La limpieza étnica de Jorge Macri

La limpieza étnica de Jorge Macri

La política social del Gobierno de la Ciudad para las personas sin techo consiste en quitarle sus escasas pertenencias y hostigarlos para que se vayan a dormir a la provincia. Algo parecido sucede con los vendedores ambulantes. Para el jefe de Gobierno se trata de «operativos de limpieza».

A menos de un mes de cumplir el primer año como Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: ¿qué pasó con los ejes de campaña de Jorge Macri? El principal, centrado en su idea acerca de la seguridad, lo llevó a afirmar en junio de 2023 que “los cajeros automáticos se transformaron en monoambientes”. Ya durante su gestión continuó con propuestas en tono de campaña compartiendo imágenes de supuestos “operativos de orden y limpieza” que mostraban lugares de los que se había expulsado a personas en situación de calle, asociándolas directamente con basura. “A pesar de la indignación que causó por parte de la sociedad la cuestión comunicacional de Jorge Macri, esos operativos se siguieron haciendo”, afirma la psicóloga Milena Sepay, del equipo de investigación sobre situación de calle Sociabilidad en los márgenes.

Aunque la gestión de Macri se inscribe dentro del mismo signo político que gobernó la ciudad durante los últimos 17 años, ¿estamos ante una continuidad, una profundización o una ruptura con las anteriores gestiones del PRO? ¿Qué acciones está llevando a cabo el jefe de Gobierno? ¿Cómo impacta en la vida de las personas en situación de calle?

Las cifras de violencia

Desde 2019, organizaciones sociales de CABA agrupadas en la Asamblea Popular por los Derechos de las Personas en Situación de Calle (PSC), denuncian el aumento de la violencia hacia los sin techo. La agrupación creó el Registro Unificado de Violencias (RUV), una herramienta para relevar distintas formas de agresiones sobre estos ciudadanos, que incluye las violencias institucionales, sociales y estructurales. No pretende ser exhaustivo, pero logra dar cuenta de la magnitud del problema.

Las cifras indican que, desde agosto de 2023 a agosto de 2024, la violencia institucional aumentó más de un 500%. Esta formas de agresión incluye, “ataques físicos y/o simbólicos por parte de fuerzas de seguridad y otrxs funcionarixs públicxs”, así como hostigamiento, robo, maltrato y desplazamientos forzados del espacio público. Desde el 2022 se incrementaron sistemáticamente los hechos de violencia. Desde allí calculan que se da un hecho de violencia hacia personas en situación de calle cada 72 horas en el país. En el mismo periodo, se registraron 95 situaciones de violencia social, ejecutadas por personas que no están en situación de calle, motivadas por estigmatización y rechazo social, así como violencias entre pares, en menor escala. También se documentan 121 situaciones de violencia estructural, por las condiciones sociales y materiales de vivir a la intemperie.

 ¿Ruptura o continuidad?

Sepay observa que los desplazamientos forzados no son una novedad. Recuerda el antecedente en 2008: la siniestra Unidad de Control del Espacio Público (UCEP) “hacía operativos nocturnos con camionetas, pero de forma más oculta. Hoy son una bandera política. Lo que pasa este año, es que hacen requisas ilegales. Encuentran un cuchillo para untar paté o un alicate, y se los llevan detenidos. Son cosas que las personas que están en la calle tienen encima para su uso cotidiano”, afirma Sepay.

Desde el 2023, el RUV registra 125 detenciones, requisas y secuestro de pertenencias sin orden judicial. También hay casos en hospitales: “los llevan a internarse por salud mental, sin causa probable”. Forma parte de un mismo dispositivo: expulsar a las personas en situación de calle del espacio público.

Para la abogada y dirigente del Movimiento Evita, Daniela Ledesma, “el nivel de violencia institucional está creciendo y se dirige claramente hacia los sectores más vulnerables”. A principios de octubre, Macri llevó a cabo el operativo contra manteros y celebraba en la red social X: “En Once se terminó la joda! Les acabamos de dar un golpe durísimo a la mafia que inundaba de suciedad y trabajo esclavo las calles de once”. Ledesma reflexiona: “En medio de esta crisis deciden sacarle a los manteros la única herramienta de trabajo que posee. En un momento donde la gente no tiene para comer. Sobre eso no hay ninguna instancia de diálogo”.

Ledesma afirma que sus acciones no se condicen con los discursos que hablan de cuidar el despilfarro del Estado: “Hay toda una maquinaria puesta en función de esa persecución. Interviene la policía, las fiscalías. Un redireccionamiento de recursos en pos de perseguir a gente que está en situación de calle, manteros y cartoneros”.

«No les molesta que haya gente en situación de calle, les molesta que se vea”, dice Reyes.

Repercusión en las personas de situación de calle

En la revista Hecho en Buenos Aires, reciben a ANCCOM con mate cocido. En una de las paredes se lee: “La calle no es lugar para vivir”. Allí, Penelope Acevedo se presenta como “la vendedora 3559 de la Hecho en Buenos Aires”. Si bien actualmente su situación es otra, por muchos años vivió en la vía pública y cuenta lo difícil que es: “La calle te anestesia, te duerme. Ese maldito momento en que no te importa nada llega y se instala. Alguien se enamora de vos y no lo ves. O tu nene te dice: ‘Tengo fiebre’, y no vas al hospital”. Acevedo pregunta: “¿Por qué ya no te importa nada? El fantasma de la falta de amor de la sociedad te hace creer que es verdad que no te merecés nada”. Y resume: “De todo el infierno que es la calle, pensás que el diablo sos vos y que tenés la autoridad para dañar, para robar”. Vivir en la calle siempre es difícil.

En este sentido, Sepay advierte sobre las acciones que lleva adelante el Gobierno de la Ciudad en la actualidad: “Es el mismo gobierno el que te está corriendo, las narrativas de los compañeros son: no valemos nada, nos llevan todas las cosas”. Para la psicóloga, la pérdida de documentación, los desplazamientos y la violencia “genera una serie de problemas en la dinámica de supervivencia diaria y aumenta la carga mental que ya enfrentan al tener que buscar dónde dormir, comer o cómo conseguir alguna changa”. Todo esto obstaculiza aún más su situación.

En la institución educativa Isauro Arancibia, que trabaja con personas en situación de calle, contaron a ANCCOM un panorama similar. Las puertas se abren con calidez, la misma que recibe desde hace 26 años a cada pibe que quiere terminar sus estudios. La fundadora y coordinadora del instituto, Susana Reyes, habla de “derecho a la metáfora”. Explica: “Los pibes y pibas son los que salen de acá y se van a cartonear con los padres. También tienen derecho a soñar y a desear”. Cuando llegan a la escuela, son recibidos con un abrazo y se les pregunta cómo pasaron la noche, ofreciendo un mate caliente. “Tratar al otro como lo que es, como un igual”, resume Reyes.

Al hablar de la situación actual, la coordinadora del Arancibia afirma que hay mucha más gente en situación de calle. “Lo que pasa es que los están espantando desde el Gobierno de la Ciudad. Los echan con esto de que está sucia”.  Afirma: “Somos molestos porque estamos en un lugar que ellos quieren que sea un polo turístico. No les molesta que haya gente en situación de calle, les molesta que se vea”.

Según Reyes, la gente elegía estar en Capital porque hay más recursos de cartoneo y desechos para juntar, pero ahora hay mucha gente durmiendo en las calles de la provincia, hasta en los pasillos de la villa: “Los echan, entonces la gente, viendo eso, empieza a irse. Está peligrosa la ciudad”. Cuenta que “los pibes que están en los circuitos de adopción, son los hijos de nuestros estudiantes. Te ven en la calle, con nenes chiquitos y te los sacan”, afirma horrorizada. “Cuando hay políticas públicas que abrazan, ahí podés construir una vida, estar con tus hijos. Esto es la crueldad total”.

Sepay advierte que los desplazamientos provocan la pérdida de vínculos con vecinos,  comerciantes o con organizaciones sociales que tejen redes de apoyo, interrumpiendo procesos de acompañamiento. En este sentido, Reyes afirma con tristeza: “Se nota el deterioro en el eslabón social que nos va uniendo”.

¿Cómo se sale de la calle?

Para Acevedo, la vendedora de Hecho en Buenos Aires, fue clave conocer gente que le mostró que ella también es sujeto de derechos: “No es normal que tengas que bañarte en una estación de servicio. Que tengas que elegir entre el hotel por día o la comida”. Cuenta que en el Isauro y Hecho en Buenos Aires, “me enseñaron a que haga cajas de dinero para guardar la plata, porque sino en la calle me robaban todo”. También la contuvieron con la violencia de género: “Me ayudó a no volver con esa persona con la que yo andaba y me pegaba. Pensaba que me tenía que quedar con él porque me daba seguridad en la calle”. Penélope logró salir de la situación de calle gracias a la contención que recibió hace 20 años: “Me empecé a refugiar en la Hecho y en el Isauro”, cuenta. En cambio, desde el Estado, “la única respuesta que se les da es que pueden ir a un centro de inclusión social. Muchos no quieren ir por las dinámicas que se manejan dentro y para quienes quieren ir no hay vacantes”, plantea Sepay.

“De la situación de calle no se sale porque le des un parador. Para poder salir necesitas recibir una mirada amorosa, alguien que te devuelva la idea de que sos un ser humano”, afirma Reyes con convicción y ternura. Ilustra su afirmación con una anécdota: si dormís en la calle, ves como el vecino le baja la comida al perro y cruza de vereda para no toparse con vos, es una situación totalmente indigna. No tienen políticas que tiendan a resolver la situación. El desprecio, el desamor, la crueldad: esa es la política que llevan adelante”

 

¿La violencia otorga rédito político?

El consultor en comunicación Victor Taricco señala que, al principio, Jorge Macri no parecía encontrar su rumbo en la gestión de la ciudad: “En la comunicación, ahora se lo ve más afilado. Antes se lo veía de vacaciones”.  Aunque sugiere que Jorge Macri no parece tener en claro sus aspiraciones, plantea la posibilidad de que su intención sea retener a la Ciudad de Buenos Aires para el PRO. Taricco sostiene que Macri está redefiniendo el perfil de los gobiernos del PRO tras la experiencia de dos mandatos de Larreta, quien había abarcado un espectro político más amplio. “Este corrimiento hacia políticas más represivas en torno a la ocupación del espacio público, responde a que no crezca una opción represiva por derecha”, afirma. Además, sostiene: “Apuntan a ser una expresión más de un gobierno de derecha en Argentina, tratando de conducir a la Libertad Avanza sino es que la Libertad Avanza los termina conduciendo a ellos”. 

Desde Sociabilidad en los márgenes, crearon un fanzine informativo sobre cómo actuar ante situaciones de violencia institucional. Sepay explica: “Muchas veces se dice que la policía no puede hacerte requisas, pero las va a hacer igual. Entonces, ¿qué podés hacer? Es fundamental registrarlo”. Visibilizar la violencia, es la primera acción para reducirla.

Para el que sufre la crisis, ni siquiera el rebusque

Para el que sufre la crisis, ni siquiera el rebusque

Tras el desalojo de los manteros de Parque Centenario y Parque Patricios, el Gobierno porteño continúa con la misma mecánica en otras plazas de la ciudad. Ahora les tocó a las emprendedoras de la Plaza Egipto, en el barrio de Palermo, a quienes la policía amenazó con sacarles la mercadería. «A los vecinos les molesta», argumentó Jorge Macri.

Todos los fines de semana, en la Plaza República Árabe de Egipto, frente al Planetario Galileo Galilei, pequeñas emprendedoras desplegaban sus mantas y ponían a la venta sus productos de merchandising–papelería, bijouteriee indumentaria–, que eran la atracción de adolescentes y jóvenes que buscaban algún artículo de sus artistas favoritos. La mayoría de los emprendimientos están manejados por pibas, incluso adolescentes,que se publicitan por redes sociales y se asocian entre sí formando ferias en la plaza.

El fin de semana anterior al desalojo en Parque Centenario, las emprendedoras tuvieron que reorganizarse, ya que la Policía de la Ciudad también ordenó desalojar la zona. En diálogo con ANCCOM, una fuente que prefiere mantenerse anónima cuenta: “Le dijeron a las chicas que estaban detrás del Planetario que no podían estar ahí porque ahora cambió el comisario y es más estricto. Les dijeron que en Plaza Egipto no habría problema porque no pasaba tanta gente por ahí”. Al cruzarhacia allí, la policía comenzó a sacar fotos de los emprendimientos, especialmente de aquellos que ofrecían comida, y les avisó a todas las feriantes que si no se iban en 20 minutos, les sacarían la mercadería.

Aldana, emprendedora de Somos Racat, relata: “Nos levantaron a las dos horas de comenzada la feria. Por lo que noté, fue todo en buenos términos,Siempre tuvimos en cuenta que existía la posibilidad de que nos levanten o de que no les guste que estemos ahí, así que desde la organización siempre se mantuvo el orden y la limpieza. Sé que está pasando en otras plazas. No volvería a feriar en espacio público”.

Desde Feria Malta denuncian haber sufrido amenazas y destrato por parte de los vendedores de pochoclos y algodones de azúcar, que claman que ellos sí tienen permiso para vender en la vía pública. Cabe recordar que la Feria Swiftie se inició en este espacio y se vieron forzadas no sólo por cuestiones climáticas sino también por el mismo maltrato de otros vendedores, a realizar sus ferias en lugares cerrados.

Para organizar una feria de este estilo es necesario tener un permiso del Gobierno de la Ciudad que se puede tramitar en su página web tras haberse registrado. Uno de los requisitos es tener un domicilio legal en CABA, lo cual muchas veces no sucede, ya que los emprendedores se trasladan desde el conurbano a las plazas donde saben que habrá más concurrencia. El trámite incluye un listado de rubros aceptados entre los que se encuentran aromatizantes, decoración, papelería, indumentaria, entre otros. Sin embargo, un grupo de k-popers que se juntaban a bailar y vender productos del género en las Barrancas de Belgrano presentaron un proyecto hace dos años y todavía no tuvieron respuesta oficial. En ese parque los manteros también han sufrido desalojos.

“Nos dijeron que no puede haber intercambio de plata. La denuncia la hicieron por los que vendían alimentos, pero tenían orden de levantar a cualquiera que venda cualquier tipo de mercadería. Muy ridículos, pero bueno, era porque llevábamos las mantas y entregábamos, nada más, sin exponer mercadería, y ellos vigilaban que no recibamos plata, ni tengamos nada con precio, ni nada en las mantas”. Las emprendedoras, que sólo pueden estar ahí como punto de entrega, afirman que la vigilancia constante es un método invasivo. Al preguntarles si eran agentes de la Policía de la Ciudad, indicaron que eran miembros de la Agencia Gubernamental de Control, supuestas autoridades de la Comuna 13 que vestían chalecos verdes y tenían permiso para levantar mercadería.

Según algunas emprendedoras, la mecánica de los desalojos se repite en localidades del conurbano, como San Miguel, en espacios donde antes podían instalarse a vender. “A varias en distintos puntos les pasó lo mismo, que fueron a echarlas. Será una cuestión nueva, que ahora no se pueden hacer más ferias sin registrarse oficialmente”, comenta una de ellas.

Cabe subrayar que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires llevó a cabo el operativo de desalojo en el Parque Centenario justo un día antes del Día de las Infancias, fecha en la que muchas familias buscan un regalo para los más pequeños. Así, los comerciantes informales se vieron perjudicados y no pudieron colocarse en el espacio público. Con la justificación de no cumplir con las obligaciones fiscales que sí tienen los locales y los “fuertes reclamos de los vecinos que no pueden circular”–en palabras de Jorge Macri–, la policía e inspectores vaciaron el lugar. Como si esto fuera poco, los feriantes que poseen puestos formales,tal es el caso de los de libros usados, también se vieron perjudicados, ya que, por pedido expreso del Gobierno, no pudieron abrir ese fin de semana para “no atraer de nuevo a los manteros”.

Vender en la plaza para zafar de la malaria

Vender en la plaza para zafar de la malaria

Los fines de semana, una multitud desborda los límites de la feria en el Parque Los Andes. Son vendedores que buscan intercambiar sus ropas, objetos de cocina, juguetes en desuso o su propias obras de arte para sobrevivir a la durísima crisis de los últimos meses. El miedo a la policía y un gobierno sin empatía.

Enfrente de la estación Lacroze de la línea Urquiza se encuentra el Parque Los Andes, donde una gran cantidad de personas se encuentran en los puestitos de la feria, que ocupa dos de las tres plazas en que se divide el parque para vender sus productos. Pero desde hace un tiempo, la única plaza que se encontraba vacía pasó a llenarse de gente. A los cinco manteros que eran al principio se le sumaron cada vez más y más personas que buscan hacerse unos mangos los fines de semana y feriados, incluso en días nublados y con pronóstico de lluvia como lo es este. Son cientos.

 Algunos se acercan a vender sus ropas que no usan, otros nuevas que quién sabe donde la consiguen, unos ofrecen  juguetes que sus hijos ya no usan, instrumentos para la cocina, golosinas, libros, cuadros, lo que sea que los ayude a tener algún ingreso extra. Y a pesar del frío, familias y amigos se acercan a ver la feria, a comprar algo que necesitan por un precio menor al que lo conseguirían en algún comercio..

En una parte, un poco aislada, se encuentra una mujer mayor. Se llama Juana y alguna vez pudo llevar la vida de una artista, recibida en Bellas Artes. Vendió cuadros a Europa y tuvo la experiencia de vivir afuera. Pero ahora se encuentra sentada en una reposera, a la espera de la llegada de algún cliente. A un costado, una manta con ropa. 

 Hace tres años que viene a tirar manta a la plaza. ‘’Desde que he comenzado hacer la feria no he parado un solo día’’, cuenta. Juana vivía en Parque Chas cuando el alquiler de su departamento subió de un día para el otro y tuvo que mudarse a otro lugar. También hizo que tuviera que venir a la feria a trabajar. ‘’Estoy cansada. Es agobiante esto’’ dice, con el rostro serio. Ahora pasa los fines de semana y feriados en el Parque, desde las siete de la mañana hasta que anochece. 

 Juana ha dejado de pintar. Por un problema económico y de espacio. ‘’Los pintores profesionales necesitan un lugar que sea agradable, que haya luz natural, se necesitan muchas cosas’’ dice. No tiene los medios ni el lugar. ‘’Es complicado ser artista en Argentina’’. 

 Tiene una hija y un hijo, pero cada uno tiene su vida. ‘’No me gusta ser una carga así que me arreglo como puedo’’. Tiene un  tono de voz firme, determinante. El próximo mes va a cumplir setenta años y dice de manera orgullosa que lleva todos los años bien vividos. ‘’Si yo no salgo a buscar el mango, nadie va a golpear a mi puerta a traermelo. Yo tengo una jubilación, porque es mi derecho, porque tengo la edad, porque la luché’’, dice, y hace un silencio.‘’En la vida nada es fácil, y es lo que te enseña’’.

Algo parecido piensa Miriam, quien se encuentra del lado de la calle Corrientes, vendiendo cosas de cocina y golosinas. Miriam es de Formosa. Tiene cincuenta y cinco años y trabaja de enfermera, pero el sueldo no le alcanza y sale los fines de semana a las cinco de la mañana de su casa para venir a la feria. 

‘’Hace un mes estoy acá pero porque sacaron todo en Parque Patricios. La gente del Gobierno no sé qué quiere hacer con nosotros. Yo trabajo pero no alcanza la plata. A nadie le alcanza’’ dice, haciendo notar la indignación que siente por haber perdido su antiguo lugar.

Miriam junto con otras personas, llevan unas semanas tirando manta en este Parque porque el Gobierno de la Ciudad los echó de donde estaban antes. Los manteros de Parque Patricios, de Retiro y de Constitución tuvieron que reinstalarse en otros lugares para seguir vendiendo y poder seguir comiendo, pero la acumulación de personas en el Parque Los Andes hace que los vendedores que se encuentran en el lugar desde hace más tiempo tengan el miedo de que venga la policía y los eche a ellos también. 

‘’Esta bien que es un parque pero hay gente que en verdad vive de esto, es su único ingreso. Si no venden y no tienen donde ir a trabajar, no comen. Hay gente que la está pasando mal. Todos tenemos derecho a vender. Hacerse la suerte.’’

Miriam termina de decir eso cuando los rumores empiezan a correr. ‘’Se dice que va a venir la policía a sacarnos’’ dicen dos vendedoras, y comienzan hacer circular entre los manteros el miedo.

– ¡Reunión! ¡Hay reunión!

 Los gritos se repiten varias veces mientras, en la parte de atrás de la plaza, se comienza a formar un gran círculo de personas, todas que venden su mercadería en el lugar, para hablar sobre los rumores que comenzaron a circular.

 Las personas van de todas las edades. Hay personas mayores, como Juana, y chicos muy jóvenes, como Francisco, que tiene quince años y vende ropa con sus amigos.‘’Vine un día porque necesitaba la plata, me fue bien, me hice un par de amigos y empecé a venir todos los fines de semana’’. Con él también está Pachito, de veintidós años, que vino desde la Patagonia a Buenos Aires para estudiar estilismo. Pachito considera que es inspirador ver a Fran y a los demás. 

 En medio de la gran ronda está la coordinadora de la feria. Carolina pone orden mientras La Turca está a su lado, grabando.  

 Caro trata de calmarlos diciendo que no van a venir a sacarlos, que fue una falsa alarma. Pero que para que no vengan, tienen que estar organizados. Les recuerda de dejar siempre limpio el lugar, nada de llamar la atención ni de faltar el respeto a ningún compañero. 

 Ellas dos están desde el principio de la feria, cuando eran cinco manteros los que iban a vender ahí. Empezaron a venir antes de la pandemia por necesidad. ‘’En el Gobierno no hay empatía hacia la otra persona, no hay empatía hacia el pobre. Lo único que quieren son las plazas limpias para que el rico pueda pasear en paz. No les interesa si la gente pobre viene a laburar’’, dice la coordinadora de los manteros una vez que la plaza se tranquilizó. 

Todos vuelven a su lugar. Algunos charlan con el mantero vecino o simplemente esperan a que transcurra el día, como Dulce, que espera tranquila a que lleguen las ventas. Dulce está en la mitad de la plaza porque hace dos años que está en la feria y sabe que no se puede estar del lado de la Avenida Corrientes por un arreglo con la policía. Pero la llegada de los vendedores de las otras ferias, además de la situación económica del país  que hace que se sumen cada vez más personas a vender, hace que el lado de la avenida esté lleno de gente y corran el riesgo de que venga la policía y levante todo. 

La ropa que vende es de ella y también compra para vender. ‘’Lo que no se vende yo lo regalo, porque si pasa una temporada ya sé que son cosas que no van a salir’’ dice, y al igual que otros, a veces le toca ir a la plaza con la ropa repetida porque no puede invertir si no gana. 

Dulce estudia kinesiología y su único ingreso es la feria. ‘’La facultad me consume mucho tiempo entonces los fines de semana vengo acá, que me puedo traer los apuntes y estudiar’’.

De a poco la gente se va marchando y los manteros comienzan a levantar sus cosas. 

‘’Adiós Dulce’’ se escucha, suave y amable, un saludo. 

Está lloviznando. Dulce le devuelve el saludo y comienza a levantar sus cosas, para volver como cada fin de semana y feriado, bien temprano a la mañana. 

 

«Los pobres somos la última rueda del coche»

«Los pobres somos la última rueda del coche»

Sobre La Rioja e Hipólito Yrigoyen, barrio de Once, se ubica uno de los espacios arrendados por la gestión de Horacio Rodríguez Larreta. Luego de reprimirlos, hasta desalojarlos de la calle cuatro años atrás, el Gobierno de la Ciudad puso a disposición de los vendedores ambulantes una serie de centros comerciales. Sin embargo, con la pandemia llegó el ajuste, dejó de pagar el alquiler y hoy 200 familias de manteros se enfrentan a la amenaza de un nuevo desalojo: con una deuda de 20,6 millones de pesos, el Ejecutivo porteño litiga contra el dueño del terreno «por ocupación indebida».

Oscuro y escondido detrás de la feria del Gobierno de la Ciudad, el predio apenas se distingue. El movimiento sobre esa calle, tomada por los carros que comercializan verduras, es casi nulo y muy cada tanto recibe algún potencial comprador. Entre los primeros locales se encuentra el de Margarita Pérez, referente y delegada del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). Pérez, que trabajó en la calle la mayor parte de su vida, fue víctima de las coimas que la policía cobraba para permitirles trabajar.

«Estamos en el predio hace casi cinco años. Vendíamos en la calle cuando el Gobierno de la Ciudad decidió sacarnos de ahí. Hubo una negociación y nos reubicaron en estos galpones. En un principio se veía todo lindo, pero con el tiempo se fue a la mierda porque no había ventas. Le propusimos al Gobierno que pongan paradas de colectivos, que esto se difunda, pero no fue así», explica Pérez y agrega: “Las ventas aquí son poco y nada».

Respecto al posible desalojo, Pérez asegura que las autoridades tampoco les han informado nada. De hecho, desconocen si la deuda contraída es con el predio de La Rioja, del cual ella es delegada, u otro. Pero afirma: “El Gobierno de la Ciudad cuenta con un monto de dinero para reparar tanto el predio de La Rioja como el de Perón”. Propone que los feriantes pudieran mudarse a otro lugar, si el Gobierno se tomara el trabajo de ponerlo en condiciones. “Hasta ahora no quieren mover un dedo. Presentamos un proyecto de refacción y les pusimos todo lo más fácil posible. Es más, expusimos que tenemos compañeros capaces: arquitectos y trabajadores del MTE que pueden hacerlo y que cobrarían por debajo del costo con la garantía de responsabilizarse. Pero hasta ahora nos dilatan el tema”, cuenta la delegada.

La indiferencia que padecen es de larga data, desde el momento que llegaron al galpón y perdieron sus mercaderías por las goteras en el techo. El Gobierno les ofreció una retribución paupérrima y muchos eligieron dejar el lugar, empujados también por la falta de ventas. “A veces se vende y a veces no. Tratamos de liquidar la ropa porque tampoco nos vinimos para irnos con una mano atrás y otra adelante, si tenemos que ‘baratearla’ lo hacemos porque tenemos que llevar algo a casa. Por otro lado, recibimos el apoyo de las ferias populares que nos dan bolsas de alimentos. El Gobierno, al principio de la pandemia, empezó a repartir alimentos, pero después lo dejó de hacer. Hace seis meses entregaron una vez más y ya no volvieron. Me parece algo inadecuado porque hay necesidades”, sostiene Pérez.

Pese a la incertidumbre que viven, las feriantes eligen trabajar en el predio. Muchas de ellas son madres y sus hijos las acompañan, ya que no disponen de guardería, otra demanda ignorada por el Gobierno. También trabajan allí adultos mayores, personas que sufrieron la violencia institucional y no quieren volver a la calle. Ante la falta de apoyo, son las organizaciones sociales las que brindan contención, como el MTE, que organiza ollas populares y lleva comida para las familias.

“Apostamos a la conciencia porque sin lucha no se consigue nada –afirma Pérez–, todo lo que se pide es para los compañeros”. A la lucha por un trabajo digno, se suma la pelea por la vivienda, otra de las necesidades urgentes. Los precios exorbitantes de los alquileres expulsan a condiciones de vida infrahumanas a quienes no pueden pagarlos. “Yo me pregunto: ¿por qué el Gobierno nos denigra a la gente de la clase baja? Los pobres somos la última rueda del coche, somos los negros. ¿Por qué solo se le da la oportunidad a los que tienen plata? ¿Por qué nos discriminan? No pedimos que nos regalen, sino una casa para pagar, así sea a treinta o cuarenta años. Yo a la casa no me la voy a llevar al cementerio, pero nuestras familias se van a ocupar de seguir pagando eso que yo les estoy dejando porque tienen claro que es de ellos”, sostiene.

Ante la ausencia de políticas, las vendedoras crearon lazos de solidaridad y, según Pérez, la gente del predio es su segunda familia. Entre colegas se cuidan los puestos, se dan una mano ante cualquier problema o necesidad y conversan mientras esperan clientes. Los pasillos de la feria contrastan con el exterior: además de las prendas de vestir, los juguetes, accesorios y diversos productos exhibidos, cuelgan globos y guirnaldas de colores. Cada puestera mantiene los cuidados que amerita el marco sanitario y desde el MTE las han ayudado para que se vacunen. Frente a contagios de coronavirus, Pérez cuenta que se organizaron y acompañaron, así como lo hacen cuando alguien pasa una situación complicada de salud o fallece. De parte del Gobierno de la Ciudad nunca recibieron una ayuda económica desde que comenzó la pandemia.

El secretario general del Sindicato de Vendedores Ambulantes, Omar Guaraz, opina que la Ciudad de Buenos Aires está “liberada” desde hace unos meses por el contexto electoral. “Larreta quiere preservar la paz social, los vendedores hemos hecho muchas marchas. Somos laburantes, pero ante el hostigamiento nos organizamos”, destaca y hace un repaso del derrotero que condujo a la creación de la llamada “Feria de Once”.

“Cuando fue el desalojo, en 2017, había unos 2.300 vendedores en Once que, junto con Flores, son los lugares donde más manteros hay. Los desalojos comenzaron antes, en la peatonal Florida, cuando Mauricio Macri era jefe de Gobierno, desde entonces se eligió una política de represión que continúa hasta hoy. Por una cuestión de propaganda política, para mostrar que Larreta daba soluciones a los vendedores, se crearon los predios. Tenían capacidad para 500, 600 personas, es decir que le dio una solución parcial a un 25%. Aunque en aquel momento, en la Ciudad de Buenos Aires había más de 15 mil manteros. O sea que en realidad era una solución para un 3%, pero siempre se presentó como ‘la solución’”.

Guaraz relata que al principio se hicieron controles “literalmente carcelarios” en los predios y se echó a más de 200 vendedores. Mucha gente se fue y hoy es pequeño el porcentaje que trabaja allí. “Los predios fracasaron, no cumplieron con su objetivo. Hoy todos los vendedores están en la calle. Con el paso del tiempo, las promesas del Gobierno para poder levantar los predios no llegan porque no son viables económicamente y los trabajadores esperan”, afirma. La violencia institucional se sigue ejerciendo mediante la indiferencia y abarca a todos los funcionarios políticos con poder de gestión, independientemente del origen político, sostiene Guaraz. “Hoy en el conurbano bonaerense hay represión –subraya-, secuestro de mercadería, prohibición de trabajar, ocurre en los municipios de San Martín, Morón, Florencia Varela, La Matanza y en distintas provincias”.

En territorio porteño, la persecución de las autoridades –la Policía de la Ciudad y Espacio Público– condujo a la muerte de dos vendedoras ambulantes que fueron atropelladas en situaciones similares: María Barrechea y Beatriz Mechato Flores. Esta política xenófoba se tradujo también en la sistemática detención de vendedores senegaleses y metodologías de tortura en comisarías. “En la ex  Comisaría Séptima –hoy 3 A sobre Lavalle entre Paso y Pueyrredón– tenían la modalidad de quemarles la mano con una plancha caliente. Muchos compañeros heridos en esas circunstancias quedaron con discapacidades permanentes producto de la represión”, asegura Guaraz. La violencia no se limitó a la calle, también operó a través del poder político de la Ciudad con la justicia porteña en los allanamientos. Las fuerzas de seguridad entraban de manera ilegal a los hogares, amenazaban a los trabajadores y les sacaban mercadería y bienes personales. Estos hechos fueron utilizados por el Gobierno para instalar un relato que luego replicaron los grandes medios, el de “las mafias organizadas”, criminalizando a los vendedores ambulantes.

Hoy el Gobierno de la Ciudad no tiene intenciones de entablar un diálogo con los manteros a quienes considera “ilegales”. Guaraz explica que la mayoría de los funcionarios los sigue viendo como una contravención o una falta. “Pero es un tema que excede el formalismo legal porque vivimos en un país donde cada dos personas en edad de trabajar, solo una lo hace, donde hay 13 millones de trabajadores en la informalidad y más de 20 millones son asistidas de alguna manera por el Estado con ingresos mínimos para vivir que no le garantizan ni la supervivencia. La gente tiene que salir a ganarse el mango y muchos lo hacen con la venta ambulante. Poner el Estado para reprimir, encarcelar a los vendedores, a los excluidos, hace que estén fuera de la realidad de lo que vive gran parte de nuestro pueblo”, señala Guaraz.

La gestión de Rodríguez Larreta nunca tuvo la verdadera intención de brindarles las herramientas para que los manteros puedan trabajar en mejores condiciones. Para Guaraz, la disposición de los predios “fue parte de una estrategia del Jefe de Gobierno para mostrar en un desalojo a la sociedad porteña que él no dejaba sin trabajo a la gente” y que el fracaso de estos galpones es intencional: “Saben que es un fracaso y que no lo pueden mantener”, asevera.

Desde el Sindicato se llevaron adelante propuestas para mejorar la situación de los manteros. La lucha por la legalización de su trabajo viene de 2014, año en el que se presentó el primer proyecto que proponía la habilitación de la reventa, muchas veces prohibida, y la creación de ferias en determinados horarios. “Tenemos que tener derechos y obligaciones. Esa era una manera de regular la venta desde el espacio público: si la prohibís, la volvés a tener. El Gobierno utilizó todos los recursos, Policía, toda la violencia institucional y, sin embargo, todos los vendedores volvimos a la calle. Es un hecho. No les sirvió desde el punto de vista que querían ellos”, expresa el secretario.

En los próximos meses, presentarán un proyecto de formalización de la venta callejera a la Legislatura porteña. Guaraz dice que “cada vez hay más vendedores en la calle producto de la situación económica. La solución es la creación de trabajo genuino. Si no hay, no hay posibilidad de dar una respuesta desde el Estado a los millones de trabajadores de la economía popular”.

Lejos de ser un problema, el trabajo de los vendedores ambulantes genera un impacto positivo en los centros comerciales. Tal es el caso de avenida Avellaneda, que creció con su llegada. “La gente iba por los manteros y esa afluencia indirecta de público que recibían los comercios los terminó beneficiando. No existe, al contrario de lo que se piensa, un interés contrapuesto. Son actividades que pueden coexistir”, afirma Guaraz. De hecho, los operativos de la policía contra los manteros asustaron al público. “Muchas personas terminaron siendo detenidas o decomisadas cuando salían de un comercio”, puntualiza.

Asegura que con la mayoría de los comerciantes tienen buen vínculo. Además, la situación crítica que ha dejado la pandemia se transformó en un punto de coincidencia. “Los comercios no cierran porque se le pone un vendedor al frente, cierran por los efectos de la cuarentena, porque la Ciudad de Buenos Aires le exige más impuestos, mientras que el valor inmobiliario de los locales cada vez es más alto. Los negocios no cierran por los vendedores, sino por la administración política de los funcionarios de turno”, concluye Guaraz.

La manta cortísima

La manta cortísima

 

 

 

La situación de los manteros en la ciudad de Buenos Aires está complicada, aunque en verdad siempre lo estuvo. En el contexto de pandemia todo se intensifica y problematiza. Después de un año y tres meses del anuncio de la cuarentena, las dificultades que tienen para vender son las mismas y hasta han aumentado. Sin ánimos ni esperanzas de recibir una solución, cientos de personas se ven obligadas diariamente a tender su manta sobre las veredas de barrios como Once para recaudar lo necesario para cubrir gastos diarios y mantener a sus familias.

Los manteros debieron cancelar su actividad durante buena parte del año pasado al quedarse en sus casas, situación que se repitió en abril y mayo pasado. “Hubo nueve días que no pudimos trabajar, no pudimos venir directamente. Volvimos con miedo de que la policía nos saque todo. Por eso vinimos con poca mercadería”, cuenta resignada Mariana Belozo de 25 años, vendedora de zapatillas en Once. Su testimonio desnuda gran parte de las problemáticas que deben afrontar, además de un esfuerzo constante por trabajar y un contexto que no ayuda.

La Policía de la Ciudad, en reiteradas ocasiones, impide a los manteros trabajar, no sólo secuestrando la mercadería para no devolverla jamás, sino también ejerciendo violencia verbal y física contra los trabajadores: al que se rebela lo detienen. Fue el caso de Malick, vendedor senegalés de ropa deportiva, a quien a principios del mes de mayo la policía le secuestró tres bolsos repletos de mercadería por un valor aproximado de ochenta mil pesos.

En estado de desesperación por perder su fuente de trabajo y toda oportunidad que tenía, Malick insultó a los oficiales y estos además de secuestrarle todas sus pertenencias lo llevaron a la comisaría. “Vienen y te empiezan a levantar las cosas como si fueran los dueños, se quedaron con toda mi inversión, ese era mi trabajo. Les pregunté dónde tenía que ir a buscarlo y me dijeron que no me lo van a devolver. Estaba enojado, los insulté y no me arrepiento. Me costó mucho tiempo volver a recuperarme”, cuenta.

Como Malick, hay cientos de vendedores ambulantes en situación de vulnerabilidad a merced de lo que dispongan las fuerzas. No les queda más que acatar sin diálogo, sin opción y sin propuestas. Los inconvenientes entre la policía y los manteros no es un tema reciente. La Asociación de Vendedores Libres viene dando lucha contra esta problemática desde hace muchos años. Su vocero, Omar Guaraz, no da el brazo a torcer y expresa: “Ante los operativos policiales nos replegamos para evitar la represión y nos reunimos en asamblea, donde decidimos volver a trabajar como todos los días”. Guaraz es consciente que en tiempos de pandemia son varios los problemas con que lidiar, y para ello apela a la unión, al consenso y al diálogo.

Otra disputa e inconveniente frecuente es con los comerciantes locatarios, que en muchas ocasiones amenazan a los vendedores con denunciarlos y echarlos de lo que ellos consideran “su parte de vereda”. Hasta suelen cobrar “renta”, “alquiler” o “cuidado” del metro cuadrado de vereda para que el mantero coloque sus productos.

Por otro lado, ante la crisis los vendedores sufren una merma en las ventas. Mariana, que trabaja en Once hace más de tres años, cuenta que a principios de 2020, antes de la cuarentena, vendía entre 5 y 8 pares de zapatillas por día. Hoy no llega a 4 pares diarios. Esta misma variable se replica en todos los rubros de la zona: calzado, blanquería, bijouterie, bazar o indumentaria.

Rosa, vendedora de ropa infantil hace más de 10 años en la zona, cuenta que en 2017 hubo una única propuesta a manteros por parte del Gobierno de la Ciudad para moverse al predio sobre Juan Domingo Perón y Bolougne Sur Mer. El mismo funcionaría como feria. La propuesta consistía sólo en brindar un lugar, sin puestos armados, sin electricidad, sin agua, sin gas, sin baños, sin ningún tipo de infraestructura para el comercio. Además, el predio era demasiado pequeño para la cantidad de manteros que tiene la ciudad de Buenos Aires, por lo que era imposible mudar a todos los vendedores.

 

 

Aun así Rosa aceptó: “Sí, fui al predio. No se vende nada, es horrible, está bien,  no nos cobran nada pero no podemos estar ahí, es perder días de trabajo por nada.” Así que desistió y volvió a la vereda de su viejo puesto. Tanto Mariana, Rosa y Malick como cientos de manteros a lo largo y ancho de la ciudad de Buenos Aires siguen trabajando cada día bajo las mismas o muy similares circunstancias. Solo por nombrar algunas: la persecución de la policía, la violencia con que acude y “resuelven” y los robos y/o secuestro de mercadería. Además se le suma la situación de crisis sanitaria por el coronavirus, las restricciones para el comercio y la baja en las ventas. Demasiadas cosas que padece este sector de la población.