Una nueva manifestación pacífica de asambleas barriales, partidos de izquierda y movimientos sociales que rechazan la Ley Omnibus -que ni los diputados que la van a votar conocen- fue provocada y reprimida por la Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura comandadas por Patricia Bullrich. Una decena de periodistas recibieron balazos de goma en sus cuerpos. Un asesor legislativo corre riesgo de perder un ojo. Mirá las fotos de ANCCOM.
Se cumplió un nuevo aniversario del secuestro del adolescente que se negaba a robar para la policía. Una marcha lo recordó y exigió justicia.
El acto de homenaje finalizó con la ya tradicional quema de un patrullero de cartón como forma de denuncia y repudio al accionar policial que derivó en la desaparición del adolescente.
En la tarde de este sábado 27, bajo el sol intenso de enero, familiares, amigos y militantes de agrupaciones sociales, políticas y antirrepresivas marcharon desde avenida General Paz y Mosconi hasta la plaza Luciano Nahuel Arruga, para recordar los 15 años desde la desaparición forzada del adolescente de 16 años que era hostigado por los policías de Lomas del Mirador por haberse negado a robar para ellos.
Arruga había nacido el 29 de febrero de 1992, era fanático de River y trabajaba en una fundición. Estuvo desaparecido desde el 31 de enero de 2009 hasta el 17 de octubre del año 2014. Con la intensa tarea de difusión de la familia, mientras peleaba para que jueces y fiscales buscaran a Luciano, el país comenzó a conocer la historia de este joven que había sido detenido por la policía bonaerense en una esquina cerca de su casa en el barrio 12 de Octubre. Estuvo desaparecido y su cuerpo apareció cinco años después, enterrado en el Cementerio de la Chacarita, registrado como un NN. Había llegado al hospital Santojanni luego de haber sido atropellado por un auto en General Paz y Mosconi. Su familia cree que fue obligado a cruzar esa vía rápida por los propios uniformados que lo habían secuestrado.
Este fin de semana, diferentes agrupaciones, familiares, amigos y vecinos de Luciano marcharon para volver a pedir el esclarecimiento del crimen con la consigna “sin justicia siempre habrá fuego». La hermana de Luciano, Vanesa Orieta, habló a la multitud que caminaba con sus banderas ocupando varias cuadras: “Es un momento más para recordarlo, pero también es un momento más para poder cristalizar que llevamos 15 años de organización y de lucha intentando llegar a la verdad y a la justicia”. Micrófono en mano, mientras caminaba al lado del camioncito de sonido, agregó: “Por más que la resistencia sea nuestro motor, no corresponde que tengamos que poner tanto el cuerpo para poder saber qué pasó con un joven que se negó a robar para la policía, para conseguir condenas a los responsables materiales y políticos”.
«La causa judicial que investiga la desaparición forzada se mantiene en etapa de instrucción», denunció Vanesa Orieta, la hermana de Luciano Arruga.
Una vez en la plaza, Orieta diálogo con ANCCOM: “La causa judicial que investiga su desaparición forzada se mantiene en etapa de instrucción, llevamos años denunciando la impunidad ahí y también en el juicio político que emprendimos por las responsabilidades de un juez y dos fiscales, Gustavo Banco, Roxana Castelli y Celia Cejas”. Para ella, es un momento de “poder visibilizar la realidad que sufren niños, niñas, adolescentes y jóvenes cuando no acceden a sus derechos, y cuando esto repercute sobre sus cuerpos a través de la represión”.
La hermana de Luciano reiteró un concepto que había mencionado durante la marcha. “Violencia institucional es la falta de acceso a derechos fundamentales por parte de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Es necesario no desvirtuar con palabras livianas una problemática que se llama represión estatal, que implica graves violaciones a los derechos humanos, por hostigamiento, fusilamientos y desapariciones forzadas”.
Respecto del momento político actual, Orieta apuntó que “todos los gobiernos constitucionales llevaron adelante políticas represivas, por eso tenemos que seguir ocupando las calles exigiendo verdad y justicia por cada persona afectada por la represión estatal. Tenemos que llegar a esa sociedad que pide más patrulleros para decirle que eso no soluciona nada, y no tiene que ver con la democracia”. Y agregó: “Hoy nos toca luchar contra este gobierno de Milei que viene por todo. Algo no hicimos, hay que hacer memoria, fueron 30 mil, el fantasma genocida sigue presente en democracia, o acaso no es violación de los derechos humanos la desaparición forzada, el encarcelamiento, las torturas, las muertes. Por eso seguiremos luchando para que haya un cambio de raíz”
Familiares de otras victimas de la violencia policial acompañaron a la familia Arruga en el acto de homenaje.
Muchos Lucianos
La marcha tuvo el acompañamiento de varias familias que sufrieron la represión estatal, padres y madres que perdieron a sus hijos y estuvieron presentes para pedir justicia por todas las víctimas que sufrieron hechos similares. Según cifras de la Correpi (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional), hubo más de 9.000 personas asesinadas por gatillo fácil, muertes en encierro, fusilamientos y desapariciones desde 1983.
Luego de la caminata durante la cual gritaron varias veces “Luciano presente, ahora y siempre”, la mamá de Marcelo “Peca” Rivero, Estela, también diálogo con ANCCOM: “Estamos pidiendo justicia por mi hijo, van a ser 37 años. Siempre vamos a estar presentes, porque es la forma de que haya justicia algún día y esperamos justicia para otros pibes”. Peca tenía 17 años cuando fue asesinado por la policía bonaerense en el Barrio Central.
En el escenario de la plaza del barrio 12 de Octubre, que lleva el nombre de Luciano, la familia de Arruga agradeció por la participación de las personas que se acercaron, y a los medios comunitarios que los vienen acompañando en esta década y media. Uno de los tres hermanos de Luciano, Sebastián, dijo: “Estoy agradeciendo a todos los que se tomaron su tiempo para poder estar acá, concientizando a un barrio que en un momento fue ajeno a las problemáticas que sufría esta familia. Nos encargamos de poner el nombre de mi hermano en lo alto y pedir justicia y esclarecimiento por lo que pasó con él”. Minutos antes su mamá había dicho que está orgullosa de sus hijos, Sebastián acaba de terminar la secundaria y era la primera vez que hablaba. “A Vanesa ya la escucharon, y Mauro está finalizando su carrera”, apuntó.
Fue el principio del emotivo cierre del acto, entre abrazos y lágrimas. Luego vino el show de la cantante y compositora de hip hop Sara Hebe, que hizo bailar a todos y todas. Y finalmente se produjo la tradicional “quema del patrullero”, que en esta oportunidad incluyó algunas maquetas con el nombre de instituciones, que ardieron en el centro del espacio público, tomado esa noche por la evocación de la memoria de Luciano Arruga.
Eduardo Aguirre se encuentra desaparecido desde el 10 de septiembre, tras caer en las aguas del Río Uruguay durante una intensa lluvia. La querella de la familia apunta a una mala praxis ejercida por las fuerzas policiales de la provincia.
Eduardo Jorge Aguirre tiene 72 años y está desaparecido desde el 10 de septiembre. La denuncia fue radicada por su hija, Mariela, en la comisaría de Monte Caseros, ubicada en la provincia de Corrientes. No fue sino hasta el 21 de octubre que el 911 le informó que su padre se había arrojado a las aguas del Río Uruguay en la zona del Murallón el lunes 11 de septiembre, a las 19:56 horas. Durante un periodo de 40 días, la policía no revisó las grabaciones de las cámaras. En lugar de seguir la ruta y trazabilidad de los últimos momentos de Eduardo, la fiscalía a cargo de Ricardo López Ruiz optó por investigar a familiares y allegados a través de allanamientos y el uso de perros rastreadores.
Los abogados de la familia denunciaron la manipulación de una serie importante de videos, porque esas imágenes son un material esencial en el cual, sospechan ellos, podrían existir evidencias y pruebas que determinen que Don Aguirre haya sido primero levantado por un móvil (policial o de un tercero) y luego inducido para arrojarse a las aguas del Río Uruguay en la zona del Murallón el día de su desaparición.
Las secuencias de los registros fílmicos obtenidos de cámaras particulares –las grabaciones del Kiosco “Homero” principalmente– han sido recortadas. Estos registros aún están en posesión de las autoridades la Policía de la provincia y no han sido incorporados al expediente de la investigación. La manipulación de los videos implica una falta de garantía para la integridad de las pruebas recopiladas. El 11 de septiembre de 2023, a las 18:47:17, se observa a Eduardo resguardarse de la lluvia bajo el alero del kiosco Homero. Sin embargo, 30 segundos después, el video es recortado y continúa recién a las 19:36:35. En consecuencia, no hay registro de lo sucedido durante los 49 minutos omitidos, lo que imposibilita conocer los eventos ocurridos en esa esquina durante esa franja horaria.
A partir de las grabaciones de las cámaras del 911, se ha logrado documentar el momento en que Aguirre ingresa y desaparece en una zona turbulenta y crecida del Río Uruguay, el 11 de septiembre a las 19:54. Desde las 18:47 (en el kiosco) hasta las 19:54 (en la zona del Murallón), transcurre un lapso de 1 hora y 5 minutos. La distancia entre ambos lugares es de dos km, lo cual, en medio de una fuerte lluvia, resulta improbable que una persona de 72 años haya podido recorrer esa distancia en ese tiempo. Los acontecimientos y las incógnitas involucran a las autoridades de la Policía provincial y del Ministerio de Seguridad de Corrientes.
La querella está conformada por la hija de Eduardo, Mariela Aguirre, en colaboración con los abogados Rodrigo Godoy (fuero provincial) y Gustavo Marano (fuero federal). En diálogo con ANCCOM, Mariela, afirma que la justicia no busca como corresponde el cuerpo de su padre. La hija de Eduardo Aguirre expone lo dicho por la policía: “Dicen que lo levantaron y lo llevaron a un domicilio equivocado, así como también que una mujer de un auto blanco lo abordó y lo dejó en la comisaría”. Es importante señalar que la familia que compartía vivienda con su padre ha declarado que la policía solía llevarlo a su domicilio, pero en esta ocasión no sucedió de tal manera. Mariela destaca que la Prefectura Naval afirmó haber recibido un llamado anónimo, para llegar “casi 12 minutos después” de la caída de Eduardo. Así como también del móvil policial no desciende ninguna persona y, tras un minuto de espera, abandona la zona. Según los legajos judiciales, Eduardo Aguirre “habría sido atendido por 4 o 5 personas de Prefectura” aquel 11 de septiembre pasadas las 19:45hs.
El martes 19 de diciembre, en una audiencia citada por la Fiscalía de Monte Caseros, Mariela Aguirre declaró que la Prefectura Naval afirmó recibir una “llamada de emergencia” de lo cual luego se desdijeron al decir que “no era muy de emergencia”. Las cámaras del 911 registran que el móvil de la Prefectura estuvo solamente 45 segundos en la zona del desenlace final.
A la familia y sus letrados les resulta extraño que no se hayan introducido buzos para rescatar el cuerpo, así como también el comprender por qué no aparece el cuerpo, que se lo ha visto caer en las aguas. La responsabilidad recae, entonces, también sobre esa fuerza de seguridad.
¿Inoperancia, encubrimiento o ambas?
El 20 de diciembre, Mariela Aguirre tuvo una audiencia con el fiscal López Ruiz “para darle vista al expediente”. Ella destaca que las filmaciones particulares estuvieron “en posesión” de la policía desde el 21 de octubre, retiradas por personal técnico del Poder Judicial de la propia fiscalía, junto a un agente de la Policía provincial, hasta el 2 de diciembre, fecha en la que fueron solicitadas por el abogado Godoy. Todos los implicados en el manejo de los registros fílmicos fueron citados a declarar por parte de los denunciantes.
Mariela y su equipo están comprometidos en la búsqueda de la verdad y la clarificación de los hechos. El abogado Rodrigo Godoy solicitará el apartamiento de las fuerzas policiales de la investigación y presentará un escrito para requerir que las declaraciones testimoniales se lleven a cabo nuevamente. La intromisión oficial podría haber obstaculizado y objetado el progreso de las investigaciones. La parte demandante espera que durante la feria judicial de verano se realicen estas nuevas testimoniales con la presencia de la querella.
Guillermo Galantini –integrante de la Coordinadora por los Derechos y la Justicia y de la Junta Promotora de la CTA, quien participó de la difusión del caso de Nino Largueri, el joven de esa misma localidad secuestrado y torturado por la policía el 14 de agosto de 2015– se hizo algunas preguntas. ¿Cuál sería el móvil para recortar y sustraer de las cámaras particulares del Kiosco Homero un rango de tiempo de casi 50 minutos? ¿Acaso hay un tercero involucrado que se ve levantando a Don Aguirre? ¿Acaso es un móvil policial el que hace ese levante del hombre que permanece desaparecido? ¿Por qué motivos el Fiscal no exploró esta línea de investigaciones y permitió que las secuencias fílmicas permanecieran por 80 días en poder de la policía?
“Hay que denunciar en todos los foros que la administración de justicia correntina entorpece y busca la impunidad en hechos gravísimos como es la desaparición de personas; que no es un funcionario aislado, sino la coordinación persistente y encubridora de una red de instituciones, que se ponen de acuerdo para llevar adelante un proceso de limpieza social, y que se sostiene en el marco de una cultura conservadora y clasista, configurada y auspiciada por el poder político de la provincia”, expresó Galantini.
A instancias de otra activista histórica de los derechos Humanos en Corrientes, Hilda Presman, agregó: “Bajo estos esquemas ideológicos se mueven los elementos de las instituciones para hacer desaparecer pobres, viejos e inválidos; los expulsan por improductivos, los desaparecen pensando que nadie va dar nada por ellos y, finalmente, buscan ocultar sus complicidades apuntando a la impunidad y a seguir gobernando con el miedo”.
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos De Córdoba denunció al ministro de seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, al jefe de Policía local, Leonardo Gutiérrez y a la sargento primero Claudia Melián Aranibar, a quienes acusó de haber realizado inteligencia interior ilegal en la marcha del 20 de diciembre. En vez del uniforme de la fuerza, la mujer -que tomaba fotografías- utilizaba chaleco de prensa.
La manifestación contra el gobierno de Milei y posterior represión policial del 20 de diciembre en la provincia de Córdoba contó con un elemento adicional: horas antes del inicio del cacerolazo una oficial de esa fuerza se infiltró como periodista. La APDH hizo la denuncia penal por inteligencia ilegal.
La primera protesta con ruido de cacerolas en la ciudad Capital de Córdoba, frente al céntrico Patio Olmos, había sido convocada por el Polo Obrero con el objetivo de recordar los hechos del 19 y 20 de diciembre de 2001, y también para rechazar las medidas tomadas por el presidente Javier Milei. Esa misma tarde del cacerolazo, previamente a la represión por parte de la policía local, hubo tareas de inteligencia hacia los manifestantes, una acción explícitamente prohibida por la ley.
Fueron algunas de las personas que estaban marchando las que detectaron que una persona tomaba fotos con la cámara de un celular, usando un chaleco beige que en la espalda llevaba escrito en grandes letras negras “prensa”. Pero no era una fotoperiodista. Un manifestante le consultó a qué medio pertenecía y ella respondió “prensa independiente”. Con el correr de las horas, con los videos de la marcha que se viralizaron, varios usuarios detectaron que la mujer de chaleco beige se llamaba Claudia Susana Melián Aranibar y que es miembro de la Policía de Córdoba.
Cerca de las 22, los manifestantes superaban los 3.000 y como la plazoleta donde estaban les quedó chica, bajaron a la calle. Fue el inicio de la represión que incluyó palazos, gases e incluso balas de goma. Hubo cinco detenidos, entre ellos el periodista Rodrigo Savoretti, del sitio Enfant Terrible.
Antes del inicio de la feria judicial de verano, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) realizó una denuncia contra el ministro de seguridad de la provincia de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, el jefe de Policía de Córdoba, comisario general Leonardo Gutiérrez y la sargento primero Claudia Melián Aranibar, a quienes acusó de haber realizado inteligencia interior ilegal. La acusación quedó formalizada ante el fiscal Luis Fernando Micheli. Por su parte, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Córdoba también presentó una querella en igual sentido.
Guillermo Torremare, presidente de la APDH Nacional, dialogó con ANCCOM y señaló que la infiltración policial viola tres leyes nacionales. “Un funcionario policial se infiltre en una movilización popular, ocultando su rol de policía y haciéndose pasar por un periodista, es contrario a la Ley de Inteligencia, de Seguridad Interior y de Defensa”, expresó. También destacó que podría configurar otros delitos del Código Penal, como el abuso de autoridad y el incumplimiento de deberes de funcionario público.
Torremare remarcó que “las fuerzas policiales se meten en movilizaciones presumiendo que tienen algún contenido delictual que ellos deben prevenir o custodiar, lo cual es contrario al actuar policial, por eso denunciamos para que se investiguen estas conductas”.
Por otro lado, indicó que la denuncia fue presentada y que próximamente “la justicia va a disponer algunas medidas”. El objetivo de iniciar el camino de la querella legal es que “se censure judicialmente todo tipo de acción de inteligencia policial sobre movimientos de derechos humanos, movilizaciones populares que se expresan frente a cualquier hecho concreto”.
A su criterio, la inteligencia policial tiene que estar destinada a prevenir el delito en aquellos ambientes en los cuales se presume que se pueden cometer delitos. “Las movilizaciones populares no son ambientes donde se presume que se pueden cometer delitos, por eso a nuestro juicio estas acciones están encaminadas a criminalizar protestas, reclamos, marchas”, indicó.
“Queremos que las fuerzas de seguridad y la política sean respetuosas de los derechos de las personas a manifestarse con absoluta libertad y sin ser espiados; cuando se da este tipo de espionaje se vulneran derechos elementales de las personas a participar y a expresarse. En un país donde existe libertad de conciencia y donde estos derechos están garantizados, el Estado no puede tomar estas medidas como las que nosotros estamos denunciando”, afirmó Guillermo Torremare.
Reiterada mala costumbre
No es la primera vez, y probablemente no será la última, que alguna fuerza policial o de seguridad viola la legislación vigente para realizar tareas de inteligencia interior.
La Comisión Provincial por la Memoria, cuya mesa integra Torremare, ha denunciado tareas de inteligencia ilegal en perjuicio de familiares de la Masacre de Monte y de familiares del joven Germán Gómez en julio de 2019, encontrado muerto en la comisaría de Alejandro Korn. También de Lucas Verón, cuando en el transcurso del juicio realizado en la Universidad de La Matanza de jurisdicción federal, policías bonaerenses fotografiaron a familiares y referentes de organismos de derechos humanos y sociales que acompañaron el juicio.
En la Policía Federal nunca fue desmantelada la sección Cuerpo de Informaciones a la que pertenecía el agente Américo Balbuena, condenado por espionaje tras haber estado infiltrado una década en la Agencia de Noticias Rodolfo Walsh. A la misma división pertenecía el espía Iosi Pérez, infiltrado en la AMIA, la mutual de la comunidad judía, cuya historia fue recogida por el libro de Miriam Lewin y Horacio Lutzky, y luego por una serie de Netflix.
El macrismo fue especialmente propenso a cruzar la línea de la legalidad para espiar, por ejemplo, a los familiares de las víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan. Sin embargo, desde el libro Azul del ex ministro del Interior Carlos Corach en adelante, pasando por el espionaje de Gendarmería Proyecto X en 2011, en todas las administraciones hubo uniformados espiando a quienes se organizan, protestan y reclaman. El gobierno de Pablo Llaryora, en Córdoba, no parece ser una excepción.
Familiares de víctimas del gatillo fácil, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) y diversas organizaciones sociales realizaron la VII Marcha de la Gorra para denunciar el abuso y la represión de las fuerzas de seguridad estatal contra los jóvenes de los sectores populares. Además, alertaron por las amenazas que expresaron distintos referentes del gobierno entrante contra aquellos pretendan defender sus derechos en las calles. Mirá las fotos de ANCCOM.
