Por Laura Scarinci
Fotografía: Noelia Pirsic

“Hay que preocuparse. Cuando hay medidas políticas de variaciones de precios de consumo masivo, junto con variaciones de precios en la importación de productos de la industria, debemos preocuparnos”. La ecuación sobre la reciente disparada en los valores de los medicamentos pertenece a Ernesto Mattos, economista del Centro Cultural de la Cooperación y docente de la Universidad de Buenos Aires. El diagnóstico se completa con un crudo análisis del impacto de esos aumentos en la economía doméstica. “Se estima que una familia en la Argentina, según cifras del Banco Mundial, gasta 658 dólares por habitante en salud al año. Se trata del gasto más alto de América Latina, si lo comparamos con Chile, que gasta 336 dólares o Brasil que gasta 267 dólares”, subraya Mattos a ANCCOM.

Según el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA), el aumento en el rubro medicamentos, a enero de 2016, fue de un 42,7% interanual, con una fuerte aceleración a partir de diciembre cuando registró un 18,8% de incremento. Esa disparada está muy por encima de la inflación general registrada por ese organismo para el mismo período y que se ubicó en el 29,6%. Con la inflación en ascenso, el encarecimiento de los remedios impacta de lleno en los bolsillos. Y se trata, en definitiva, de un gasto difícil de ajustar. Por caso, antiespasmódicos, aspirinas, aspirinetas, hormonas y drogas para hipertensos muestran subas superiores a productos de otra clase.

El aumento del tipo de cambio de los últimos meses se refleja directamente en los costos de los medicamentos, que son, en su mayoría producidos con principios activos importados de China e India, según el economista. Así como el aumento en los costos de la harina repercute en la elaboración de panificados, el aumento del valor en dólares de las insumos farmacéuticos se traslada a sus productos finales.

Para el doctor en Economía y docente universitario Alejandro Rofman el gasto en salud de una familia tipo ha ido creciendo a mayor velocidad que los de bienes y servicios. Y agrega: “Los laboratorios manejan patentes, realizan investigación científica en sus países de origen, mueven los precios de los medicamentos en función del tipo y tamaño del mercado al que acceden, el nivel de ingresos y la capacidad que tienen de generar ventas. Es un proceso muy complejo en el que un sector muy concentrado logra elevadas tasas de ganancia con su actividad”.

Rofman también advierte sobre el rol de los laboratorios. “No se conoce cómo elaboran los precios, es de acuerdo a criterios de rentabilidad que ellos mismos fijan. No hay normas estatales que los obliguen a determinadas conductas, ni control sobre la realidad de los costos que aducen o que deben incurrir para la producción de un medicamento”.

El ¿gasto? del Estado

Martín Isturiz es farmacéutico y bioquímico, e investigador superior del CONICET sobre políticas sanitarias que necesitan de un desarrollo científico. “El gasto en Salud es el 10% del PBI, el 32% de eso son medicamentos, estamos hablando del 3,2% del presupuesto del PBI de todo el país, cuando toda la inversión pública y privada en Ciencia y Técnica es del 0,65%. Es decir, el Estado gasta cuatro veces más en medicamentos que lo que gasta en Ciencia y Técnica”, explica.

Según las estadísticas de su investigación, el 55% del gasto total en medicamentos está en manos del Estado. Y enfatiza: “Es una cuestión central, porque los precios de los medicamentos en general, regulan, en el sentido de que si el mercado puede pagar diez, vale diez y si puede pagar veinte, vale veinte. No son precios que estén basados en una estructura de costos”. Isturiz asegura que la Argentina está en condiciones de usar los resortes tecnológicos para “generar un precio testigo” y regular al resto. “Hay capacidad para hacerlo en el país con buen nivel, no se ha implementado lamentablemente, para que funcione como debiera funcionar”.

Mattos también tiene una posición clara sobre el rol del Estado.  “El ejemplo más simple son las drogas de los programas de salud que se abastecen gratuitamente. En ese caso, el Estado juega un gran papel porque compra una gran cantidad de medicamentos que la industria nacional no tiene la capacidad para proveer. Entonces, para abastecer al mercado interno, tiene que importar. Hay un fuerte tensión allí, porque todos los laboratorios quieren ser proveedores, ya que un programa de salud gasta al año al menos, dos mil millones de pesos por cada medicamento gratis”.

Producción pública

Claudio Capuano, médico del Hospital Durand y director de la Cátedra Libre de Salud y Derechos Humanos de la Facultad de Medicina de la UBA, participó en la redacción de la Ley 26.688, reglamentada en el año 2014, que declara de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos; y por otro lado, de la de la Ley 27.113, que crea la ANLP (Agencia Nacional de Laboratorios Públicos), y es complementaria de la anterior porque considera de interés nacional y estratégico la actividad de los laboratorios de producción pública, dedicados a la investigación y producción medicamentos, materias primas, vacunas, insumos y productos médicos.

La producción pública de medicamentos es mucho más que medicamentos baratos. Es una cuestión estratégica”, afirma en diálogo con ANCCOM. Y ejemplifica: “Lo cierto es que, cuando uno ve un medicamento cualquiera (NdR: producido en un laboratorio estatal) como mínimo a un precio cuatro veces menor al valor de mercado, ese valor aumentado es el resultado de dinero que está circulando hacia distintos sectores. No estoy hablando de corrupción, lo que digo es que, dentro de la formación de precio de ese medicamento, se están cubriendo determinados tipo de pautas, que si uno lo ve como bien social, no tiene por qué cubrir”.

Isturiz releva 39 laboratorios de producción pública en el país, con distintas envergaduras, preparados para responder frente a diferentes necesidades. “No es lo mismo un laboratorio municipal, que hay varios y buenos, que laboratorios industriales con gran potencialidad”, explica. Para ejemplificar, el especialista remite a su propia experiencia en la provincia de Santa Fe: “El 94% de la medicación que utilizan para atención primaria de la salud, es provisto por laboratorios públicos, el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF SE), de la provincia de Santa Fe, y el Laboratorio de Especialidades Medicinales (LEM SE). Entre los dos cubren casi todos los requerimientos a nivel provincial. Es más, ellos producen medicamentos con el 18 por ciento del presupuesto asignado a medicamentos que tiene la provincia. Es decir 80% menos, comprándolo al mejor precio comercial. Lo mismo sucedió en el Laboratorio Biológico de La Plata, en el año 2011 estaba produciendo medicamentos un 80% más baratos que la mejor oferta comercial privada”.

Para Capuano la clave está en la articulación de los laboratorios públicos con las universidades públicas, ya que ese lazo “crea una herramienta estratégica para la investigación y desarrollo en salud” .Y  añade: “Le da una herramienta al Estado para producir alta calidad en medicamentos, es decir darle un valor estratégico es darle un valor sanitario. Es meter una cuña en un sector donde está todo comercializado y generar un intercambio a nivel nacional e internacional con respecto a otros recursos, lo que implica una captación de científicos para investigar, y a la vez, considerar generar patentes para nuevos medicamentos. En definitiva, se trata de dotar de herramientas para tener políticas soberanas en salud. La ley está funcionando muy parcialmente, el Estado tendría que tener toda la fuerza para plantar una política pública de medicamentos de alcance nacional”.