Trabajadores de la planta impresora Zepita, del Grupo Clarín, denuncian persecución gremial, despidos y condiciones de precariedad laboral propias del siglo XIX.

Sentarse a esperar la llamada telefónica que los convoque a trabajar. Viajar hasta Zepita 3220 para llegar a la hora indicada. Firmar un contrato a ciegas que morirá a las 24 horas, y esperar tener suerte al día siguiente para que todo se repita. Así transcurre la jornada laboral de los trabajadores de una de las plantas impresoras del grupo Clarín. A pesar de que su estatuto determina que a partir de los 30 días de trabajo corrido los operarios deben ser efectivizados, en algunos casos llegan a trabajar como jornaleros trece años sin pasar nunca a integrar la planta permanente. Sin organización gremial consolidada debido a las constantes amenazas por parte de la empresa, en marzo de este año fueron elegidos delegados Alejandro Ontivero y Diego Bruschini, para defender sus derechos laborales. Durante los últimos dos meses Ontivero, que era contratado por día, espera, en vano, que el teléfono suene.

Zepita es la planta encargada de la impresión de los diarios Clarín, La Razón, Olé y Revista Genios, entre otros productos de Arte Gráfico Editorial Argentino (AGEA SA – Grupo Clarín). Si bien los empleados del otro edificio de la empresa –ubicado en la calle Tacuarí, sede de las redacciones y de administración– llevan adelante un reclamo por mejores condiciones laborales y un salario digno, los trabajadores de Zepita se encuentran varios pasos más atrás. No solo exigen un sueldo más justo, sino que buscan salir de un sistema de trabajo decimonónico y que no está contemplado por la ley. Según Diego Bruschini, delegado de Zepita por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa), entre 30 y 40 personas se encuentran realizando tareas en calidad de “jornaleros”. Deben permanecer junto a los teléfonos expectantes a la llamada del patrón, llegar a tiempo al establecimiento –sin importar las distancias ni el horario en que les llegó el aviso– y firmar un contrato que no se les permite leer y que solo tiene validez por un día. “Yo lo firmo y ellos me lo sacan. No nos dejan verlo. Así como me pasa a mí le pasa a todos los compañeros que son contratados, es una manera en la que ellos se cubren”, explicó Ontivero, que hace 11 años trabaja bajo las reglas de este sistema con la promesa que de algún día ser efectivizado. Mientras que un empleado permanente cobra alrededor de 30.000 pesos, por los mismos días y horarios un contratado percibe menos de la mitad. “Un promedio de 800 pesos por cada jornada”, estimó Bruschini.

Alejandro Ontivero
Alejandro Ontivero

“Este sistema es ilegal. Nuestro estatuto establece que a los 30 días la empresa está obligada a efectivizarte. De los 30 días a los 14 años está todo fuera de la ley. Pasa que es muy difícil meterle una denuncia al diario”, explica Francisco Rabini, delegado de la comisión interna de Clarín por SiPreBa. El diario tiene un programa de disciplinamiento: “Ellos son personas que a veces hace 11 o 12 años que no se toman vacaciones, porque si lo hacen no los contactan para trabajar durante dos semanas como represalia”, explicó. Y agregó: “Tenés que estar siempre pendiente, porque si suena el teléfono, no atendiste y ese día no fuiste a trabajar y pasas al último eslabón. Tenés que volver a pagar derecho de piso. Ni hablar si  te quejás o intentás mejorar las condiciones de trabajo”.

El número de contratados por día va variando de acuerdo a la tirada de ejemplares de cada jornada. Este sistema, según expresó Rabini, es una manera de hacerle pagar al trabajador un costo de fluctuación del que debería hacerse cargo la empresa: “Si el diario tiene problemas por imprimir más los fines de semana y menos en la semana es un tema suyo. No puede hacerle pagar eso a un tipo que no tiene laburo.  Es una empresa que cotiza en la bolsa de Londres, no es una pyme. Nosotros después hacemos notas en el diario sobre talleres clandestinos bolivianos en Flores y nos horrorizamos cómo los someten a esas condiciones. Bueno, nosotros tenemos algo muy parecido”, opinó.

Persecusión sindical

Ante la negativa de la empresa a convocarlo a trabajar desde que asumió como delegado -el pasado 31 de marzo-, Ontivero intentó acercarse para dialogar con Clarín y lograr un acuerdo, pero sólo se encontró con negativas. Por este motivo presentó un recurso de amparo en la justicia: “El que inició el amparo fue mi abogado Guillermo Gianibelli.  El 3 de mayo salió una resolución donde le ordenan a la empresa mi reincorporación. La empresa aduce que no le llegó nada, desconoce el fallo, no hace caso a la justicia. Nos presentamos 10 días más tarde con mi abogado y con el escribano a la puerta y no nos dejaron entrar. Esto es claramente una persecución sindical. Porque desde que salí electo no puedo ingresar a la planta”, denunció Ontivero.

El jueves pasado la Justicia impuso una multa a AGEA, que comenzó a tener vigencia a partir de este lunes. Por cada día que la empresa no llame a trabajar a Ontivero, le deberá pagar 5000 pesos. Sin embargo, el trabajador considera que esta no será sanción suficiente para revertir la situación. “El problema es que la empresa lo va a pagar, porque no quiere la organización gremial. No quiere representantes genuinos. Nosotros fuimos elegidos por nuestros compañeros. Ellos no quieren eso, quieren delegados de la patronal, para poderlos manejar. Como ni a Diego ni a mí pueden controlarnos, eligieron este camino, la persecución”, explicó.

Desde la empresa no solo se le negó el trabajo a Ontivero luego de ser elegido delegado, sino que también Bruschini denunció persecución gremial. Aun conservando el puesto, ya que es efectivo, la empresa comenzó a exigirle una metodología de trabajo diferente: “A partir de la nota con Víctor Hugo Morales, el pasado miércoles a la noche, me quisieron cambiar los francos, el horario de entrada, y la jornada en general… ahora me la empezaron a complicar a mí”, reconoció. Asesorado por los abogados de SiPreBa hizo llegar a la empresa un telegrama alertando sobre esta situación ilegal. Hasta el cierre de esta nota no recibió respuesta.

Diego Bruschini
Diego Bruschini

Sin actividad gremial consolidada durante los años previos, recién en 2014 los trabajadores de la planta Zepita convocaron su primera elección: “Siempre nos decían que la empresa echó mucha gente en el año 2000, entonces los compañeros tenían miedo. Es más, ahora tienen mucho miedo de hacer algo”, se lamentó Ontivero. Y agregó: “Lo que me está pasando a mí es una manera de asustar a la gente. Es dar un ejemplo. Ellos nos decían: ‘Al que se postule como delegado, la empresa lo va a echar. Al que quiera organizar una asamblea, la empresa lo va a echar’. Siempre recibimos amenazas. Los capataces se hacían llamar delegados”.

Ese año, los representantes gremiales de Tacuarí, que renovaron su comisión interna, decidieron llamar a elecciones en Zepita, que carecía de organización sindical. Sin embargo, unos días después apareció en la planta un papel que convocaba a otra votación: “Esto lo manejaban los capataces de recursos humanos, que son los que aprietan y amenazan a la gente. Entonces al día siguiente fui a Zepita y empecé a juntar firmas en contra de ese llamado, que era muy trucho, sin los plazos y requisitos que son necesarios”, explicó Rabini. Luego de haber juntado 50 firmas en contra, frente a 15 que habían votado amenazados por la empresa, según contó este delegado, el gerente de Recursos Humanos dio por inválida la elección, permitiendo convocar una nueva. Sin embargo, tres días después llegó un telegrama de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA) dando por válida esa elección, gracias a lo cual los capataces pasaron a ser los delegados. “La UTPBA es un sindicato totalmente vaciado, burocrático, que ha cometido todas las traiciones que se puedan cometer, razón por la cual nosotros participamos de la creación del nuevo sindicato, que es SiPreBa”, explicó Rabini. Y continuó: “Más bajo no podes caer como sindicato. La empresa defiende sus intereses, quiere pagar los sueldos más bajos posibles, lo entiendo. Ahora, la lógica del sindicato es defendernos a nosotros. Acá le dieron un aval a la esclavitud, al sometimiento de los tipos que ellos mismos tienen que defender”.

La lucha llegó a Zepita

Clarín no sólo desconoce la representación gremial de sus empleados sino que, según denuncian los delegados electos por SiPreBa, se encuentra en proceso de reducción de personal. El método utilizado es la tercerización de tareas realizadas en la Planta Zepita hacia otras empresas pertenecientes al mismo Grupo. Un ejemplo es el caso del sector Depósito: en octubre de 2015, la empresa presionó a los empleados para que firmaran un contrato bajo la denominación “Cesión de contrato de trabajo”, aceptando pasar a formar parte de Unir S.A y, a cambio, se comprometían a pagarles un resarcimiento como parte de indemnización, respetarles los años de antigüedad e, incluso, volver a su lugar de trabajo original si cambiaban de opinión: “Con ese movimiento bajaron línea: ‘Ojo con el que se organiza porque volás’. Lo dicen desembozadamente. Acá el que saca los pies del plato, el que arma quilombo, se va”, denunció Francisco Rabini.

Según la página web de la Asociación de Empresas de Correo de la República Argentina “Unir S.A. es una empresa del Grupo Clarín orientada al desarrollo de soluciones integrales en las tareas de Distribución Postal, Logística en general”. Tal como argumentan los delegados consultados por ANCCOM,  Clarín no sólo cede a sus empleados en Zepita para realizar trabajos bajo la razón social de UNIR S.A, –empresa que también pertenece a ese Grupo mediático–, sino que aún habiendo sido trasladado a otra rama los empleados deben continuar realizando, en parte, tareas que corresponden al trabajo de la planta impresora. Cuando los empleados comenzaron a entender la situación pidieron a Clarín hacer uso de la cláusula que les permitía volver a sus antiguas funciones pero fueron desoídos por la Gerencia: “Como respuesta les decían que si ahora eran empleados de Unir S.A tenían que arreglar con esa empresa. Y les ofrecían como indemnización sólo la mitad de lo que les habían ofrecido antes de firmar”, explicó Bruschini.

Alejandro Ontivero lleva más de 70 días sin su llamado telefónico, más de 70 días sin trabajar, más de 70 días sin cobrar. “Yo tengo 9 hijos y me siento en una situación bastante complicada, bastante jodida. Hoy me cuesta mucho traer un plato de comida a mi casa,  porque estoy sin trabajo”, contó a ANCCOM. Durante estos dos meses recibió ayuda de la comisión interna de Clarín, que hace colectas para aliviar su situación económica. “Ellos están peleando por un sueldo digno y sacan plata de su bolsillo para darme una mano a mí. Eso me enorgullece de mis compañeros. Además quiero agradecer mucho al gremio de prensa SiPreBa, porque está apoyando en todo momento, no solamente a mí, sino a todos los trabajadores”, dijo. Y concluyó: “Es tremendo lo que está pasando. Con mi familia no sabemos qué hacer para pasar el día a día. Pero lo que hicimos nosotros en la empresa con mis compañeros era lo que teníamos que hacer. Nosotros teníamos que elegir una comisión interna y pelear por nuestros derechos, que hace mucho tiempo que la empresa los pisa. Yo hoy estoy en mi casa, no tengo trabajo, pero tengo dignidad. No sabes el orgullo que me da haber peleado por mis compañeros, seguir peleando por sus derechos y los míos”.

Diego Bruschini y Alejandro Ontivero fueron elegidos delegados sindicales de la planta impresora "Zepita" del Grupo Clarin
Diego Bruschini y Alejandro Ontivero fueron elegidos delegados sindicales de la planta impresora «Zepita» del Grupo Clarin

 

Actualización 15/06/2016