La escuela es de todes

La escuela es de todes

Jun 25, 2022 | Destacado 5, Géneros

Esta semana se realizaron dos movilizaciones que se unieron en una misma consigna: el rechazo a la resolución firmada por la ministra Soledad Acula y el Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta que prohíbe el lenguaje no binario en las escuelas.

El jueves 23, en el marco de la Jornada ESI en los colegios, militantes, organizaciones sociales y docentes se movilizaron en las inmediaciones del ex Ministerio de Educación porteño, sobre avenida Paseo Colón.

“Ninguna apelación a la RAE, a los resultados de las pruebas estandarizadas ni a ´heridas en la educación producto de la pandemia” puede ser excusa para excluir a quienes no nos reconocemos en las marcas binarias y sexistas del lenguaje”, manifiesta el Frente Docente Disidente. “No se trata de un hecho aislado, sino que es parte de toda una serie de políticas de disciplinamiento y precarización laboral que el gobierno porteño viene desplegando en contra de les docentes”.

Desandar el binarismo en el lenguaje, implica superar la noción de inclusión: “Es lenguaje no binario”, manifestó Ese Negro Montenegro, de la Asamblea Travesti Trans No Binaria por la Salud Integral.

“Como persona no binaria pienso que es muy importante que podamos expresarnos desde un principio, y no esperar hasta los 20 o 30 años, para recién ahí identificar quiénes queremos ser en esta vida. Que no les roben más tiempo a las infancias”, manifiesta Nehu Asuad.

El viernes 24, estudiantes de distintos colegios dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires realizaron una movilización con corte de calle en la intersección de Av. Nazca y Av. Rivadavia, en el barrio de Flores.

“Lo que el gobierno de la Ciudad no quiere es que nos organicemos democráticamente. La transformación que dicen que no para, es solamente recorte y persecución. Eso es lo que no para”, se escucha en la asamblea de estudiantes.

“Esto rebalsa por la prohibición del lenguaje inclusivo. Pero el reclamo viene siendo hace rato por mejoras edilicias, por comedores en todas las escuelas, por rechazo a las pasantías obligatorias en empresas sin consultar con la comunidad educativa, explica Valentina. 

“El Artículo 11 de la Ley de Identidad de Género defiende que una persona puede ser tratada por el género con el cual se percibe, sin necesidad del DNI previamente. Entonces, me parece totalmente aberrante que no se esté respetando, y encima que Horacio Rodríguez Larreta venga a decirnos que no se puede usar la letra e, es una total falta de respeto. No estamos pidiendo permiso para ser identificades por lo que sentimos o por lo que somos: es lo que nos corresponde”, comparten estudiantes del Colegio de Danzas Jorge Donn.

 

Aprender a trabajar gratis

Aprender a trabajar gratis

Jun 19, 2022 | Destacado 1, Trabajo

En un marco de desinformación, improvisación y denuncias de ilegalidad, las prácticas preprofesionales obligatorias para estudiantes secundarios de la Ciudad de Buenos Aires reflejan la falta de perspectiva educativa de la gestión de la ministra Acuña. Opinan un referente sindical, un abogado laboralista y quienes ya atravesaron la experiencia.

Antonella cursa quinto año en la Escuela Normal Superior Nº 9 “Domingo Faustino Sarmiento”. A ella y a sus compañeros, como parte del programa de prácticas laborales que dispuso el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, las asignaron al Centro Cultural Recoleta. “Nos dividieron en diferentes áreas. A nosotras nos tocó Atención al Público. Teníamos que estar en las salas cuidando las muestras, guiando a la gente, informando que no se podían tocar ni pisar las obras. Todos los días íbamos a distintos sectores, pero casi siempre para estar con los visitantes. Así estuvimos un mes y después volvimos a clase”, cuenta. “Hay áreas que se relacionan con lo que estudiamos, pero otras que no tienen nada que ver -considera-. Por ejemplo, pasamos por Infraestructura, que se encarga del mantenimiento del edificio”. Sofía, que cursa con Marianella la orientación en Comunicación del Normal 9, agrega: “Más allá de que la responsabilidad que teníamos no era muy exigente, prácticamente te mandan a laburar”.

El Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta implementó en abril las “Actividades de aproximación al mundo del trabajo y a los estudios superiores”, obligatorias en el quinto año de todas secundarias de gestión estatal y privada de la ciudad, según la Resolución 3958 del 7 de diciembre del 2021, firmada por la ministra de Educación Soledad Acuña. En dos meses de vigencia, pone de manifiesto, una vez más, la enorme asimetría de poder entre, por un lado, el Ejecutivo porteño, y por otro, la comunidad educativa y los sindicatos docentes, sistemáticamente desoídos y despreciados por aquel.

Sancionada por la Legislatura de la Ciudad en 2010, la Ley N° 3541 define como Práctica Educativa Preprofesional al “conjunto de actividades formativas desarrolladas en ámbitos de trabajo, que tienen carácter educativo, no obligatorio y que son realizadas por estudiantes de los dos últimos años del Nivel de Educación Secundaria Media, Técnica, Artística y del Nivel Medio de las Escuelas Normales fuera o dentro del espacio escolar (…) y cuyos contenidos y acciones se encuentran articulados con los planes y programas de estudio que los/as estudiantes cursan en sus respectivas escuelas”.

El eufemismo que le permite a la ministra Acuña eludir la ley y establecer la obligatoriedad de las prácticas es precisamente el de “Actividades de aproximación al mundo del trabajo y a los estudios superiores”, las cuales forman parte del diseño curricular de la “Secundaria del Futuro”. Se trata de un proyecto del gobierno porteño cuyo objetivo es el desarrollo de estrategias que faciliten a los estudiantes la transición desde la escuela hacia el mercado laboral y los estudios de Nivel Superior. Ahora bien, estas “Actividades de aproximación” se desarrollan en contextos reales fuera del edificio escolar y con variados formatos durante “como mínimo 120 horas cátedra anuales que estarán distribuidas entre los diversos espacios”, a saber: el sector productivo (privado o público), el de gestión de políticas públicas, el cultural/comunitario, y el de educación superior/científico-académico.

Las actividades se desarrollan en horario de clase, con diferencias según el colegio: algunos van de lunes a viernes, otros menos, pero el denominador común es que “corre la falta”. En muchos establecimientos las prácticas arrancaron súbitamente, sin información preparatoria del Ministerio. Ante la consulta sobre si ha sido enriquecedora, Marianella opina que “no es nada del otro mundo” y, al igual que Sofía, no cree haber adquirido una experiencia valiosa.

Para conocer una voz oficial acerca de las prácticas y de la resolución firmada en diciembre por la ministra Acuña -que viola la regulación-, ANCCOM trató de entrevistar al responsable de la Coordinación del Sistema Integral de Prácticas, Gonzalo Martín Straface, pero no respondió ninguna llamada. Docentes, alumnos, gremios y abogados han expresado su desacuerdo respecto a la legalidad, los modos de implementación y la improvisación que se desprende de los testimonios. “Estas prácticas no están reguladas por un marco legal-laboral que las ampare. Los estudiantes, al realizar tareas que hacen los trabajadores de esas empresas y organismos, podrían estar en una situación de flexibilización pues no reciben remuneración, no cuentan con cobertura para accidentes de trabajo y tampoco se tienen en cuenta las horas trabajadas para los aportes jubilatorios”, sostiene un abogado laboralista que prefiere no dar su nombre.

Ana, que asiste al Colegio N° 7 Juan Martín de Pueyrredón en el barrio de San Telmo, dice que las prácticas le parecen bien. Ella genera contenidos para las redes sociales de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno de la Ciudad. “Son cosas interesantes, aprendemos un montón sobre otros temas, pero hay gente que está en contra, a los docentes no les gusta porque perdemos horas de clase. A muchos les están llenando la cabeza, pero yo lo tomo como una oportunidad y el año que viene me dijeron que podía dejar un currículum ahí”, señala. “En realidad nadie puede estar en contra de la vinculación de los alumnos con el mundo del trabajo y de los estudios superiores”, subraya Marcelo Parra, secretario de Educación del Nivel Medio de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), pero aclara: “Hay que hacerlo bien desde dentro de la actividad escolar y no por fuera, pero así es como funciona el sistema educativo en la Ciudad de Buenos Aires, a los empujones, sin atender las necesidades que una comunidad educativa quiere expresar”.

Las quejas de los estudiantes también apuntan a que se pierden 120 horas de clase, o a que parte de un curso debe hacer la práctica laboral mientras sus compañeros avanzan en los contenidos, cuando algunos deberían abocarse a preparar las materias previas que tienen, y todo esto con posibles repercusiones en las notas. Ana brinda su balance del mes y medio que trabajó en la Subsecretaría de Derechos Humanos: “Es relajado. No están todo el tiempo mirando que hagas algo. Tenemos horario de descanso y el trato es bueno”, afirma. “Eso sí, tendríamos que poder elegir dónde queremos ir dependiendo de lo que queramos estudiar -remarca-, más allá de que esté más o menos relacionado con la orientación que hacemos. Y al momento de ir, tampoco nos dieron mucha información”.

Según Marcelo Parra, de UTE, la implementación de estas prácticas por parte de la ministra Acuña “está pensada en perspectiva electoral, como siempre lo hacen ellos, y no desde una perspectiva de interacción con el sistema educativo y sus verdaderas necesidades”. “No es que tomamos una posición de rechazo porque somos oposición al Gobierno de la Ciudad: ellos actúan para que nos tengamos que oponer, no nos dejan participar y hacen cosas muy distintas de cómo pensamos la escuela y el país”, concluye.

Y los lápices seguirán escribiendo la e

Y los lápices seguirán escribiendo la e

Jun 16, 2022 | Destacado 4, Géneros

Cristina Montserrat Hendrickse es abogada y docente trans. Anunció su rechazó y objeción de conciencia frente a la normativa del Gobierno de la Ciudad que prohibe el lenguaje inclusivo.

No tardaron mucho en aparecer las primeras oposiciones a la prohibición de la utilización del lenguaje inclusivo en las escuelas que dio a conocer la ministra de Educación porteña Soledad Acuña el pasado 9 de junio. A partir de esta resolución, los docentes en los establecimientos educativos de los niveles Inicial, Primario y Secundario, tanto de gestión estatal como privada, “deberán desarrollar las actividades de enseñanza y realizar las comunicaciones institucionales de conformidad con las reglas del idioma español, sus normas gramaticales y los lineamientos oficiales para su enseñanza”, así lo dicta su primer artículo. 

Dicho documento remite a los postulados de la Real Academia Española y la Academia Argentina de Letras, los cuales sostienen que el uso de la “@” o de las letras “e” y “x” como supuestas marcas de género inclusivo, afectan las estructuras lingüísticas del español, convirtiéndolas en espejo de una ideología. “La gramática española que estudiamos no coarta la libertad de expresarnos o de interpretar lo que expresan los demás”, afirma la institución responsable del estudio y asesoramiento del uso del idioma español en la República Argentina, la Academia Argentina de Letras.

Una de las primeras en hacer pública su rechazo a la medida fue Cristina Montserrat Hendrickse, abogada, mujer transgénero y docente de Historia de la Escuela Normal Nº 6 de Palermo “Vicente López y Planes”, quien emitió un comunicado y anunció que desconocerá la normativa por objeción de conciencia. “Entiendo que me están coaccionando a invisibilizarme, a censurarme, están coartando mi libertad de expresión y principalmente mi derecho humano a la identidad de género», escribió.

ANCCOM se acercó a conversar con la docente, quien se explayó aún más en su argumentación: “Si prohibís el lenguaje inclusivo estás negando la visibilización de aquellas personas que no se sientan incluidas en una denominación sexogenérica binaria, por un lado estas predicando la perspectiva pero por otro lado estas excluyendo, sería una contradicción”.
Cristina Montserrat Hendrickse comenzó a autopercibirse como mujer y puertas adentro del aula enseña la defensa de la diversidad sexual y de género. Según menciona, la norma impulsada por Soledad Acuña se trata de una medida “arbitraria, ilegítima e inconstitucional en tanto se lleva por delante derechos humanos que integran el marco de convencionalidad de los tratados internacionales de derechos humanos incorporados a la Constitución”.

Piensa seguir dando clases como lo hizo hasta ahora, refiriéndose a sus alumnos como chicos, chicas, chiques y enseñando la historia desde una perspectiva democrática. Para Cristina, de 53 años, es un lujo dar historia: “Yo con mis alumnos me voy con la sensación  de que aprendo más de lo que enseño, de que saco ventaja. Aprendo de su tolerancia, de su capacidad de comprensión, una generación que tiene muchos menos prejuicios que la mía al menos”. 

Según la resolución porteña, los resultados de evaluaciones realizadas en el nivel primario y secundario, advierten que el mayor impacto en los aprendizajes se produjo en prácticas del lenguaje, lengua y literatura. Los referentes de la educación del gobierno de Juntos por el Cambio adjudican este bajo desempeño al inadecuado uso del lenguaje inclusivo. Por su parte, la docente de la escuela del barrio Palermo reconoce que existen dificultades respecto a la comprensión en algunos de sus alumnos, pero no encuentra un nexo causal entre esto y el lenguaje inclusivo. “Hace 16 años que gobierna el mismo partido, si después de 16 años le van a echar la culpa al lenguaje inclusivo o a la cuarentena, me parece que no se están haciendo cargo de su gestión educativa”.  

La misma cantidad de años pasaron, 16, desde que se sancionó la Ley de Educación Sexual Integral en nuestro país. ESI es hablar, entre tantas otras cosas, de perspectiva de género y del respeto a la diversidad. ESI es un derecho de los estudiantes y una obligación estatal. Si bien este contenido sigue queriendo hacerse un lugar entre las disciplinas más convencionales y los contenidos curriculares básicos, una disposición educativa como la del Ministerio de Educación de la Ciudad vuelve a poner en disputa conquistas que parecían haberse saldado y reconocido en términos de derecho a través de una ley nacional. 

Cristina, además de docente, es abogada desde hace 28 años y haciendo alusión a esta ley sancionada en el año 2006, declaró a ANCCOM “otra vez Buenos Aires está incumpliendo la federación, se corta sola y no cumple estos pactos. Está violando el federalismo porque ha ido en contra de la resolución del Consejo Federal de Educación”.

Frente a este escenario, una educación como la que brinda Cristina, se vuelve necesidad y resistencia. Según sus palabras, “la escuela es refugio y es contención”. A la Escuela Normal N° 6 concurren dos varones trans de 5to año, que no son aceptados en sus familias, sus padres no prestan su conformidad para entregarles la rectificación registral de sus partidas de nacimiento y DNI. “Esta resolución que dicta la ministra es como un mazazo en la cabeza para situaciones de equilibrio emocional frágiles como las que viven estos chicos, otra invisibilización más en el ámbito en el que se sentían protegidos es muy peligrosa”.

«El Palacio Ceci es nuestra casa»

«El Palacio Ceci es nuestra casa»

Abr 11, 2022 | Comunidad, Destacado 3

Alumnos, exalumnos, maestros, familias y asociaciones civiles se manifestaron en contra de la avanzada del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de despojar a la comunidad sorda del emblemático edificio donde funciona una escuela para transformarlo en una vidriera del Distrito del Vino. El legislador de Vamos Juntos que criminaliza a los directivos escolares.

El pasado sábado 9 de abril se realizó el festival bajo las consignas “Las llaves no se entregan” y “El Palacio Ceci no se toca”  frente al histórico edificio del barrio porteño de Villa Devoto. El evento se realizó con el objetivo de defender un lugar emblemático de la comunidad sorda, donde actualmente funciona la Escuela de Educación Especial y Formación Laboral Nº 28 Prof. Bartolomé Ayrolo, ahora amenazado en convertirse en una vidriera en del Distrito del Vino, recientemente creado por el Gobierno de la Ciudad.

“Esta lucha es mucho más que por el edificio, se está poniendo en juego la dignidad de la comunidad sorda. Exigimos que el Palacio Ceci siga vinculado a la escuela Ayrolo. Nos estamos manifestando familias enteras de alumnos y ex alumnos. Concurrieron exalumnos de hasta 85 años de edad que se hicieron presentes para defender la que es su casa, porque alguna vez la escuela también funcionó como internado. Imaginate que mi hijo hizo la escuela primaria acá y luego tuvo apoyo escolar mientras cursaba el secundario, y ahora que estaba en dudas para anotarse en un terciario con respecto a la orientación vocacional vino acá a hablar con sus pares, sus referentes, sus profesores y que lo guíen. Así como mi hijo se siente contenido le pasa a muchas familias porque además no sólo acuden personas sordas o hipoacúsicas sino también con discapacidades donde se compromete el habla y necesitan de la lengua de señas para poder comunicarse”, expresó Patricia, mamá de Luciano, exalumno de la escuela y agregó: “Luego de la convocatoria masiva del 2 de marzo, donde vinieron de la Ciudad a buscar las llaves y negaron el asunto del Distrito del Vino, propusieron armar mesas de diálogo. El primer encuentro fue al día siguiente, se presentaron los directivos de la escuela, representantes de asociaciones para sordos y entre tantas contradicciones propusieron que hasta podría ser una salida laboral para los chicos de la escuela Ayrolo ser guías o contar la relación del Palacio Ceci con la comunidad educativa para personas sordas. ¡Esto es un disparate! ¿Qué tiene que ver una escuela con la cultura del vino? Estamos hablando de una escuela que comparte el patio con el Palacio. ¿Qué ejemplo quiere dar el gobierno poniendo un espacio gastronómico de la cultura del vino al lado de una escuela? Nos quieren conformar con migajas laborales, ofreciendo puestitos de trabajo en el distrito del vino. Esto es una falta de respeto. Las personas sordas también tienen derecho a estudiar, formarse y tener opciones laborales. Es un atropello total. Exigimos que den la cara los autores de esta situación, que no nos manden a sus asesores, que se hagan cargo quienes están detrás de esto, sea Rodríguez Larreta o Soledad Acuña. En el Ministerio de Educación se lavaron las manos: dicen que ahora el edificio pasó a ser parte del Ministerio de Desarrollo. En fin, queremos que alguien se haga cargo de lo que sucede, que nos den respuestas y trabajen para garantizar los derechos de la comunidad sorda.”

El festival comenzó alrededor de las 17, con un discurso de madres de alumnos. De fondo se veía el Palacio cubierto con el cartel amarillo de puesta en valor del Gobierno de la Ciudad. Maestros y maestras se hicieron presentes con sus delantales a pesar de no querer dar declaraciones a medios ya que expresan que están en situación de desamparo laboral.

Carolina, mamá de Rodrigo, exalumno de la escuela, aportó su testimonio: “La semana siguiente de habernos negado a entregar las llaves del Palacio, el legislador Juan Facundo Del Gaiso, del bloque Vamos Juntos, integrante del oficialismo porteño dentro de la Legislatura y quien además es impulsor de la Ley Nº 6447/21 del Distrito del Vino, realizó una denuncia penal por usurpación, administración fraudulenta y malversación de caudales públicos a los administradores de la cooperadora, a la directora de la escuela y a un periodista y fotógrafo que ha colaborado y aportado como ciudadano y vecino para el bien de la escuela. Claramente, esta denuncia es una maniobra política para ensuciar a las personas que formamos parte de la escuela Ayrolo. Tenemos los comprobantes de todo, los libros a disposición, además de tener el aval del Ministerio de Educación”. Carolina explicó que frente a la situación de desmejora edilicia y la falta de presupuesto, la institución había solicitado el permiso del Ministerio de Educación para usufructuar partes de las instalaciones como locaciones cinematográficas y para visitas guiadas. “Hubo muchos permisos administrativos que tramitar, fuimos muy prolijos y con ese dinero emparchamos lo que tendría que haber solucionado el Estado. En mi caso, formé parte de la cooperadora por casi 20 años. Pusimos plata, tiempo, horas de nuestra vida para poder resolver o solucionar situaciones de emergencia porque se nos caía encima el Palacio.” Lo que agrava esta denuncia es que “el legislador Del Gaiso luego, en la reunión en la Legislatura, pidió disculpas pero no retiró la denuncia ni dio la cara a la comunidad de forma correcta. Esto es muy doloroso, que nos quieran sacar el Palacio Ceci es como que nos quiten una parte de nuestro cuerpo, de nuestra vida y encima que lo cuidamos en todo lo que pudimos como nuestra casa que nos traten de ladrones es lastimoso. Una vergüenza”, concluyó Carolina.

Del festival participaron artistas que ofrecieron espectáculos, tanto para la comunidad oyente como para la comunidad sorda. También asistieron representantes de las asociaciones para personas sordas quienes se manifestaron con mucho enojo: “Cuando fuimos notificados de la situación de la escuela Ayrolo y el Palacio Ceci, la sensación fue horrible”, sostuvo Agostina Poggio, vicepresidenta de Asociación Argentina de Sordos. “La Confederación Argentina de Sordos nos lo comunicó a las más de treinta asociaciones para personas sordas que nos nucleamos en esa organización, y que tiene peso a nivel nacional. Al principio no entendíamos nada. Tuvimos una reunión para organizarnos. Nos sorprende la informalidad con la que se manejan: no hay un acta, un mail formal. Solo por mensajes de whatsapp. Ningún papel que avale lo que están haciendo o que están pidiendo las llaves. Hay muchas cosas que no están claras como cuál será el destino del Palacio. El Ceci tiene que ser de la comunidad educativa como lo fue hasta ahora.”

Por su parte, Claudia Novoa, secretaria de la Asociación Argentina para Sordomudas Casa Hogar expresó: “Pensaban que los sordos no vamos a decir nada, que íbamos actuar de forma pasiva, creo que no se lo imaginaron. Por eso se echaron para atrás el 2 de marzo, cuando vinimos a oponernos a la entrega de las llaves del Palacio.” Y agregó: “Al principio la escuela Bartolomé Ayrolo era solo para hombres, entonces se creó el instituto Osvaldo Magnasco para mujeres. Luego del Magnasco venían a hacer actividades al Ayrolo. Entonces, mujeres y hombres sordos se conocían, se enamoraban y luego se casaban. Hay familias enteras que tienen anécdotas en esta escuela, hay historias de vida detrás del Palacio Ceci. Si nos sacan el Palacio, nos quitan el tronco del árbol de nuestras vidas. Todos tenemos raíces aquí.”

En la misma línea se manifestó el presidente de Unión Argentina de Sordomudos Román Carbone: “Nosotros nos sentimos contenidos con el Palacio Ceci. Se sabe que es patrimonio cultural muy importante para nuestra comunidad sorda, para la comunidad argentina, porque es la primera escuela para sordos en nuestro país y en Latinoamérica. Que nos quiten el Palacio Ceci es como que nos saquen el Cabildo, hago esta analogía para que se comprenda el peso histórico. Es un espacio importante, fundacional, brindado a la educación y ahora lo quieren rebajar a una vidriera del vino.”

Para el presidente de la Asociación de Sordomudos de Ayuda Mutua, Claudio Vitti, “además de que muchos de nosotros pasamos por esta escuela, generaciones enteras hemos estudiado aquí. La mayoría de los socios fundadores de las asociaciones para personas sordas fuimos alumnos del Ayrolo. Años de historia y de gran aporte para nuestra comunidad y nunca lo arreglaron ni mostraron interés porque no se caiga. El edificio estaba abandonado, las cooperadoras, los directivos hacían lo que podían y ahora, de repente, desde el Gobierno de la Ciudad hay plata e interés porque se arregle el edificio y se pone la puesta en valor del mismo. Nosotros somos personas sordas pero también somos argentinos y vivimos en esta Ciudad. Tenemos derecho a exigir una respuesta al gobierno que hasta el momento se ha manejado con informalidad legal y administrativa ante esta situación.”

En la Ciudad de Buenos Aires, 56.000 chicos no tienen vacantes

En la Ciudad de Buenos Aires, 56.000 chicos no tienen vacantes

Mar 10, 2022 | Comunidad, Destacado 4

El Gobierno porteño no logra resolver el problema que resurge cada marzo. Desde que el PRO está al frente del Ejecutivo, el presupuesto educativo se redujo un 10 por ciento. Los problemas de infraestructura.

Con el inicio del ciclo lectivo 2022, más de 56 mil chicas y chicos no han encontrado su lugar en el sistema educativo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Si bien no es la cifra definitiva, ya que algunos encontrarán lugar en las próximas semanas, es más que seguro que el número superará ampliamente a los 20 mil jóvenes que se quedaron sin vacantes durante el 2021”, indica Pablo Cesaroni, miembro de la Comisión de Educación del Consejo Consultivo de la Comuna 5 y de la agrupación Cooperadores en Movimiento. El dato, que se desprende de relevamientos realizados por agrupaciones gremiales, se condice con la caída de la inversión en educación por parte del Gobierno de la Ciudad en los últimos años. “Lo que el Ministerio de Educación ha hecho, con Soledad Acuña a la cabeza, es achicar todo lo que sea educación pública en gestión estatal. Tanto es así que desde que el PRO es gobierno el presupuesto educativo ha bajado más del 10%”, menciona Cesaroni.

“No solo tiene que ver con una política educativa, tiene que ver con una política sobre los inmuebles”, aclara Lisandro Teszkiewicz, auditor general de la Ciudad de Buenos Aires. Las palabras de Teszkiewicz apuntan a uno de los nudos centrales del problema, que es la infraestructura: es que el Gobierno porteño no ha construido ninguna escuela desde que comenzó la pandemia y tampoco tiene planeado iniciar obras con este fin durante el 2022.

Una política no tan publicitada de Rodríguez Larreta es la del remate de terrenos públicos en donde se encuentran escuelas en funcionamiento.

Si bien las medidas que el Gobierno de la Ciudad presenta como novedades con respecto a este ámbito son garantizar 192 días de clases, el reemplazo de las horas libres en secundarios por Matemática e Inglés y la introducción de nuevas materias como Educación Financiera para alumnos del último año de secundario, una política no tan publicitada por la gestión de Horacio Rodríguez Larreta es la del remate de terrenos públicos en donde se encuentran establecimientos educativos en funcionamiento.

Uno de estos casos es el del Centro de Desarrollo Infantil (CEDI) ubicado en la calle Pringles 344, en el barrio de Almagro, en donde el 7 de marzo último se realizó un acto en contra de la decisión del Gobierno de subastar este edificio dos días después, junto a otros dos contiguos inutilizados que también pertenecen al Estado local (Pringles 342 y 340). Si bien el intento del Ejecutivo fracasó, ya que finalmente no se presentó ningún oferente, se trata de la cuarta vez que el establecimiento pasa por esta situación, con el último antecedente en agosto del 2021. “Prometieron tres mil jardines y lo único que hacen es cerrarlos”, señala María José Gutiérrez, secretaria de Nivel Inicial de la Unión de los Trabajadores de la Educación (UTE), para la dirigente, la solución es que la Ciudad ceda los terrenos lindantes al CEDI para que este pueda aumentar su capacidad. “Para esta franja etaria hacen falta quinientas vacantes solamente en esta comuna”, aclara Myriam Godoy, miembro del Observatorio del Derecho a la Ciudad. “Durante el año pasado aceptaban niños desde los 45 días hasta los tres años. Tuvieron que subir la edad mínima hasta el año porque no han contratado suficientes maestros -añade Godoy-. Ahora asisten 45 chicos en total pero si se amplía se puede satisfacer a un poco más de la mitad de la demanda comunal”.

A fines del 2021, la Escuela Indira Ghandi, ubicada en una de las zonas de mayor valor de la ciudad, cerca del Aeroparque Jorge Newbery,  con grandes espacios verdes, corría el peligro de ser trasladada para que sus terrenos sean vendidos con el fin de dar lugar a proyectos inmobiliarios a manos de privados. Más próximo en el tiempo, en los primeros días de marzo, fue el turno de la Escuela Especial N° 28 Bartolomé Ayrolo que funciona en el Palacio Ceci en Villa Devoto. En este caso se quería ceder el edificio para que pasara a formar parte del Distrito del Vino. En ambas ocasiones lo que detuvo el desplazamiento de los establecimientos educativos fueron las movilizaciones por parte de la comunidad educativa porteña. Para Gutiérrez, la situación es crítica: “Además de que no se abren escuelas las quieren cerrar”.

A estos acontecimientos se le suma el pobre mantenimiento de los establecimientos ya existentes. Para la maestra de Nivel Inicial, Natalia Simonelli: “Es evidente que durante el verano no hicieron mantenimiento en ninguna escuela”. Algunos accidentes durante el mes de febrero ilustran su afirmación: una explosión en la zona de calderas provocó quemaduras en un trabajador que estaba haciendo refacciones eléctricas en la Escuela N° 8 del barrio de Boedo, y en Parque Patricios, el padre de una alumna resultó herido cuando parte de la mampostería del Instituto Bernasconi cayó sobre él.

“El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha destruido la Dirección de Infraestructura Escolar. Hoy solo tiene empleados administrativos, no tiene trabajadores capaces de arreglar las escuelas -menciona Teszkiewicz-. Todo se hace a través de un sistema de licitaciones para empresas que no tienen ni experiencia ni vocación en el sector educativo”. Para el auditor un ejemplo de esto es que una de las contratistas que tiene mayor cantidad de establecimientos asignados en la Ciudad lleva el nombre Mejores Hospitales S.A. A la posible impericia de las empresas se le añade la lentitud con la que las gestiones de las autoridades de cada colegio atraviesan el aparato burocrático del Estado porteño: “El mecanismo de atención de los edificios hace que cualquier reparación demande más de un ciclo lectivo completo. Cada vez que un directivo solicita el arreglo de un baño, por ejemplo, significa que esa obra va a demorar todo un año en ser realizada”, enuncia Teszkiewicz.

Para Cesaroni es de central que desde el gobierno local se arme una mesa de diálogo con representantes de la comunidad educativa para poder dar cuenta de cuáles son los problemas que afectan a gran parte de la población con respecto a las vacantes en la educación de gestión estatal. Por su parte María José Gutiérrez concluye: “Si bien la ministra Acuña dice que los tenemos perdidos en los pasillos de las villas nosotros sabemos dónde están nuestros pibes y nuestras pibas, dónde ir a buscarlos y qué es lo que hace falta para que no sean excluidos de la escuela pública”.