La Mesa de Trabajo por el Polo Educativo para las villas 31 y 31 bis elaboró un proyecto para levantar un nodo escolar. Hoy la escuela del barrio funciona en un edificio precario, que se inunda.

En las villas 31 y 31 bis viven hoy unas 70.000 personas. A espaldas de los tribunales de Comodoro Py está el colegio público más cercano, en un edificio que no reúne las condiciones mínimas para enseñar y aprender. Desde la esquina de avenida Antártida Argentina y Letonia, sobre esta última calle, se emplaza el inmueble donde conviven la Escuela Infantil Nº 5, la Primaria Nº 21 Primera Bandera Nacional –conocida como “La Banderita”–, y la Media N° 6 Padre Carlos Mugica.

El largo techo de chapa se pierde entre el esqueleto de hormigón de un hospital a medio construir y la mole de Comodoro Py. Según Mirna Tamer, la directora del establecimiento, el 90 por ciento de los alumnos viene de la villas 31 y 31 bis. “Esta es una construcción precaria levantada sobre terrenos que fueron el obrador del proyecto del hospital aeronáutico, que iba a ser al lado”, explica. Tratándose de un sitio cercano al río, las características del suelo exigen cimientos reforzados. “Tenemos paredes casi sin cimientos y sin revocar. No se pueden colgar cuadros pesados porque se caen. No hay columnas, el techo es endeble”, describe.

Junto a Mirna, Graciela Fernández (profesora del Padre Mugica) y el preceptor Walter Larrea repasan los principales problemas: no hay suficientes aulas para los cursos; techos y paredes no están impermeabilizados; hay que reemplazar las estufas porque no funcionan; la instalación eléctrica no está habilitada… Hay espacios, incluso, donde no llega la luz, por lo cual no se pueden enchufar dispositivos; y no hay un lugar donde los chicos puedan hacer educación física.

En la escuela acaba de terminar la reunión semanal de la Mesa de Trabajo por el Polo Educativo, una multisectorial formada por los maestros, las familias, la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), la Mesa de Urbanización de la Villa 31, y otras agrupaciones políticas y sociales de la zona que se organizaron para elaborar un proyecto de ley –casi terminado– para que se cree ese nodo escolar. El proyecto será elevado en pocos días a la Legislatura porteña por los diputados Lorena Pokoik, José Campagnoli, Paula Penacca, Andrea Conde y Pablo Ferreyra.

"No hay suficientes aulas para los cursos; techos y paredes no están impermeabilizados; hay que reemplazar las estufas porque no funcionan", dice Mirna Tamer.
“No hay suficientes aulas para los cursos; techos y paredes no están impermeabilizados; hay que reemplazar las estufas porque no funcionan”, dice Mirna Tamer.

Un acto educativo

En una de las entradas a la villa 31, detrás de la terminal de ómnibus, la calle “número 5” divide la realidad: de un lado, varios policías conversan alrededor de sus patrullas y un camión hidrante intenta camuflarse entre los autos estacionados; del otro lado, un grupo de personas arman una mesa con caballetes, conectan el audio y reparten volantes. Una docente levanta un pasacalles sostenido por dos postes: “Las balas no enseñan”, dice en mayúsculas. Mientras, pasan los micros que salen de la terminal de omnibus y algunos pasajeros curiosos miran por las ventanillas.

“¿Diego? ¿Dónde está Diego? Vení acá al frente”, llama Walter Larrea, el preceptor del Padre Mugica. No quiere empezar el acto sin el representante del centro de estudiantes, Diego Delgado, uno de los expositores. Una vez que Diego se acomoda, minutos después de las 13, arranca la conferencia.

Florencia Diaspratti, delegada de UTE, toma el micrófono: “La educación es un derecho social”, subraya y lee el documento redactado por la Mesa de Trabajo. “Militarizando la villa no les vamos a cambiar la perspectiva a estos pibes que no encuentran oportunidad en una sociedad alejada cada vez más de los valores fundamentales. Es con más educación, más salud, más trabajo, más inclusión, como el Estado tendría que atacar los problemas sociales de la Villa 31”, dice.

A su turno, Walter Larrea remarca el contraste que hay en las políticas del Gobierno: “Al mismo tiempo que instalan 400 policías, cierran un centro de salud y remueven al gabinete de psicólogos. Hay que atacar los problemas sociales y proponerles futuro a los chicos”. Como preceptor, Walter conoce bien a los alumnos y a sus familias. El trabajo no se limita a las horas de clase. Por eso el proyecto del polo educativo se piensa como un espacio abierto al barrio. “Es una forma de darles a los chicos una contención y que el Estado no aparezca en la villa solamente como aparato represor”, concluye.

“La educación es un derecho social”, reclama Florencia Diaspratti, delegada de UTE.

“Esto es un acto educativo”, dispara Érica Nielsen, con tono de maestra y guardapolvo blanco. “Es importante que los chicos aprendan a luchar por sus derechos y que a ellos les corresponde un edificio como a cualquier otro pibe de la ciudad”. Érica recuerda los años que lleva en “La Banderita”, el frío en invierno, las inundaciones, el día que salieron con el agua por las rodillas a cortar la avenida Antártida Argentina para quebrar la indiferencia del Gobierno. “Mucha gente podrá decirme: ‘Vos tendrías que estar trabajando en el aula’, y sin embargo yo acá hoy estoy enseñando”.

Guillermo Parodi, de UTE, habla del derecho social a educarse: “Para que sea ejercido y disfrutado, para que nuestros niños, niñas y jóvenes puedan acceder a él plenamente, las condiciones de enseñar y aprender tienen que ser dignas”. Parodi hace hincapié en la falta de vacantes y en la reducción del presupuesto educativo en los últimos ocho años. “Desde que el macrismo asumió en la Ciudad fue bajando un punto por año: pasamos del 30 por ciento en 2007 al 21 por ciento al 2016”.

Aclamado por sus compañeros, Diego Delgado, representante del centro de estudiantes, habla desde su experiencia: “Hay mucha gente que ni se imagina cómo los alumnos pasan cada día de clase dentro del Padre Mugica. Este es un mensaje para el Gobierno y para que la gente del barrio se sume a la lucha. No es solamente para nosotros sino para sus hijos, sus nietos, sus vecinos”.

Carlos Rico, asesor de la legisladora porteña Lorena Pokoik, una de las que presentará el proyecto de ley, puntualiza las características concretas que imaginan para el Polo Educativo: un edificio escolar que integre nivel inicial, primario y secundario con bachilleratos orientados, escuela técnica y enseñanza artística; un instituto terciario cuya orientación laboral se defina a partir las necesidades de la comunidad; un centro deportivo y de recreación; un centro de salud para los alumnos, y un complejo cultural con una sala de ensayo para la orquesta del barrio. “Se podría pensar que esto es muy ambicioso”, dice Carlos luego de la enumeración, “pero nosotros decimos que están los recursos, es una necesidad, es un derecho, y tenemos derecho a soñar y a luchar. Si hay plata para los fondos buitre, para los agroexportadores y para las mineras, tiene que haber para la educación”, manifiesta.

“Hay mucha gente que ni se imagina cómo los alumnos pasan cada día de clase dentro del Padre Mugica".
“Hay mucha gente que ni se imagina cómo los alumnos pasan cada día de clase dentro del Padre Mugica”.

Terminado el acto, al que se fueron sumando numerosos vecinos, Diego Delgado dialoga con ANCCOM. Dice que lo más importante es mantener motivados a los alumnos, y para eso es fundamental que el edificio esté en buenas condiciones. “Baja la autoestima ver el colegio como está actualmente, las aulas no están en buen estado y faltan materiales para aprender”.

Diego también reflexiona sobre los brutales contrastes del barrio: “Cuando bajás del colectivo para venir a la escuela mirás para la derecha y tenés Puerto Madero, el Hotel Sheraton, donde una habitación puede costar 2.500 dólares la noche. Girás la cabeza ciento ochenta grados, mirás a la izquierda, y ves la entrada de la villa, con chicos que caen en la droga, que no tienen opción, que no ven otra salida. Hay 400 metros de diferencia”.

Diego está en el último año de secundaria y confía en “dejar algo” desde el centro de estudiantes para mejorar la situación de los que asisten a la escuela y los que ingresen en el futuro.

Una docente levanta un pasacalles sostenido por dos postes: “Las balas no enseñan”, dice en mayúsculas.

“A demoler”

La calle Letonia, sobre la que está la escuela, desde que empieza –en Antártida Argentina– hasta que termina dos cuadras más adelante, está enrejada, es decir que desde la vereda de la escuela no hay acceso a la calle. La decisión de cercarla fue de los tribunales de Comodoro Py cuando comenzaron los juicios por delitos de lesa humanidad. Ahora funciona como estacionamiento de los jueces que se niegan a reconocerla como una vía pública. El día que se encontraron con la calle enrejada, Mirna se comunicó con representantes judiciales y con el Gobierno de la Ciudad. “La versión que me dio Ana María Figueroa, que en 2015 era la titular de Casación Penal, fue que es una arteria privada del Poder Judicial, que no es la calle Letonia. De todos modos, parte de la reja la puso la Ciudad”.

El principal problema que generó la reja es que no podían entrar las ambulancias a la escuela, algo que todavía no está totalmente resuelto. Hoy el Poder Judicial se encuentra en litigio con la Ciudad por el terreno que incluye las tres escuelas. “No conseguimos ni saber cuál es el número de expediente de la causa”. Pero sí pudieron observar un plano catastral que les mostraron en Tribunales. Donde están dibujadas las escuelas dice: “A demoler”.

Actualizada 04/05/2016

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