El domingo 13 de septiembre sacudió a San Juan con una noticia alarmante: los trabajadores de la mina Veladero de la Barrick Gold avisaban sobre la rotura de una cañería de lixiviación, la cual había causado un derrame de cianuro en los ríos cercanos a las localidades de Jáchal e Iglesia.
La respuesta del pueblo resultó inmediata. Miles fueron las personas que salieron a las calles a exigir respuestas a funcionarios públicos, quienes si bien desde un principio negaron una posible contaminación, aconsejaron limitar el uso de agua de red. Un informe detallado de la multinacional confirmaba que en el incidente, que tardó casi dos horas en contenerse, se filtraron 225 mil litros de desechos, generando un peligro real en la potabilidad del agua.
En el día de ayer la Barrick Gold sacó un comunicado donde admite que la fuga «la investigación de Barrick permitió determinar que la fuga de la solución llegó a uno de los canales de desvío de aguas (denominado Canal Norte), que cuenta con una compuerta de derivación a una pileta de emergencia. Esta compuerta, que debió haber estado cerrada, se encontraba abierta por causas que aún se están investigando. Esto permitió el paso de la solución hacia el Río Potrerillos».
La mina fue instalada en 2005 y funciona desde entonces con enormes consecuencias ambientales. El derrame impacta pero lo sucedido no sorprende: “Años anteriores ha habido rumores de otras filtraciones pero no han tenido esta trascendencia. Esto ha sido gravísimo”, comenta Marisa Breit de la Asamblea Rural de Jáchal en exclusiva para ANCCOM. “En el momento en que se instala una minera de esta envergadura está latente todo el tiempo la idea de que algo puede pasar. Ninguno de este tipo de emprendimientos tiene la capacidad de generar algo que no sea contaminante. Los tamaños en que producen son monstruosos y los diques de cola que existen ahí son kilométricos. Es decir que hay kilómetros de desechos tóxicos que en algún momento se rompen o salen por algún lado. Por eso el miedo”, explica.
Fotos: La Vaca.org
La cronología suma hechos minuto a minuto. La magnitud del “accidente”, las constantes movilizaciones de los vecinos y las denuncias de abogados ambientalistas contra la empresa y funcionarios nacionales y provinciales llevaron a que la Justicia ordenara a Barrick Gold a abastecer con bidones de agua a las familias de las zonas afectadas. Luego llegó la inmediata suspensión de actividades en la mina, ubicada a 350 km de la capital provincial, por un periodo de cinco días, dictamen extendido por el juez Pablo Oritja hasta el próximo 22 de octubre. El magistrado busca determinar si se trató de un delito, así como identificar a los responsables del presunto atentado contra la salud pública.
Ante esto, la multinacional declaró que “ha iniciado un proceso de investigación interna para determinar las causas y los responsables, de existir, de este incidente, las que serán oportunamente comunicadas a la opinión pública”. Días después, separó a los gerentes de sus cargos. En breve deberán declarar ante la justicia sobre las fallas en el procedimiento.
Mientras tanto, desde la provincia se optó por realizar un monitoreo de los nueve ríos ubicados en el área de influencia, que –según informaron las autoridades locales- arrojó resultados negativos. Pero el informe no calmó a los habitantes, quienes se declararon en estado de Emergencia Ambiental y Social y denunciaron la existencia de complicidad entre el gobernador Gioja y la empresa, tal como manifiesta en su comunicado oficial la Asamblea Sanjuanina Contra la Contaminación y el Saqueo: “Hoy, a más de diez años del inicio del mayor proyecto megaminero en la provincia de San Juan, se está avizorando el desenlace de un trágico final anunciado, donde los casos de contaminación son tan evidentes que ni gobierno, ni empresa pueden ocultarlo”, expresan e identifican a “la figura del primer mandatario gobernador José Luis Gioja” como uno de los principales responsables políticos del acontecimiento “por ser el principal socio comercial de Barrick Gold, por ser durante los ‘90 el principal lobbista de las multinacionales dentro de la Cámara de Diputados para que se apruebe la ley de inversiones minerales y por permitir el inicio de los proyectos megamineros sin contar con la licencia social”, sentencian.
Los vecinos denuncian que ni las autoridades provinciales ni las municipales ofrecieron respuestas concretas. “Lo que nosotros decimos como colectivo organizado es que no queremos ningún tipo de minería, ni nacional ni extranjera. Ya hubo levantamientos en todo el pueblo, casi siete mil personas en las calles. No queremos vivir más con esta angustia”, implora Breit.
En el conflicto, además, ya intervino la ONU quien –a través de su Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente- realiza desde el sábado distintos controles de los ríos afectados. El organismo se comprometió a informar los resultados tanto al gobierno provincial como a la población. En su comunicado, el organismo advirtió que “si los resultados obtenidos fueran indicativos de riesgo conforme las normas técnicas, dicha información será reportada a las autoridades inmediatamente en aplicación del principio precautorio”.
Pero nadie aún está tranquilo. La información es acotada y el descreimiento crece: “Denunciamos la censura mediática y el rol de complicidad de los medios hegemónicos de comunicación para ocultar sistemáticamente información sobre el impacto ambiental que genera la megaminería a gran escala, a cielo abierto y con sustancias tóxicas”, escribe la Asamblea Sanjuanina. Y Breit agrega: “Los análisis pueden haber dado cero pero el problema es que el cianuro genera desprendimientos de los metales pesados y no tenemos ningún análisis de eso, de cuantos metales pesados tenemos en el agua y tal vez los tenemos hace rato”.
De conjunto, las organizaciones preparan su próximo paso: “Seguimos en asamblea permanente, nos juntamos todos los días en la plaza principal. El viernes que viene haremos una gran movilización a la ciudad de San Juan e invitamos a todos los que se quieran sumar. Hemos recibido apoyo de Mendoza, de Famatina, de La Rioja. Estamos en una lucha colectiva con mucha más gente. Queremos que la Barrick se vaya pero que nos garantice un saneamiento ambiental”, cierra.
Fotos: La Vaca.org
Actualización 24/09/2015