Los argumentos que permitieron frenar el convenio del Gobierno Nacional con McDonald´s que buscaba precarizar las condiciones laborales de los jóvenes empleados.

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y la empresa Arcos Dorados S.A. (McDonald’s) celebraron un convenio que, según se promocionaba,  le daría trabajo a cinco mil jóvenes entre 18 y 24 años. A cambio, los nuevos empleados recibirían una retribución mensual de 4.500 pesos, de los cuales 1.000 pesos serían afrontados por el Gobierno nacional. Gracias al amparo presentado por las diputadas del Peronismo para la Victoria Araceli Ferreyra, Silvia Horne y Lucila de Ponti, junto con el secretario de Juventud de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), Matías Zalduendo, la Cámara de Apelaciones ordenó frenar dicho convenio. ANCCOM indagó los pormenores del acuerdo.

“Nosotros pedimos la nulidad de las Prácticas Clarificantes porque entendimos que, para los jóvenes beneficiarios, genera flexibilización y precarización laboral. No se cumplen los derechos mínimos de la Ley de Contrato de Trabajo y tampoco se respeta el Salario Mínimo Vital y Móvil”, afirmó la diputada de Ponti, y  agregó: “Si se quiere llevar adelante una política para que se genere el empleo en el segmento juvenil, hay que hacerlo respetando los postulados mínimos de la normativa”.

En Argentina, Mc Donald’s ocupa el sexto lugar en el ranking de empresas empleadoras, con un total de 16.809 trabajadores. Esta información es la que la propia multinacional declara en las planillas anexadas en el convenio con el Gobierno nacional.

«Pedimos la nulidad de las Prácticas Clarificantes porque entendimos que, para los jóvenes beneficiarios, genera flexibilización y precarización laboral».

Daniel Arenaza, abogado interviniente en la causa y miembro del Observatorio de Políticas Públicas, Legislativas y Comunicacionales, entiende que uno de los motivos que los llevó a intentar frenar el acuerdo es que el Salario Mínimo Vital y Móvil está pautado en 7.560 pesos, muy por encima de lo que establecía el convenio entre la multinacional estadounidense y el gobierno Nacional.

Un trabajador de McDonald’s, en su categoría más baja y sin antigüedad, actualmente cobra en Argentina por Convenio Colectivo de Trabajo cerca de 10.000 pesos por mes. Quienes iban a ingresar a través de las llamadas Prácticas Clarificantes -ahora suspendidas- hubieran cobrado menos de la mitad de ese monto. Aunque el Gobierno haga un esfuerzo significativo para instalar en el imaginario que son pasantías para el aprendizaje de un empleo, va saliendo a la luz que, en realidad, el funcionamiento es el mismo que el de una relación laboral tradicional, sólo que recibe otra denominación (y otra remuneración).

Respecto a la jornada laboral, también existen numerosas irregularidades. Arenaza explica que el acuerdo preveía que un trabajador cumpliera una carga horaria de 30 horas semanales, las cuales podían estar distribuidas entre fines de semana, feriados y horarios nocturnos. Un empleado regular de Arcos Dorados cobra un plus por una jornada laboral con estas características. Las Prácticas Clarificantes le sacaban al trabajador esa bonificación y tampoco contemplaban  cargas previsionales o los aportes de otras características.

Los motivos que llevaron a la diputada correntina Araceli Ferreyra a impugnar el convenio son de índole personal. La legisladora recuerda que, en su provincia natal, conoció de primera mano a jóvenes trabajadores de McDonald’s y de su principal competidora, sometidos a una situación de precarización e inestabilidad. Los trabajadores son contratados a través de acuerdos temporarios, luego los despiden y no les abonan ningún tipo de indemnización. Además, Ferreyra recordó: “A mí me tocó a mediados de los ’80 y principios de los ’90 salir a buscar trabajo. En pleno fulgor del neoliberalismo los programas de empleo joven no servían para nada. Era creciente la desocupación juvenil. Esta era una manera que tenía el sector empresarial para bajar costos, sin garantizar ni capacitación, ni posibilidad al empleo. Sé por experiencia propia que estos programas no sirven para nada. De hecho, en España también hay este tipo de convenios y allí hoy existe un 60% de desempleo juvenil”.

Las tres diputadas, Arenaza y Zalduendo presentaron el pedido de amparo ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo número 76, a cargo del Juez Fernando Alfredo Vilarullo, quien rechazó de manera inminente la acción de amparo. El abogado actuante explicó que el juez “consideraba que, ni las diputadas nacionales que se presentaron en la causa, ni la CTA, representada en Matías Zalduendo, tenían la legitimidad para poder defender los supuestos derechos vulnerados. Este desconocimiento de la CTA como una organización que propende los derechos de todos los colectivos de trabajadores, más allá de este conflicto en particular, es uno de los motivos por los que decidimos apelar a una segunda instancia”.  

«Las Prácticas Clarificantes le sacaban al trabajador esa bonificación y tampoco contemplaban cargas previsionales o los aportes de otras características».

En cambio, la sala número VI de la Cámara Nacional del Trabajo revocó el fallo de primera instancia que había desestimado la demanda. Se admitió la acción de amparo y la medida cautelar, y se le ordenó al juez que resuelva sobre esta medida cautelar, sin posibilidad de rechazo o desconocimiento sobre el tema.

Por otro lado, se incorporó a la causa a la empresa Arcos Dorados S.A. Daniel Arenaza explica: “Nosotros presentamos el amparo contra el Poder Ejecutivo Nacional, es decir, contra el Ministerio de Trabajo, que es el administrador, la cabeza del convenio. Los jueces en segunda instancia quisieron que también incorporáramos a la multinacional”.

Este convenio supuestamente está dirigido a crear empleo en jóvenes en situaciones de vulnerabilidad. Matías Zalduendo, de la CTA,  explica que existe un amplio desconocimiento entre estos sectores sobre los derechos laborales. Por tal motivo, afirma: “Un acuerdo anunciado con bombos y platillos, que pone en el centro de la escena a un joven que hoy en día está sin trabajo, que vive una situación difícil en su casa y quiere buscar un empleo para independizarse e ingresar al mundo laboral, puede ser visto por los receptores como una posibilidad. Nosotros tenemos que demostrarles a quienes quieren acceder al primer empleo que tienen derecho a un salario mínimo y a recibir aportes patronales. La idea es que el trabajo te dignifique, y no ser explotados”.

Los promotores del amparo se encuentran a la espera de que el expediente vuelva a la primera instancia, en donde van a tener que notificar al Estado nacional y a la empresa Arcos Dorados para que se presenten en la causa dando explicaciones o presentando los informes correspondientes. “Lo primero que el juez va a tener que hacer es resolver la medida cautelar. Luego, tenemos fe en que la Justicia va a seguir los lineamientos que ya  demostró. Tenemos confianza de que vamos a tener una resolución favorable. Aunque eso ya es criterio de los jueces y nos excede”, afirmó Arenaza.

Frente a esta realidad, el secretario de juventud de la CTA menciona la falta de cobertura de los medios masivos de comunicación ante la noticia del amparo: “No lo cubrieron porque es el primer golpe para el macrismo. Es uno de los primeros fallos que se da en contra del Gobierno nacional. No salió en ninguno de los grandes medios. Es más, el ministro Triaca se llamó al silencio. Esto es algo que sólo ha sido difundido por los medios alternativos y los portales. Cobró relevancia en las redes sociales porque se le ha puesto un freno a una política que nosotros consideramos que perjudicaba a los sectores más vulnerables y a los jóvenes”. Además, aseveró: “Estamos convencidos de que en este asado, en esta fiesta de los patrones, los trabajadores no vamos a ser el carbón ni mucho menos. Vamos a tratar de frenar este momento para defender a la clase trabajadora que es lo que más nos importa”.

Actualizado 18/10/2016