La Agencia de Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA (ANCCOM) dialogó con Fernando Salem, realizador de «La asombrosa aventura de Zamba» Mundo Zamba, y con Gabriel Brener, docente y exfuncionario del Ministerio de Educación, para saber cómo se construyen y se enseñan hoy los conceptos de soberanía y libertad a 200 años de la declaración de la Independencia. #9DeJulio #BicentenarioDeLaIndependencia.
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El caso de José Luis Maulín Pratto no aparece entre las denuncias de niños desaparecidos en Abuelas de Plaza de Mayo ni en los nuevos casos que se van incorporando al Banco Nacional de Datos Genéticos. Sus padres están vivos y, aunque existen otras historias en las que uno o ambos padres de los nietos sobrevivieron al terrorismo de Estado, el suyo difiere del resto. Es que la lejanía geográfica, los años de impunidad, el hostigamiento de la familia apropiadora, la complicidad judicial, y el miedo grabado en la memoria y el cuerpo de Luisa Pratto y Rubén Maulín, los padres de José Luis, demoró su acercamiento a los organismos de Derechos Humanos. Recién en 2015, cuando se inicia la causa por apropiación, la familia Maulín Pratto se sintió parte de ese colectivo de nietos y nietas restituidos.
En el 2009, José Luis conoció su historia, pero aún su documento lo enfrenta a su pasado. Por eso, desde Abuelas de Plaza de Mayo enfatizan las similitudes para reconocerlo como el nieto 120 y exigen al Poder Judicial de Santa Fe que restituya su identidad: “Se trata de otro caso de sustracción, ocultación y falsificación de identidad de un bebé en el marco del terrorismo de Estado”. Por este motivo y como un acto de reparación y verdad histórica, se decidió incorporarlo al listado de nietos restituidos a pesar de que José Luis conoce su historia desde el 2009.
Abuelas de Plaza de Mayo presentó al nieto restituido 120.
El infierno
El 19 de octubre de 1976, en Reconquista, Santa Fe, 30 hombres encapuchados entraron a la cinco de la madrugada a la casa de Luisa Beatriz Pratto y Rubén Maulín. Llegaron con armas, tiraron abajo la puerta y entraron por la fuerza. El silencio de la noche se vio interrumpido por los pasos de los represores quienes caminaban sobre los techos de las casas y por un helicóptero que sobrevolaba bajo. “Esa noche, se lo llevaron a Rubén. A mí me pusieron contra la pared. Pasaron 40 años, pero uno nunca olvida. Los que se quedaron en la casa, me exigían que los tratara como señores. Yo los conocía porque los había visto en Reconquista. No me dejaron moverme durante varias horas, ni para darle de comer a mis hijos”, recuerda Luisa, que en aquel momento estaba embarazada de cuatro meses de José Luis y ya tenía otros dos pequeños hijos: Gisela y Walter.
Esa madrugada, Rubén fue secuestrado por policías, militares y miembros de la III Brigada Área de Reconquista. Desde 1976 hasta 1982, año de su liberación, pasó por diversos centros clandestinos: Guardia de Infantería Reforzada de Santa Fe y cárcel de Coronda, donde quedó detenido a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. En 1979, fue llevado a la cárcel de Caseros y luego a La Plata, hasta su liberación. “Mis primeros recuerdos están vinculados con las visitas a mi papá, el miedo a la noche al escuchar los pasos de los militares en los techos, las horas de cola en la cárcel y las visitas en mi casa”, cuenta Gisela Maulín Pratto. Si bien las visitas eran continuas, hubo -como dice Luisa- “un ensañamiento familiar”: durante años, Luisa y sus hijos fueron vigilados y torturados en su domicilio.
Con la vuelta a la democracia, comenzaron a realizar las denuncias y los reclamos. Su hijo había sido apropiado en 1977, horas después de su nacimiento. El nombre de Cecilia Góngora de Segretín apareció por primera vez en la clínica donde Luisa dio a luz. Nunca se vieron cara a cara en el sanatorio, pero ese nombre le quedó grabado. Reconquista es un pueblo pequeño donde se conocen casi todos. Los Maulín Pratto y los Segretín vivían a 30 cuadras de distancia. “Mi apropiadora amenazó durante aquellos años a mi mamá. Ella se acercó varias veces, pero siempre recibía la misma respuesta”, cuenta José Luis. Cecilia Góngora de Segretín le había confesado a los ocho años que no era su madre biológica. Su mamá era Luisa, un affaire de su “padre” José Ángel Segretín. “Según ella, mi mamá era una loca y su pareja, o sea mi viejo, un terrorista. Desde chico, crecí con esa versión. Según mi apropiadora, me querían secuestrar”, agrega José Luis.
“Esa noche, se lo llevaron a Rubén. A mí me pusieron contra la pared. Pasaron 40 años, pero uno nunca olvida», Luisa Beatriz Pratto.
La primera vez que Luisa se acercó a la casa de Segretín fue en el 85. “Fuimos a hablar con ella, pero no nos dejó ver a nuestro hijo. Nos insultó y nos denunció. Ese año, me citaron en la ciudad de Vera porque realizó una denuncia que nosotros queríamos robarle a su hijo. En mi declaración, el secretario judicial me preguntó por qué molestaba, y yo le conté toda la verdad”, relata Luisa. El juez le dio la espalda. Le respondió que ese caso ya había prescripto tras 8 años y que debería haber hecho la denuncia en 1977. “La Justicia no ayudó. Llegaron a decirle a mi mamá que si ella tenía los datos de mi apropiadora, debía ir a buscarme”, cuenta José Luis. Luisa tenía los datos desde el día en que dio a luz, pero según ella “no es que no quería, no podía” y la documentación respaldaba la versión de los Góngora Segretín, ya que José Luis estaba inscripto como su hijo, en una partida apócrifa.
El 26 de marzo de 1977, en un sanatorio privado, Luisa tuvo a José Luis. Allí, fue registrada con el nombre de la apropiadora, Cecilia Góngora de Segretín vinculada familiarmente a la Fuerza Área al igual que su marido, José Ángel Segretín. “Ese día, la tía de Rubén me llevó a la clínica. Elsa Nasatsky de Martino, la doctora, me hizo pasar a una sala. En la recepción, no había nadie a las diez de la mañana. Nadie me pidió el documento. A las diez y media, tuve a mi bebé. Recuerdo que tras el parto, me descompuse. Escuché que alguien me dijo que era un varón. En un momento, no me acuerdo si fue un sueño o un médico vino y me dijo: ´Cecilia Segretín puede darme el nombre de su bebé´. Sé que más tarde, mi hermana vino a visitarme y alzó a mi hijo. Ella me dijo que era parecido al padre. En ese momento, yo estaba ida. Mis recuerdos son confusos porque me medicaron. Según ella, la doctora fue quien le quitó a José Luis de los brazos, pero yo no lo sé”, cuenta Luisa sobre aquella mañana.
Años después, cuando José Luis tenía 12 años, ocurrió el segundo encuentro. Rubén y Luisa volvieron a la casa de los Segretín, pero los volvieron a amenazar e insultar. “Nos llegó a decir que si no parábamos, José Luis se iba a suicidar”, recuerda Luisa. Los reclamos siempre fueron entre los adultos, porque nunca pudieron tener contacto con su hijo. “Durante esos años, yo me escondía del miedo. Mi apropiadora me manipuló durante años. Yo tenía terror cada vez que aparecían porque me decían que me querían llevar”, cuenta José Luis.
El niño creció con terror. Una tarde Gisela, hermana de José Luis, se acercó a hablarle en la escuela a la que asistían: “Mi propia búsqueda empezó en los 90. Cuando yo empecé el secundario, me enteré que había un chico que tenía ese nombre y que podía llegar a ser él. Lo empecé a buscar por decisión propia, nunca nadie me dijo nada. Yo lo empecé a buscar hasta que lo encontré. Tardé un par de meses en tomar el valor de acercame. Cuando lo logré, para mi sorpresa él ya sabía. No me imaginé, no se me cruzó que podía saber. Me rechazó inmediatamente. Fue un golpe muy duro, una frustración”. Sin embargo, aquello marcó a José Luis quien confesó que ese acercamiento sembró la gran semilla de la duda. “En ese encuentro, me enteré de mi apellido paterno, Maulín”, cuenta. “Aquel encuentro me dejó con dudas. Si bien tenía terror, decidí contarle a mi apropiadora. Ella habló en el colegio sobre este encuentro. Ese episodio reforzó la historia de mi apropiadora de que me querían secuestrar. Así que me alejaron durante un tiempo de Reconquista y nos fuimos a vivir a El Palomar”, agrega José Luis.
Tribunales de Santa Fé
Pasaron más de 15 años para un nuevo encuentro. Ocurrió en el 2008, en medio del juicio a los represores de Reconquista. Luisa era testigo protegida y cuenta que fue la primera vez en que pudo contar todo sin miedo. “Durante aquellos años, cuando a los represores se les ocurría, venían siempre a visitarme, a aterrorizarme, a decirme mentiras, a abusarme, a violarme. Entraban sin pedir permiso, a cualquier hora. Como si fueran los dueños. No les importaba que estuvieran tus hijos ahí, te tiraban toda la leche de los chicos, le hacían pis en la mamadera. Uno no podía esperar nada de la justicia. No había nada en Reconquista. No es que no quise, no pude”, repite una y otra vez Luisa.
Una tarde, mientras transcurría el juicio, la llamaron de una radio para hacerle una entrevista. La productora escuchó su historia y le resultó familiar. “La cuñada de mi mujer me consiguió el teléfono de mi mamá porque su historia era mi historia, cerraba por todos lados”, recuerda José Luis. “Estuve meses sin animarme a hablar con ellos, hasta que pude a principios del 2009”, agrega. Luisa sabía que aquellos llamados eran de su hijo, lo presentía. “Yo estaba segura que era mi hijo, pero también estaba el temor de que fuera alguien que me quisiera callar la boca porque era testigo protegido. Hasta que me llamó por teléfono y ahí pasó lo que siempre soñé…escuchar la voz de mi hijo. De pronto, me dijo: ´Soy José, tu hijo´. Yo me quería morir. Empecé a contarle cómo habían sido las cosas. Empezamos a hablar todos los días hasta que se hizo el ADN. Después, con los resultados, empezamos a conocernos con psicólogos de por medio”, enfatiza Luisa.
En mayo del 2009, los resultados de ADN afirmaron que José Luis era hijo de Luisa Pratto y Rubén Maulín. “Desde ese día, pude conocer mi historia. Fue terrible para mí enterarme de todo lo que ocurrió durante esos años en los que yo vivía con mi apropiadora. Desde un comienzo, sentí mucha tranquilidad al estar con ellos. El vínculo se fue dando de forma natural. Mi historia la recuperé, falta aún mi identidad, mi nombre. En este momento, soy alguien que no existe”, reflexiona José Luis.
“Durante esos años, yo me escondía del miedo. Mi apropiadora me manipuló durante años. Yo tenía terror cada vez que aparecían porque me decían que me querían llevar”, cuenta José Luis.
Su historia aún está manchada por su documento, que todos los días le muestra su nombre falso. Desde el 2009, José Luis busca una sentencia que le devuelva su historia y le permita cambiar su apellido por Maulín Pratto.
Hace dos semanas comenzó en Santa Fe el juicio por la apropiación de José Luis. Los acusados son Cecilia Góngora, su apropiadora; la médica que estuvo en el parto y firmó la partida falsa, Elsa Nasatsky; y Danilo Sambuelli, jefe del centro clandestino que operó en la III Brigada de Reconquista, que falleció en diciembre de 2014. José Luis está obligado a presentarse en el juicio como Segretín y recuerda que su apellido falso no solo lo afecta a él, sino también a sus hijos quienes cargan con ese pasado. “La sentencia nos va a permitir a mí y a mis hijos presentarnos en sociedad como quienes somos, con nuestro nombre y nuestra verdadera identidad”, le dijo al Tribunal el nieto 120, en su declaración del jueves último. El fiscal Martín Suárez ubicó el caso en la trama del terrorismo de Estado y del “plan sistemático de apropiación de niños y niñas” de la dictadura. Casualmente, el 5 de julio se cumplieron cuatro años de la sentencia que comprobó que existió esta práctica sistemática de apropiación de menores, que posibilitó la apropiación de José Luis y otros casi 500 bebés, en todo el territorio argentino. La lucha de los organismos de Derechos humanos y los familiares por conseguir justicia ha sido larga. José Luis y su familia también anhelan que finalmente se haga justicia.
Actualizado 06/07/2016
A cuatro décadas de los asesinatos de los sacerdotes Alfredo Kelly, Pedro Dufau y Alfredo Leaden y los seminaristas Emilio Barletti y Salvador Barbeito, la comunidad de la parroquia honró su memoria con una serie de actividades, que tuvo su cierre el lunes pasado a la noche, cuando el cardenal Mario Poli, arzobispo de Buenos Aires, celebró la misa ante una multitud que desbordó la iglesia, ubicada en el límite de los barrios porteños de Villa Urquiza y Belgrano. El día anterior, una procesión había unido la ex ESMA con el templo, un hecho inédito que revela que la reivindicación de los “mártires palotinos” toma cada vez más impulso con el paso del tiempo.
Media hora antes de las 20, momento indicado para el inicio de la misa, no había un lugar disponible en la iglesia. El Cardenal Mario Poli hizo su entrada acompañado por quince obispos de distintas jurisdicciones, ataviados de blanco, y otros sacerdotes, entre los que se encontraba el padre José “Pepe” Di Paola. En su camino, Poli bendijo a la multitud con la señal de la cruz hasta llegar al altar, en donde estaba colocada la alfombra roja sobre la que se había derramado la sangre de los religiosos hace cuarenta años. Durante la homilía, el cardenal leyó: “Los que se creyeron jueces sentenciando a muerte a los hermanos no sabían que los cristianos hacen bien y se los castiga como a malhechores, cuando nos castigan de muerte nos convierten en vida”. Si bien se refirió a las víctimas en varias oportunidades como mártires dejó en manos del Vaticano su consagración bajo ese rol: “La Iglesia, con su sabiduría, sabrá decidir cuál es su lugar en el cielo”.
El día anterior, una procesión había unido la ex ESMA con el templo, un hecho inédito que revela que la reivindicación de los “mártires palotinos” toma cada vez más impulso con el paso del tiempo.
Los hechos
El 4 de julio de 1976 a las 8 de la mañana, los fieles de San Patricio se encontraron con las puertas cerradas de la iglesia. Frente al desconcierto de los vecinos, Rolando Savino, un joven al que el padre Leaden le había enseñado a tocar el órgano, trepó por una bandolera abierta de la casa parroquial, tomó las llaves y logró abrir las puertas. Minutos más tarde, en la planta alta se encontraría con una escena imposible de borrar: “La sensación se renueva año tras año, los recuerdo a ellos todos los días”, asegura. La dictadura militar se apuró a distribuir un comunicado en donde responsabilizaba por el crimen al “extremismo”, versión que fue reproducida por importantes empresas mediáticas.
Sin embargo, vecinos del barrio habían visto movimientos sospechosos durante la madrugada y hombres armados merodeando los jardines parroquiales. Inclusive escucharon que algunos de esos sujetos le dijeron a un policía que estaba de guardia: “Si escuchás unos cohetazos no te metás que vamos a reventar a unos zurdos”. Consumado el quíntuple crimen, pintaron en las paredes frases agraviantes contra los religiosos y arrojaron sobre los cuerpos un afiche que representaba a “Miguelito”, el amigo de Mafalda, señalando un bastón policial y diciendo: “Este es el palito de abollar ideologías”.
Ya en democracia, distintos testimonios de ex detenidos desaparecidos y de algunos represores indicaron como principales sospechosos a los grupos de tareas de la Marina. Sin embargo, la causa judicial languideció y las leyes de Obediencia Debida y Punto Final terminaron de congelarla. El periodista Eduardo Kimel, por su libro “La masacre de San Patricio”, fue el único condenado relacionado, porque el juez que debía investigar los hechos, Guillermo Rivarola, se sintió calumniado por aquel notable trabajo periodístico que ponía luz, entre otras cosas, en las razones por las cuales nadie había sido condenado.
La marcha o el “Camino del martirio”, como decidieron llamarla, fue convocada para el domingo pasado y partió de la ex ESMA.
El sermón de las cucarachas
La marcha o el “Camino del martirio”, como decidieron llamarla, fue convocada para el domingo pasado y partió de la ex ESMA, de donde se presume que salió el Grupo de Tareas que acabaría con la vida de los religiosos. El recorrido contó con cinco paradas en iglesias de Núñez y Belgrano, cada una dedicada a honrar a cada uno de los religiosos. El final del trayecto fue el lugar del crimen, la iglesia de San Patricio, en donde se le rindió homenaje al padre Kelly, considerado por uno de los asistentes, el laico Francisco Javier Calabrese, como “un verdadero pastoralista, aquel encargado de llevar el dogma a la práctica”. Calabrese conoció a Kelly por ser amigo del párroco y recuerda las largas discusiones que mantenían: “Pero en el buen sentido, porque con ellos se podía hablar de cualquier cosa”, virtud adjudicada a la herencia del sacerdote fundador de la congregación, San Vicente Pallotti, por su “inmensa capacidad de escucha”.
A diferencia de otras marchas en defensa de los Derechos Humanos violados por la dictadura militar, en esta el pedido de justicia incluyó el de perdón. Así lo dejaron asentado en la declaración de la comisión organizadora: “Verdad y justicia que no se oponen al perdón. Sin esta dimensión de perdón, no seremos fieles a ellos. Tampoco lo seremos si nos hacemos cómplices de la impunidad”. En el texto queda claro que “verdad” y “justicia” anteceden a la idea del perdón.
En la iglesia de San Patricio, punto final del “Camino del martirio”. El sobrino de Alfredo Kelly, Martín, quien conserva una fisonomía parecida a la de su tío, dice que no encuentra palabras para agradecer a las personas que esa noche llegaron a la parroquia y expresa: “No tengo derecho a estar triste, solo darle las gracias, que haya sido mi tío fue insignificante al lado de lo que fue para la comunidad, Alfi era un hombre de Dios, alguien mucho más grande que nuestra familia”. En tanto, el padre Rodolfo Capalozza, sobreviviente de la masacre por haberse quedado en lo de sus padres aquella noche en vez de ir a dormir a la iglesia, afirma: “El consuelo más fuerte es ver como la semilla que cayó a la tierra hizo fruto de eso: de hombres que dieron la vida, surgieron jóvenes siguen el camino de amor a la humanidad”, dice conmovido.
“Verdad y justicia que no se oponen al perdón. Sin esta dimensión de perdón, no seremos fieles a ellos. Tampoco lo seremos si nos hacemos cómplices de la impunidad”.
“Los cinco eran un blanco rentable, no fue nada al azar”, comenta el feligrés Calabrese en una de las paradas de la caminata y agrega: “La iglesia está rodeada de casas que valen más de 200 millones de dólares, era una parroquia en un lugar rico que abogaba por los pobres, y ellos tenían una gran influencia entre los jóvenes, era una parroquia complicante”. Muestra de ello es uno de los últimos sermones que dio Alfredo Kelly, pocos días antes de ser asesinado, y que trascendió como “el sermón de las cucarachas”. En pleno auge represivo, el párroco dijo, en mitad de la misa: “Hermanos: he sabido que hay gente de esta parroquia que compra muebles provenientes de casas de gente que ha sido arrestada y de la que no se conoce su destino. En todo el país surgen más y más de estos casos. Madres que no saben dónde están sus hijos, hijos que no saben dónde están sus padres, familias forzadas al exilio, señales de muerte por todos lados. (…) Quiero ser bien claro al respecto: las ovejas de este rebaño que medran con la situación por la que están pasando tantas familias argentinas, dejan de ser para mí ovejas para transformarse en cucarachas”.
En tanto, otro acto evocativo de los religiosos fue la elaboración de un mural sobre el pasaje “Mártires Palotinos”, a una cuadra de la Iglesia, por parte de vecinos, familiares y el Grupo Cultural Cruz del Sur. La obra representa a las víctimas con sus nombres, con la consigna “hoy son luz y vida” y con el lema “Juntos vivieron y juntos murieron”. La frase, también se convirtió en el título del libro que Sergio Lucero acaba de publicar sobre las víctimas.
El final del trayecto fue el lugar del crimen, la iglesia de San Patricio, en donde se le rindió homenaje al padre Kelly.
Las investigaciones
Actualmente el caso de los Palotinos recorre dos vías: la judicial, en manos del juez federal Sergio Torres, a cargo de la megacausa ESMA; y la causa canónica impulsada por el padre Juan Sebastián Velasco como postulador y el vicepostulador y abogado Francisco Chirichella. Por partida doble, la posición de Francisco I en la Santa Sede se vuelve estratégica, principalmente la canónica, capaz de consagrar a las víctimas mártires o santos, según las pruebas recogidas. Para santificarlos es necesario dar testimonio de dos milagros mientras que para decretarlos mártires tienen todos los requisitos necesarios, según el abogado Chirichela. “Dieron su vida por la justicia y la verdad a través del compromiso con el Evangelio. Y al momento de su muerte se encontraban indefensos, prueba de su actitud de vida pacífica”, explica.
¿Pero qué demora esta causa noble que data desde el 2001? Cuando Jorge Bergoglio era Cardenal y arzobispo porteño fue el principal impulsor para conformar un tribunal que reúna las pruebas necesarias que permitan llevar el expediente a Roma. En ese momento, la causa no prosperó y se diluyó en la falta de consenso e iniciativa de los obispos. Este año, sus feligreses decidieron retomarla y con más fuerza. Chirichella destaca la relación de amistad entre Afredo Kelly y Bergoglio, quien fue su confesor hasta el último momento. “Estoy convencido que el Papa no es nuestro único aliado en Roma” y agrega : “Poner al altar a estos religiosos crea una contradicción dentro de la misma Iglesia, porque fueron asesinados por un gobierno que se proclamaba en función de los principios cristianos occidentales”. Hasta ahora, el primer y único mártir latinoamericano reconocido por el Papa Francisco fue, en 2015, el obispo salvadoreño Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, quien en sus homilías dominicales se encargó de denunciar la violación a los derechos humanos y resultó asesinado mientras celebraba misa.
La semana pasada, el juez Sergio Torres -a través de la Cancillería-, envió un exhorto al Vaticano para la desclasificación de archivos para determinar si existe el registro de los nombres de dos vecinos supuestamente excomulgados por tener algún tipo de vinculación con el crimen. En los recovecos del Vaticano y en el fuero íntimo de los represores se encuentran los datos para establecer justicia y superar el muro de impunidad que, sobre este caso y tantos otros, se ha construido por 40 años.
Actualmente el caso de los Palotinos recorre dos vías: la judicial, en manos del juez federal Sergio Torres, a cargo de la megacausa ESMA; y la causa canónica impulsada por el padre Juan Sebastián Velasco como postulador y el vicepostulador y abogado Francisco Chirichella.
Actualizada 06/07/2016
Los abogados laboralistas “[Jorge] Candeloro y [Norberto] Centeno murieron en la tortura. [Salvador] Arestín, [Raúl] Alais y [Tomás] Fresneda también quedaron severamente afectados física y psicológicamente por los tormentos y las condiciones inhumanas de detención. Se desconoce el destino final de ellos, como tampoco se sabe qué ocurrió con la mujer de Fresneda, Mercedes [Argañaraz], y el hijo o hija que llevaba en el vientre, con cinco meses de gestación”, relatan los periodistas Felipe Celesia y Pablo Waisberg en el libro publicado a principios de este mes, “La Noche de las Corbatas”, de Editorial Aguilar.
La última persona que los vio con vida fue Marta García de Candeloro, que posee el doble rasgo de ser familiar de una de las víctimas y testigo sobreviviente de “La Noche de las Corbatas”: fue secuestrada y torturada junto a su esposo Jorge Candeloro.
Felipe Celesia y Pablo Waisberg presentan su libro sobre los abogados laboralistas desaparecidos.
“Todos los abogados habían pertenecido a diferentes grupos políticos con diferentes ideologías –explica Pablo Waisberg a ANCCOM– algunos eran peronistas y otros marxistas de distintos sectores, de todas maneras cuando se los llevaron ninguno militaba hacía tiempo, y ninguno había tenido nunca participación en la lucha armada, independientemente que pudieran tener una visión favorable a los procesos revolucionarios, no tenían una pertenencia político partidaria”.
“La Noche de las Corbatas”, así denominada por los propios represores, transcurrió entre el 6 y 8 de julio de 1977 en “La Cueva” que funcionó como centro clandestino y estaba ubicada bajo la tierra, en los cimientos de los radares de la Base Aérea Militar de Mar del Plata. Concretamente, se trató del secuestro, la tortura y la desaparición de un grupo de abogados laboralistas perpetrados por el Ejército Argentino con complicidad civil. Además, los autores destacan que estos abogados tenían en común la vocación de defender a los trabajadores y sus organizaciones sindicales de manera aguerrida, siendo destacados y reconocidos en su actividad.
El libro de Celesia y Waisberg es una investigación periodística exhaustiva que reúne las biografías de los cinco abogados -muertos o que permanecen desaparecidos- y las articula con la reconstrucción en detalle del clima de época en ámbitos estudiantiles, gremiales, políticos y judiciales a nivel local, dando cuenta, además, de los acontecimientos políticos, sociales y económicos más importantes a nivel nacional.
De izquierda a derecha, Tomás Fresneda, Aníbal Nasiff, el Pacha Tobalina y dos ayudantes en la herrería. (Archivo familiar)
Por otra parte, los autores ponen en discusión un tema que todavía se está debatiendo: cuál es el rol de los civiles en la dictadura, tanto el empresariado como el Poder Judicial. “Cuando empezamos a investigar –puntualiza Waisberg- llegamos a la hipótesis de que los abogados eran el reflejo de la respuesta a lo que se estaba haciendo en la economía. Una de las primeras medidas económicas que toma la última dictadura militar es la destrucción de la Ley de Contrato de Trabajo. La modificación del 40% de esa Ley se realizó a los treinta días del Golpe de Estado de 1976. Es un punto importante la velocidad de esa modificación que fue antes, incluso, del cambio en de Ley de Inversiones Extranjeras. Lo que más les preocupaba a los sectores empresarios era la cantidad de derechos laborales que tenían los trabajadores. Nosotros terminamos concluyendo que la ‘La Noche de las Corbatas’ es la materialización de la destrucción de la Ley de Contrato de Trabajo en el cuerpo de los abogados, secuestrando y liquidando a quienes tenían una activa participación en defensa de los sindicatos”.
A partir de testimonios judiciales registrados en legajos de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), en el Juicio a las Juntas Militares, en los Juicios por la Verdad de Mar del Plata, y mediante la realización de entrevistas a familiares y personas del círculo cercano a las víctimas, como también entrevistas a jueces, militantes, académicos, abogados y sindicalistas, entre otros, los autores logran precisión cuando describen tanto las vidas de los protagonistas como los sucesos anteriores que definieron “La Noche de las Corbatas”.
“La Noche de las Corbatas” transcurrió entre el 6 y 8 de julio de 1977 en “La Cueva”, que funcionó como centro clandestino y estaba ubicada bajo la tierra, en los cimientos de los radares de la Base Aérea Militar de Mar del Plata.
“Nosotros –detalla Waisberg- le dimos una perspectiva a ‘La Noche de las Corbatas’ que la ata a un primer episodio de 1971 en Mar del Plata, que es el crimen de la estudiante de 18 años, Silvia Filler, [ocurrido en medio de una Asamblea que enfrentó al Centro de Estudiantes de Arquitectura de Mar del Plata -con ideología de izquierda- contra el Centro de Estudiantes de Arquitectura Unidos -conducido por cuadros de la agrupación peronista de ultraderecha- ‘Concentración Nacional Universitaria’ avalada por una agrupación mayor en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Filler murió en esa Asamblea con un tiro en la frente y dos años después la Ley de Amnistía para los presos políticos de 1973 liberó a sus asesinos]. Ese hecho –continúa Waisberg- marca un cambio en la historia de la política juvenil de Mar del Plata porque esa estudiante pertenecía a un grupo de estudiantes que hacía reclamos buscando clases más democráticas y docentes que aplicaran mayor pedagogía. El caso Filler marca un enfrentamiento entre la izquierda y la derecha en Mar del Plata que es clave para entender lo que ocurrió allí y en el país pos dictadura [1966]. Lo que había ahí eran dos modelos políticos, económicos y sociales claramente enfrentados, y con la dictadura termina ganando uno de esos dos”.
Una de las trabas más importantes que encontraron los autores para el desarrollo de la investigación periodística fue no poder entrevistar al juez Pedro Cornelio Federico Hofft, “acusado de –enumera Waisberg-: no haber cumplido con su rol de juez, no haber investigado en profundidad las causas, no haber tratado los habeas corpus de forma correcta, no haber pedido el cuerpo de Candeloro y no haber informado a la familia que estaba muerto, según una comunicación que le había dado el Ejército. Le pedimos una entrevista y ni siquiera nos respondió. Fue una traba porque si existe una acusación, nos interesa tener la visión de la otra parte e incluirla, pero eso no fue posible. De todas maneras esa es una causa judicial que está abierta y hay que ver qué pasa con eso”.
Mercedes Argañaraz de Fresneda, embarazada de 4 meses, desaparecida en La Noche de las corbatas.
Los cinco abogados compartían círculos de contacto en común como colegas locales, algunos habían trabajado juntos. El más reconocido por todos, detallan los autores del libro, era Norberto Centeno, el más grande de los cinco abogados, que para 1977, cuando lo mataron, tenía 50 años. Era un católico conservador, reconocido como peronista y sólo por ese motivo había sido más de cinco veces apresado y liberado, tenía un conocimiento enciclopédico del derecho laboral, nunca representó a los patrones, siempre a los trabajadores. Consiguió la representación de la CGT local y nacional, y concentraba el ochenta por ciento de los patrocinios en este ámbito en Mar del Plata. En base a los testimonios relevados, cuentan los autores que “su intransigencia al momento de negociar indemnizaciones le confería un perfil revolucionario izquierdista”, pero estaba ideológicamente muy lejos del modelo socialista.
Candeloro, “era de los abogados que se quedaban en las tomas de fábrica con los obreros”. Para 1977, cuando lo mataron, tenía 38 años. Entró a trabajar en el estudio de Centeno cuando se recibió de abogado en 1964, y luego se distanció por diferencias entre ellos. Participó de la fundación de la Gremial de Abogados en Mar del Plata, que combinaba la lucha antidictatorial con la defensa de los derechos de los trabajadores. Militó en el Partido Comunista Revolucionario (PCR) hasta 1975, momento en que realizó, junto a su familia, un exilio interior en Neuquén porque era insostenible continuar con su militancia. Sin embargo, en junio de 1977 lo secuestraron -y consecutivamente a su mujer-, volviendo a Mar del Plata, pero esta vez a un centro clandestino de detención y tortura. Fue el primero de los abogados a los que asesinaron.
Los autores logran precisión cuando describen tanto las vidas de los protagonistas como los sucesos anteriores que definieron “La Noche de las Corbatas”.
Tomás Fresneda, primero fue herrero y después abogado, “era un peronista con fuerte formación marxista y crítico de la lucha armada” bajo las formas de la guerrilla. Tomás y su mujer Mercedes Argañaráz, participaron de las movilizaciones que desembocaron en el Cordobazo en 1969. Se recibió de abogado en 1975 y junto a Carlos Bozzi –otro abogado, sobreviviente al secuestro, que estuvo en cautivo durante varios días sin ser torturado- pusieron un estudio jurídico. Fresneda, tenía 37 años cuando lo secuestraron y desaparecieron junto a su mujer, embarazada por tercera vez.
Raúl Hugo Alais, sobrino, por parte de madre, del letrista de tango Alfredo Le Pera, se recibió en octubre de 1976, se sumó a la Asociación Gremial de Abogados de Mar del Plata y colaboró con Candeloro y Centeno en el Convenio de Trabajo 161 que mejoró la situación de los fileteros de pescado. En su estudio, empezó a tomar causas laborales y “encaraba sus defensas a fondo”.
Salvador Arestín, en 1977, se asoció con dos colegas para ejercer de manera privada, y se ocupaba de la defensa de trabajadores de la actividad pesquera, entre otras. Cuando lo secuestraron, tenía 29 años.
Sus historias de vida tuvieron un final abrupto. “En este tipo de investigaciones –detalla Waisberg- hay que darles tiempo a los familiares de las víctimas para que se sienten a hablar. En general son temas muy dolorosos. Nos implicó mucha insistencia porque había temores sobre cómo haríamos el tratamiento de algunas cuestiones, costó convencer a algunos protagonistas, familiares y amigos de contar detalles. En el libro, además de contar la trama de ´La Noche de las Corbatas´ y señalar cómo era Mar del Plata en aquellos años, biografiamos a las víctimas, eso implica sentarse a hablar con los familiares como nunca hablaron, con un desconocido que pregunta y pregunta un montón de cosas que quizás no habían pensado, y encima somos dos preguntadores. Pero también, eso que cuentan después, persiste en el tiempo en el libro, lo que no se cuenta se pierde”.
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El libro se presentará el 9 de julio a las 18 en la Facultad de Derecho UNMDP (25 de Mayo 2855, Mar del Plata), y el 13 de julio a las 19 en el Centro Cultural Enrique Santos Discépolo (Pasaje Rivarola 154, CABA).
Actualizada 6/07/2016
«El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión». Eso establece el punto 9 de la Declaración de Principios sobre libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos, norma que fue arrasada en la madrugada del lunes, cuando una patota de unas veinte personas violentó el edificio del diario Tiempo Argentino y de Radio América, ubicado en la calle Amenábar 23, provocando uno de los ataques más graves a un medio de comunicación desde el retorno a la democracia.
“Queremos que todo el pueblo se dé cuenta de que lo que sucedió es mucho más grave que un conflicto entre privados: esto es vulnerar la libertad de expresión”, dijo Javier Borelli, presidente de la Cooperativa de Tiempo Argentino a ANCCOM. Pasada la una de madrugada del lunes, el empresario Mariano Martínez Rojas junto a una patota de veinte personas ingresaron en el edificio que comparten los dos medios, desalojaron por la fuerza a los trabajadores que estaban de guardia en la redacción y destrozaron instalaciones, puertas y muebles. El grupo se ensañó particularmente en la tarea de romper elementos claves para el trabajo de la cooperativa, como el servidor, documentación y el cableado para el funcionamiento de las computadoras. “Creemos que el objetivo fue impedir que el diario cooperativo vuelva a salir”, declaró Borelli.
“Queremos que todo el pueblo se dé cuenta de que lo que sucedió es mucho más grave que un conflicto entre privados: esto es vulnerar la libertad de expresión”, dijo Javier Borelli.
Mientras se escuchaban los destrozos del edificio, ubicado en pleno barrio de Palermo, los policías de la Comisaría 31 miraban pasivamente en la vereda. Pronto fueron llegando decenas de trabajadores del diario a la redacción. “La policía consideraba que Mariano Martínez Rojas era el verdadero dueño”, contó Randy Stagnaro, delegado de Tiempo Argentino en el Sindicato de Prensa de Buenos Aires y secretario de la cooperativa. Con este panorama, los trabajadores decidieron entrar para defender sus pertenencias, y provocaron que la fiscalía interviniente, a cargo de Verónica Andrade, cambiara su actitud. “Resolvió hacer un acta formal, ordenó que la policía escoltara y sacara a los patovicas, y que el edificio quedará bajo nuestra custodia, porque tenemos autorización del Ministerio de Trabajo, que nos puso bajo la custodia de los bienes y las herramientas del diario y por eso trabajamos ahí», sostuvo Stagnaro. María del Carmen Verdú, abogada y referente del organismo de derechos humanos, que asistió en plena noche para apoyar a los trabajadores, consiguió que la fiscalía permitiera a los cooperativistas quedarse en el edificio.
A pesar de los destrozos materiales y edilicios, el equipo de Tiempo Argentino evaluó que la mejor respuesta era seguir trabajando y hacer periodismo, y por eso puso en circulación este martes una edición especial en la que dan cuenta de este feroz ataque, de la falta de respuestas del Ministerio de Trabajo (ayer fueron atendidos por funcionarios de tercera línea y el ministro Jorge Triaca no los recibió), de los antecedentes en una estafa de Martínez Rojas y del vaciamiento de Sergio Szpolski y Matías Garfunkel, los empresarios que vaciaron el diario y dejaron de pagar sueldos desde fines del año pasado. Tiempo Argentino volverá a salir el próximo domingo y, por otro lado, Radio América continúa con sus emisiones a través del sitio web y de la aplicación para celulares.
“Estas formas de violencia son un alerta muy grave dijo Tomada a ANCCOM.
“Ya el sábado 11 de junio Martínez Rojas junto a sus muchachos ingresaron a la planta transmisora de radio América, y nos sacó del aire, atentando directamente contra la libertad de expresión”, dijo Matías Colombatti, periodista de la emisora, a ANCCOM. “Este tipo de hechos son de una gravedad institucional enorme –agregó-. Hay una complicidad del Estado que no asegura ni siquiera las garantías mínimas constitucionales para los trabajadores de prensa. Notamos su ausencia desde hace siete meses, cuando dejamos de cobrar nuestros sueldos y comenzó el vaciamiento de la empresa”.
A lo largo de la jornada, recibieron centenares de declaraciones de apoyo de diversas organizaciones y personalidades. También fueron acercándose a la redacción diversos dirigentes políticos y sociales, como el ex titular de Afsca, Martín Sabbatella, el diputado nacional Juan Carlos Junio, y los legisladores Marcelo Ramal (Partido Obrero) y Juan Carlos Tomada (FpV), ex ministro de Trabajo. “Estas formas de violencia son un alerta muy grave –dijo Tomada a ANCCOM-. Es impensable que queden impunes. La responsabilidad no es solamente de los empleadores: tanto el Gobierno de la Ciudad como el Gobierno Nacional deben intervenir y aclarar qué ha pasado en esta suerte de zona liberada y fraudulenta en que se convirtieron los medios”.
Ayer mismo los trabajadores comenzaron a recomponer el edificio. “Tiempo Argentino no para, ni se va a callar –señaló Stagnaro-. Todos los planes que teníamos se mantienen y vamos a recuperar lo que han destrozado, para tener las instalaciones lo más completas posibles, para poder seguir trabajando con normalidad. Quedamos con mucha firmeza. Echamos a una patota, cosa que no es fácil y más aún si tiene la connivencia con la policía”.
“Nosotros no estaríamos acá si no fuera por la gente, los medios, y los compañeros –subrayó Borelli, el presidente de la cooperativa-. Tiempo no saldría sin la ayuda de otras empresas cooperativas, que nos marcaron el camino. Nosotros somos un emergente en este momento, y lo que queremos hacer sobre todo es visibilizar lo que está sucediendo, porque somos parte de la clase trabajadora que está sufriendo los ajustes de este gobierno”.
Bajo tierra, el paisaje de la Plaza Houssay, en el corazón de la zona de facultades, cambiará de cara. La Legislatura porteña aprobó por amplia mayoría un proyecto que propone entregar por 30 años a una empresa privada la explotación de dos niveles de subsuelo -donde hoy funcionan estacionamientos- para construir locales comerciales, gastronómicos y espacios para actividades culturales. La iniciativa fue impulsada por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte (MDUyT) porteño y contó con el apoyo casi unánime del arco político de la Ciudad traducido en 54 votos a favor y 4 en contra. Tras la votación del proyecto, a mediados de mayo, la atención política -y algunas dudas- se concentran ahora en el inicio del proceso de licitación.
La plaza Houssay está ubicada en el macrocentro porteño, a quince cuadras del Obelisco, en la intersección entre la Avenida Córdoba y las calles Junín, Uriburu y Paraguay. En el lugar confluyen a diario más de 170 mil estudiantes, 11 líneas de colectivos y una línea de subterráneo. Tres de las cuatro veredas que la rodean pertenecen a edificios públicos: Facultad de Medicina, Facultad de Ciencias Económicas y Hospital de Clínicas. La restante son edificios de viviendas. Hasta el año 1975 se emplazaba allí el Hospital de Clínicas. Tras su demolición, en el año 1980, durante la intendencia de facto de Osvaldo Cacciatore, se construyó una plaza dominada por desniveles de cemento y pasillos angostos. El objetivo de la arquitectura era evitar la aglomeración de estudiantes.
El subsecretario de Proyectos del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte de la Ciudad, Álvaro García Resta, explicó que el proyecto se originó en los resultados de un relevamiento de las necesidades de la zona. “Fuimos, hablamos con los estudiantes, con todos los decanos de la facultades de la UBA, todos apoyaron unánimemente este proyecto”, aseguró.
García Resta trabaja en una oficina amplia y luminosa del “Palacio Lezama”, en el pasado la fábrica de bizcochos Canale, ahora devenido edificio de oficinas del Gobierno de la Ciudad. Es arquitecto egresado de la Universidad de Palermo. Tuvo su propio estudio durante diez años e inició un camino en el sector público convocado por Guillermo Dietrich, en ese momento secretario de Transporte de la Ciudad. “Nosotros creemos que el presupuesto del Estado tiene que ir destinado a educación, salud, urbanización de villas, soluciones habitacionales. La inversión privada para beneficio público es lo que debería pasar en cualquier lugar del mundo donde la construcción de las soluciones para la gente se hace entre sectores. Hacemos ciudades desde la gente y para la gente. No pensamos de dónde viene la inversión”, se sinceró.
Las dudas
La falta de especificaciones de los costos que tendrán las obras y del canon por la concesión del nuevo polo gastronómico, y también la ausencia de informes ambientales y de restricciones de ningún tipo al adjudicatario formaron el núcleo de las observaciones de los legisladores del socialismo y la izquierda que se pronunciaron en contra del proyecto.
Marcelo Ramal, legislador por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, vinculó la iniciativa con una “privatización” de la plaza. “Es un espacio muy fuertemente ligado a la comunidad universitaria de todas las facultades que la rodean. Si vamos a hacer algo con los estacionamientos actuales pensemos en algo que tenga que ver con la vida universitaria. Pensar en un polo gastronómico y no por ejemplo en un comedor estudiantil, es objeto de debate”, le dijo a esta agencia.
El proyecto votado en la Legislatura autoriza al Poder Ejecutivo “a realizar el llamado a licitación para el diseño, construcción, mantenimiento, administración y explotación del centro cultural, gastronómico y playa de estacionamiento Plaza Dr. Bernardo A. Houssay.”
Sin embargo, ni en el punteo votado en el recinto ni en los planes de los funcionarios del área de Planificación existen especificaciones sobre cómo se realizará ese proceso. García Resta explicó que para esta licitación el Gobierno de la Ciudad no tiene un proyecto, sino que espera las propuestas de los licitantes: “El 50% del puntaje para ganar la licitación es por el proyecto que propone. No nos da lo mismo lindo, feo, eficiente, ineficiente, amigable a la gente o no. Ponderamos en 50% eso. Vamos a recibir propuestas de privados que van a construir, van a mantener y operar durante treinta años. Estamos llamando a la inversión privada para beneficio público”, señaló el funcionario. Y agregó: “Reducir el estacionamiento es dar un mensaje a que estamos apostando al transporte público”.
Por su parte Ramal, legislador porteño desde 2013 y docente de la Universidad de Buenos Aires y de Quilmes, afirmó que “no está totalmente claro qué se va a hacer, esa es una de las cuestiones que mueve a sospechas”. Sucede que la construcción y explotación del predio por el plazo de treinta años sin que esté publicado ni fijado el canon que la Ciudad cobrará a una única empresa abre interrogantes.
Esas aristas quedaron expuestas en el debate. El diputado Hernan Rossi, del bloque SUMA+ y cercano a Elisa Carrió, lamentó no haber podido introducir cambios en el proyecto. “Planteábamos que se podían incorporar obligaciones para el concesionario que resultara ganador de la licitación pública vinculadas con la obligación de tener precios razonables para los estudiantes que consuman en esos emprendimientos gastronómicos, o brindarles espacios a las facultades de la Universidad de Buenos Aires que rodean a esta histórica plaza para ubicar allí sus propios emprendimientos culturales”, subrayó durante una discusión caliente. Sin embargo, su voto y el de su bloque fue favorable.
José Cruz Campagnoli, legislador por el bloque Nuevo Encuentro-Frente para la Victoria, aceptó que el plazo de la concesión fue eje de discusión. “Se puede discutir si está bien, 25, 20 o 30 años, pero conceptualmente es uno de los pocos proyectos de concesión que me parecen bien. Lo digo como legislador y como persona que va a la Universidad y pasa por ahí a la mañana y se cruza dos cuadras para comprar un café en el kiosco”, señaló.
Además, contó que en muchos de los casos de concesión de predios públicos su voto fue en contra: “A la venta del Buenos Aires Design nos opusimos, en la Feria Masticar publicamos un informe oponiéndonos porque los pibes de la escuela del barrio no iban a poder realizar actividad física por dos semanas”.
Sin embargo, el legislador marcó diferencias con este proyecto. “Se trata de un espacio que tendrá aire acondicionado en verano, calefacción en invierno. Y el café que pago ahí es el mismo que pago en frente. El que no puede pagarlo ahí no puede pagarlo tampoco en el kiosco de enfrente”, argumentó sobre el voto afirmativo que unió en la misma posición al macrismo, la UCR, el FpV y el PJ.
“Los partidos políticos de las fuerzas dominantes de la Ciudad de Buenos Aires viven y se financian de este tipo de proyectos. Cuando uno ve a figuras probas de la política de la Ciudad hablando por televisión y se pregunta cómo se financian, acá tiene la respuesta”, confrontó Ramal.
Y agregó: “El golf en Lugano, el proyecto de Villa Olímpica en la Comuna 8, la entrega de tierras públicas al Arzobispado en la Capital, la venta de tierras de Catalinas Norte, junto a los cambios de zonificación, todo esto constituye una caja fenomenal para el radicalismo, para el kirchnerismo, para el PJ y por supuesto para el macrismo”.
Según García Resta, en los próximos días se hará público el llamado a licitación para la construcción del nuevo polo gastronómico. Sólo queda por delante ver qué empresa se hará acreedora de un proyecto de explotación por treinta años, un público de cientos de miles de estudiantes y sin restricciones de precios razonables ni especificaciones respecto al canon que deberá pagar al Estado.
Actualizada 29/06/2016