Militantes que participaban de una reunión comunal fueron atacados por una patota cuando reclamaban una audiencia pública para rechazar la entrega de 3,2 hectáreas en Casa Amarilla. Dos asambleístas, Matías Scinica y Fernando Abal Medina (hermano del senador) resultaron heridos y fueron internados.

Una patota se instaló anoche en el Consejo Consultivo de la Comuna 4, en Nueva Pompeya, y en medio de una asamblea atacó a militantes y miembros de agrupaciones vecinales que discutían la privatización de los terrenos linderos al Club Atlético Boca Juniors, en los que los dirigentes pretende llevar adelante un megaproyecto inmobiliario. Durante el ataque, perpetrado sin fuerzas de seguridad a la vista, fue apuñalado Matías Scinica, de la agrupación Boca es Pueblo, y Fernando Abal Medina, de Descamisados, hermano del senador nacional kirchnerista, Juan Manuel: ambos debieron ser internados en el hospital Penna. Testigos de la agresión vincularon al grupo de choque con el macrismo, Carlos Yoshinaga, miembro de la agrupación Boca es Pueblo, contó a ANCCOM: “Actuaron con una impunidad total, desde antes de ingresar a la sede sabíamos que portaban armas blancas”.

 La agrupación responsabilizó por el ataque, en un comunicado, al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, encabezado por Horacio Rodríguez Larreta. «Una patota que responde a un puntero del PRO comenzó a agredirnos física y verbalmente –sostiene el escrito difundido por la organización-. Uno de ellos sacó un objeto cortante con el que hirió gravemente en la garganta a un compañero de Boca Es Pueblo». Consultada por ANCCOM, una fuente de la agrupación prefirió “por el momento” no dar el nombre del agresor, aunque aseguró que quien manejaba el objeto cortante “es conocido” en la comuna.

Matías Scínica
Matías Scínica

“La reunión fue tensa desde el primer minuto –describió Yoshinaga-. Cuando nosotros llegamos la patota ya estaba; eran entre diez y quince personas y en cada intervención que se intentaba hacer referida al tema de la entrega de las tierras de Casa Amarilla sobrevenían insultos desmedidos”. El ataque se desencadenó cuando llegó el turno de tratar el conflicto en profundidad. “Estábamos aterrados, por mi parte creí que mi compañero iba a desangrarse ahí mismo –narró-. La ambulancia tardó una eternidad en llegar, casi media hora, y la Policía recién llegó después, pero los tipos se retiraron riéndose de nosotros y gritando que nos iban a matar a todos”.  El militante insistió en que las agresiones fueron posibles por la complicidad policial.

 En diálogo con ANCCOM Matías Daglio, otro integrante de Boca Es Pueblo, aseguró que el ataque se produjo en el momento en el que se reclamaba la realización de una audiencia pública para tratar el traspaso de los terrenos al club xeneize, que, como publicó este mismo medio a principios de marzo pasado, se presentó como único oferente en la “Licitación con Iniciativa Privada para el Desarrollo y Mejoramiento Urbano Casa Amarilla” que puso en venta 3,2 hectáreas. La adjudicación se concretó el 25 de febrero pasado. “Nosotros pretendemos llevar hasta la Legislatura la voluntad de los vecinos y de algunos legisladores, porque los terrenos fueron directamente transferidos en su momento a la Corporación del Sur y luego a Boca, sin debatirlo con la comunidad”, subrayó Daglio. Según asegura un informe de la ONG Observatorio del Derecho a la Ciudad, la venta de los terrenos a Boca es “ilegal e inconstitucional”, porque de acuerdo a las normativas vigentes “no se puede vender tierra pública de la Ciudad sin aprobación de la Legislatura” y en este caso la transferencia se hizo de manera directa a través del Instituto de Vivienda porteño.

 El conflicto se remonta a más de tres décadas, cuando en 1981 los terrenos situados a pocas cuadras de La Bombonera fueron adquiridos por la Ciudad para paliar el déficit habitacional en el barrio de La Boca. Pero en los ’90, el entonces intendente porteño Carlos Grosso cedió a Boca Juniors parte de las tierras, en los días de Mauricio Macri como máxima autoridad de la entidad. Luego, durante las gestiones de Fernando de la Rúa y Aníbal Ibarra al frente de la Capital Federal, se estableció por ley que el resto del terreno sería destinado a viviendas sociales. En total, se habían proyectado unas 4.000, pero en 2007 Macri resultó electo jefe de Gobierno y luego reelecto, en 2011: desde entonces hasta la fecha apenas se levantaron unas 400, es decir, el 10 por ciento.  

 La adjudicación de las tierras de La Boca se concretó pocos días antes de que el gobierno del PRO intentara –aunque infructuosamente- aprobar la Ley de creación de Agencia de Bienes Sociedad del Estado para avanzar en el traspaso a manos privadas de otros predios que aún continúan bajo dominio público.  La discusión no es novedosa: se trata de qué hacer con el espacio público de la ciudad, cuáles son los intereses en juego y cuáles los legítimos actores que deberían decidir sobre el destino de dichos recursos. Un proyecto pionero en la materia tuvo lugar en 1989, cuando el gobierno de Carlos Menem, en el marco de su “reforma del Estado” –que consistió en la privatización y desregulación de los servicios públicos a nivel nacional- avanzó en la urbanización de la zona de Puerto Madero a través de la corporación Antiguo Puerto Madero Sociedad Anónima, creada por el decreto N° 1279 del Poder Ejecutivo, en noviembre de aquel año.

 Poco más de una década después, en 2000, se aprobó en la Capital Federal, por medio de la Ley N° 470, la creación de la Corporación Buenos Aires del Sur Sociedad del Estado, a la que se reservó el área delimitada por la Avenida Directorio hacia el Riachuelo, con el fin de “desarrollar actividades de carácter industrial, comercial, explotar servicios públicos con el objeto de favorecer el desarrollo humano, económico y urbano integral de la zona”. La porción del mapa porteño en cuestión incluye vastas extensiones de espacios verdes, como el Parque Avellaneda o el Parque General Roca, ubicado en los límites de los barrios Villa Soldati y Villa Lugano.

 El conflicto en Boca Juniors ocurre también a pocos meses de que Macri alcanzara el cénit del Poder Ejecutivo Nacional y su aliado Daniel Angelici, sindicado como un operador judicial clave del Presidente, la reelección en Boca. Sin embargo, para Boca Es Pueblo la gestión de Angelici en Boca sólo ha contribuido a que el club se volviera más exclusivo y con cada vez menos actividades sociales. “Desde que está Angelici no sólo se han cerrado actividades profesionales, como la participación de Boca en la Liga Nacional de Voleibol, sino que no se ha abierto una sola actividad amateur”, aseguró a ANCCOM Daglio.

 Los planes del presidente xeneize apuntarían a que sobre los terrenos adjudicados se levante un nuevo “estadio-shopping”, lo que ha desatado en el seno de la comunidad boquense un debate tanto en términos económicos como culturales, porque si el negocio prospera automáticamente se abre el interrogante sobre cuál será el destino de la Bombonera, que los simpatizantes del club de la ribera reivindican orgullosamente como patrimonio indelegable del ser boquense.  Al mismo tiempo, el episodio de anoche en Pompeya ofreció una respuesta a otra de las preguntas que atraviesan la discusión: ¿hasta dónde son capaces de llegar los defensores del negocio millonario para concretar sus ambiciones?

Actualizado 05/05/2016