En Parque Patricios, 106 familias temen por su inminente desalojo

En Parque Patricios, 106 familias temen por su inminente desalojo

Dic 15, 2022 | Comunidad, Destacado 5

En Casa Santa Cruz, se agotan las esperanzas y no aparecen las respuestas del Gobierno de la Ciudad. En CABA se produce un desalojo por día.

A la falta de políticas públicas para promover el acceso a la vivienda en CABA se suma un Estado que prioriza los negocios inmobiliarios. Los desalojos representan la máxima expresión de las problemáticas habitacionales, pero lejos de ser una excepción, ocurren permanentemente. En estos días 106 familias que viven en Casa Santa Cruz, en el barrio de Parque Patricios, pueden sumarse a una estadísticas que asustan.

 Un desalojo por día

Cuando una persona es desalojada recibe una derivación del BAP (programa Buenos Aires Presente) para cobrar un subsidio habitacional y costearse, se supone, una habitación de hotel. Gigi Krein, referente de Consejerías de Vivienda, organización que aborda la problemática del acceso a la tierra y la vivienda, asegura que en el último año en CABA hubo aproximadamente 365 desalojos. La información se obtuvo a través de un pedido de acceso a la información pública a la Dirección General de Atención Integral Inmediata, para conocer la cantidad de derivaciones para cobrar subsidios habitacionales otorgados por desalojos.

Este organismo brinda asistencia a personas en situación de calle y gestiona una red de alojamientos “.para atender la emergencia habitacional en la ciudad”, tal como detallan en su página web. La respuesta fue que llegaron 137 derivaciones a personas o familias desalojadas. Krein aclara: “Esas cifras solo incluyen desalojos formales a los que hay que sumar también los desalojos en piezas de hoteles, villas, y pensiones, que suceden sin juicio mediante, y a aquellos que recibieron la derivación y no cobraron el cheque. Así, estimamos que en 2022 en CABA hubo un desalojo por día”.

Casa Santa Cruz

La estadística de la situación habitacional en CABA dará un salto repentino de concretarse el desalojo de las 106 familias que viven en el edificio ubicado en la calle Santa Cruz al 140, en Parque Patricios. Los vecinos y vecinas transitan un proceso judicial de desalojo desde el 2010.

El edificio se encuentra en la manzana situada entre las calles Santa Cruz, Finochietto, Uspallata, y Juan Carlos Gómez, frente al Parque Florentino Ameghino, sus habitantes le dieron el nombre de Casa Santa Cruz. El predio funcionó como fábrica de toallas de la empresa textil SELSA hasta su quiebra a mediados de los noventa. Entre los años 2002 y 2006, la crisis económica y social del país obligó a vecinos y vecinas de la zona a refaccionar el predio y habitarlo para evitar vivir en la calle.

En el año 2010, el empresario hotelero Leonardo Ratuschny compró por 1.550.000 pesos el inmueble habitado por 106 familias a través de una subasta. Su objetivo era hacer un negocio inmobiliario de alquileres temporales por lo que inició el juicio de desalojo de inmediato. Jonatan Baldiviezo, el titular del Observatorio de la Ciudad, que acompañó a los vecinos y vecinas de Casa Santa Cruz en los conflictos a lo largo de los años, señala en su informe sobre el caso: “Ratuschny aparece, además, como demandante en múltiples juicios por desalojo, que evidencian la estrategia económica de comprar edificios habitados por bajo costo, para luego abordar el desalojo de los mismos por medio de instancias judiciales”.

En el 2014, a raíz de la denuncia de desalojo, las familias de Casa Santa Cruz registraron la cooperativa de viviendas Papa Franciso en el marco de la Ley N° 341 de CABA. Un año después, a pedido de los habitantes, se organizó una audiencia en donde estuvieron presentes representantes de la cooperativa, del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) y el dueño para plantear la posibilidad de una compra. Según el informe del Observatorio de la Ciudad, Ratuschny en esta ocasión valuó la propiedad en 30.000.000, mientras el Tribunal de Tasaciones de la Nación, por la entonces Secretaría de Hábitat, lo hizo en $8.000.000. Así las cosas, no se llegó a un acuerdo.

Estado ausente

Iliana Llanos, presidenta de la cooperativa Papa Francisco, cuenta: “Nosotros hemos agotado los recursos judiciales. Solo nos queda esperar a que el oficial de justicia programe un día y envíe la orden de desalojo”. Agrega que la única propuesta que les han ofrecido es un subsidio habitacional de 13.000 pesos para alquilar una habitación en un centro de alojamiento permanente, propuesta que rechazaron por considerarla insuficiente: “Además, en los hoteles familiares suelen no alquilar a personas con niños”, añade Llanos.

            El informe del Observatorio de la Ciudad afirma que funcionarios del IVC, responsables de la operatoria de la Ley N° 341 informaron a representantes de Casa Santa Cruz que el programa estaba desmantelado, desfinanciado, y con un presupuesto asignado que no llegaba a cubrir el mantenimiento de los gastos de las cooperativas que tienen viviendas en proceso de construcción. Según llanos, estas respuestas evidencian la falta de voluntad política para solucionar el problema: “Además del juicio de desalojo, venimos cursando otro juicio que le hacemos desde Casa Santa Cruz al gobierno por no dar respuesta a nuestros reclamos”. Y concluye: “lLs vecinos y vecinas de Casa Santa Cruz no nos vamos a ir, vamos a resistir y luchar para conseguir la tierra que nos deben”.

            El barrio en donde se encuentra Casa Santa Cruz, Parque Patricios, representa un espacio tentador para los negocios inmobiliarios. La creación de los distritos de Tecnología, de las Artes y de diseño, la construcción del Archivo General de la Nación donde se encontraba la antigua Cárcel de Caseros, la extensión de la línea H de Subterráneos, que incorporó las estaciones Parque Patricios en 2011, y Hospitales en 2013, y la inauguración de la nueva sede de Jefatura de Gobierno porteño, son algunos de los proyectos que valorizan el espacio y facilitan los negocios especulativos de construcción de viviendas restringidas a los sectores medios-bajos, agravando la crisis habitacional.

Gigi Krein, referente de Consejerías de Vivienda, apunta: “Existen cerca de 200.000 viviendas vacías en CABA, y todavía hay gente viviendo en la calle”. Y cierra: “Los remates son un negocio redondo para los desarrolladores inmobiliarios, que muchas veces compran en pesos para construir y vender en dólares”.

Sin un Estado presente que nivele un poco las cosas, los ciudadanos de Buenos Aires con menos recursos quedan a merced de un negocio que avanza por todos los barrios: solo les queda exponer sus propios cuerpos.

Malestar Arena

Malestar Arena

Dic 13, 2022 | Comunidad, Destacado 4

Vecinos de Villa Crespo continúan reclamando contra los recitales que se realizan en el megaestadio propiedad del diario La Nación y de Movistar. ¿Cómo alteró la vida en el barrio?

Vecinas y vecinos del barrio porteño de Villa Crespo realizaron un corte entre la avenida Dorrego y Corrientes, el lunes 12, en rechazo al Megaestadio Movistar Arena, perteneciente al diario La Nación, Movistar y la multinacional AEG WordWine. El reclamo está dirigido contra  la realización continua de recitales que genera múltiples incomodidades  en quienes residen en la zona, sumado a la falta de respuesta y de atención por parte de las autoridades a sus reclamos.

Estas inconformidades han estado presentes desde la inauguración del estadio en el 2019 y los vecinos conviven con ellas. Las molestias se intensificaron con el pasar de los años con una leve pausa por la pandemia, sin embargo en el último semestre del  2022 se han agravado todos los inconvenientes haciendo imposible la vida cotidiana en el barrio. 

«Los vecinos y vecinas ya estamos cansados de todos los inconvenientes que tenemos producto de los recitales, los siete días de las semana en el Movistar Arena. Venimos reclamándole al Gobierno de la Ciudad desde antes de noviembre del 2019 cuando se inauguró, porque ya preveíamos lo que iba a pasar. Comenzó luego con un aforo de 2.500 personas, más tarde con 4.000 y ahora está al 100%, y desde los últimos seis meses hubo 91 recitales», dijo Luis, un vecino autoconvocado contra el Megaestadio. 

En los últimos 180 días hubo 91 recitales, lo que significa un evento cada dos días. Esto para los habitantes de casi ocho cuadras a la redonda se convierte en:

  • Ruidos que se originan a la entrada y a la salida de los shows, que por lo general son en horario nocturno.
  • –  Vibraciones en los edificios.
  • – Cortes en las calles y la imposibilidad de transitar por las mismas, y acceder libremente a los domicilios.
  • – Autos en doble fila estacionados en las veredas, tapando garajes y rampas para personas con discapacidad.
  • Imposibilidad de estacionar los autos en las puertas del propio domicilio.
  • -Acampes prolongados de quienes van a los recitales, ocasionando molestias a quienes viven más cerca por el ruido, la música, la ausencia de baños químicos, etc.
  • La suciedad que queda después de cada evento, botellas, alcohol, orina en la puerta de las casas, etc.

 Los vecinos de lo que han denominado como “Molestar Arena” conviven con  diversas situaciones. “Las personas que viven alrededor del estadio no pueden circular libremente, trapitos que en convivencia con la policía, al que vive en algunas de las cuadras que están rodeando el estadio cuando quiere estacionar su auto en la puerta, le cobran dos o cuatro mil pesos, una barbaridad. Tenemos un problema en las vibraciones en los edificios altos, los sonidos de los bajos hacen que retumben en los edificios hasta ocho cuadras a la redonda. Hay fans que acampan, sin ningún tipo de cuidado a la una de la mañana, tenemos filmaciones de gente que está cantando, que está con música a todo dar, por supuesto ni el Gobierno de la Ciudad ni el Movistar pone baños químicos, entonces es una mugre las veredas”, comentó Luis. 

“No damos más, viene desde que abrieron este Megaestadio Movistar Arena, que en principio se llamaba microestadio y pensamos que iba a ser algo chico, cuando nos dimos cuenta ya era tarde, ya estaba construido. Cuando comenzaron los recitales empezaron los problemas, pero este último semestre ya se ha vuelto intolerable para todos los que vivimos cerca porque tenemos recitales casi todos los días y tiene una capacidad como para dos Luna Park, entonces es todos los días entrando y saliendo quince mil personas dos veces por días, y algunos acampan, es un caos, los trapitos, el ruido, es un descontrol, los vecinos estamos que no damos más”,  comentó Laura González Vidal perteneciente a la comunidad. 

Pese a la masividad de eventos que trajo el fin de la pandemia, ya existía un acuerdo que establecia un límite de recitales que no se cumplió. “Para paliar un poco la problemática, pedimos que se restrinja un poco. Por problemas de salud, hay personas que con las vibraciones se tienen que ir de sus casas, porque no puede estar en la cama po que se le mueve, se marean, tienen vómitos”, comentó Luis. 

Esta situación ha impedido que la comunidad lleve una vida normal, “no se puede vender alcohol en los comercios cercanos, con lo cual todos los vecinos no podemos consumir alcohol, no podemos hacer un asado y comprar vino o cerveza porque está cerca de un estadio, lo más gracioso es que dentro del estadio sí se vende alcohol”, dijo González Vidal.

Aunque por lo general estos eventos reactivan la economía para los vecinos, “los únicos que ganaron plata fueron el Movistar Arena, no es que se haya derramado dinero al barrio, no reactivó la economía, el barrio sigue igual -comentó González Vidal y agregó-. El barrio se ha convertido en un caos sin mejoras en el resto, lo único que mejoraron fue la vereda del Movistar Arena, yo vivo a la vuelta y mi casa en las veredas están todas rotas como hace veinte años, no ha mejorado en nada el barrio”.- 

Este Megaestadio de 25 mil metros cuadrados, con una capacidad de casi 16.000 personas fue construido en un terreno público cedido por la Legislatura porteña al Club Atlanta que, a su vez, lo cedió en comodato al diario La Nación. “El terreno donde está Movistar Arena es un terreno que es de la ciudad, para un uso de la colectividad y la ley de creación los hacen exentos de pagar impuestos, y ABL durante cuarenta años -dijo Gustavo Perrone y agregó-. A la sociedad no le retribuye nada. Nos quedamos sin agua desde el viernes, y sin bomba para subir el agua y sin ascensores y vecinos míos del edificio cruzaron a pedirle que nos conectaran una canilla para cargar agua por que no teníamos y no quisieron. Ni siquiera eso, ni siquiera agua“. 

 

«La UBA me hizo médico y Larreta, piquetero»

«La UBA me hizo médico y Larreta, piquetero»

Nov 9, 2022 | Destacado 1, Trabajo

Residentes, concurrentes, médicos de planta, enfermeros y administrativos de los hospitales públicos porteños reclaman por mejoras salariales y condiciones dignas de trabajo. Los concurrentes trabajan a la par que residentes, pero lo hacen sin percibir salario y sin seguro laboral.

Tras ocho semanas de innumerables reclamos y paro en los servicios de salud pública de la Ciudad de Buenos Aires, la precaria situación de los residentes y concurrentes continúa. En el paro del pasado 8 de noviembre, confluyeron además las demandas de médicos de planta, enfermeros, administrativos. En resumen: participó toda la comunidad hospitalaria.

Macarena Machado es concurrente de Psicología del hospital Penna. Entrevistada por ANCCOM, sostuvo que el paro se debe a que el gobierno de la Ciudad no da respuestas: «Ni Horacio Rodríguez Larreta ni Fernán Quirós ni el Ministerio de Salud porteño contestan. El trabajo de los concurrentes no está reconocido, no solo de manera económica, sino que ni siquiera nos reconocen como trabajadores de la salud pública”, asegura.

Otra de las problemáticas por las que los concurrentes reclaman es que, a pesar de que rinden el mismo examen que los residentes, que hacen las mismas rotaciones y que tienen las mismas responsabilidades, no perciben un salario. “No tenemos ni viáticos, ni ART. Por eso también estamos parando”, continúa Macarena.

Gisel es médica concurrente de quinto  año del Servicio de Neurología del hospital Durand. Dice que “trabaja cuatro días por semana sin cobrar un peso”. Al respecto, asegura que hace “todo tipo de procedimiento a la par que los residentes», y añade una larga lista de tareas no reconocidas: «A la vez, superviso a los concurrentes y residentes de años anteriores, hago historias clínicas, las firmo y estoy expuesta a muchísimas enfermedades en sala: trabajé en plena pandemia en la parte de clínica médica sin ningún tipo de cobertura ni ART, obligada además a concurrir bajo amenazas (en el hospital Álvarez en su momento). Esto que pedimos es para que se nos considere como trabajadores, que se nos pague por lo que estamos haciendo, que nos den ART y obra social como a cualquier trabajador”.

Alejandro Ierimonti es presidente de la Asociación de Médicos Municipales, desde ese rol gremial explica que “la falta de inversiones es palpable. Comenzando con el pobre reconocimiento al personal de salud, que lleva a que cada vez más el hospital público no sea la primera opción de trabajo. No se estimula la capacitación y/o la investigación. Solo se mira la agenda de turnos, la estadística”.

 

La lucha y los reclamos continúan. Las últimas semanas se sumaron los hospitales Garrahan y Posadas. Norma Lezana, secretaria General de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT), señaló: «El actual plan de lucha de la APyT comenzó el 25 de agosto pasado con un abrazo al Hospital Garrahan en su 35° aniversario, y luego dos jornadas de paro: los días 29 de septiembre y 19 de octubre pasados. En esas oportunidades, con marchas al Ministerio de Salud de la Nación y al Ministerio de Economía de la Nación, respectivamente, para reclamar al Gobierno nacional un 80 por ciento de recomposición salarial por la pérdida desde 2017 más el ajuste por inflación de este año, que llegará aproximadamente al 100 por ciento», detalla.

A lo largo de estas semanas, distintas pancartas se leyeron en el centro porteño: “La UBA me hizo médica, Larreta piquetera”, “Residentes y concurrentes en lucha”, “Recomposición salarial ya”, “Estudié 8 años para ser pobre”, “Atiendo a tu hijx por 300 pesos la hora”, entre otras.

Mario Mateo es bioquímico, médico de planta del Hospital Muñiz y subraya: “Fui residente, conozco bien la problemática. Ganan 120 mil pesos por mes. ¿Te parece que es un sueldo para gente que ha estudiado toda su vida? Es la precarización absoluta. Además de eso, los hospitales cada vez están peor, sin infraestructura, sin insumo ¿Es más importante arreglar una vereda o mantener la salud de la gente? Hay muchas personas que no tienen recursos, que vienen al hospital público. El día que no exista más, ¿qué van a hacer? Esa es la problemática. El plan es luchar y luchar, son años de estudio, de vocación, para que después no puedas ganar un sueldo que ni siquiera llegue a la canasta básica”, dijo en diálogo con ANCCOM.

La mayoría de los profesionales que atiende en hospitales públicos son residentes y concurrentes: “no estamos atendiendo para que el impacto sea mayor y que toda la población que se atiende en el  hospital público vea lo que está pasando”, concluyó Macarena Machado.

Una obra social en terapia intensiva

Una obra social en terapia intensiva

Nov 7, 2022 | Destacado 2, Trabajo

Prestaciones suspendidas, copagos encubiertos, un solo sanatorio para miles de familias, turnos a tres o cuatro meses, desmanejos financieros: la dramática realidad que viven los 280 mil afiliados de ObsBA, todos ellos empleados de la Ciudad.

La obra social de los empleados públicos de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra al borde de la quiebra. Las víctimas son sus 280 mil afiliados, cifra que incluye trabajadores activos y pasivos, la mayor parte, casi 120 mil, docentes y auxiliares.

Fundada hace 22 años, por la Ley N 472 de la Legislatura de CABA —como continuación del Instituto Municipal de Obra Social (IMOS)—, está establecido que sus principales acciones y decisiones pasan por un directorio cuyos miembros son designados por el Jefe de Gobierno porteño.

El directorio se compone de cinco representantes propuestos por el Ejecutivo de la Ciudad (vicepresidente y cuatro directores); cinco por el Sindicato Único de Trabajadores y Empleados de la ciudad (SUTECBA), presidente y cuatro directores; y dos representantes profesionales (un docente y un médico municipal). ObsBA tiene un sanatorio central propio, el Julio Méndez, ubicado en el barrio de Caballito.

Agrupaciones como la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), la Asociación de Docentes de Enseñanza Media y Superior (ADEMyS), el Colectivo de Trabajadores y Afiliadxs en Defensa de ObsBA, y la Asociación de Profesionales del Sanatorio Julio Mendez (ASIPRO), denuncian desde hace años el vaciamiento de la obra social y el ajuste en sus prestaciones.

La integrante del Colectivo de Trabajadores y Afiliados, Ana Belinco, señala que el 90 por ciento de las prestaciones fueron suspendidas. “Hay compañeros que necesitan tratamientos oncológicos, de diálisis, algunos de ellos con discapacidad”, se queja. Además, afirma que los prestadores “cobran copagos a los afiliados, quienes ya aportan el 6 por ciento de su salario a ObsBA, a diferencia de la mayoría que retienen el 3 por ciento”.

ObsBA cubre a jubilados, de manera que los trabajadores activos sostienen a los pasivos. “Cuando un trabajador se jubila puede optar por la cobertura de PAMI u ObsBA, pero si elige PAMI, igual debe aportar a ObsBA”, explica Belinco.

El Colectivo de Trabajadores y Afiliadxs se movilizó el 6 y el 11 de octubre frente al Méndez para exigir un aumento salarial para sus empleados, la restitución de las prestaciones, y la apertura de los libros contables para que los afiliados puedan controlar la situación económica y financiera de la obra social.

El secretario adjunto de ADEMyS, Jorge Adaro, apunta al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta como principal responsable de la crisis financiera en la obra social, pero también a SUTECBA: “Desde el sindicato han llevado adelante la administración con un alto grado de connivencia con el Ejecutivo”, sostiene.

Según Adaro, la comisión revisora de cuentas jamás informó a los afiliados sobre la situación deficitaria: “Supongamos que efectivamente detecta problemas financieros, entonces no debería prestar su conformidad al aprobar los balances”, plantea. Por eso, desde las organizaciones en lucha, reclaman la creación de un dispositivo que permita la fiscalización de los afiliados.

El pasado 31 de octubre, Juan Carlos Cela renunció al cargo de presidente del directorio de ObsBA. En julio de este año Cela firmó la Disposición N° 269 en donde advertía sobre la “difícil situación económico-financiera”, dispuso el cierre de las residencias turísticas de la obra social, y suspendió todo movimiento de fondos y erogaciones con destino a tales residencias, excepto aquellos gastos que impliquen sostener un “mantenimiento mínimo e indispensable”.

Tras su renuncia, fue reemplazado por el legislador del Frente de Todos Alejandro Amor, cercano al secretario de SUTECBA, Amadeo Genta. Previo a esto, el 13 de octubre, SUTECBA emitió un comunicado en el que anunció la restitución de 13 instituciones y de los centros turísticos, a excepción de la residencia de Mina Clavero, que permanece cerrada “por refacciones para mejorar el servicio”.

Sin embargo, Belinco destaca que muchas de las instituciones que se mencionan en el comunicado, en realidad cobran copagos y/o siguen suspendidas. “El Sanatorio Méndez es el único centro de salud con el que pueden contar los afiliados, por lo que se satura, y ofrece turnos a tres o cuatro meses”, agrega. Consultados al respecto por ANCCOM, desde SUTECBA no brindaron ninguna respuesta.

Pusieron el cuerpo y pararon las topadoras

Pusieron el cuerpo y pararon las topadoras

Oct 4, 2022 | Comunidad, Destacado 2

Un grupo de vecinos logró evitar que el Gobierno porteño arrasara al Galpón de Villa Ortúzar. Resistieron con una sentada en su interior. Las autoridades de la Ciudad incumplieron un acuerdo previo para realizar una mediación.

Vecinas y vecinos del barrio Porteño Villa Ortúzar resistían al nuevo intento de desalojo y demolición de El Galpón de Ortúzar, en la Plaza 25 de Agosto entre Heredía y Charlone,  por parte de topadoras del GCBA. Hasta hace una semana en el lugar funcionaban un bachillerato popular, una biblioteca y se realizaban diferentes cursos y actividades. 

A las 5.30 de la madrugada, los vecinos fueron alertados por el ruido de las topadoras, y a través de las redes vecinales y mensajes de WhatsApp dieron el aviso a la comunidad. La reacción fue inmediata, se movilizaron al centro de la estructura y se sentaron en un círculo con carteles para impedir el avance. Antes de su llegada, los obreros municipales habían logrado remover una parte de la estructura y algunos tejados. “Llegamos enseguida, pedimos la orden judicial, no aparece y no nos muestran nada -contó a ANCCOM Juan Chippano, uno de los defensores-. Cuando llegamos estaban trabajando sin arneses, sin cascos, cortando fierros sin los lentes de protección”, aclaró Chippano, subrayando la urgencia con que estaban demoliendo.

El personal de la Comuna 15 y la Policía de la Ciudad irrumpieron en el lugar a las 5.30, con dos camionetas y un camión, junto con la empresa Paolini contratada por la Ciudad para llevar a cabo “una orden de palabra -según aseguraban los empleados comunales-  de parte de la Fiscalía”, para desmantelar el lugar con el argumento de proteger a los vecinos porque había un peligro de derrumbe. 

“No hay un secundario y quieren montar un canil, nuestros perros no necesitan un canil, lo que necesitamos es la educación”, decían los vecinos al inspector Rubén Ramos y a los agentes de la Comuna 15, quienes acudieron al lugar en un intento de calmar a la comunidad y continuar con la demolición. “Es pasar por encima del trabajo comunitario que se ha hecho por años, pero qué les importa”, se lamentaba una de las vecinas que acudió al lugar.

“Esto me hace recordar a la dictadura, se llevaron los libros, se llevaron todo, esto es de no creer”, recordó una vecina mientras el vecindario se iba concentrando en el predio.

El viernes 30 de septiembre, se había pactado no continuar con la demolición de El Galpón hasta que se realizara una mediación en instancia judicial. “No se cumplió la palabra ni el acuerdo que teníamos. Ayer recibimos un llamado de la Fiscalía para confirmar si aceptamos la instancia de la mediación. Dijimos que sí. Nos informaron que se iban a comunicar con nosotros para fijar la hora. Sin embargo, avanzaron con la demolición y tampoco fuimos notificados de que esto iba a pasar”, denunció Chiappano. 

Los vecinos y vecinas se habían reunido el domingo en El Galpón para juntar firmas en su defensa. A lo largo del día habían logrado recolectar más de 400 firmas, según los organizadores, para presentarlas en la mediación y demostrar el apoyo de la comunidad al espacio cultural que lleva en funcionamiento desde los años noventa. 

El lugar se encontraba cerrado por orden de la Fiscalía, que pidió presencia permanente de la Policía de la Ciudad para impedir la entrada de los vecinos. No obstante, los integrantes de El Galpón tomaron la decisión de continuar con las actividades que tenían programadas fuera de las instalaciones, donde el domingo se realizó una mateada, peña y clase de folklore.

El Galpón de Ortúzar guarda una historia de más de treinta años de ayuda vecinal, cuenta con tres murales realizados en grafito, uno de Malvinas, uno en homenaje a Martín Carrizo, baterista de los Fundamentalistas fallecido a principio de este año, inaugurado hace tan solo dos semanas, y otro de Cerati, quien también fue vecino de Villa Ortúzar, todos creados por Osky Di Biase. El Gobierno porteño declaró la intención de preservarlos por el valor cultural que tienen. “La estructura del lugar no da para tirar todo y dejar los murales, las paredes se sostienen entre sí. Si tocás una pared se caen todas”, expresó Juan Chippano en respuesta al GCBA.