Procesar a diario

Seis trabajadores de Perfil están en el banquillo de los acusados. Los imputan de atentar “contra la libertad de expresión” por haber resistido a trece despidos.

Delegados y trabajadores de Perfil en la Planta del diario en Barracas.
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El 20 de diciembre de 2013, empleados de la empresa Perfil participaron de una asamblea para tratar de resistir una tanda de despidos y la salida del bisemanario homónimo se retrasó diez horas.  Meses después, les llegó una citación para prestar declaración ante la Justicia a cinco delegados y un miembro de la Junta Electoral de la publicación. Allí se enteraron de que la compañía, propiedad de Jorge Fontevecchia, los había denunciado, que estaban procesados penalmente, acusados de atentar contra la libertad de prensa, y con la amenaza de terminar en prisión de uno a seis meses. Aunque el juicio se suspendió momentáneamente, debido al conflicto por el traspaso de parte de la Justicia a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, la causa no se cerró y una posible condena pende sobre los trabajadores.

El conflicto había empezado en octubre de 2013, cuando se conocieron los primeros despedidos. En el marco de las elecciones de renovación de la Comisión Interna donde se eligen delegados, la editorial decidió echar a trece trabajadores, entre ellos a integrantes de la Junta Electoral. “Estábamos en medio de elecciones y echaron a parte de la la Junta Electoral, porque a mí no me podían echar, porque tengo inmunidad gremial. Lo que ellos no sabían era que la Junta también la tiene, y ahí fue cuando estos tipos dijeron: `Bueno tenemos que hacer algo, y empezaron a avanzar con todo´”, recuerda Marcelo Iglesias, delegado de Perfil desde hace 17 años.

Luego de realizar una seguidilla de paros, medidas de fuerza y conciliaciones obligatorias, se logró la reincorporación de todos los trabajadores. Pero la empresa Perfil fue un paso más allá y mandó nuevos telegramas de despidos cerca de fin de año.“ Tenés todo el año para despedir, y elegís justo esa fecha. Fue una medida ejemplificadora, como diciendo: `Me importa un carajo vos, tu Comisión Interna y el día de elecciones. Yo soy el dueño, hago lo que quiero y se terminó”, dice Rubén Schofrin,  delegado de Perfil desde el cierre del viejo diario en 1998 y actualmente secretario adjunto del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA).  

Planta de la Empresa Perfil donde se produce el conflicto.

 A finales del año pasado, la causa – que se encuentra en el Juzgado Nacional en lo Correccional Nº 12- fue elevada a juicio. Las audiencias tenían fecha desde el 29 al 31 de marzo pasado, pero fueron suspendidas en el marco de una crisis entre la Justicia y el Gobierno por el traspaso de los fueros nacionales a Capital. Sin embargo,  entre los trabajadores de Perfil creen que pudo haber influido el contexto de conflictividad social, vivido durante el último marzo, con la lucha docente y la convocatoria del paro de la CGT. Además, se había llevado adelante una campaña de solidaridad con los delegados y estaba programada una movilización para el día del comienzo del juicio.

“Desde lo personal genera cierto alivio -dice Iglesias-, pero también cierta incertidumbre porque esto se estira. Desde la óptica político-sindical para nosotros es una victoria”. No obstante,  la abogada defensora, Claudia Ferraro, advierte: “El juicio está suspendido pero sigue siendo una espada de Damocles sobre la cabeza de los trabajadores y en cualquier momento pueden notificarnos que se inicia”.

 Un dato que no pasó desapercibido entre los acusados fue que la empresa de Jorge Fontevecchia no se presentó como querellante en la causa y sólo se encargó de asentar la denuncia penal en primera instancia. “Se encontraron con que la Justicia actuaba por ellos, sin tener que presentarse ni ir al choque con la Comisión Interna. Es una forma de maquillar la responsabilidad que tienen, en esta persecución penal, porque ellos han sido quienes presentaron la denuncia, los apellidos y nombres de los trabajadores, y los que en sus declaraciones señalaron como autores de este supuesto delito a quienes están imputados”, afirma Ferraro.

Delegados y trabajadores de Perfil reclamando el derecho a huelga.

 En el momento del juicio, tendrá lugar una discusión entre la defensa del derecho a huelga y la libertad de empresa, en este caso, presentado como libertad de prensa. “Para el gremio de prensa un fallo adverso sería un golpe mortal al derecho de huelga, porque el objetivo del paro es que el producto periodístico no salga. Entonces, si no sale te acusan de violar la libertad de prensa, quiere decir que no hay derecho a huelga. Por lo tanto, se está a la merced de las patronales”, explica el secretario adjunto de SiPreBA.

“Si a nosotros nos encuentran culpables, yo estoy convencido que la empresa sale a pedir el desafuero de los delegados”, observa Iglesias sobre la posibilidad de que él y sus compañeros sean despedidos sin indemnización, tras quitarle la inmunidad gremial y continúa: “La causa no solo afecta a prensa, puede afectar a los gráficos, a los canillitas, a los camioneros. Generaría un antecedente importante y esto se puede aplicar tranquilamente a otros gremios. Es una caso, en algún punto, emblemático.”
Actualizado 18/04/2017

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