Semillas en el Congreso

El proyecto oficial por la reforma de la Ley 20.247 finalmente ingresó a la Cámara de Diputados. La dilatada pelea por el canon. El rol de las grandes empresas y los tiempos legislativos con horizonte en 2017.

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Un debate con casi dos décadas de historia comenzó a dibujar un nuevo capítulo en el Congreso Nacional. Después de varios meses de idas y vueltas, el gobierno finalmente presentó en el Parlamento el proyecto de modificación de la Ley de 20.247 de Semillas y Creaciones Fitogenéticas. La iniciativa, con eje central en la reforma del artículo 27 de la normativa vigente desde 1973, actualiza la polémica por el uso propio y gratuito de la semilla. Sin embargo, todo indica que la discusión en el recinto quedará postergada para 2017, según estimó el presidente de la comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, el massista Gilberto Alegre.

Tras medio año de misterios, el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, presentó el 13 de octubre la iniciativa oficial que propone habilitar a los obtentores de la variedad vegetal (quienes obtienen una nueva semilla) a reclamar el pago de regalías por las tres primeras multiplicaciones. Además, el proyecto contempla que, luego de las tres primeras cosechas, las empresas semilleras podrán reclamar, sin límites establecidos, en caso de que el productor incremente la cantidad de semillas plantadas con respecto a la primera cosecha. Esta reglamentación regirá para los productores que tengan una facturación mayor a tres veces el monto correspondiente a la categoría más alta de monotributista, y será puesta en práctica por el Instituto Nacional de Semillas (INASE), órgano oficial de aplicación de la ley.

Además de este proyecto, hay otros cuatro ingresados al Congreso. La Federación Agraria Argentina (FAA), la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) y el Frente Renovador impulsaron sus propias iniciativas.

En diálogo con ANCCOM, Alegre aseguró que el debate dentro de la comisión de Agricultura comenzará en las próximas semanas, pero puso en duda que la iniciativa se apruebe en este período legislativo.

“Hay que modificar las reglas de juego. Y terminar con el Estado ausente”, subrayó Alegre al aludir a la denuncia por cobro de regalías ejecutadas ilegalmente por la multinacional Monsanto a principios de este año. “Debemos fortalecer el control del INASE, para incentivar la investigación y el desarrollo de las empresas semilleras nacionales”, puntualizó.

Otro de los puntos que incluye el proyecto firmado por la vicepresidenta Gabriela Michetti; el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y Buryaile es la conformación de un nuevo directorio para administrar y dirigir el INASE. De aprobarse el proyecto, el organismo tendrá igual cantidad de asientos para representantes de organismos públicos como para los provenientes de instituciones privadas de los distintos sectores relacionados al comercio de semillas.

Eigidio Mailland, presidente de CONINAGRO, aseguró que la Confederación tendrá representantes tanto en el INASE como en la Comisión Nacional de Semillas (CONASE). Además, coincidió en que el derecho al uso propio debe ser oneroso. “Le reconocemos un canon al derecho de propiedad, pero obviamente queremos participar del debate sobre cómo se arbitra el precio de ese canon”, completó. El mes pasado, CONINAGRO presentó ante el presidente Mauricio Macri las necesidades y demandas del agro, en el marco del aniversario número sesenta de la Confederación. “Si bien estamos abiertos a discutir, coincidimos en el proyecto presentado por el Gobierno”, le explicó a esta agencia.

Quienes tiran la soga del otro lado del derecho al uso propio y gratuito de las semillas son las empresas desarrolladoras de las variedades vegetales. Estas compañías (Nidera, Monsanto, Syngenta) se enmarcan en los derechos de obtentor de variedades vegetales (DOV), y en el acuerdo UPOV 78’, al que Argentina adhirió en 1994. La Unión internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales actualizó el acuerdo del 78’, más flexible en cuanto a los derechos de propiedad intelectual, a un nuevo convenio dictaminado en 1991 y que hace peso del lado de los obtentores en la balanza de la renta. Miguel Rapela, director ejecutivo de la Asociación de Semilleros Argentinos, consideró “irrealizable” la idea de adherir al acta de 1991.  “El debate es imposible de plantear en el Congreso, aún para explicar de qué se trata, cosa que pocos saben y que nadie se interesa en entender. El proyecto del oficialismo deja bien claro que Argentina seguirá adherida al “Acta de 1978”, dijo en diálogo con ANCCOM.

Dentro de la modificación al artículo 27, el proyecto oficial mantiene la excepción para los productores inscriptos en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF), así como para los pueblos originarios.

Diego Montón, representante del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) -miembro del Consejo de la Agricultura Familiar Campesino Indígena (CAFCI)- entiende esta excepción como una trampa para mantener a este tipo de agriculturas al margen de la economía y seguir por el camino de la privatización. “Las semillas son patrimonio de la humanidad, no se puede aceptar que una empresa reclame la propiedad privada sobre ellas”, le explicó a esta agencia.

La presentación del proyecto por la modificación de la Ley de Semillas se produjo casi en paralelo a la desarticulación de la Secretaría de Agricultura Familiar, motor de asistencia y capacitación técnica para los agricultores de todo el país.

 

Actualizado 01/11/2016

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