«La verdad es que estos tipos eran muy pesados. Para encontrar justicia, nosotros estamos tardando 38 años. Todavía no sabemos qué paso con nuestros padres, así de efectivos fueron», afirmó Guillermo Pérez Roisinblit luego de la primera audiencia de alegatos del juicio por la desaparición de sus padres en 1978, que duró diez horas. En la causa se juzga la intervención que le cupo a la Regional de Inteligencia de Buenos Aires (RIBA) en el secuestro y tormentos de José Manuel Pérez Rojo y Patricia Roisinblit, por los cuales se encuentran imputados Omar Rubens Graffigna -quien se desempeñaba como Jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea en 1978 y fue absuelto en 1985 en el juicio a los dictadores que integraron las juntas militares-, Luis Trillo -titular de la RIBA -, y Francisco Gómez, que trabajaba en el lugar y se apropió del hijo menor de la pareja.
«Nosotros solicitamos un pedido de pena de 25 años para Omar Graffigna y Luis Trillo, y 20 años para Francisco Gómez, por privación ilegal de la libertad y tormentos -afirmó Pablo Lachener, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo-. Da para más, pero el Código de la época permitía esa pena máxima para esos delitos. La fiscalía planteó que ya por la forma en que estaba detenida Patricia constituía de por sí un tormento psíquico, y eso abrió la imputación hacia esos hechos. No fue una privación ilegal lisa y llana». Las tres querellas que alegaron el lunes coincidieron en reclamar que las condenas se cumplan en establecimientos carcelarios, y no en arresto domiciliario.
Durante su alegato, Pablo Llonto –representante de Mariana Eva Pérez, la hija mayor del matrimonio- solicitó cambiar la carátula y que en vez de privación ilegítima de la libertad se condene a los imputados por desaparición forzada de personas, un delito de lesa humanidad con pena de cadena perpetua. «Eso sería lo correcto -coincide Guillermo Pérez Roisinblit- porque mis padres no están secuestrados todavía. En un secuestro se estima que la persona que está privada de su libertad todavía tiene vida. Este 10 de agosto mi papá cumpliría 63 años. En lugar de ver qué le regalaríamos, que fiesta le organizamos, todavía estamos sin saber qué pasó con ellos, quiénes fueron los responsables de su destino y dónde están sus restos”.
El cambio de carátula conlleva el riesgo de que se declare la nulidad del proceso judicial debido al principio de congruencia (que implica que los imputados deben saber exactamente de qué se los acusa), dado que en un inicio se los responsabilizó solo por privación ilegítima de la libertad. Por eso, el abogado de Mariana Pérez aclaró que formulaba su pedido de manera subsidiaria, es decir que en caso de que el Tribunal no tuviera en cuenta su solicitud se suma al requerimiento de condena original de la Fiscalía. A su vez, solicitó que en el frente del inmueble de la RIBA se agregue una placa con los nombres de ambas víctimas, y que el lugar -que hoy se encuentra en estado de abandono- se mantenga como un sitio de memoria.
En cuanto a la calificación del delito, en su alegato el fiscal Martín Niklison aclaró los agravantes por ser los autores funcionarios públicos, que secuestraron y torturaron a las víctimas quienes a su vez eran perseguidos políticos, y no solo sufrieron violencia física y psicológica, sino también fueron mantenidos en cautiverio durante más de un mes. A continuación recalcó: «Los hechos aquí juzgados son delitos de lesa humanidad, hechos gravísimos que ofenden la conciencia universal». En el petitorio, solicitó que se investigue la participación del personal de las fuerzas estatales en la detención de Gabriel Pontnau -secuestrado al mismo tiempo que José Manuel- y lo que ocurrió durante las horas que Mariana Eva Pérez fue privada de la libertad junto a su madre. También pidió que se investigue la participación de Graffigna en el delito de sustracción, retención y ocultación de Guillermo, por el cual solo fueron condenados en 2007 sus apropiadores -Francisco Gómez y Teodora Jofré- y el médico que asistió en el parto, Jorge Luis Magnacco.
«Me interesa remarcar la poca resonancia que tiene a nivel local un juicio tan importante, donde estamos llevando a una posible sentencia a un jerarca de las juntas que en 1985 que quedó absuelto -señaló Guillermo Pérez Roisinblit-. A ninguno de los grandes medios locales les interesa, pero sí tiene mucha más trascendencia en distintas partes del mundo: desde Latinoamérica hasta Rumania».
El mes pasado, el periódico The Guardian -vía la agencia de noticias Associated Press- publicó una nota sobre el juicio titulada: ‘Cómo un hombre argentino supo que su ‘padre’ podría haber matado a sus verdaderos progenitores’, que obtuvo gran repercusión y apoyo a la lucha de las Abuelas. «En cambio, acá en Argentina, ni siquiera hubo difusión en radio ni en televisión. Eso nos duele y nos hace sentir como parias en nuestra lucha y nuestra búsqueda», aseguró Guillermo.
Durante los alegatos, Graffigna se mantuvo con la mirada fija en la pared, como en un estado de trance. Trillo, como en cada audiencia, mantuvo firme su vista, intimidante, y de a ratos intercambió una sonrisa cómplice con Gómez, quien se agarraba la cabeza y la escondía entre sus piernas cada vez que algún abogado lo nombraba. «Yo intenté cruzar miradas con él, pero bajaba la vista -afirmó Guillermo-. Yo no necesito que tenga vergüenza, necesito que cuente de una vez por todas qué pasó con mis padres». Durante sus declaraciones en la audiencia previa a la feria judicial, ninguno de los acusados aportó datos acerca del posible destino de Patricia y José Manuel.
La primera audiencia por los alegatos fue el último lunes. Se presentaron la fiscalía y dos de las querellas de la causa: Asociación Abuelas de Plaza de Mayo –por Guillermo y su Abuela Rosa Roisinblit- y Pablo Llonto -por Mariana Eva Pérez, hija mayor de la pareja-. Dada la imposibilidad de extender aún más la jornada, se decidió que las querellas restantes -las Secretarías de Derechos Humanos de La Nación y Provincia de Buenos Aires- se presentarán mañana jueves, 11 de agosto, a partir de las diez de la mañana.
Actualización 10/08/2016