El periodista Néstor Piccone habla sobre los ejes del nuevo congreso organizado por la Coalición por una Comunicación Democrática. Señala los nuevos desafíos para los medios comunitarios tras la desarticulación de la Ley de Medios Sociales de Comunicación Audiovisual y explica por qué, a pesar de todo, el sector “está un escalón más arriba”.

La Coalición por una Comunicación Democrática (CCD) realiza este jueves un encuentro, para debatir y presentar los nuevos 21 puntos por una Comunicación Democrática. Convoca a organizaciones políticas, sociales, sindicales, cooperativas, pueblos originarios, e universidades. El periodista Néstor Piccone contó a ANCCOM cómo está circulando por el país este borrador para fortalecer ideas y propuestas.

¿Qué acciones están proponiendo para defender la democratización de la palabra?

Empezamos a reunirnos antes de que asumiera Mauricio Macri, cuando escuchamos que Oscar Aguad, quien sería luego el Ministro de Comunicación, dijo que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) no servía para nada y que iba a derogarla. Desde los primeros días de diciembre hasta hoy, nos hemos reunidos semanalmente. La Coalición es una organización de organizaciones, una coincidencia de posiciones respecto de la democratización de la comunicación. Desde ese lugar, coordinamos con distintas organizaciones la denuncia de los DNU y la presentación de medidas cautelares cuando estos decretos quisieron eliminar AFSCA y AFTIC. Utilizamos también las herramientas que propone la Defensoría del Público, que fue generada para que los públicos y los comunicadores puedan denunciar cualquier atropello contra la comunicación desde los distintos poderes. Vimos la situación inédita de que un DNU volteaba no sólo la Ley 26522, sino todo lo que habíamos hecho con participación de las provincias, organizaciones sociales y pueblos originarios. El Congreso por una Comunicación Democrática se hace para difundir las acciones y ver, en forma conjunta, qué otras podemos plantear. Se hicieron encuentros en Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Río Negro, Buenos Aires, entre otros lugares, para coordinar las denuncias pero también para plantear los nuevos 21 puntos. Los comparamos simbólicamente con aquellos del año 2003 y estamos contentos porque tienen que ver con todo lo que falta para la aplicación de la ley y también para incidir en los debates que se den en las cámaras de Diputados y Senadores. Hay una ley existente que hay que defender y hay que habilitar otro tipo de discusiones. Hemos tenido una buena recepción por distintos bloques de diputados y senadores (no sólo del FpV) que están dispuestos a discutir y a apoyar estas iniciativas.

¿Cuáles fueron las limitaciones a la implementación de la Ley 26522 en relación a los medios comunitarios?

La ley era bien compleja y no se consiguió la legalidad para todos los medios cooperativos y de pueblos originarios. Eso es una deuda pendiente que tenemos, porque hay varias cuestiones que la ley habilitó y que tenían que aplicarse: algunas tenían que ver con el Poder Ejecutivo, otras con quiénes manejaban AFSCA y otra con las organizaciones universitarias, comunitarias, cooperativas o de pueblos originarios que tuvieron que inventarse a sí mismas para ser incluidas. Este tema no se resuelve de la noche a la mañana y es una tarea que queremos seguir apoyando, fundamentalmente tratando de que la población entienda que la comunicación es un derecho humano. Hay quienes creen que la comunicación y los medios no son parte de la política, sino de un sector aparte al que uno tiene que acceder, pedir o pagar. Todos estos cambios culturales no se dan por ley, sino por debate de ideas y profundización.

¿Cómo se piensa la comunicación dentro del nuevo contexto político?

Cuando las dictaduras militares derrocaban a los gobiernos, se terminaba la democracia rápidamente mediante la intervención de los medios de comunicación. Con la etapa neoliberal de los 90, lo primero que se privatizó fueron los medios. Salvamos Canal 7 y Radio Nacional por la lucha de los trabajadores, pero también porque se entendió que el Estado tiene que tener medios de comunicación propios. Ahora, que viene un gobierno neoliberal, conservador y de derecha, lo primero que hace es tirar un DNU que pone en zozobra lo que se había construido con la LSCA, con todos los avances conceptuales que se hicieron en cuanto al derecho a la comunicación y la libertad de expresión. Sabemos que la derecha, que además tiene un gobierno que trabaja para los grupos económicos, busca que la comunicación sea manejada por CEOs y tecnócratas. Sabemos que tenemos un gobierno que va a estar en contra de la participación y sabemos lo que es un gobierno adverso a la democratización de los medios, pero creemos que mucho de lo logrado en lo conceptual va a poder ser defendido.

¿Estos avances promovieron la aparición de nuevos actores que ahora van a intervenir en el debate?

Eso es lo fundamental. Antes, las cooperativas, los sindicatos y las organizaciones sociales tenían prohibido tener medios de comunicación, porque no perseguían fines comerciales. Lo mismo sucedía con las universidades, por ejemplo, que no podían tener canales de televisión y de radio. Más allá de que no pudieron resolver internamente de dónde sacar los fondos para financiarse, se hicieron concursos y ahora tienen canales de televisión digital. En eso no se retrocede. La creación de contenido financiada por los Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA), por ejemplo, permitió que se conociera que había más de tres o cuatro productoras de contenido. Con eso no hay marcha atrás, aunque no haya una ley o un ministerio que esté respaldando. Seguramente no tendremos el apoyo del Estado y del gobierno, pero ya hay una articulación que vemos como un resultado positivo. Son derechos que no se van a perder, muchos sectores de la política proponen defenderlos y profundizarlos.

Néstor Piccone. 02 de marzo de 2016. Ciudad de Buenos Aires. Fotos Rocío García / ANCCOM

¿Cómo se da la reorganización de los medios comunitarios en este contexto?

El tema sostenibilidad no estaba previsto en la LSCA y es un debate que se abrió en el año 2009. Inmediatamente después de que se aprobara la ley, muchos medios alternativos, pueblos originarios, plantearon la problemática. Yo apuesto a que estamos en un escalón más alto del que teníamos hace doce años, cuando no había FOMECA y cuando nadie había tenido la experiencia de estos fondos. Siempre tenemos que construir con el Estado, aunque sea un Estado adverso, porque siempre hay fisuras y hay diferentes modelos gobernantes en todas las provincias. El que tuvo la experiencia del FOMECA quizás no vuelva a recibir ayuda de AFSCA, pero vamos a reclamar para que la institucionalidad sostenga la realidad de los nuevos medios de comunicación, que también los haga sostenibles. Desde la Coalición estuvimos trabajando en la creación de un ente para la financiación de los fondos de los medios alternativos, comunitarios, cooperativos, donde también discutíamos la pauta publicitaria no sólo estatal, sino también privada. Defendemos que los medios públicos no estatales también puedan sostenerse y esa lucha se da manteniendo los medios como podemos, pero también ganando gente: se necesita que sectores populares, sindicales y sociales apoyen este proyecto.

En relación a la democratización de la palabra y el acceso a la información, ¿cuál es el rol de las redes sociales?

Una red social no organiza pero sirve para difundir. Si se articula organización político-comunicacional con redes, creo que se puede lograr muchísimo. La Coalición, por ejemplo, nunca tuvo una conducción ni un sistema de comunicación. Internet nos permitió (y permite) estar comunicados para hacer conocer lo que cada uno realiza. Creo que las redes sociales sin articulación ni organización, no sirven para una construcción. Puede servir para un rechazo, unan resistencia o una denuncia. Pero utilizadas correctamente, son fantásticas.

¿Cuáles son las expectativas para este Congreso?

Lo importante es que todos conozcamos todo. Participan abogados, universitarios, radios comunitarias, sectores sociales que quizás no tienen sus propios medios y sindicatos que defienden la fuerza de trabajo. La expectativa es que tomemos conciencia, podamos discutir y continuemos sumando personas a la pelea por la democratización de la información. La gente no va a pelear por un derecho que no sabe que tiene. Nosotros logramos modificar totalmente la realidad que se vivía en el país con respecto a los medios de comunicación. Creo que hemos avanzado muchísimo, pero que falta mucho más y que hay que crecer en la lucha por la comunicación como un derecho humano, la libertad de expresión y el derecho a la comunicación. Fundamentalmente por la democratización de la comunicación. La coalición es un ejemplo de eso: es una coordinación que nos damos en cada una de las provincias y los diferentes sectores se van sumando en forma individual para discutir el tema de la comunicación. Tener un lugar de referencia que sirva y que sea reconocido por el Poder Legislativo, por diputados, senadores y organizaciones. Desde 1983 a 2009 pasaron muchos años, que coronamos con una ley revolucionaria. Pasaron gobierno neoliberales, de derecha y, sin embargo, terminamos con una reglamentación ejemplar en el mundo. No por nosotros solamente, sino por un gobierno y por dirigentes que se atrevieron. Pero no es el único camino hacerlo desde el gobierno, sino también construir desde abajo, como lo hicimos en las épocas más difíciles del neoliberalismo.