El juez Carlos Rozanski evaluó los juicios de lesa humanidad y analizó la ley de prisión domiciliaria, luego de que se le diera ese beneficio al represor Miguel Etchecolatz.

El viernes pasado el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata otorgó el beneficio de prisión domiciliaria al genocida Miguel Etchecolatz por razones de salud. Sin embargo, no se hará efectiva porque actualmente está siendo juzgado en otras causas que están en etapa de instrucción. El represor, de 87 años, mano derecha del ex General Ramón Camps, fue Director de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en 1976 y 1977, responsable de “La noche de los Lápices”, y tuvo a su cargo 21 centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. Además, es el principal sospechoso de la desaparición de Jorge Julio López.

Esta semana, organismos de derechos humanos se reunieron en repudio de esta decisión. El argumento en el que se basó el Tribunal para otorgar la prisión domiciliaria al represor fue su estado de salud: hipertensión y riesgo de accidente cerebrovascular. Sin embargo, otras pericias médicas determinaron que estos síntomas son parte de una huelga de hambre que llevó a cabo y consideraron que sus dolencias pueden ser tratadas en un hospital.

En este marco ANCCOM conversó con Carlos Rozanski,  presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal I de la Plata, y reconocido por su trayectoria y dedicación en los juicios por delitos de lesa humanidad. Con el permanente objetivo de velar por los derechos humanos, el magistrado fue el primero en condenar a Etchecolatz. En 2004 lo sentenció por apropiación de bebes y, en 2006 –luego de la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final–, lo juzgó por su participación en el genocidio llevado a cabo durante la última dictadura argentina condenándolo a cadena perpetua. Como es parte de las causas en las que actualmente está siendo juzgado el ex policía, no dio su opinión sobre la prisión domiciliaria que fue otorgada al represor. Sin embargo, aclaró los alcances de la ley que la regula; reflexionó sobre el poder reparador de los juicios; denunció las presiones de medios de comunicación como Clarín y La Nación; y recordó la herida abierta y la falta de verdad y justicia en la desaparición de Jorge Julio López.

Si una persona estuvo en prisión domiciliaria y se la revocaron por haberle encontrado un arma de fuego, como a Miguel Osvaldo Etchecolatz, o por algún otro motivo que lo justifique ¿cuenta con un precedente para que no se la puedan volver a otorgar?

Sí, debería ser así. Habría que analizar cada caso. Sobre el caso de Etchecolatz no puedo opinar porque intervengo en la causa. Pero en abstracto, a quien incumple de alguna manera se le revoca y nunca más se le da, sobre todo en delitos comunes. Pero bueno, hay que analizar cada caso porque, ese tipo de decisiones, como cualquier otra de los seres humanos, pasa por el pensamiento, la ideología y el sistema de creencias de esa persona que está decidiendo.

Se cumplieron diez años del juicio a Miguel Etchecolatz en 2006, ¿cuál fue su importancia?

Ese juicio fue posterior a los que se hicieron a las Juntas, donde Etchecolatz y Camps –entre otros–  ya habían sido juzgados, y luego beneficiados por los indultos que dejaron sin efectos las sentencias. Yo ya había condenado a Etchecolatz y a otros represores en el año 2004, porque aunque estaban vigentes las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, no se aplicaban a la apropiación de criaturas. Y el juicio que yo hice en aquel momento, en 2004, fue por la apropiación de un niño de padres uruguayos. En el 2006 se hizo el primer juicio después de la declaración de inconstitucionalidad de esas dos leyes. La importancia que tuvo fue ser el primero, y ser un desafío en todo sentido. Además, se produjo la tragedia de la desaparición de Jorge Julio López sobre el final del juicio. De modo que también tiene una importancia trágica.

Fue la primera sentencia en el país que incorporó la figura de genocidio, ¿en qué sentido la última dictadura argentina merece ese calificativo?

La utilización del concepto de genocidio para aplicarlo al proceso que vivió la Argentina deriva de la necesidad de llamar a las cosas por su nombre. Es decir, de poder aplicar el nombre adecuado a los fenómenos que se producen, y muy especialmente cuando se trata de crímenes masivos de lesa humanidad como es un genocidio. Utilicé esa noción en el sentido más amplio y abarcativo. Por un lado, está el concepto de la Convención sobre Genocidio, que yo considero aplicable porque las víctimas del proceso que se vivió en Argentina estarían incluidas en lo que la Convención llama “grupo nacional”. Más allá de eso, hay un antecedente histórico interesante: previo a la Convención había un proyecto, y previo al proyecto había una declaración de Naciones Unidas, y en los dos casos se incluía el concepto de “perseguidos políticos”. Que la Convención haya sacado esa categoría, en realidad tuvo que ver con una coyuntura: Stalin estaba matando millones de personas y, por lo tanto, fue uno de los que se impusieron para que se quitara ese ítem de “perseguidos políticos”. Pero se conservó el de “grupo nacional”. La caracterización de ese proceso como un genocidio venía siendo, también, un reclamo histórico de los organismos de derechos humanos. Después, este punto de vista se fue enriqueciendo con el trabajo de Daniel Feierstein, que agregó el concepto de “genocidio reorganizacional”: la finalidad de la dictadura argentina era reorganizar la sociedad, pero en base a las categorías que ella misma establecía, fundamentalmente para poder aplicar un proyecto económico que fue el origen del terrorismo de Estado.

También se están por cumplir diez años de la segunda desaparición de Jorge Julio López, ¿qué cree que pasó con él? 

Desconozco qué es lo que sucedió puntualmente. Lo que sí sé es que desapareció, literalmente. De modo que entiendo que fue víctima de una desaparición forzada, que no se investigó hasta el día de hoy con la intensidad suficiente. O, por lo menos, no se observaron resultados de ninguna especie, no hay ningún tipo de información, lo cual es alarmante. Y, además, es la confirmación de la truculencia que tuvo esa desaparición, el mensaje mafioso que pudo implicar en aquel momento y el esfuerzo que hubo que hacer a partir de ahí para poder reanudar todo el proceso de juzgamiento.

¿Afectó el desarrollo de los juicios?

Sí, lo hizo. Lo que tuvimos que trabajar fue la medida de ese impacto, para que no se vieran perjudicados los procesos de verdad y justicia como el que se inició en aquel momento, después de 30 años de impunidad. El siguiente juicio en la Plata fue el del sacerdote Christian Von Wernich. Había que hacerlo después de la desaparición de López y lograr que los testigos asistieran, declararan y se sintieran contenidos. Por suerte, esto se pudo lograr porque establecí un sistema de convenio con dos organismos: el Centro de Protección a las Víctimas de la provincia de Buenos Aires y el Comité para la Defensa de Derechos Humanos. Ellos proveen, hasta el día de hoy, de psicólogos y psicólogas con los cuales se da contención a los testigos para que el trauma que significa volver a declarar sea el mínimo posible, para que se sientan en condiciones de hacerlo y que el que no esté condiciones, no lo haga. La protección material física se hace a través del programa nacional de Protección de Testigos y el programa Verdad y Justicia, que depende del Ministerio de Justicia de la Nación. Son distintos ámbitos pero todos apuestan a lo mismo, es decir, a que se puedan hacer los juicios con la mayor normalidad posible y sobre todo con el respeto que a las víctimas y los testigos se les debe por la ley y por cuestiones éticas elementales.

¿Cómo cree que esta herida sigue afectando hoy?

Sigue afectando de una manera muy específica, que tiene que ver con lo que en su momento escribió en una obra de teatro Tato Pavlovsky  El señor Galindez, en donde él le hizo decir al represor: «Por cada uno que tocamos, mil paralizados de miedo. Nosotros actuamos por irradiación». Si pensamos que hubo 30.000 desaparecidos, son 30 millones de personas las atravesadas por ese aparato de terror de los años 70. Esa irradiación a la que aludía Pavlovsky sigue hasta hoy, producto de la etapa de terrorismo de Estado y, luego de tres décadas, de la desaparición de un importante testigo, de un hombre que hizo un aporte muy fuerte en ese juicio, una figura especial, porque él fue testigo presencial de los hechos que relató. De modo que la desaparición, además de la tragedia personal que esto representa para su familia, significó una tragedia social. Pero como toda tragedia social, es un desafío para la comunidad: reponerse, no olvidar, seguir adelante en un proceso que busca investigar la verdad de lo que pasó, poder condenar como corresponde y cultivar la memoria para que no vuelva a pasar.

¿Considera que los juicios son una instancia reparadora para víctimas y familiares?

Sí, estoy completamente convencido. Cuando finalizó el juicio a Etchecolatz, al terminar de leer el veredicto se me acercó una señora, una madre de Plaza de Mayo, que había estado presente, aunque no se estaba juzgando el caso de su hijo desaparecido. Me dijo, tocándose el pecho, que había tenido durante 30 años una opresión que se le había ido. Y la verdad es que además de lo conmovedor de la frase, creo que es la prueba más elocuente de lo que significa la reparación. Difícilmente se puede explicar de una manera más gráfica que con esta señora, que se llamaba Edna (Coparón de Ricetti).

¿Actualmente existen presiones para limitar los juicios de lesa humanidad?

Presiones hubo siempre, y amenazas también. Las presiones son ilegales, pero son lógicas y entendibles si se tiene en cuenta que este proceso de juzgamiento afecta intereses muy concretos: económicos y de los otros. Eso ha existido desde el primer juicio. Por ahí lo que está sucediendo es un cambio de clima. A mi entender, desde el año 2003 el contexto fue distinto, ya que se declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y, a partir de ahí, se pudieron iniciar los juicios. Ese contexto siguió siendo favorable durante toda esta década: el apoyo del Ministerio de Justicia y el programa de los testigos, sin ninguna duda, colaboraron con el avance de los juicios. Hoy se está percibiendo un cambio de clima en ese sentido. En lo personal, no recibí ningún tipo de presión de parte del gobierno. Sí noto la presión de algunos medios periodísticos importantes, que son los que vienen haciéndolo hace tiempo: La Nación y Clarín. Entiendo que tiene que ver con intereses económicos e ideológicos.

¿Qué tipo de presión ejercen estos medios?

En el caso de La Nación, por ejemplo, los editoriales que hace años vienen produciendo. Unos días antes de finalizar un juicio por delitos de lesa humanidad muy importante, publicaron editoriales a favor de uno de los imputados que luego fue condenado a prisión perpetua. Eso fue explícito, fue y es una presión concreta que después mantuvo a partir de otros editoriales, algunos más fuertes y otros menos, pero todos dirigidos a lo mismo: a desalentar el proceso y desacreditar a algunas personas –incluyéndome, por supuesto– en operaciones de prensa absurdas, pero no por absurdas menos graves.

¿La Teoría de los Dos Demonios sigue presente en el imaginario social?

La teoría de los dos demonios se fue abandonando con los primeros juicios. Comenzó hace 35 años. En el juicio a las Juntas se hablaba de los dos demonios. Pero, cuando en esta etapa se comenzaron los juicios de Etchecolatz y todos los que se vienen haciendo en el resto del país, claramente quedó descartada por completo. Primero, porque es una teoría interesada: no es neutra. Cuando se habla de dos demonios lo que se busca es confrontar, por un lado, la represión genocida y, por el otro, la actividad –o la supuesta actividad– de las víctimas. Si tenemos en cuenta que en todos los juicios ha quedado demostrado el secuestro y desaparición de bebés, de niños, la violación sexual, el homicidio, la tortura y desaparición de miles de personas, suena extraño que alguien pueda elaborar una teoría en la cual se confronten dos demonios. Sin embargo, está presente en algunas personas que tienen interés en mantenerlo circulando. Lo cual no significa que se ajuste a la realidad. En la Argentina de esa época no hubo dos demonios, sino que hubo un genocidio pensado, elaborado y puesto en marcha, de secuestro, tortura, desaparición y muerte. Y esto está probado, con sentencias firmes. Y si hay gente que todavía está elaborando esa teoría o la repite, es porque tiene intereses en hacerlo: económicos e ideológicos.

Mauricio Macri relativizó el número de los desaparecidos en la última dictadura y calificó como «guerra sucia» lo sucedido en esos años. En el mismo sentido, Lopérfido también cuestionó la cantidad de víctimas ¿Cómo afectan estos dichos  a la búsqueda de la verdad y la reparación a las víctimas y sus familiares?

Depende de lo que cada juez haga cada día con las causas que lleva. No solo por la opinión que pudo haber dado el Presidente de la Nación, sino en general. También puede ser por las intimidaciones de los medios y sus presiones, que van a tener eco o no en jueces y fiscales y lo vamos a saber en cada actuación de ellos. Lo que pasa es que si tenemos en cuenta que estos juicios se están llevando a cabo porque durante treinta años los organismos de derechos humanos, las Madres, Abuelas e Hijos, resistieron y exigieron, vemos que eso es la prueba más elocuente de que cualquier persona puede decir lo que quiera, pero cuando dice cosas de esa envergadura, que descalifican un proceso genocida como el que hubo, la respuesta social es muy fuerte. Esa es la parte rescatable, la parte llena del vaso. Porque del mismo modo que treinta años de reclamar, sin descanso alguno, generó un proceso único en el mundo –que es el de juzgamiento de genocidas–, con el mismo criterio cualquiera puede decir lo que quiera, pero eso no significará ni que esté bien ni que no va a tener una respuesta social. Y nuestra sociedad va a ir eligiendo en cada caso qué respuesta elige. En el caso de los jueces, la respuesta es hacer los juicios que tienen que hacer y aplicar la ley como corresponde.

¿Qué establece la ley de Prisión Domiciliaria?

La 24.660 es una ley penitenciaria que luego fue modificada por la ley 26.472. Lo que establece es la posibilidad de prisión domiciliaria bajo determinadas condiciones: ser mayor de 70 años, tener enfermedades graves o incurables, etcétera. Pero todos esos requisitos que esa ley establece están encabezados por la palabra “Podrá”, “El juez podrá”. De modo que claramente lo que el legislador hizo fue otorgarles a los jueces la posibilidad de determinar o no, en cada caso, un beneficio de esa naturaleza, que de ningún modo es obligatorio ni automático.

Cuando la sociedad denuncia la injusticia de algún caso de prisión domiciliaria y exige rever esa decisión ¿quién es el responsable de intervenir en la discusión?

En el caso de la prisión domiciliaria solamente los fiscales pueden efectuar algún tipo de recurso. Y depende la interpretación podrán los querellantes o no. Pero la realidad es que los fiscales tienen la responsabilidad de decidir. Cuando se les da una vista a los fiscales antes de decidir, hay fiscales que aconsejan dar una prisión domiciliaria. No solo en casos de lesa humanidad, sino en delitos comunes también. Lo que pasa  es que ahí cada uno interpreta, y eso es lo que la ley le otorga a los jueces: la posibilidad  de interpretar si va a decidir o no una prisión domiciliaria. Y la va a otorgar o no el juez en función de su propia visión de los hechos, de la gravedad de los mismos, de la situación de la persona que fue condenada.

¿Qué tipo de custodia reciben los que tienen prisión domiciliaria?

Lo que pasa es que históricamente la prisión domiciliaria no preveía custodia física. Después existieron casos en los cuales se aconsejó eso. Imaginate que si hablamos de miles de personas que están en esa condición, sería imposible destinar decenas de miles de guardias para custodiarlos. Existen las pulseras electrónicas que se utilizan en casos de prisión domiciliaria, pero de delitos comunes. El caso de delitos de lesa humanidad es mucho más complicado, la mayoría no tiene custodia.

¿Y entonces cómo se garantiza que cumplan la prisión domiciliaria?

Por eso es complicado… la responsabilidad de los jueces que las otorgan es ver cómo se verifican. Puede ser a través de una visita del Patronato de Liberados, o de distintas maneras. Hace poco se dio un caso muy fuerte con un hombre de 87 años que estaba procesado por delito de lesa humanidad y estaba con prisión domiciliaria por  razones de salud. Estaba arriba de un limonero podándolo y se cayó adentro de una pileta y se murió. Uno tiene que analizar esta escena, porque si lo que se argumenta es que es beneficioso para su salud estar en su casa, y se cae de un limonero y se mata en una pileta de natación, no puede ser beneficioso. En segundo lugar, si se mata en una pileta de natación es porque la tiene, lo cual demuestra un estándar de vida importante que tal vez a más de uno haga pensar que se dan condiciones inequitativas con respecto a otros detenidos de una situación económica menor que a lo mejor ni siquiera obtienen la prisión domiciliaria.

Actualizado 24/08/2016