Roberto Pianelli, Secretario General de AGTSyP, cuestionó la sentencia que revocó la personería al sindicato de metrodelegados y lo vinculó a la ofensiva del gobierno contra la lucha gremial.

A fines de 2015, luego de un largo trámite y de dilataciones impuestas por la Unión Tranviaria Automotor (UTA), la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro (AGTSyP) obtuvo la personería gremial. En marzo de este año, la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió retirarle la personería y darle lugar a una apelación presentada por la UTA hace más de un año.

Roberto “Beto” Pianelli, Secretario General de AGTSyP, denunció la falta de argumentos de la UTA -y por ello también del fallo de la Cámara- quién impidió en tres oportunidades la realización de la prueba necesaria para determinar cuál es el sindicato con mayor representación. El martes, la AGTSyP presentó una apelación al juzgado para que este caso sea tratado por la Corte Suprema de Justicia. 

Luego de considerar el fallo como parte de una decisión política del gobierno de atacar a los sindicatos opositores, Pianelli reflexionó sobre el rol de los sindicatos en la actualidad y acusó de colaboracionistas a algunos gremios de la CGT que se vieron forzados a actuar.

¿Qué estableció la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo?

Dio lugar a una apelación presentada por la UTA, que sostiene que en el trámite administrativo no se le dieron los suficientes elementos para poder defender su personería gremial. Eso es mentira. La UTA estuvo tres años impidiendo que se haga la comparación entre los gremios, para ver cuál era más representativo. Hubo tres fechas para la compulsa, y en las tres interfirió. En la última, directamente no se presentó. Sin embargo, el fallo dice que no hubo suficientes garantías, y manda el trámite de vuelta al Ministerio de Trabajo para que convoque a una nueva fecha. Obviamente, es un fallo de características políticas. Este Ministerio no va a llamar jamás a una compulsa, porque la UTA es aliada del gobierno actual. Es un fallo hecho a medida, ya que se resolvió en siete días. La UTA presentó hace un año la apelación, pero el Ministerio de Trabajo la tuvo frenada. Cuando decide mandar el expediente, se resuelve en siete días. Es escandaloso, porque claramente no hubo tiempo de haber leído un expediente que lleva años de trabajo, con idas y vueltas, con documentos cruzados y apelaciones, en siete días. Estuvo un año parado, y casualmente lo resuelven en un momento donde hay una ofensiva sindical contra el gobierno. Creemos que es un fallo a medida, un fallo de época.

¿Cómo es el trámite para acceder a la personería gremial y cómo fue en este caso?

Primero es necesario inscribir al sindicato y que te den esa inscripción, en un proceso que no puede durar más de tres meses. En nuestro caso, producto de la presión de la corporación sindical, en vez de tres meses duró casi tres años. Después de la inscripción, debés tomar la decisión, en el momento que consideres adecuado, de pedir una compulsa para tratar de demostrar que tenés mayor representación que el otro,  porque le dan la personería gremial al que tiene más representación. Se mide seis meses para atrás, desde el día que decidís compulsar: en esos seis meses tenés que tener 20 por ciento más de afiliados que el sindicato que tiene la personería. El día que nos presentamos para hacer la compulsa, teníamos 40 por ciento más de afiliados. Si bien el cómputo se considera desde el día solicitado hacia atrás, la compulsa se realizará cuando el trámite administrativo lo considere. Cuando nosotros pedimos la compulsa y el Ministerio de Trabajo lo comunica, la UTA apela y empieza a hacer todo tipo de maniobras jurídicas, logrando demorar más de un año el trámite. Llega un momento que el Ministerio decide poner otra fecha,  pero la UTA judicializa el trámite. Era improcedente, pero el Ministerio no tiene otra alternativa que mandarlo a la Justicia que, luego de un año, termina diciendo que era improcedente. Entonces el trámite vuelve al Ministerio, que fija una nueva fecha y debe levantarla porque la UTA vuelve a apelar. Finalmente, pone otra fecha y nosotros nos presentamos. No hay tiempos establecidos para este tipo de trámites, aunque en general suelen demorar un año. Nosotros tardamos tres, pero hay gremios a los que no convocan nunca, por decisiones políticas.

¿Cómo se mide la representación de afiliados?

Tenemos que presentar los libros con la cantidad de afiliados que cotizan en el sindicato. Y ellos tienen que traer sus libros, demostrando también la cantidad de afiliados cotizando. En su caso es más fácil, porque los descuentos de cotización se hacen en el recibo de sueldo. Nuestro caso es más difícil,  porque la empresa se niega a descontar del recibo de sueldo. Entonces nosotros descontamos vía CBU. Tuvimos que llevar los libros y un montón de papeles que demostraban que durante seis meses, registrado por escribano público y el banco, ingresaba ese dinero de cotización por la cantidad de compañeros. Nosotros llevamos eso, pero la UTA no vino. Como no se presentó, el Ministerio nos dio la personería gremial a nosotros. Cuando termina el trámite administrativo y ya nosotros tenemos la personería gremial, la UTA va a la justicia y dice que no se garantizaron sus derechos durante el trámite. Esto lo hizo la UTA no bien asumió Jorge Triaca como ministro, y sobre esto es que falló a favor la Sala II.

¿Cómo decidieron abrirse de la UTA y formar AGTSyP?

Todos nosotros éramos delegados de UTA. Y la crisis que duró 10 años tuvo que ver con que nos oponíamos a aceptar firmas de convenios que empeoraran las condiciones laborales o implicaran despidos. Siempre dijimos que íbamos a hacer lo que digan nuestros compañeros y eso fue lo que hicimos. Eso generó una contradicción muy fuerte con la conducción. Hubo huelgas organizadas por nosotros, a las que la UTA se oponía y venía a romper con patotas a punta de pistola. Y bueno, llegó un momento en que nos quisieron echar a todos los delegados, y decidimos formar otro sindicato.  

¿Cuáles son los próximos pasos a seguir?

El martes presentamos la apelación al juzgado pidiendo ir a la Corte Suprema. El juzgado puede darnos lugar o puede decir que no. Lo más probable es que diga que no. Entonces podemos ir a la Corte, en queja con el juzgado. Ese es el trámite administrativo, ir a la Corte Suprema de Justicia para que resuelva sobre este tema. Pero puede durar años. Eso desde el punto de vista jurídico. Pero vamos a ir  a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a presentar una queja por falta de libertad sindical. A los únicos que nos están cuestionando los derechos es a nosotros, porque habíamos ganado la personería gremial y nos la sacaron de una manera trucha. Mientras tanto, vamos a seguir haciendo lo que hicimos siempre. En caso de que quieran llevar esta resolución arbitraria a los hechos y nos quieran impedir que participemos de las paritarias o defender a nuestros compañeros, obviamente vamos a actuar.

¿Cree que esta decisión forma parte del contexto político?

Sí, de un gobierno que está intentando hacer retroceder las conquistas de los trabajadores y de los sectores populares, conseguidas durante los últimos años. Hay una política de flexibilización laboral que intenta bajar las condiciones salariales de los trabajadores, y está recibiendo la reacción de un sector importante del sindicalismo. Pasó con los bancarios a principio de año, y está pasando en este momento con los docentes. Nosotros creemos que este fallo tiene que ver con una política que busca disciplinar a las organizaciones opositoras, y beneficiar a las colaboracionistas, como es el caso de la UTA. Consideramos que  es una decisión simbólica-política, en contra de los sindicatos que se enfrentan al gobierno y a favor de los sindicatos que colaboran con la reacción de los grupos económicos concentrados de ir en contra de los laburantes y los sectores populares.

¿Cuál debe ser el rol de los sindicatos?

En este contexto en particular, los sindicatos tienen que salir a defender las condiciones conquistadas por los trabajadores. Y obviamente, como siempre, un sindicato lo que tiene que hacer es defender los intereses colectivos e individuales de sus trabajadores e intentar mejorar las condiciones, no evitar que las empeoren. Por suerte hay un montón de sindicatos que hacen eso, aunque otros desgraciadamente no.

¿Cuáles son los sindicatos que efectivamente están actuando para defender a sus trabajadores?

Podemos decir que hay sectores como las dos CTA, sectores como la Corriente Federal de la CGT y otros gremios que tienen una política de defensa de los compañeros y han salido a a la calle. Pero también vemos gremios de la CGT –sobre todo la conducción de la CGT– que durante el año hicieron todo lo posible para no enfrentar las medidas del gobierno. Es más, colaboraron. El caso más escandaloso fue cuando se discutió el impuesto a las ganancias. Había una ley que había salido por mayoría de Diputados y, cuando iba a ir al Senado, la CGT arregló una ley que era peor. Fueron a salvarle las papas al gobierno, que había perdido por mayoría en Diputados. En vez de exigir a los senadores que aprueben esa ley, fueron y arreglaron empeorando la ley que ya estaba. Por eso hoy el impuesto a las ganancias es una de las promesas incumplidas de este gobierno, que sacó todos los impuestos para los grupos económicos concentrados y dejó los impuestos que pagan los trabajadores. Hoy los únicos que siguen pagando son los laburantes. Eso se dio gracias a la colaboración de un sector del sindicalismo, cuya mejor expresión quizás es el triunvirato de la CGT, que tiene una política peor que la que tuvo el massismo.

¿Cómo interpreta el conflicto ocasionado durante la última movilización de trabajadores para fijar la fecha del paro nacional?

Nunca en la historia pasó que en una movilización convocada por la CGT o convocada por una conducción que  mueve 500.000 personas, esa multitud te corra del escenario y te grite: “Poné la fecha, la puta que te parió”. Es una situación política de descontrol, producto de que los tipos se estaban haciendo los boludos. Yo creo que ese fue el límite. Si hay algo que no querían hacer, era parar. Pero la gente está cansada, está viendo cómo pierde su poder adquisitivo cotidianamente. Va al supermercado y ve que no alcanza. Hay mucha gente que perdió y pierde su trabajo, y muchos que  están suspendidos. Veníamos de discutir paritarias que mejoraban nuestras condiciones de vida, y pasamos a quedarnos sin trabajo y con paritarias que te bajan esas condiciones. El año pasado, los que mejores firmamos obtuvimos más del 30 por ciento y la inflación fue de 40. Y este año quieren hacer una maniobra, que es lo que están intentando con los docentes, discutir la inflación futura y no la que perdimos. Hay gremios que aceptan esas condiciones. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires UPCN acepta lo que hoy están rechazando los docentes. Aceptó firmar el 18 o 19por ciento, también aceptando la pérdida de lo obtenido el año pasado, que había firmado por el 20 por ciento. Por suerte, los docentes decidieron que no van a permitir eso.

¿Qué opina del protocolo antipiquetes anunciado por Patricia Bullrich?

Si querés empeorarles las condiciones laborales a los trabajadores y a los sectores populares en general, obviamente lo que vas a intentar es acallar la protesta social. Como no quieren acallar la protesta social cediendo a los reclamos de los trabajadores, recurren a los palos. Es la otra pata de la misma política, esa es la tarea que hoy está llevando adelante la tristemente célebre Patricia Bullrich. Como no pueden persuadir a la gente de que vivan cada vez peor, lo van a intentar hacer con garrotes.

 

Actualizada 23/03/2017