Los músicos que tocan en las calles de la Ciudad de Buenos Aires reclaman que sea tratado el proyecto de ley que presentaron en la Legislatura en 2012. Defienden su actividad frente a un vacío legal que no se adapta a la nueva realidad histórica. Aquí cuentan su historia y el reclamo que los une.
Se nuclearon en el Frente de Artistas Ambulantes Organizados (FAAO) y presentaron en 2012 un proyecto para preservar la actividad musical en la ciudad. Ahora esperan que la Legislatura aborde y discuta el proyecto. Lo que conecta las experiencias de estos artistas es la necesidad de un marco legal renovado. Ellos defienden la geografía urbana como un escenario de expresiones comunes. Y en todos los casos, la elección de tocar en las calles responde a la misma necesidad: sostenerse en la voz que dice acá estoy, esto soy, esto sé hacer.
Cuando una ley no se expresa con claridad sobre un tema, le sobrevienen interpretaciones de toda índole. Cuando una norma no se adapta a una nueva realidad histórica, la norma -o la realidad- quedan obsoletas. En el caso de la música en las calles, se da un juego de la norma donde no hay ley, y al artículo que dice la música sí, se le contrapone la norma que dice el ruido no. La ausencia de una ley específica que regule esta práctica, habilita a múltiples interpretaciones que se superponen. Y ahí empieza el problema.
Los elementos legales con los que hasta ahora se ha abordado el tema de la música callejera, son variados y se usan a favor o en contra de la misma, según el caso. Sin embargo, los músicos que reclaman, concuerdan en la ambigüedad de la normativa actual.
Por un lado la ley 4.121 asegura que “no constituye contravención (…) la actividad de los artistas callejeros en la medida que no exijan contraprestación pecuniaria”. Pero en muchos casos, esta normativa es anulada con otros artículos de otras leyes que prohíben los “ruidos molestos”. Y la lectura, en cada caso, se adapta al lector.
En el caso del artículo 82 del Código Contravencional, el mismo expresa que será sancionado “quien perturba el descanso o la tranquilidad pública mediante ruidos que por su volumen, reiteración o persistencia excedan la normal tolerancia”. Sin embargo, unos párrafos más adelante, se agrega que “no constituye contravención el ensayo o práctica de música fuera de los horarios de descanso siempre que se utilicen dispositivos de amortiguación del sonido de los instrumentos o equipos, cuando ello fuera necesario”.
Lo que sucede es que los músicos callejeros, en ocasiones son censurados bajo denuncias por “ruidos molestos”, sin la correspondiente medición de decibeles.
Andrea es saxofonista en Pollera Pantalón y contó: “Trabajo hace diez años de esto y en la calle tuvimos varios problemas con la policía por denuncias de ruidos molestos. Años antes, con la Urbanda (ya éramos 7 músicos con un sonido importante) cada tanto recibíamos denuncias por ruidos molestos, y nos metían una contravención. Nos confiscaron los instrumentos varias veces (cosa que nos dejaba sin laburo por varias semanas) y lo que pasaba era que cuando nos citaban del juzgado, el juez decía que lo que hacíamos no era una contravención, que el procedimiento policial estaba mal hecho, y que nos devolvieran los equipos”.
En el caso del subte, Oscar toca allí desde el 2001 y dijo que “nunca, un instrumento con amplificador puede superar el ruido que hace el subte sobre los rieles”. En las calles, para poder prohibir la amplificación, debería previamente medirse el sonido y establecer si supera o no el límite permitido. Pero esa medición no se suele hacer.
En junio de 2014 el gobierno porteño asumió el control de la red de subterráneos. Alejandro Cabrera Britos –saxofonista de Jamaicaderos y miembro fundador del FAAO- dijo que “en solo dos meses se registraron 42 casos de violencia institucional de parte de la policía metropolitana, que iban desde el pedido elegante de salir de vagones y andenes, hasta la amenaza de labrar un acta contravencional o secuestrar instrumentos y equipos”.
Una de las encargadas del área de Prensa y Comunicación del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, Inés Barbitta Benítez, dijo que “en la medida que se autoricen en lugares adecuados, abiertos (normalmente parques y plazas), alejados de las viviendas residenciales y siempre que no se superen los decibeles máximos admitidos por las normas legales, se los considera una expresión cultural que debe ser promovida por la autoridad de aplicación”.
En relación a las denuncias hechas por varios músicos callejeros que sufrieron censuras por parte de la Policía Metropolitana, el diputado porteño Alejandro Bodart dijo que “no sólo hubo operativos policiales, sino también persecución por parte de inspectores del área de Espacio Público con la excusa de los ‘ruidos molestos’ y el régimen de faltas. Desde ya, ninguno de esos inspectores tenía un decibelímetro para comprobar si los músicos excedían o no el tope permitido. Una ley de regulación le pondría fin a estas injustas persecuciones”.
A su vez, la saxofonista de Pollera Pantalón agregó que se “deberían medir los decibeles para ver si se supera el máximo tolerado, pero jamás vi en la Argentina un decibelímetro. En la ciudad de Buenos Aires hay un hueco legislativo al respecto, porque no existe la prohibición, pero tampoco el permiso, entonces quedamos a merced del humor del fiscal de turno”.
Hay otra norma que, según los músicos, suele ser utilizada por las autoridades policiales para extraerles los equipos amplificadores. Se trata del decreto 1.239 del año 1993 que no permite la amplificación del sonido con medios electrónicos. Sin embargo, los músicos dicen que este decreto queda sin efecto si se cumple la ley 1540 del control de la contaminación acústica, que establece los parámetros permitidos en la emisión de ruidos y vibraciones en el espacio público.
Alejandro de Jamaicaderos dijo que en todos estos años tuvieron “infinidad de problemas, que van desde una colección de más de 60 contravenciones por supuestos ruidos molestos (donde usan subjetivamente el artículo 82), por supuesta usurpación del espacio público (donde usan autoritaria y arbitrariamente la ley 451) y por vender mercadería ilegal, o sea nuestros cd´s”. En cuanto a la prohibición de tocar en transportes urbanos, el saxofonista aclaró: “Estuvimos reunidos con autoridades de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y nos confirmaron que no existe ninguna resolución ni normativa alguna de ese carácter, que es una estrategia que utilizan internamente las empresas de transporte”. El diputado Bodart también se expresó al respecto y dijo que “no existe tal norma o resolución prohibitiva. Es sólo una versión falsa e interesada que hacen circular empresarios o inspectores de colectivos con el objetivo de restringir a los artistas”.
Por todos estos motivos, varios músicos agrupados en el FAAO, reclaman que la Legislatura analice el proyecto de ley que presentaron hace tres años. Esperan la sanción de una ley que regule su trabajo, y les permita defenderse de avances, censuras o atropellos. Una ley que instaure parámetros. Que establezca las reglas de un juego más justo.
Los diputados Alejandro Bodart, Gabriela Alegre, María Rachid y Edgardo Form, fueron los encargados de presentar formalmente el proyecto de ley en la Legislatura. En cuanto a la norma vigente, Bodart critica el decreto 1.239 porque “obliga a solicitar un permiso en la Dirección de Acción y Promoción Cultural. En realidad funciona como traba, ya que no renuevan los permisos. Por eso la Ciudad de Buenos Aires, que tiene una actividad cultural tan variada y reconocida, necesita una ley para regular y proteger una de esas expresiones populares como lo son los músicos y otros artistas de la vía pública”.
Pero el proyecto de ley todavía no fue tratado. Con respecto a esto, Bodart dijo que “como la Comisión de Cultura de la Legislatura porteña lamentablemente no trató nuestro proyecto de ley en tiempo y forma, este año lo hemos vuelto a presentar. Es el Expediente 660-D-2014 y visto que la Ciudad tiene una deuda con los artistas haremos fuerza para que se inicie su debate a partir de marzo próximo”.
En cuanto al contenido del proyecto, el diputado Bodart expresó que “la ley que proponemos define a los artistas callejeros en forma amplia, establece como autoridad de aplicación al Ministerio de Cultura, no requiere de permisos previos, en el caso de los músicos dispone la obligación de cumplir los decibeles permitidos y propone incluir la información sobre los diferentes artistas en el sitio electrónico oficial de la Ciudad para ayudar a su difusión y promoción”.
Alejandro de Jamaicaderos agregó que “lo que busca el proyecto de ley es despenalizar el arte ambulante, exigir el fin de acciones de la policía hacia los músicos y la prohibición del secuestro de instrumentos por parte de la fuerza pública”.
Todos ellos son artistas que defienden lo que hacen y dicen que, después de todo, hay algo que no ha cambiado: la cercanía del púbico que disfruta con las canciones. Los que pasan caminando, los que se detienen para escuchar, tal vez intuyan que detrás de una melodía puede haber un reclamo, un gesto, la intransigencia frente a un hecho hostil. Conocer la situación de estos artistas, puede ser una forma de atreverse a escuchar la música callejera como algo que también le es propio: una forma de resistir. Esas voces que se sostienen y dicen: acá estoy, esto soy, hay algo que quiero decir.
-
Alejandro Britos del grupo Jamaicaderos.
-
Grupo Volátil Trío.
-
Músicos de la Linea A de subte.
-
Nicolás Galvan de Volátil Trío.