El fin de los contratos con las cooperativas textiles como proveedoras del Estado hecha luz sobre el cambio de mirada en el Ministerio de Desarrollo Social, que pasó de promover la inclusión a sólo contener el conflicto.

Tras cuatro meses de inactividad, el gobierno decidió poner fin a los contratos que mantenía con la Red Textil Cooperativa (RTC). La medida afectó a 74 cooperativas textiles que funcionaban como proveedores del Estado a nivel nacional. “Nos informaron telefónicamente que el programa no iba a continuar por cuestiones presupuestarias. Desde diciembre no teníamos órdenes de compra ni encargos, cuando nos pedían paciencia lo hacían para evitar conflictos, porque la decisión la tenían tomada hace tiempo”, relató Joaquín Fernández, presidente de la organización.

   Unos 3.000 trabajadores que se desempeñaban en la confección de guardapolvos, chalecos antibalas y uniformes varios, quedaron sin empleo. Las cooperativas trabajaban con encargos realizados por los ministerios de Desarrollo Social, Educación y Seguridad. Los afectados informaron que desde el Poder Ejecutivo les reconocieron que reemplazarían las prendas producidas con productos importados más económicos. El Ministerio dirigido por Patricia Bullrich, por ejemplo, comenzó a importar -desde enero- chalecos antibalas provenientes de Israel.

Bajo la consigna “Sí a la industria nacional y el trabajo cooperativo, no a las importaciones y la desocupación”, las cooperativas textiles de todo el país se movilizaron en defensa de la industria nacional y en contra de las importaciones indiscriminadas.

El fin del programa se encuadra dentro del cambio de enfoque ideológico que se produjo en el Ministerio de Desarrollo Social. Antes, las políticas eran impulsadas desde la lógica de tomar al otro como “titular de derechos” y desde ese lugar se pensaban las políticas; ahora se piensa en términos de cómo “evitar un conflicto social”.

El jueves 21 de abril de 2016 la RTC organizo la jornada "Cocer en la Calle" como forma de protesta por la finalización del programa "proveedores del Estado".
El jueves 21 de abril de 2016 la RTC organizo la jornada “Cocer en la Calle” como forma de protesta por la finalización del programa “proveedores del Estado”.

 

¿Herencia pesada?

    Desde 2003, por una decisión gubernamental, las cooperativas textiles y el Estado nacional establecieron una relación comercial. Los distintos ministerios comenzaron a comprar productos fabricados en ellas. El proyecto buscaba generar trabajo genuino, capacitar a los trabajadores y lograr su posterior inserción en el mercado formal. También se pretendía potenciar el crecimiento y desarrollo de la industria nacional. Este proceso fue acompañado por la creación del registro Nacional de Efectores Sociales y Economía Social (REDLES), creado en el 2004 desde el Ministerio de Desarrollo. Su función fue facilitar, a aquellas personas que realizaban una actividad productiva y que se encontraban en una situación de vulnerabilidad, el desarrollo de su actividad. Acompañada por el Estado, la lógica de producción en cooperativas proliferó y muchas pudieron registrarse y comenzar a producir, lo que les permitió a los emprendedores incorporarse al sistema previsional, recibir los servicios de una obra social y trabajar como proveedores del Estado.

Fernández explicó que “año tras año el nivel productivo de las cooperativas fue creciendo a través de incentivos para incorporar maquinaria, capacitaciones y cursos de formación” y agregó: “Ahora todo ese crecimiento se paró, el gobierno actual no ve a las cooperativas como empresas, sino como gestos de caridad. Ellos eligen la multinacional a lo nacional, cada rollo de tela que entra de afuera es un laburo que se pierde acá”.

La RTC forma parte de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT), donde Andrés Quintana trabaja como coordinador. Desde su posición denunció que la situación actual de las cooperativas es crítica: “Con la importación de productos, las cooperativas quiebran, porque nuestro mercado de consumo es el interno. Hace meses que venimos sin encargos y los que pudimos conseguir son del ámbito privado que suelen ser mal pagos. Todo parece indicar que el gobierno quiere terminar con la producción en cooperativas”.

Daniel Arroyo, actual dirigente del Frente Renovador, fue ministro de Desarrollo Social durante el gobierno de Néstor Kirchner y opinó que lo peor que puede hacer la nueva gestión es pensar una política social fundacional, lo que significa desarmar y empezar de nuevo. “Si se produce una descontrolada apertura de las importaciones, habrá menos producción nacional y más pobreza. Es claro que el gobierno gobierna con un solo ojo y que se ha complicado la situación social, en su agenda no es prioridad cuidar el empleo”.

“Los guardapolvos más caros del mundo”

  Uno de los primeros contratos afectados fue el del Ministerio de Desarrollo Social, que todos los años compraba un millón de guardapolvos a las cooperativas textiles, para luego distribuirlos en escuelas públicas y sindicatos. “La confección de guardapolvos implicaba una política directa del Ministerio orientada a las cooperativas textiles, las cuales capacitaban a su gente y contaban con supervisión del INTI.  Terminar con los contratos no sólo significa el fin del trabajo en sí, sino también todo lo que eso generaba” aclaró Judith Barchetta, ex Directora Nacional de Asistencia Crítica del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Y añadió: “Ellos no piensan en el gasto social como inversión. Yo escuché a las nuevas autoridades decir que eran los guardapolvos más caros del mundo y preguntarse para qué se gastaba tanta plata, cuando era más fácil comprarle a privados.”

El “cambio” de mirada

El Ministerio de Desarrollo Social, a diferencia de otros ministerios, no sufrió pérdida de personal, a excepción hecha de los recientes despidos en la Dirección Nacional de Juventud. “De esto se pueden hacer distintas lecturas, una podría decir que fue producto de la dura pelea que dio la junta interna partir del mismo 10 de diciembre, o porque los trabajadores organizados de Desarrollo Social lo impidieron”, opinó Barchetta. Y añadió: “Otro dato objetivo es que desde los circuitos administrativos del Ministerio, al día de hoy,  no se han puesto en funcionamiento ninguna de las líneas de políticas públicas que se venían desarrollando. Las que son de rutina, como el pago a los cooperativistas de Argentina Trabaja, sí, pero todo lo que tiene que ver con poder gestionar recursos que tengan que ver con el presupuesto 2016 no está funcionando”.

Para Daniel Arroyo, el gobierno cree en la teoría del derrame, ecuación que no sería aplicable en la Argentina, porque “lo que produce actividad económica no produce trabajo. Los sectores pobres del país trabajan en lo textil y en la construcción. Sin la presencia del Estado no se crea trabajo para esos sectores.”

Las cooperativas como proveedores del Estado estaban enmarcadas dentro de los lineamientos del Ministerio de Desarrollo Social que buscaba generar la inclusión del individuo mediante el trabajo. “Para que alguien que no está dentro del mercado pueda ingresar, tiene que existir inversión pero también una política de intervención estatal. Y es esa inversión del Estado la que no comprenden los nuevos funcionarios. Tienen una mirada empresarial de lo público, para ellos sobra gente y hay un montón de empleados que son innecesarios”, remarcó Barchetta.

Actualizada 11/05/2016

 

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