en todo sentido”. Además, señaló que “la reinserción de las víctimas es un fracaso del Estado Nacional, pero también de los provinciales y municipales”.

Según las cifras del informe de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) en conjunto con la ONG ACCT, del total de personas buscadas, 3.231 son mujeres  y 2.801 varones, sobre todo niños. De aquella cantidad de mujeres, la mayoría son adolescentes.

Una de las políticas públicas de la gestión de Mauricio Macri fue conformar el Consejo Federal de Trata, cuya creación está contemplada en la Ley 26.842. Está integrado cuatro ministerios -Desarrollo Social, Justicia, Trabajo y Seguridad- y un representante de cada provincia y tres organizaciones de la sociedad civil, que rotan anualmente.

El organismo debe brindar asistencia integral a las víctimas,  diseñar la estrategia de lucha contra la trata, promover la cooperación y verificar que se cumplan las normas vigentes y la eficacia de las políticas públicas del área. Su nueva coordinadora general es la subsecretaria de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia, María Fernanda Rodríguez, en reemplazo de Fabiana Tuñez, en funciones desde su creación hasta el 10 de mayo pasado, cuando renunció al ser la ONG que presidía, La Casa del Encuentro, seleccionada para ser parte de la Consejo junto con la Cruz Roja y el Foro No a la Trata de San Juan, que forma parte de la Red de Alto al Tráfico y la Trata (RATT).

Tuñez es también presidenta del Consejo Nacional de Mujeres, que igualmente integra el Consejo Federal de Trata. Su jefa de gabinete, Natalia Barrios, contó: “La Argentina es un país de vanguardia en cuanto a sus políticas públicas. Por sus leyes, por la línea 145 (de denuncia) que funciona todo el año o por eliminar el famoso rubro 59 de los diarios”.  Pero la funcionaria matizó: “No podemos hablar de logros sino de avances, porque la realidad es que todavía existen mujeres y niñas desaparecidas por las redes de trata”.

El Consejo es el encargado de aprobar el Plan Bianual de Trata que elabora el Comité de Trata y marca los pasos a seguir. Barrios aseguró: que “esto ordena el trabajo y genera mayor presupuesto para políticas, como por ejemplo la incautación de bienes de tratantes. Eso lo va a administrar el Consejo, para que pueda ser gestionado y devuelto a las víctimas tenía que existir esta institucionalidad”. Schaerer, sin embargo,  manifestó que confiscar bienes de tratantes para devolverlo a las víctimas ya es parte de la ley y no se cumple, pero también destacó: “Aspiramos a que ocurra y que haya condena a los tratantes”.

La trata de personas con fines sexuales se puso en la agenda nacional especialmente después del caso de Marita Verón, de cuya desaparicón este año se cumplen 15 años. Germán Díaz, abogado de la causa y de la Fundación María de los Ángeles, resaltó: “La lucha contra la trata es una bandera que todos debemos levantar. Las mafias tiene poder económico y político, no hay que rendirse.” Además, afirmó que es importante asistir a las víctimas “para su reinserción en la sociedad después de lo que han vivido”.

Por su parte, Noelia Ramírez, integrante del equipo coordinador del Centro de Día Puerta Abierta de la Hermanas Oblatas, dijo: “Las redes de trata son mafiosas, a veces traen chicas del interior o exterior engañadas. Las mujeres contraen deudas y quedan atadas a ellos para pagar lo que deben y las prostituyen”. La religiosa pidió que se contemple a la prostitución como una forma de violencia y que no se estigmatice a una mujer que está en esa condición. En sintonía, Barrios expresó que una aspiración a mejorar en el combate a este flagelo es la posibilidad de penalización al cliente y comentó: “Al cliente, al hombre que consume prostitución, todavía no se lo toca, el patriarcado opera muy fuerte. Nunca nos olvidemos que hay mujeres que son secuestradas para ser prostituidas para que un hombre consuma a esa mujer como un objeto sexual de consumo”.

Tanto Schaerer, Ramírez y Díaz,  como así también Barrios, mano derecha de Tuñez, coinciden en la importancia de no bajar los brazos. “Hay que seguir sensibilizando y generar conciencia en los jóvenes, políticos y empresarios de que es algo que le puede pasar a cualquiera”, concluyó Díaz, a  poco más de tres años del fallo definitivo que condenó a diez de los responsables de la desaparición de Marita Verón, el caso que detonó la preocupación social por la trata de personas, un tema hasta entonces silenciado o relativizado.

Datos según un informe elaborado de manera conjunta entre la Protex y la ong ACCT.

Actualizada 31/05/2017

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