Un equipo multidisciplinario de setenta y cinco expertos y expertas de cuarenta países de América, Europa y África, presentó los “Principios de Madrid-Buenos Aires”, en el marco del II Congreso Jurisdicción Universal de siglo XXI desarrollado en el Teatro Nacional Cervantes durante el 9 y 10 de septiembre. El eje del documento es la lucha contra la impunidad de los crímenes internacionales que, por su gravedad, dejan de concernir a un Estado soberano en particular, para afectar a la humanidad en su conjunto.
“Lo que estamos buscando es una protección integral de los ciudadanos y ciudadanas del mundo y de la propia naturaleza, no pedimos ni más ni menos”, expresó el juez Baltasar Garzón, máximo impulsor y director del Congreso organizado por FIBGAR, la fundación internacional que lleva el nombre del magistrado español y que trabaja por la defensa internacional de los derechos humanos. “Estas iniciativas –completó el anfitrión- tienen también un efecto de prevención, de educación, de aprendizaje, de pedagogía, de saber que el lenguaje común de toda la humanidad es el de los derechos humanos”.
“Cuando los Principios de la Jurisdicción Universal del siglo XXI se pongan en circulación a partir de mañana, comenzaremos su defensa palmo a palmo, país a país, institución a institución, un año, dos años, tres años, los que sean necesarios, al final ganaremos esa partida, porque es la partida de la humanidad”, prometió Garzón y rescató la incorporación en el documento de nuevos delitos de persecución universal, como aquellos que atenten contra el medio ambiente o que son de naturaleza económica y violan sistemáticamente los derechos más básicos de la sociedad civil.
Los Principios Madrid-Buenos Aires también contemplan como crímenes de lesa humanidad al genocidio, a los crímenes de guerra, a la piratería, la esclavitud, la desaparición forzada, las torturas, el tráfico de seres humanos y las ejecuciones extrajudiciales.
Baltasar Garzon, juez y presidente de FIBGAR
Entre las distintas actividades que se desarrollaron a lo largo de las jornadas se destacó la conferencia La protección jurídica del medio ambiente, que estuvo a cargo de Raúl Zaffaroni, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ex magistrado de la Corte Suprema de Argentina. El magistrado expresó que los actuales estándares de consumo son insostenibles y que estamos muy cerca a una situación de no retorno. Advirtió que el mercado funciona aumentando el consumo de ese 30 por ciento que son los que más tienen, mientras que el 70 por ciento de la población mundial no posee lo indispensable para sobrevivir. En declaraciones exclusivas a ANCCOM señaló el camino a seguir para que estos delitos económicos y medioambientales se tipifiquen y lleguen a ser aplicados en todo el mundo: “Es necesario que alguien los haga parte de un proyecto en el plano internacional, en Naciones Unidas, y que con el correr de los años se haga un tratado y luego que los congresos lo ratifiquen. A medida que vayan pasando catástrofes vamos a ir haciendo estas cosas”.
Por su parte Héctor Sejenovich, Premio Nobel de Paz compartido con el Panel Intergubernamental del Cambio Climático de 2007, profesor universitario e investigador del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires, habló sobre medio ambiente e intereses económicos. Declaró que hay una necesidad de reestructurar el concepto de desarrollo y de una intervención conservativa, ya que se necesita un desarrollo verdaderamente sustentable que no reduzca el activo ambiental. “La deriva actual del capitalismo pone en riesgo la supervivencia del planeta y nos lleva a la autodestrucción”, subrayó. Asimismo declaró a ANCCOM sobre el impacto que causaría lograr el consenso sobre los delitos económicos y medioambientales al ser considerados de lesa humanidad: “Sería casi como la creación de los derechos humanos. Pero, ¿la declaración de los derechos humanos sirvió para la lucha por los derechos humanos? Sí, sirvió, pero no por eso se aplicaron. Se concretaron por otras relaciones sociales progresivas que se impusieron en cada país, pero el hecho de tenerlos ya significó una mejora de la situación”.
Mencionó, además, la importancia que los abogados empiecen a conocer el tema ambiental: “Lamentablemente no tenemos un código ambiental, no tenemos una justicia ambiental, sino que es una justicia general”, reflexionó y agregó: “Es positivo que se incluya lo medioambiental como parte de los crímenes de lesa humanidad, pero hay que profundizar, porque no es solamente afectar a una especie, sino afectar a todo un sistema, a una cantidad de interrelaciones”. El Premio Nobel, a su vez, ejemplificó con el cultivo de la soja: “Está arrasando y ahí hay una afectación a los derechos humanos de las poblaciones que viven cerca, que han sido fumigadas y que tienen problemas de cáncer. Eso está en total colisión con estos principios, entonces de alguna forma se tienen que hacer cargo”.
Rigorberta Menchú, premio Nobel de la Paz 1992, fundadora y presidenta Vitalicia de la Fundación Rigoberta Menchú Tum y destacada dirigente en defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas.
Contra la impunidad
El periodista y presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky y Jorge Auat, titular de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado participaron en el panel Lucha contra la impunidad en Argentina. “Si no hay compromiso, militancia, participación, estos avances no hubieran pasado. Lo importante es denunciar las voces que hay detrás de los que quieren intentar la impunidad”, declaró Verbitsky.
Auat, a su vez, manifestó que la impunidad es la punta del iceberg de toda una estructura de injusticias que aparecen por debajo: “No hemos terminado con la impunidad, la justicia no es igual para todos, no es igual para el oprimido que para el opresor. Lo que está en juego es la moral de toda la humanidad”. El funcionario retomó conceptos del filósofo alemán Walter Benjamin y resaltó la importancia de cómo comunicar estas discusiones, de cómo usar el lenguaje y del modo de leer el pasado.
Información y privacidad
A través de una videoconferencia desde la embajada ecuatoriana en Londres, también participó de las jornadas realizadas en el Cervantes el periodista de investigación, programador, y ciberactivista australiano Julian Assange, autor del ya famoso sitio WikiLeaks. Desde la pantalla gigante expresó que los derechos básicos de la ciudadanía, como la libertad de información y la privacidad, están en peligro por la acción de algunos gobiernos de controlar los movimientos de sus ciudadanos. En relación a la criminalidad económica y su impacto en las condiciones de vida de millones de ciudadanos denunció: “Estados Unidos y los integrantes de la Unión Europea están impulsando un gran bloque de comercio mundial que se escapará a cualquier tipo de control democrático y no tendrá en cuenta el cumplimiento de los estándares mínimos de derechos humanos”.
El desafío
Sobre el tema Debate hacia un nuevo marco de Jurisdicción Universal, Hugo Cañón, ex Fiscal General de Bahía Blanca y ex presidente de la Comisión Provincial por la Memoria, habló sobre los riesgos de las propuestas que se plantean y ejemplificó con el intento por parte de George W. Bush al asumir en 2002 de anular la firma de Bill Clinton sobre el Tratado de Roma para lograr la inmunidad de su país.
Al respecto de este nuevo marco de Jurisdicción Universal declaró a ANCCOM: “Ahora viene una etapa fundamental de difusión de los principios, de darlos a conocer en los ámbitos judiciales, en las fiscalías, en los claustros académicos y desde ahí comenzar una gestión ante las diversas organizaciones sociales, organismos de derechos humanos y partidos políticos para demandar en cada uno de los países la posibilidad de instalar normativas jurídicas que adopten estos principios”. Manifestó que es un trabajo a largo plazo y que se debe hacer eje en los países del cono sur, ya que en este momento tienen una gran potencia para confrontar con los poderes más fuertes del mundo: “Evidentemente van a poner obstáculos e impedir que exista esta posibilidad de juzgamiento a todo aquello que tenga que ver con crímenes económicos y la afectación del medio ambiente porque, en última instancia, los responsables de estas políticas son las grandes corporaciones económicas que están en los países centrales y no en nuestros países”.
Con respecto a los valores en los que están asentados los 22 principios que conforman el documento promovido en el Congreso, opinó: “Toda esta política de Jurisdicción Universal está asentada en una ética sólida de defensa de la dignidad del ser humano. Somos personas y como tales merecemos el respeto y la dignidad que fue avasallada por las grandes tiranías, por los grandes negocios económicos, por ese poder concentrado que en última instancia apunta a la defensa de sectores minoritarios a nivel planetario”.
Antes de llegar al final del Congreso, disertó la guatemalteca Rigoberta Menchú Tum, Premio Nobel de la Paz 1992, fundadora y presidenta Vitalicia de la fundación que lleva su nombre y destacada dirigente en defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas, y las mujeres.
La guatemalteca recordó una resolución de Naciones Unidas de 1979, en la que se advertía sobre las grandes violaciones a los derechos humanos pero en ningún momento se reconocía la reparación sobre las víctimas. En este sentido, aludió a los atroces hechos ocurridos en la masacre en la Embajada de España en Guatemala el 31 de enero de 1980, donde fueron calcinadas 39 personas, entre ellos su padre. “Sabíamos todo eso y sin embargo parecía que nadie creía en las víctimas. Lo que pasó en Guatemala quizás pueda ser la esencia de la crueldad de los genocidas en todos los países del planeta y es la esencia de lo que son los delitos de lesa humanidad”.
Raúl Zaffaroni durante la lectura conjunta de los nuevos principios de Jurisdicción Universal en el cierre del Congreso.
Asimismo, explicó el contexto en el que se desarrollaron los delitos contra la humanidad en su país: “Por supuesto que se sabía que existía un plan que se llamaba Contrainsurgente y una estrategia de los militares guatemaltecos que tenía una relación con el plan global de estrategia de Estados Unidos en América Latina como es el Plan Cóndor”.
Explicó que el involucramiento de las víctimas en esta causa no es un tema personal sino que responde a una memoria colectiva que exigía un juicio de reconocimiento de la verdad, ya que siempre fueron acusados de farsantes. “Había una ofensiva ideológica para frenar las ideas de las propias víctimas, no es solo la verdad individual sino jurídica, institucional, de un tribunal que pueda dar un ejemplo del cumplimiento del derecho con el debido proceso: no sabíamos que había reglas que nos podrían defender y con este aprendizaje fuimos aportando en la doctrina de la jurisdicción universal”.
Menchú Tum describió que en su país hubo un gran debate entre víctimas y victimarios con respecto a si hubo genocidio o no. “Dijeron que todo lo que hacíamos era pura venganza y tuvimos que acudir a una investigación profunda, no sólo teníamos un derecho sino que debíamos fundamentarlo. Si queremos mirar hacia el futuro, tenemos que recuperar esa memoria de la justicia universal aplicada en el terreno de los hechos”.
Al respecto de la experiencia de violación de derechos humanos en América Latina expresó: “Cuando se pueden juntar las herramientas jurídicas y las técnicas de investigación con la verdad de las víctimas, hay un impacto extraordinario. En América Latina tenemos una experiencia inmensa y debemos legar a las nuevas generaciones, porque la lucha contra los delitos de lesa humanidad no tiene fin, porque se puede repetir en décadas”.