“Así obtenía la policía la confesión de ‘Josele’”, titulaba el videograph de Corrientes TV, uno de los principales medios de comunicación de la provincia mesopotámica. La imagen: el joven José Altamirano –22 años- con el ojo en compota, esposado a una silla de madera, siendo interrogado por un policía que lo filmaba con su celular.
¿Y a qué hora fue eso? –le pregunta el oficial.
Más o menos a eso de las ocho, diez, creo que era –responde el joven.
No, no. A qué hora le mataste al pendejo, boludo, no era a esa hora.
Más temprano era, a eso de las seis o siete de la tarde, por ahí.
Esta mañana fue que hiciste eso, boludo –lo corrige el interrogador.
Ese video circuló por distintos canales de televisión de la provincia e Internet, pocos días después de que se diera a conocer el hecho: la muerte de Maximiliano Aquino, un estudiante de Agronomía del barrio de San Roque de clase media, quien fue asesinado de quince puñaladas a la salida de una peña universitaria a las seis de la mañana del 1° de agosto de 2015. En la copia colgada en Internet por el diario Norte de Corrientes, el título es más provocativo aún: “Confesión del asesino de Maxi”. En la causa judicial que lleva el caso, el audiovisual no es tomado en cuenta como elemento de prueba, pero resultó suficiente para convencer a la opinión pública local de la culpabilidad del joven oriundo de Seminario, un barrio de viviendas precarias de la ciudad de Corrientes.
Aquino -21 años- caminaba por el barrio Aldana a las seis de la mañana junto con Melisa Arrúa, una compañera de Facultad, cuando fue interceptado por una moto en la que viajaban dos personas encapuchadas. Quien iba en el lugar de acompañante descendió del vehículo y comenzó un forcejeo con el joven estudiante que aún hoy resulta poco claro. Posteriormente, la misma persona hirió con arma blanca reiteradas veces a Maximiliano Aquino, que cayó sobre el piso ensangrentado y murió en el Hospital Escuela media hora después. Lo que se puede ver en los registros de las cámaras de filmación de seguridad del lugar del hecho no echan más luz sobre lo ocurrido.
Si bien los medios informan que el móvil del asesinato fue el robo de un celular y la calificación legal que se imputa a Altamirano es “robo en grado de tentativa en concurso real con homicidio criminis causa”–con Josele como único imputado-, en sus declaraciones la estudiante que acompañaba a la víctima, afirma que ni ella ni su compañero Maximiliano caminaba con el celular en la mano, también manifiesta que no existió ningún pedido ni frase amenazante propias de una situación de robo en el momento del hecho. La sentencia del juicio que busca cargar el asesinato a Josele –como lo llaman sus familiares- está programada para el próximo 21 de septiembre, y todo indica que el joven será condenado a cadena perpetua en una causa plagada de irregularidades.
En Corrientes, la policía está facultada para realizar tareas de investigación, y así lo hicieron en este caso. A las once de la mañana de ese mismo día, cinco efectivos policiales se presentaron en la casa de Analía Altamirano y Alejandrino Sáenz –madre y padrastro de José- y sin autorización judicial realizaron una inspección de la vivienda.
¿Esta es la casa de José Altamirano? –preguntaron.
Sí, yo soy el padrastro de Josele, esta es mi casa y él vive acá. ¿Para qué lo buscan? –respondió Sáenz, recién llegado de la iglesia.
Estamos buscando una tele que robó. Anduvo robando teles anoche. ¿Podemos pasar a ver?
Para cuando pidieron la autorización para entrar, ya habían atravesado el portón. Alejandrino les mostró los televisores viejos que tienen en su casa. “Un plasma es lo que buscamos”, insistían los oficiales. Entraron a la habitación de Josele y a la de su madre y padrastro. “Anda haciendo macanas tu hijo”, comentaban mientras revisaban.
¿Quién les dijo que Josele se robó una tele? –inquirió el padrastro.
No le contestaron. Unos oficiales salieron de la habitación del hijo, que en ese momento se encontraba trabajando. “Ya tengo el paquete”, expresó uno frente a Alejandrino, quien no entendió lo que quiso decir. Salieron y se fueron. Todo esto es parte de la declaración de Sáenz en el marco de la causa. Recién a las seis de la tarde la Brigada volvió a visitar el hogar de Josele, esta vez con una orden de allanamiento aprobada por el juzgado. Se llevaron algunas pertenencias del acusado, a las que les tomaron fotografías. También fue secuestrada la moto de su padrastro, una de las herramientas de trabajo de la familia. No fue posible demostrar que ese hubiera sido el vehículo en el que se trasladaban el asesino y el conductor en la mañana del crimen. Ni siquiera se sabe con certeza cuál era el color o el modelo de la motocicleta, un medio de transporte muy utilizado en la ciudad. “Las brigadas hacen lo que quieren acá, porque entran siempre sin orden. Yo ya sabía que si no los dejaba pasar la primera vez, me llevaban preso a mí, entonces les dejé entrar, no tenía nada que ocultar”, aclaró el padrastro de José en conversación telefónica con ANCCOM.
Ilustración: Duro // Coloreado digital: Daniela Yechúa
A las tres de la mañana, los efectivos volvieron a visitar a la familia de Josele. “Estamos buscando cuchillos”, afirmaron, pero no se llevaron nada. “Yo sé que no está bien que se realicen allanamientos así, pero bueno, la verdad es que acá nosotros le tenemos más miedo a la policía que a los delincuentes. En todo este tiempo hemos recibido amenazas anónimas, nos dicen que nos van a prender fuego la casa”, explicó Alejandrino.
En las horas posteriores al crimen, Josele se encontraba desenrollando el mallón en su canoa a la orilla del Río Paraná junto con tres compañeros de trabajo. Un viejo pescador que andaba por ahí lo llamó: “¡Eh, Josele!”. Inmediatamente efectivos que se encontraban a metros de él realizando tareas investigativas, lo identificaron y lo detuvieron: “El jefe de la Brigada quiere hablar con vos”, y allí lo trasladaron. “Para que una persona pueda ser detenida, debe haber indicios vehementes de culpabilidad o elementos que generen una sospecha razonable que cometiste o estás por cometer un delito, y acá solo hubo una denuncia anónima porque fue acusado a través de una denuncia de vecinos de Cichero, un barrio cercano a Seminario, quienes no quisieron revelar su identidad: así consta en el expediente. Esta es la primera irregularidad de la causa”, explican las abogadas Gabriela Granada, integrante del Observatorio de Políticas Públicas, Legislativas y Comunicacionales (OPPLeC) y Teresa Rossetto, del Movimiento de Profesionales para los Pueblos (MPP).
La defensa de Altamirano siempre fue alterna e irregular. El caso pasó por un Defensor Público y por varios defensores particulares, que por diversos motivos, algunos poco precisos, dejaron el caso. Mientras tanto, la instrucción de la causa seguía avanzando. Ante la sensación de desamparo, la familia de Josele vendió sus muebles y su canoa de trabajo para viajar a Buenos Aires y contactarse con agrupaciones de derechos humanos a fin de pedir su intervención en la causa. Finalmente su mamá, Analía Altamirano, y su padrastro, Alejandrino Saez, se contactaron con el OPPLeC y el MPP que comenzaron a trabajar en el caso.
“Originalmente nos contactaron para que colaborásemos en relación a la situación de torturas que está viviendo Josele desde que fuera detenido el 1º de agosto. Luego terminamos encontrando un montón de irregularidades en la causa y decidimos tomar intervención de alguna manera para ver qué podíamos aportar en relación a lo técnico-jurídico, y no solo por los apremios a los que fue sometido el acusado para armar la causa”, explica la abogada Verónica Gostissa. Ella junto con Gabriela Granada del OPPLeC viajaron a Corrientes este año para conversar personalmente con el imputado en la Unidad Penal Nº 6 de Corrientes. Conocieron a su familia y al barrio en el que vive, se reunieron con integrantes de organismos de derechos humanos locales y asistieron a la primera audiencia del juicio oral que comenzó el 24 de agosto de este año.
En la madrugada del día siguiente, Analía y Alejandrino vieron por primera vez el video que circuló en las redes. Intentaron denunciar el hecho en Corrientes, pero nadie les quiso tomar su descargo. Finalmente viajaron a Resistencia (Chaco), donde fueron mejor recibidos. “Nadie se arrimó a nosotros cuando denunciamos la tortura de nuestro hijo, ni siquiera los medios. Mi hijo no podía caminar en ese momento”, recordó Alejandrino en conversación con ANCCOM y pasó el teléfono a su señora. Él ya no podía seguir hablando.
“Corrientes tiene la particularidad de que la Defensoría Oficial no es independiente, sino que obedece a una misma persona junto con la Fiscalía. Esta situación contradice el programa constitucional y el principio de igualdad de armas. En la provincia de Corrientes, un mismo procurador es la autoridad máxima de los fiscales y los defensores. El mismo órgano que controla a los funcionarios que ejercen la persecución penal estatal controla a los encargados de defender a los imputados de esa persecución”, explica la abogada Granada del OPPLeC. “Se excusan en que la provincia aún no cuenta con los recursos suficientes para implementar la reforma constitucional del año 2007 que consagra la existencia de un Ministerio Público de la Defensa autónomo y autárquico”, agrega la abogada Nadia Rivas. En este contexto de disparidad, principalmente en la primera parte de la instrucción en que el imputado fue asistido por defensor oficial, se llevó adelante la causa que investiga a José Altamirano por el asesinato de Aquino.
En el momento de la detención, el defensor oficial no realizó ninguna objeción a la forma en que fue aprehendido Josele. Posteriormente, en instancia de apertura del debate, la defensa de Altamirano planteó la nulidad absoluta de la detención por haberse efectuado de forma irregular, a partir de denuncias anónimas realizadas por testigos imposibles de interrogar ya que no revelaron su identidad. El Tribunal decidió no hacer lugar al planteo de la defensa. Los vecinos anónimos que señalaron a Altamirano aquél 1º de agosto también indicaron que existía otro joven del barrio que podría ser autor del crimen -Ariel Molina-, quien también fue detenido en ese momento y resultó liberado casi inmediatamente, pero al igual que José, fue objeto de torturas en manos de la Brigada. Sus declaraciones, que describen los tormentos a los que fue sometido, también forman parte de la causa.
Filas de policías recibieron a Josele en medio de aplausos y festejos, aquel mediodía de agosto. Más de una vez lo sacaron de su celda para colgarlo de un brazo en el medio del patio general del cuartel y lo azotaron en la planta de los pies y el resto del cuerpo. “Hacete cargo de lo del pibe”, le gritaron entre golpe y golpe. Luego sumergieron su rostro en un fuentón con agua. Lo dejaron descansar diez minutos y lo llevaron a hablar con el comisario. Ante la negativa a confesar por un crimen que no cometió, le mostraron la cabeza suelta de un muñeco y lo amenazaron: “Así vamos a hacer con tu familia”. Acto seguido lo llevaron a un cuarto solo, lo obligaron a desnudarse y un policía lo sometió a abusos sexuales. José relató con pudor estos hechos a su defensor y a las abogadas Rosetto y Gostissa. Constituye parte de sus declaraciones indagatorias en la causa en su contra. Finalmente, los oficiales le pidieron al imputado que se vistiera y filmaron el video que circuló en los medios y las redes sociales.
Existen diversas declaraciones testimoniales y conversaciones telefónicas que surgen de las intervenciones judiciales incorporadas a la causa, que vinculan a otros individuos con el homicidio de Aquino. Sin embargo, estas vías de investigación que surgieron durante el proceso fueron ignoradas tanto por la fiscalía como por el juez de Instrucción y el Tribunal Oral.
El lunes 3 de agosto, el detenido fue trasladado a la Comisaría Cuarta de Corrientes donde conoció a su defensor oficial, quien no reparó en sus lesiones y le indicó que debía negarse a declarar. Mientras tanto, familiares, amigos y compañeros de Maxi Aquino recorrieron las calles de la ciudad en una marcha del silencio.
El Código Procesal Penal de Corrientes establece bajo pena de nulidad absoluta que ante pericias de laboratorio -como la que se llevó a cabo sobre las manchas de sangre del pantalón secuestrado-, se tiene que notificar a todas las partes: fiscal, querella y defensa. Esto no se cumplió cuando se llevó a cabo la pericia de tipo y especie de sangre en el laboratorio de Corrientes. De esta manera, la defensa no tuvo oportunidad de controlar la única prueba pericial que lo imputa. “Es muy cuestionable que la única mancha en el jean que sirve como prueba, no se pueda ver en la fotografía que se tomó en el momento del secuestro”, afirma la abogada Gostissa.
Luego, trascendió que una de las manchas de sangre que había en el pantalón de jean que fue secuestrado por la policía en el allanamiento en la casa de Josele era de tipo humano -a diferencia del resto, que era de tipo animal-, y era compatible con el perfil genético de Aquino. Inmediatamente, los medios contactaron a los familiares del joven asesinado, quienes dijeron que con el resultado de la pericia podían estar seguros de quién fue el autor del crimen. Sin embargo, hasta el momento no se había trazado el perfil genético del imputado para poder comparar con el pantalón de jean. Es decir, no se podría afirmar de manera indubitada que ese pantalón hubiera sido utilizado por el imputado el día del hecho.
Además, la mancha que luego fue analizada genéticamente, no había sido fotografiada al momento del secuestro de la prenda. Es decir, se tomó fotografía únicamente del plano interno pero no de su parte externa sobre la que se efectúo el recorte para analizar. En este procedimiento pericial tampoco existió el documento de cadena de custodia en el que deben constan los detalles de quién registra las evidencias, en qué circunstancias fueron recolectadas, quién las manipula, dónde se guardan, cómo se etiquetan, quién las traslada y en qué lugar se depositan hasta ser remitidas al laboratorio pericial con el fin de garantizar que no existe ningún tipo de manipulación de las muestras.
La protesta del perejil
La primera audiencia del juicio oral tuvo lugar en una pequeña sala del Tribunal Oral Penal N°2, ocupada casi en su totalidad por familiares de Aquino, quienes llegaron antes que los de Altamirano. Frente a los jueces y ante la enorme cruz católica que cuelga de la pared del lugar, el acusado declaró que en el momento del crimen se encontraba en su casa durmiendo. Se despertó, se cambió, vio a su familia y a un vecino desayunando en la mesa, los saludó y salió a trabajar. Un clima tenso se generó en la sala en tanto describió las torturas a las que fue sometido en el cuartel de la Brigada, que la familia del joven asesinado seguramente desconocía. Se declaró inocente, mientras los fotoperiodistas en la sala le apuntaban con sus cámaras. El vecino que vio a Josele el día del hecho antes de ir a trabajar y que estaba desde muy temprano de la mañana del 1º de agosto de 2015 en la casa de la familia Altamirano, estaba propuesto en la causa como testigo sujeto a la necesidad del Tribunal de oír su declaración. Sin embargo, en la pasada audiencia del 7 de septiembre, los magistrados entendieron al testimonio de este vecino como inncesario.
En la segunda audiencia, la familia de Josele protestó frente al juzgado sosteniendo plantas de perejil, en alusión a que el joven es sólo un chivo expiatorio que carga con un hecho que no cometió. El caso cuenta con más irregularidades: en el lugar del hecho se hicieron las pericias necesarias en las que se levantaron pelos que se metieron en un frasco y muestras de sangre en formato hisopado, que se mandaron al juzgado y nunca se analizaron. Cuando el cuerpo de Aquino fue llevado a la morgue, se extrajo el material que había quedado debajo de sus uñas durante el forcejeo, y tampoco se realizó una pericia sobre ese material. Ni siquiera se realizó un perfil genético de José Altamirano para contrastarlo con dichas muestras. “A partir del video tomado en la Brigada de Investigaciones que fue viralizado en diversas redes sociales y medios de comunicación y la presión mediática, se buscan pruebas para condenar a Altamirano, dejando de lado la búsqueda de justicia por el homicidio cometido contra Maximiliano Aquino. No se busca al verdadero responsable” afirma Rossetto.
Desde agosto de 2015 hasta marzo de este año que duró el proceso de instrucción de la causa, tiempo que las partes tienen para presentar las pruebas, los abogados particulares que fueron tomando el caso renunciaron y no hicieron los planteamientos necesarios para proteger al acusado. Cuando finalmente llegó a manos de Hermindo González, quedaban apenas días para el cierre de la instrucción y la jueza rechazó el pedido de extender el plazo para el cierre, que era necesario para que el letrado pudiera estudiar la causa. Recién tres meses atrás el OPPLEC y el MPP fueron informados acerca de este proceso, cuando ya estaba fechada la primera audiencia del juicio oral.
“Toda nuestra familia sufre –aseguró Analía, madre de Josele-. Tuvimos que vender todo lo que teníamos para poder viajar y pagar abogados, y más abogados. El único que está pudiendo hacer su trabajo es Hermindo, el actual defensor, porque el resto de los que tomaron el caso han sido intimidados, apretados, ninguno pudo llegar a presentar nada en su momento porque no los dejaban”. En Corrientes, la familia ya agotó los recursos para proteger a su hijo: “Espero que desde la Nación alguien nos ayude, porque acá la corrupción es terrible. Estamos luchando prácticamente contra el gobierno, contra el poder –afirmó Analía-. Mi hija que cursaba primer año tuvo que abandonar sus estudios porque hasta el preceptor le recriminaba ser la hermana de Josele, se reían en la escuela. Lo mismo pasó con mi otro nene”, afirmó indignada y agregó que “todos en Corrientes saben, incluído el Poder Judicial, quiénes son los verdaderos asesinos. No sé por qué lo tienen a mi hijo ahí. Hay videos del momento del hecho que los tienen ocultos. Estoy desesperada por todo lo que le han hecho a mi hijo, y lo que sigue pasando”.
Las abogadas de OPPLeC y del MPP tomaron conocimiento del caso cuando ya estaba determinada la fecha de inicio del debate oral. Estiman que el fiscal de la causa pedirá cadena perpetua en sus alegatos previstos para el 21 de este mes, el Día del Estudiante. Está prevista la sentencia para esta misma fecha. La Defensa planea apelar y –de ser necesario- llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Actualizado 13/09/2016