Jul 28, 2020 | Entrevistas
“Es importante dinamizar la producción popular porque cumple un doble rol: desconcentra la economía y también nos acerca a la posibilidad de tener trabajo pleno, que no es una meta absurda”. El planteo es de Enrique Martínez, coordinador del Instituto para la Producción Popular: la situación actual, tan inédita como lo es que un virus marque los designios del país y del mundo, y de tanta incertidumbre como la que puede generarse en una sociedad que vio drásticamente modificada su vida cotidiana, exige pensar profundamente el día después de la pandemia. Puede ser una oportunidad de impulsar otros paradigmas, más inclusivos.
El Instituto para la Producción Popular (IPP) trabaja en propuestas que hacen a la vivienda, la alimentación, la generación de energía sustentable. Su coordinador, Enrique Martínez, quien fuera presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) por casi una década, reflexiona sobre el escenario que toca atravesar hoy al país y cómo sería una salida desde la economía popular.
¿Qué lectura hace del escenario político económico actual, en el marco de la pandemia?
Es bastante habitual suponer que hay un modelo neoliberal que tenemos que dejar atrás y un modelo popular que debería reemplazarlo. En este momento me parece que estamos en una situación nueva, que el neoliberalismo ya ha demostrado su fracaso más absoluto, pero en el campo popular se plantea una disyuntiva: o volver a poner el país en marcha como antes de la cuarentena, volviendo a poner las piezas del tablero en su lugar, o admitir que esa no era una situación ideal, que hay que modificar algunas relaciones estructurales, y sobre todo que hay que poner en el campo de la producción a millones de argentinos que antes de la cuarentena ya estaban con dificultades muy serias. No hay que ayudar solamente a los que ahora se cayeron, sino también colocar en un plano de actividad a quienes ya no estaban trabajando de manera adecuada. Esa es una discusión que me parece que no se está dando todavía pero que se va a desarrollar en los próximos meses.
Sobre las relaciones estructurales que menciona, viene planteando el tema de la concentración económica que hay en el país. ¿Por qué camino se podría empezar a revertir?
Una mala costumbre que tenemos en el campo popular es discutir estas cuestiones solamente a nivel teórico, en el calor de una batalla intelectual pero sin modificar las cosas. Hay que desconcentrar lo que se pueda desconcentrar. Es difícil desconcentrar producciones como las del aluminio o el acero en la Argentina, o el pequeño grupo de productores de autos, pero no es nada difícil avanzar en cambiar la matriz energética, incorporando la energía renovable donde se pueda, y que los productores sean miles de pequeños grupos generando energía cerca de donde se consume, con lo cual las grandes redes de distribución de las que todos dependemos deberían ir perdiendo valor progresivamente. Es mucho más fácil hacerlo en la industria alimenticia, donde la concentración se da no por razones técnicas sino de poder económico, y promover pequeñas lecherías o pequeñas producciones de pollos está al alcance de cualquier gobierno, el tema es ver la necesidad de eso y hacerlo.
El caso de la industria alimenticia se puso de relieve con Vicentin. ¿Por qué considera que no se dio la expropiación luego de haberla anunciado? Y a nivel económico, ¿cuál sería el potencial de que el Estado controle una empresa de ese calibre?
Es una pena que eso se haya debatido así. Antes de hacerlo, el Estado tendría que haber hecho uso de toda la fortaleza jurídica que da el hecho de que evidentemente el grupo que conduce Vicentin vació la empresa; ahí hay una actitud delictiva que, acelerando un poco los pasos, puede llevar a que ese grupo no tenga ningún derecho a seguirla conduciendo. La discusión es qué Vicentin queremos, si la misma que antes, que siga exportando productos con poco valor agregado, o una Vicentin que con la fortaleza que tiene una empresa que maneja miles de millones de dólares en un territorio empobrecido como es el norte del país, pueda diseminar la tecnología de producción de biodiesel, generar producción de pollos en el Chaco o mejorar la producción porcina en determinada región. Hay una cantidad de cosas que puede hacer una empresa con vocación nacional, ganando lo que corresponde dignamente, con un poder multiplicador muy superior a la Vicentin anterior a la quiebra.
Y también en relación al ingreso de divisas. Y en ese sentido, viene planteando la importancia de la soberanía monetaria.
He estudiado mucho la teoría monetaria moderna, que ahora tiene una fortaleza muy importante, teniendo en cuenta el abandono al temor al déficit fiscal que se ha dado en todo el mundo desarrollado a consecuencia de la pandemia. Lo que creo que hay que hacer es avanzar en la dirección de generar trabajo para todos, pero teniendo soberanía monetaria: hay que eliminar totalmente la dependencia del dólar que hemos construido culturalmente y con maniobras de dependencia expresa en el último medio siglo.
«Hay necesidades sociales insatisfechas que si se atienden con programas nacionales, se resuelve problema del trabajo».
¿Cuál es su postura con respecto al impuesto a las grandes fortunas, otro tema que se debatió mucho pero por ahora no llegó a concretarse?
Hay muchos economistas que lo plantean como una condición necesaria para financiar al Estado, y creo que eso es equivocado. El Estado no necesita el impuesto a las grandes fortunas para financiarse, como lo demuestra el hecho de que está trabajando sin ese impuesto. Se necesita ese impuesto para introducir equidad en la economía, es elemental y básico que una de las maneras de “castigar” la concentración es con un impuesto a las grandes fortunas. No pensarlo para financiar al Estado, sino para poner equidad en el escenario social.
Se viene discutiendo también la posibilidad de implementar un ingreso ciudadano universal, que usted ha manifestado que debería ser transitorio; ¿por dónde debería ir una respuesta a largo plazo?
Un país que llega a tener un 50% de pobreza, como vamos a tener en poco tiempo, no puede imaginar reducir sustancialmente la pobreza con un ingreso extraordinario que ponga en el bolsillo de la gente la capacidad de consumo que no genera el trabajo; me parece inviable. Un país con soberanía monetaria tiene que tener grandes programas de generación de trabajo popular con importancia social y de efectiva realización, admitiendo los ingresos de emergencia justamente como emergencia, con un plazo acotado y definido.
Desde el IPP se propone un programa de trabajo para todos. ¿De qué manera podría instrumentarse?
Si efectivamente se lleva adelante el programa del Ministerio de Desarrollo Social de urbanización de villas con la energía correspondiente, la urbanización de los cuatro mil barrios populares generaría una cantidad de trabajo muy importante. Nosotros sostenemos la posibilidad de que se avance en un programa de millones de lotes urbanizados, eliminando la especulación sobre el suelo para que se fortalezca la autoconstrucción y las cooperativas de vivienda. Creemos que hay que hacer una transformación masiva de la generación de energía hacia la energía renovable pensada en pequeñas comunidades, lo cual se ha demostrado en el mundo que genera miles de trabajos, y además otros programas, como la forestación, o el desarrollo de cinturones alimenticios en todos los pueblos de la Argentina. Hay una cantidad de necesidades sociales insatisfechas que si se tienen programas de dimensión nacional que busque atenderlas, se resuelve problema del trabajo.
-Se estaría abordando la cuestión no sólo laboral, sino también habitacional, energética, ambiental. ¿Cómo se trabaja desde el IPP en relación a estas propuestas?
Un organismo como el IPP no tiene elementos concretos para hacerlo efectivo a gran escala, nos alegra que la ministra (de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia) Bielsa anuncie que se va a lanzar una nueva etapa del plan Procrear vinculado a la disponibilidad de lotes con servicios, idea que venimos batallando hace mucho tiempo, porque en el plan original se daba el crédito para la vivienda, y cuando la gente iba a comprar el suelo se encarecía por la especulación inmobiliaria. Lo que nosotros intentamos, como organización fuera del gobierno, es encontrar ámbitos donde la comunidad organizada pueda llevar adelante los conceptos que estamos proclamando. Somos difusores de ideas de transformación y colaboradores con la comunidad para llevar adelante situaciones en el camino correcto. Sobre todo estamos avanzando en el plano de la producción y distribución de alimentos, la energía renovable.
En relación a estas iniciativas, ¿cuál es el rol que podría ocupar la producción popular en la pospandemia?
Muy importante. Hay una definición un tanto viciada de economía popular, se tiende a pensar que la economía popular es la economía de los pobres o incluso la economía no productiva. Pero la economía popular es la producción que pone el lucro en segundo lugar, que intenta asumirse como servicio, que tiene como prioridad la atención de las necesidades comunitarias. La UTT (Unión de Trabajadores de la Tierra), los campesinos del norte de Mendoza, muchas pequeñas industrias alimenticias o alguna industria textil cooperativa, son ejemplos de economía popular. El gobierno necesita apoyar esta producción popular.
La producción popular, concluye Martínez, también puede jugar un papel vital contra el desempleo: “Desde hace más de 40 años que no tenemos una situación de trabajo pleno –plantea-. Tener una desocupación de 2 o 3 por ciento no es una meta absurda: la Argentina tuvo muchos períodos con ese nivel de desocupación. Y sin embargo en estos momentos cualquier gobierno popular estaría feliz con un desempleo de 7 por ciento, que además sería disimulado por la gran cantidad de planes sociales. La desocupación real hoy, a nuestro juicio, supera el 20 por ciento, y eso es inaceptable como modelo social”.
Jul 21, 2020 | Comunidad, Novedades
La ausencia de personal sanitario en las residencias, junto con la falta de insumos de protección y pruebas diagnósticas para residentes y trabajadores han provocado un aumento significativo de contagios en diversos hogares de adultos mayores de la Ciudad de Buenos Aires. Al cierre de esta nota, son 1947 los infectados y 201 los fallecidos que residían en esas instituciones.
Una oleada de casos en AMBA a principios de la pandemia, impuso a los gobiernos de Ciudad y Provincia de Buenos Aires la elaboración de protocolos específicos para residencias de adultos mayores. El del Ejecutivo porteño fue lanzado a mediados de abril, pero la persistente propagación al interior de los geriátricos exigió una actualización a fines de junio.
Uno de los establecimientos afectados fue la Residencia Del Arce, ubicada en Roosevelt 5570, en el barrio de Villa Urquiza. Durante mayo, se registraron 45 casos de coronavirus, de los cuales 30 eran residentes y 15 trabajadores, según informó el Ministerio de Salud de la Ciudad.
En diálogo con ANCCOM, el titular del establecimiento, Flavio Asch, explica: “En un primer momento, el Gobierno de la Ciudad no sabía cuál era la mejor manera de trabajar junto con los geriátricos. El protocolo no era claro y en muchos casos no se cumplía, más allá de las restricciones de ingreso que se establecieron inicialmente. Hoy, a la residencia viene una médica que revisa los lugares comunes y controla el protocolo de ingreso del personal permanentemente. Se ha mejorado el trabajo gracias a que los protocolos se han ido adecuando”.
Con el aumento de casos, los geriátricos se ven obligados a adquirir recursos sanitarios, lo cual no estaba previsto: “Cuando surge un problema, tenemos teléfonos para llamar, mails con consultas e información, pero le hemos pedido al Gobierno ayuda para la compra de insumos”, afirma Asch.
“Mandamos mucho personal a hisopar. Al principio funcionó, pero hay mucha demora en la atención de las ART», dice Asch.
El protocolo actualizado al 24 de junio establece que se deberá efectuar un control de temperatura y síntomas sugestivos de infección por covid‐19 a cada persona que ingrese al establecimiento. A su vez, la institución debe disponer de un área de vestuario para el personal, donde se realizará el cambio de ropa y calzado de calle por la de trabajo. Además, está previsto que frente a un caso sospechoso se proceda a su aislamiento, para luego dar aviso a la cobertura de salud a la que pertenezca el residente o al SAME si depende del sistema público.
En relación al hogar de Villa Urquiza, Asch asegura que se notificó al Gobierno porteño y se siguió el protocolo correspondiente. La situación mostró, también, la saturación de las aseguradoras de riesgo laboral: “Mandamos mucho a hisopar al personal. En un primer momento funcionó bien, pero hay mucha demora en la atención de las ART, y también en los tiempos que requieren las altas médicas. Incluso hay muchos a quienes todavía no les hicieron el hisopado”. Para el titular de la residencia, esto implicó contratar personal nuevo y capacitarlo, ya que, a pesar de que los empleados no prestan servicio en otros hogares, se han contagiado en sus casas y en el transporte.
De todas formas, las medidas de prevención en el establecimiento se han intensificado. “Todas las personas que tienen contacto con los residentes tienen que usar barbijos, máscaras, y, en algunos casos, guantes y camisolín”, subraya Asch. Los exámenes médicos ahora implican dos controles diarios de temperatura y saturación en sangre, dado que “muestran los síntomas más claros de existencia de covid-19”. Si aparecen, se activa el protocolo y se llama a la obra social del residente, para la derivación al centro de salud y la realización del hisopado.
Las preocupaciones exceden lo referente a gastos económicos y de organización. Durante este tiempo, los mayores solo han podido ver a sus familias por videollamadas. El efecto del aislamiento social o tener que mantenerse alejados de sus familias, sin ninguna actividad, también ha impactado en su calidad de vida.
“La pandemia modificó todo –señala Asch–. Primero, el ingreso de los familiares. Desde el 19 de marzo está prohibido, lo cual afecta emocionalmente a todos los residentes. Intentamos reemplazar esto con zoom y colocamos un intercomunicador en la puerta de vidrio para que puedan verse y conversar. Ese fue el primer cambio fuerte que tuvimos”.
“Tenemos muchos recuperados de covid que vuelven en una situación clínica crítica. En los hospitales están aislados, no tienen contacto con familiares, solo con médicos, quienes tampoco tienen tiempo para acompañarlos. En cambio, en la residencia se los incita a comer y a levantarse. Sabemos que el hospital no tiene los suficientes recursos, pero cuando regresan, algunos que caminaban ya no caminan, por lo tanto, tenemos que empezar de cero con ellos”.
En mayo, en la Residencia del Arce se registraron 45 casos de Covid 19, de los cuales 30 eran residentes y 15 trabajadores.
Hogares porteños
El Gobierno porteño cuenta con un servicio para adultos mayores que funciona bajo la supervisión del funcionario Mauricio Damiano, director General de Dependencias y Atención Primaria. “Nuestros hogares son de puertas abiertas y sus residentes son autoválidos. Es decir que no necesitan asistencia para alimentarse, asearse, o moverse. Hay atención geriátrica, pero principalmente ofrecemos respuesta a la vulnerabilidad de aquellas personas que tienen problemas habitacionales. Estos hogares, además, son gratuitos y poseen todas las prestaciones de recreación, alimentación y atención de la salud”. Del cien por ciento de las personas que viven en estos lugares, el 78 es autoválido y el 22 restante es dependiente y necesita una asistencia o más.
Junto al programa de hogares permanentes, Damiano también es el encargado de la Asistencia Gerontológica y los Centros de Día. La importancia del primero, asegura, radica en ser “la mano del Estado asistiendo en el domicilio”. Este programa constituye una de las instancias previas de atención, para que el adulto mayor no necesite acudir a una institución geriátrica. El funcionario también remarcó el apoyo económico a estas personas: “Se les otorga una ayuda a través del programa ‘Vivir en casa’, mientras cumplan con ciertos requisitos, que en algunos casos sirve para que puedan pagar el alquiler, servicios e impuestos”.
Los Centros de Día son lugares donde los adultos mayores pueden concurrir durante el día, y se les brinda alimentación, recreación, talleres y actividades culturales y de cuidado de la salud. No obstante, a causa de la pandemia están cerrados: “La primera acción que tomamos, una semana antes de que se decrete el aislamiento social, preventivo y obligatorio, fue cerrar estos centros, porque son lugares vinculantes, es decir, adonde los adultos mayores concurren y comparten actividades en un mismo espacio. Mantuvimos esos centros para otorgar otras prestaciones de emergencia, como el retiro de viandas. Además, realizamos un seguimiento telefónico a los participantes del programa”, asegura Damiano.
Alrededor de 1.800 adultos mayores viven en los cinco hogares de que dispone el Gobierno de la Ciudad.
Al igual que en las instituciones privadas, en los hogares de residencia permanente se establecieron protocolos sanitarios, en base a disposiciones del Ministerio de Salud, para que el adulto mayor pudiese salir a cobrar y concurrir al médico. “Implementamos áreas de aislamiento para llevar a cabo las salidas y el sistema de cobro; y tuvimos que establecer un sistema de compras para que algún encargado del hogar vaya y compre. Además, como muchos residentes se valen por sí mismos, algunos salían a trabajar antes del aislamiento”, afirma Damiano. La restricción absoluta de visitas también se aplica desde el primer día, aunque para el director del programa “la pandemia nos obliga a un aprendizaje constante, por lo que estamos en un proceso de mejora continua”. Alrededor de 1.800 adultos mayores viven en los cinco hogares de que dispone el Gobierno.
En los programas también trabajan personas mayores de 60 años o con alguna enfermedad preexistente. Damiano asegura: “A quienes les correspondía tramitar la licencia lo hicieron y están prestando servicio desde su casa. El trabajo que se realiza en todos los programas de asistencia a la tercera edad es de máxima esencialidad, y es una de las actividades contempladas dentro de las excepciones al aislamiento, pero se logró llegar a ese consenso”. En cuanto al vector económico, el funcionario aclara que “debemos remarcar la gestión del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que otorgó un bono de 5.000 pesos a quienes están en los hogares de residencia permanente”.
En los hogares del Gobierno porteño, cada área de enfermería toma la fiebre regularmente al ingresar al edificio y lleva un registro de historias clínicas. En caso de detectar síntomas, se llama al sistema de salud y este determina los pasos a seguir. Todos los elementos de protección personal son exigidos y proporcionados por el Gobierno. “Fomentamos un uso racional de los insumos y que se usen adecuadamente”, aclara Damiano.
Los positivos de covid-19 en estas residencias han incluido a trabajadores y residentes. “Hace dos semanas estamos testeando al personal con tests rápidos en hogares –informa Damiano–. Esto nos permite seguir semana a semana la situación. Son tests serológicos, es decir, permiten determinar si la persona testeada tiene anticuerpos, en caso de haber tenido la enfermedad. Si da positivo para esta prueba, se hace el PCR y Salud se hace cargo de allí en adelante, como en los casos sintomáticos”.
El testeo periódico es una diferencia fundamental entre los hogares públicos y las
instituciones privadas. Sólo las instituciones estatales están obligadas a realizar las pruebas PCR ante la existencia de síntomas compatibles con Covid 19.
El caso sueco
A principios de mayo, cuando Alberto Fernández anunció la flexibilización de la cuarentena en casi todo el territorio argentino (con excepción del AMBA), describió dos ejemplos de países que adoptaron medidas contrapuestas frente a las crisis sanitaria y económica. En Noruega, la cuarentena se aplicó de forma rígida desde el principio de la pandemia. El gobierno sueco, en cambio, optó por un confinamiento voluntario, apuntó a la cooperación de los ciudadanos y mantuvo bares, gimnasios y centros comerciales abiertos.
Muchos “anticuarentena” se apuraron en exaltar la estrategia de Suecia, con el argumento de que era posible atravesar la pandemia sin una caída significativa de la actividad económica. Semanas más tarde, sin embargo, Anders Tegnell, el epidemiólogo que dirige la estrategia sanitaria del país, reconoció haber equivocado el enfoque. La elevada tasa de mortalidad, especialmente en la población de tercera edad, llevó al especialista a esta conclusión. La mitad de las muertes por covid-19 se han producido allí en residencias de adultos mayores, y un 25 por ciento entre ancianos que reciben atención domiciliaria, según datos de la Agencia EFE. Annika Linde, quien antecedió a Tegnell en el puesto hasta 2013, criticó duramente la medida oficial y señaló que la idea del gobierno sueco de proteger a los ancianos en las residencias se trataba de “un sueño con poca base de realidad”. Esto se debió, según la infectóloga, a que se dejó en manos de empresas privadas la regulación de esos establecimientos.
A pesar de las deficiencias previas en el sistema de salud y en la atención de la tercera edad, Argentina fue uno de los países que afrontó con mayor celeridad el problema en la región. No obstante, alrededor del 80 por ciento de los fallecimientos fueron de ancianos. En Brasil, el segundo país en cantidad de muertes a nivel mundial, se estima que más de un 70 por ciento. Chile, el país con más muertos cada cien mil habitantes de América (37 cada 100.000), reporta un 80 por ciento. Lo concreto es que la salud de los adultos mayores depende de la protección que pueda brindar el Estado, aún la de aquellos que viven en establecimientos privados.
Jul 10, 2020 | Comunidad, Novedades
Las agresiones de la policía, de trabajadores del Gobierno porteño y también de gente que pasa, son frecuentes. El pasado sábado una mujer fue quemada en Constitución, bajo la Autopista 25 de Mayo, donde tenía su colchón y sus pertenencias.
La presidenta de la organización Ciudad Sin Techo, Claudia Enrich, afirma que estas situaciones violentas son más frecuentes de lo que se cree: “Tengo la filmación de un compañero que vio cómo prendieron fuego a un colchón con la persona encima. Fue en pleno Almagro, hace quince días. Parece que más común de lo que uno quisiera. Él salió corriendo, pero se quemaron todas sus cosas”.
Los niños y niñas que viven en la calle son trasladados a dispositivos de la Dirección de Niñez y Adolescencia. “Se los sacan a las familias que están en calle y los llevan a hogares donde son maltratados y aparte ahora están contagiados. Cuando empieza el frío, empieza esa cacería de brujas”, señala Enrich.
A principios de la cuarentena, se conoció la triste noticia de un parador de Retiro con 79 personas contagiadas. Una trabajadora de otro parador del Gobierno porteño, a quien llamaremos L. para resguardar su identidad, sostiene que las condiciones sanitarias mejoraron después del incidente pero que “aún falta mucho”.
Los contagios se multiplicaron por la demora en aplicar protocolos de prevención, su posterior incumplimiento, la falta de insumos de higiene y las condiciones de hacinamiento. En tiempos normales, los paradores de la Ciudad funcionan durante la noche. Desde comienzo del aislamiento social y durante los meses del Operativo Frío, abren las 24 horas. El encierro permanente al que están obligadas las personas que permanecen en estos espacios contribuye al malestar y la proliferación de enfrentamientos violentos entre unos y otros.
“La cuarentena dejó a la vista la desidia que hay en los paradores», dice González.
Los paradores son grandes espacios -como polideportivos- que se adaptan. “No están cien por ciento habilitados para que personas vivan ahí. Esta es una situación extrema y es entendible, pero no son hoteles. No es donde a nosotros, con nuestra casa, nos gustaría vivir”, dice L.
Decenas de personas malviven juntas en habitaciones generales, separadas entre varones y mujeres. El acceso a un parador durante la cuarentena significa un techo y comida. Sin embargo, la vida no es fácil. “Los procesos de convivencia son los que suelen generar conflicto. Las personas en la calle podían decidir con quién estar. Dentro del parador, a muchas les resulta difícil convivir con otras que muchas veces no pueden congeniar”, explica la trabajadora.
“La cuarentena dejó a la vista la desidia que hay en los paradores. Saltó a la luz lo mal manejada que está esta población. Cuando empezó la pandemia no hubo una bajada de protocolo para trabajar”, señala Eleonora González, operadora en el Centro de Inclusión Social Costanera Sur desde 2016.
El espacio, perteneciente al Gobierno de la Ciudad, tiene lugar para 140 personas y alberga familias en situación de calle, papás solos con hijos y chicas trans en casos excepcionales. Funciona las 24 horas y ofrece cuatro comidas diarias. Cuenta con un equipo de dos trabajadoras sociales y un psicólogo, tres coordinadores y operadores sociales. También dispone de un equipo de logística que distribuye insumos. En este momento, se quedan allí 52 personas.
Pero al comenzar la pandemia “no había jabones, champú, pañales, alcohol en gel ni barbijos. No había nada”, subraya González. Durante ese período se desbordó la capacidad del lugar. “Hubo fechas que tuvimos arriba de 160 personas. Si no hay camas, tenés que tirar el colchón y hacerlas dormir en el piso”.
«Muchas personas del Gobierno vienen de otras áreas y no están capacitadas para trabajar en el parador», dice L.
Las cosas empeoran por la noche. Solo se quedan uno o dos operadores sociales y personal de seguridad. El parador solamente cuenta con el equipo profesional durante la mañana. “Nos arreglamos como podemos -admite González-. Son muy pocos. Muchos renuncian, no aguantan”. Es una constante en estos espacios. Claudia Enrich, quien trabajó dos años en parador donde vivían 120 hombres adultos, recuerda: “El mundo del parador a la noche, cuando se cerró la puerta y ya no podés salir, es terrible. Es una tumba”.
Para ambas, uno de los principales problemas de estos dispositivos es la falta de personal preparado para trabajar con la población, la cual frecuentemente presenta problemas psiquiátricos o casos de consumo problemático. “El trabajo colectivo es difícil ya que muchas personas del Gobierno de la Ciudad vienen de otras áreas y no están capacitadas para trabajar en el parador. Están cumpliendo un nuevo rol y hay quienes lo hacen lo mejor que pueden y otros que no. Suelen haber muchas desprolijidades, falta de empatía, y eso lo notan las personas que están alojadas y que vienen de situaciones tremendas”, expresa L.
“Es gente que necesita acompañamiento constante. Que los escuchen, que estén con ellos. También tenés que bancar que te puteen, son muy borderline. Tenés que negociar todo el tiempo”, remarca González. Ante la falta de profesionales especializados para tratar casos de consumo problemático, los operadores sociales del Costanera Sur asumieron la tarea de gestionar la enfermería del parador y entregar la medicación correspondiente. “Muchos salen de internación y pasan a paradores”, denuncia.
Previo al aislamiento, las personas asistían a los paradores por unas pocas horas durante la noche, básicamente para dormir y alimentarse. Actualmente, deben permanecer encerrados todo el día y la mayoría de las veces no se les permite salir. Este es otro de los puntos que genera tensiones. “Todas esas personas tenían una libertad de decisión en sus movimientos. Ahora tienen horarios, tienen alguien que los tiene que autorizar para salir a trabajar, hacer trámites” explica L.
El Costanera Sur es el único parador de la ciudad que permite salidas. En teoría, debe ser por cuestiones específicas como visitas médicas, para realizar alguna compra, o para cobrar la AUH o el IFE, siempre y cuando su profesional a cargo los autorice. “Eso es como debería ser”, sostiene González y agrega: “Pero la gente sale, y no vuelve, o vuelve a los dos días. Y los reingresan”.
En el Costanera Sur hubo tres casos de covid-19: dos de personal de cocina y uno de oficina. Cuando hay casos sospechosos, se intenta aislar a las personas en la ludoteca “pero la gente no respeta el aislamiento. Como están en el mismo predio salen, porque hay poca seguridad y pocas cámaras y se vuelven a entrelazar entre todos”, sostiene González.
Más allá de las rispideces que genera el encierro, estos dispositivos dan acceso a derechos y contención a la gente en situación de calle. “Muchas veces es un oído lo que necesitan. Son personas que a lo largo de su vida no fueron escuchadas y valoran que alguien se interese por su historia, de dónde vienen y a dónde quieren ir. Esto les ayuda a proyectar. También, hay muchos que, aprovechando el aislamiento, tienen ahora la oportunidad de no drogarse y acompañar ese proceso por profesionales. Otras están pudiendo hacer trámites, por ejemplo, personas con discapacidades”, cuenta L, que trabaja en dar acompañamiento y asistencia en estos procesos.
A pesar del acceso a información y derechos, según ella, la situación está siendo “desaprovechada” por la falta de políticas integrales. “Podríamos tener a toda esta gente después de la cuarentena en una situación mucho mejor de la que está ahora. Podría haber talleres y capacitaciones en empleo, oficios, o darles más herramientas para que puedan proyectar un futuro mejor. Esto no se está haciendo. Simplemente, están ahí”, critica.
“Es gente que suele vivir un mes en el hotel, dos meses en la calle. Conseguir trabajo o acumular ingresos es lo que más les cuesta por obvias razones: es imposible que puedan ir a una entrevista laboral bien vestidos, bañados, sintiéndose bien, combatiendo la adicción. Tienen un montón de barreras, entonces terminan laburando en changuitas que nunca son suficientes ni estables”, detalla González.
Las personas en situación de calle pueden ser trasladadas a hoteles de la Ciudad llamando a la línea 108 Buenos Aires Presente. Para pagar el alquiler, existe la posibilidad de un subsidio habitacional. Sin embargo, no todas pueden cumplir con los requisitos, o bien el dinero no llega a tiempo y las desalojan. “A los dueños de los hoteles les importa un cuerno -asegura Enrich-. Para ellos, es un negocio. Si se va uno, tenés otro en la calle que va a venir”.
Con la pandemia, se estableció un protocolo que prohíbe los desalojos en hoteles. Sin embargo, los propietarios desoyen la medida. “Como no pueden salir a trabajar, y es lógico, no pueden pagar el hotel. Como no pueden pagar el hotel, los echan. El subsidio no llega a tiempo y al hotelero no le importa”, afirma.
Para acceder al subsidio, las personas necesitan DNI con domicilio en Capital, que demuestren que hace más de dos años que está en situación de calle, un informe realizado por un trabajador social y un presupuesto de hotel. Además, para obtener la ciudadanía porteña, las madres que cobran la Asignación Universal Por Hijo (AUH) deben renunciar a este beneficio. “Hay una trampa. Es una cosa o la otra. Es terrible, todo un armado bastante perverso”, denuncia Enrich.
Además, el subsidio es insuficiente para un alquiler. Mientras que el Gobierno de la Ciudad entrega 5.000 pesos a adultos solos y 8.000 pesos a quienes tienen hijos, los hoteles cobran alrededor de 12.000 por una habitación pequeña. “Las organizaciones sociales empezamos a hacer amparos hasta lograr que paguen el total. Si no, ¿con qué comés? Más en este contexto. Por eso ahora también a un par de hoteles estamos llevando comida a algunas de las familias que conocemos. No es lo que queremos hacer, pero el Gobierno de la Ciudad nos está obligando. No queremos reemplazar al Estado”, explica.
En los hoteles tampoco se aplica el protocolo de prevención. “El fin de semana fuimos a visitar a una familia de once personas que está viviendo en una habitación, como si fuera la piecita del fondo de tu casa, con niños muy pequeños y salieron a recibirnos sin barbijo”.
Según la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad, el año pasado había 1.146 personas en la calle. Sin embargo, el Segundo Censo Popular de Personas en Situación de Calle (CPPSC) realizado durante mayo de 2019, demostró que había 7.251, 1.379 más que en 2017. El Primer Censo Popular de Zona Sur reveló, asimismo, que la mayoría quedó en la calle en los últimos tres años de la gestión de Cambiemos y que la mitad de ellos eran niños.
Para Claudia, uno de los factores que influye en esta diferencia radica en el procedimiento empleado para relevar. Mientras que las organizaciones sociales hacen los recorridos en todos los horarios con el objetivo de dar con personas que circulan en distintas franjas, “el Gobierno de la Ciudad hace un muestreo todos los años en abril, entre las 20 y las 8, en un solo día y en una sola camioneta. No vas a poder hacer un muestreo muy real”, destaca.
Erlich sostiene que incluso las cifras del Censo Popular no terminan de reflejar la población entera en situación de calle ya que, al momento del relevamiento, las personas son expulsadas por la fuerza del espacio público para evitar que sean censadas. “Cuando el Gobierno porteño sabe que vamos a salir a hacer el censo que les corresponde a ellos, sacan a la gente violentamente, las llevan a hoteles o a lugares periféricos. Entonces, encontrás menos de la que realmente hay. Hay más, que no quede ninguna duda”.
Tal es así que el año pasado, mientras hacían el recorrido, integrantes de Ciudad Sin Techo presenciaron uno de estos hechos. “Cuando llegamos a la plaza de Tribunales, vimos ochenta personas durmiendo allí y un colectivo negro de la policía sacándolos y despertándolos a palazos, diciéndoles que si no se iban, no sabían lo que les esperaba”, relata Erlich. Situaciones similares se replicaron en otras áreas de la Ciudad. “El número que dimos fue el que pudimos censar, pero estoy segurísima que faltan muchos”, concluye.
Jul 8, 2020 | Comunidad, Novedades
Con un alto porcentaje de jóvenes desempleados, un 40% de informalidad en el mercado laboral y una economía golpeada tras dos años de recesión, la llegada del covid 19 no hizo más que empeorar la situación, dejando en evidencia las desigualdades de este modelo económico que excluye a gran parte de la sociedad y la inminente necesidad de replantear el sistema distributivo.
El gobierno así como se vio obligado a establecer el aislamiento social preventivo y obligatorio para prevenir la ola de contagios, también tuvo que dar respuestas ante las necesidades que miles de argentinos y argentinas padecen. Además del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), entre otras medidas estatales para apalear la situación, se evalúa la incorporación del Ingreso Ciudadano Universal (ICU).
El Ingreso Ciudadano Universal es un ingreso básico homogéneo, es decir que todas y todos los beneficiarios recibirían el mismo monto, sería otorgado a las ciudadanas y ciudadanos independientemente de su situación familiar y situación laboral, sirviendo como garantía para satisfacer las necesidades mínimas de subsistencia.
La medida se desprende originalmente de la Renta Básica Universal, una idea que se viene discutiendo en el mundo hace décadas y, en su sentido más puro, se establece sobre las bases de que todas las personas tienen derecho a la existencia y que, en el marco de las sociedades capitalistas, el acceso al ingreso monetario básico es una condición imprescindible para dicha existencia. Asimismo, el hecho de que todos y todas tengan derecho a recibirlo lograría uno de los puntos en conflicto que se busca evitar: la estigmatización que recae sobre todas aquellas personas que suelen recibir ayuda estatal, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), el Ingreso Familiar de Emergencia, Plan Progresar, entre otros.
Esta nueva política tributaria que aplicaría el Estado aún no tiene un plan definido. El debate al respecto aún continúa generando más incertidumbres que certezas entre distintos sectores sociopolíticos que plantean posibles estrategias para apalear, de algún modo, la crisis que atravesamos.
El concepto de la Renta Básica Universal se establece sobre el supuesto que toda persona tiene derecho a existir.
Algunos sectores afirman que la aplicación del Ingreso Ciudadano Universal no sería viable. “Resulta impensable, desde el punto de vista fiscal, desde el marco de las condiciones actuales, hacerlo de manera permanente. Porque llevaría a la quiebra al Estado, teniendo en cuenta lo que implicaron los esfuerzos que requirieron las medidas aplicadas durante la pandemia. De integrar el ICU se exigiría una enorme suba de los impuestos, una suba enorme de recaudación y de presión fiscal. Lo cual traería todo tipo de rebeliones por parte de los principales afectados que serían los grandes empresarios”, afirma Esteban Mercatante, economista graduado en la UBA, actualmente integrante de La Izquierda Diario y militante del Partido de los Trabajadores Socialistas.
Mercatante, además de plantear la inviabilidad de la medida, asegura que habría que ir más allá y poner en discusión la distribución de las horas de trabajo, rever quiénes son aquellos que determinan las condiciones en las que se da el empleo. “Hay que discutir una salida que lleva necesariamente a plantear un cuestionamiento de las bases del sistema capitalista. Es necesario plantear la organización de un nuevo sistema social”, expresó el economista.
Otro punto de discusión gira en torno al desempleo, una realidad que no se vería solucionada con la aplicación del posible nuevo plan económico. Agustín Mario, economista, docente e investigador de la Universidad Nacional de Moreno, asegura: “Cualquier política de ingreso que se haga, sobretodo como la que se plantea para los sectores de ingresos más bajos, siempre es preferible hacerla a no hacerla. Puede llegar a ser un paliativo interesante. Lo ideal sería siempre vincular los ingresos al trabajo, no por una cuestión moral, sino meramente económica por los incentivos a la participación laboral. Nos guste o no, vivimos en una economía en la que se necesita que la gente trabaje para poder vivir”.
Por su parte, Corina Rodríguez Enríquez, economista miembro del Comité Ejecutivo de Mujeres por un Desarrollo Alternativo para una Nueva Era e investigadora del CONICET, recalcó la idea de hacer una relectura del trabajo: “El Ingreso Ciudadano puede traer fortaleza a la discusión sobre cómo socialmente reconocemos los trabajos no remunerados. Debe ir de la mano de políticas de acceso universal a servicios de cuidados”.
En cuanto al poder de financiamiento que posee el Estado para llevar adelante el ingreso y sostenerlo más allá de la pandemia, Andrés Cappa, economista integrante del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas, dijo: “Sin dudas un tipo de Renta Básica Universal en nuestro país sería sostenible y conveniente. Dependiendo el monto y a cuanta gente se le otorgaría. Porque esto ayudaría muchísimo a establecer una complementariedad en los ingresos de aquella personas que se la rebuscan en el mercado”.
“El Ingreso Ciudadano fortalecería el reconocimiento a los trabajos no remunerados», dice Rodríguez Enríquez.
Si bien aún no está definido y dado que se discute el alcance del Ingreso Ciudadano Universal, se puede decir que el arribo de la pandemia puso sobre la mesa de debate un asunto pendiente que se le debe desde hace ya tiempo a los sectores más vulnerables de la sociedad, con la necesidad de replantearnos el acceso a derechos básicos como la salud, trabajo y educación. Repensando las condiciones laborales y el rol del Estado para hacer de esta una sociedad más justa y equitativa.
Jun 18, 2020 | Novedades, Trabajo
En medio de un sistema sanitario a punto de ser desbordado, enfermeros y enfermeras porteños reclaman un mayor reconocimiento del Estado, inclusión de la enfermería dentro de las carreras de salud de la Ciudad de Buenos Aires, denuncian falta de elementos de protección personal de calidad y exigen una disminución de la jornada laboral.
Walter Benítez, licenciado en Enfermería, sostiene que el reclamo de base es la inclusión de la enfermería dentro de las carreras de los profesionales de la salud. “En la Ciudad de Buenos Aires no está incorporada, lo cual es incoherente, arbitrario y discriminatorio”.
La Ley 6035 de la Ciudad de Buenos Aires contempla como profesionales de la Salud a los médicos, odontólogos, obstetras, bioquímicos, farmacéuticos, psicólogos, psicopedagogía, fonoaudiologos, kinesiologos, fisioterapistas, nutricinistas y terapias ocupacionales. También los musicoterapeutas, antropólogos, trabajadores sociales, veterinarios, sociologos y especialistas en sistemas de información, de estadísticas para la Salud y comunicadoares sociales. Pero no los enfermeros.
“El enfermero que está en terapia de 6 a 12 horas, e incluso más, cobra la mitad de sueldo que cualquier integrante de las carreras profesionales de la salud. Mientras que muchos de ellos no tienen relación directa con un paciente, los enfermeros nos exponemos a la Covid-19 y la muerte”, expone Benítez, quien trabaja en el Servicio de Neonatología del Hospital Pirovano desde hace 18 años. Además, denuncia que, mientras a los que están incluidos dentro de la ley profesional se les reconoce como tarea riesgosa e insalubre, a ellos no.
Benítez explica que es una decisión sin fundamentación y que a fines de noviembre de 2018, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentó un amparo para que se revea esta situación.
Por otra parte, Daniela Scotto, licenciada en Enfermería que trabaja en el Área de Oncología del Hospital de Pediatría Garrahan reclama el reconocimiento de la profesión desde el ingreso al hospital -ya que para ingresar como Licenciada en Enfermería hay que concursar-, reconocimiento de área específica, reducción horaria y vacaciones profilácticas.
Elementos de protección personal
Benítez añade que, cuando comenzó la pandemia, al no contar con los elementos necesarios, los trabajadores de la salud le realizaron una presentación judial al Gobierno de la Ciudad y a la ART para que el Estado se los brinde. “Dan un poco sí y un poco no. Al que reclama dentro del hospital que le den las cosas como corresponde y tiene hecha la presentación judicial, le dan elementos de mejor calidad. En cambio, a los que no reclaman, si pasa, pasa. No es casual que haya tanto personal de salud contagiado. En un momento no había nada, después había de mala calidad y ahora, por orden judicial, se ordena al Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta y a la ART que nos den materiales de calidad” ”, explica.
Diego Munilla, licenciado en Enfermería, quien también trabaja en el Área de Oncología del Hospital de Pediatría Garrahan, sostiene que los reclamos han sido muy fuertes en cuanto a los elementos de protección personal. Recuerda que en un primer momento hubo mucha controversia y que no se seguían ni siquiera los lineamientos ni de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ni de los ministerios de Salud. “Habitualmente usamos barbijos para la habilitación de catéteres y para pacientes respiratorios, porque los niños oncológicos están muy inmunocomprometidos y tienen infecciones virales del aparato respiratorio de forma habitual. Cuando comenzó la pandemia, a falta de material, nos llegaron a decir que no usáramos barbijo para hacer esas prácticas. Nosotros nos negamos y exigimos que se nos del material para trabajar”, detalle Munilla, quien también trabaja en el SAME Provincia y es Técnico Radiólogo en el Ministerio de Defensa de la Nación.
El alcohol en gel, que antes había uno en cada habitación, hoy también escasea. Y tanto los barbijos como los camisolines no son usados bajo un estricto protocolo. Cuenta que el camisón está mal empleado: atienden a todos los pacientes con el mismo y, cuando necesitan otro para algún paciente sospechoso, es muy engorroso que se lo entreguen en el momento. “Tenés que ir a pedírselo a una supervisora que tiene todo bajo llave”, detalla Munilla.
También comenta que han tenido antiparras, anteojos de seguridad, máscaras de impresoras 3D de distintos tipos de calidades pero, para su trabajo, donde necesitan mucha precisión, como por ejemplo, al poner un acceso venoso (que ya cuesta sin protección porque las venas de los niños están muy deterioradas) todos esos elementos se empañan, entorpecen la visión y dificultan el trabajo. Por eso, para estar más tranquilo, decidió adquirir una máscara full face con filtros para gases que son para el ámbito industrial y que cumplen con las características de los barbijos tipo 3M que son los más reconocidos en el mercado, destinados al personal de la salud.
Sobrecarga horaria
Mientras los médicos y cualquier otro profesional de la salud cuenta con una rotación de su jornada laboral, los enfermeros sufren una sobrecarga horaria. “Muchas veces, como falta personal, tenemos dos turnos en el día. No contamos con ese descanso sanitario para que nuestra jornada sea más reducida”, denuncia Benítez.
Por su parte, Munilla expone que bajó la cantidad de pacientes, pero aumentó la carga de trabajo a nivel enfermero-paciente por lo que implica la preparación de la protección. “Estamos trabajando el 30 o 50 % del personal de enfermería y hubo pocos ingresos, solo dos compañeras. Pero al no contar con experiencia en nuestro sector, además de la carga horaria y el estrés por la pandemia, uno tiene que ser pseudo- docente del compañero y eso complejiza la situación”, detalla.
Munilla añade que uno de los reclamos más fuertes que tenían y, que se resolvió hace un mes, fue separar el personal en dos grupos e ir trabajar semana por medio.
Hisopados
En relación a los hisopados, la enfermera Scotto señala que no se los realizan regularmente, a no ser que hayan tenido contacto con un paciente positivo. En conversación con ANCCOM, cuenta que un médico de su servicio dio positivo y que ni a ella, ni a los médicos que estuvieron en contacto estrecho, sin elementos de protección, los hisoparon. Solo los aislaron 15 días y volvieron a trabajar sin saber si se habían contagiado o no.
Munilla, aclara que hoy todos los pacientes son casos sospechosos. “El niño oncológico es muy lábil y puede ingresar sin ningún síntoma de alarma y, a los minuto, levantar fiebre o comenzar con tos”.
Salud mental
La Covid-19 tiene un gran impacto psicológico en el personal de la salud y, sobre todo, en los enfermeros. “Es trabajar ante a un nivel de estrés que no puedo explicar. Es agotador estar todo el tiempo pendiente de cumplir con todas las medidas. Con un paso que hiciste mal, podés contaminar la ropa o el material”, afirma Scotto.
En algunos hospitales de la Ciudad de Buenos Aires hay reuniones organizadas por psicólogos y psiquiatras para darle apoyo al personal de la salud. “En la Ciudad hay 34 hospitales pero eso sucede en cuatro o cinco”, detalla Benítez.
Muchos enfermeros pidieron licencia psiquiátrica por la pandemia. “El personal de la salud es un ser humano que tiene sus miedos y temores, como cualquier otro”. El temor de muchas enfermeras que tienen hijos chicos es contagiarlos. Por eso, muchas de ellas optaron por dejarlos al cuidado de algún familiar.
“El tema no es la pandemia. El tema es cómo se comporta el Estado con el personal de la salud. A fin de cuentas, somos los enfermeros los que estamos en atención directa con el paciente y no estamos siendo reconocidos, no por la sociedad, sino por la Ciudad de Buenos Aires”, concluye Benítez.
