Ago 17, 2016 | inicio
“La única verdad es la realidad”. La frase inicial del ministro de Energía, Juan José Aranguren, provocó un irónico corto aplauso entre los diputados peronistas. Y actuó casi como un mantra argumentativo durante su interpelación por el “tarifazo” en el maratónico plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Energía, Consumidores y Obras Públicas de la Cámara baja.
En el reducido espacio del anexo del Congreso Nacional y ante la presencia de unos 130 diputados, el responsable de la cartera de Energía se presentó para explicar -y defender- el “gradual” aumento tarifario dictaminado por el Gobierno y que, por una decisión de la Cámara Federal de La Plata, actualmente se encuentra suspendida y a la espera de una resolución de la Corte Suprema de Justicia.
“Todos los bloques de diputados, excepto el oficialismo, estamos acá para retrotraer el tarifazo”, sostuvo taxativamente el diputado del Frente para la Victoria y ex ministro de E-Economía Axel Kicillof.
Segundo ruidazo contra el tarifazo de Macri , el 4 de agosto pasado.
En las largas mesas ocupadas por los representantes legislativos del kirchnerismo, la protesta contra el gobierno nacional se manifestó en carteles con las frases “Gobierno para ricos, tarifazo para pobres”, “Los servicios públicos son derechos humanos, el tarifazo los vulnera”, “Bajó el consumo de leche, háganse cargo”, “¿Prueba?¿Error? No somos conejillos de Indias”.
El cuestionamiento de todo el arco opositor se unificó sobre la figura de Aranguren como funcionario público por su rol como ex CEO de la multinacional Shell de la que aún forma parte como accionista mayoritario, una clara violación de la Ley de Etica Pública según la oposición.
“La madre de todas las ilegalidades es que usted está ocupando el cargo de ministro, cada decisión que tome, es para beneficio propio”, sostuvo el legislador por Rio Negro del FPV, Martín Donaite, en unos de los varios tensos pasajes de la discusión.
Entre gritos y aplausos, exposiciones que superaron largamente los tres minutos consensuados y numerosas chicanas, principalmente entre diputados de Cambiemos y del FPV, transcurrió un intenso debate de más de seis horas que se presentó en su arranque, como “respetuoso” y “constructivo”.
Un poco más de 30 minutos duró la fría exposición informativa del ministro Aranguren. El funcionario dio cuenta de los datos que llevaron a que Argentina en estos últimos doce años haya pasado “de tener energía abundante, exportada y barata” a tener “energía escasa, importada y cara”.
“La única verdad es la realidad”, esa fue la frase inicial del ministro de Energía, Juan José Aranguren.
Según sostuvo el funcionario, el actual gobierno recibió un sector que “manifestaba un gran desorden en su funcionamiento, con roles y funciones equivocadas, alta discrecionalidad y falta de transparencia, desabastecimiento y demanda insatisfecha, causada por una distorsión de precios y atraso tarifario, uso ineficiente de energía, caída en la producción y falta de capacidad de generación”.
Entre otras cuestiones, detalló que el aumento de las tarifas se hizo “de la forma más gradual que le permitía la herencia recibida” y remarcó la importancia de la aplicación de la tarifa social, que alcanzó, según el ministro, tres millones de personas en el servicio eléctrico y un millón en el gas. Sin embargo, evitó explicar los costos de la producción del gas y dar detalles sobre cómo el gobierno construyó los indicadores para diseñar el aumento en el servicio.
Finalizada la exposición, los diputados tomaron la palabra para indagar al ministro.
La ausencia del ex ministro de Obras Públicas y presidente de la comisión de Energía, Julio De Vido, fue una decisión política. El jefe de la bancada del FPV, Héctor Recalde, leyó una carta del ex funcionario y advirtió que Cambiemos tenía “la clara intención de enfocar el debate sobre lo hecho en doce años en materia energética en su persona en lugar de dar las explicaciones que espera la sociedad, en relación a cuáles fueron los criterios técnicos para determinar el brutal tarifazo”.
Los abucheos y gritos de “se han robado todo” de parte de diputados del oficialismo no demoraron en aparecer. Recalde preguntó que si al momento de aumentar las tarifas el gobierno pensó “en lo que podían sufrir miles y miles de hogares argentinos que no pudieron pagar tarifas un aumento porcentual exorbitantes, de 1500 y 1700 %”.
Recalde también sostuvo que el “accionista de la multinacional Shell” realizó una especial “interpretación” de la Ley de Etica Pública al negar que exista incompatibilidad en su cargo.
Aranguren se defendió con un argumento llamativo. “Ninguna de las personas que forman parte y que han estado trabajando en alguna de las empresas en los últimos tres años o tengan participación societaria, tomen decisiones particularmente vinculadas con estas empresas, por lo que “no hay conflicto de intereses”, explicó.
“Durante estos doce años que estuve trabajando en el sector privado traté siempre de apegarme a la ley. Cada vez que desde la administración nacional ha habido una denuncia, siempre me presenté en la justicia y he salido eximido”, arremetió.
La diputada Graciela Camaño (Frente Renovador) sostuvo que para las decisiones que tomó el gobierno “había un mínimo de legalidad que tenían que cumplir y no lo hicieron”, ante la falta de la audiencia pública que indica como necesaria la Constitución Nacional para la determinación de nuevas tarifas.
La batería de preguntas de la diputada, que incluía el pedido de números informes al ministro, disparó las críticas del bloque oficialista al demorarse más del tiempo permitido. Camaño refutó afirmando que ella tenía “muchas preguntas como la mayoría de la gente que no tiene la posibilidad de preguntar y que no sabe de dónde se sacó el porcentaje de aumento tarifario”.
“Nosotros hemos hecho una adecuación de los cuadros tarifarios, siguiendo la capacidad que nos da la ley de emergencia pública, la 25,562, que está vigente hasta el 31 de diciembre del 2017 y en partir de un decreto 120, que se firmó del 2003, que le da capacidad al Estado nacional de ajustar el precio del gas en boca de pozo y por lo tanto todo lo que hemos hecho ha sido legal y obviamente la Corte Suprema decidirá en lo particular”, respondió Aranguren.
El legislador sanjuanino José Luis Gioja (FPV) tomó la palabra y se permitió una de las tantas chicanas de la jornada. Aseguró que se había sentido “casi conmovido” cuando Aranguren comenzó su primera exposición con una de las frases de la liturgia peronista.
El legislador presentó una abultada factura de gas de un trabajador de la provincia de San Juan, fue cuando le consultó directamente al funcionario si sabía realmente “cuál es el costo del gas en boca de pozo en Argentina”.
En el reducido espacio del anexo del Congreso Nacional y ante la presencia de unos 130 diputados, cientos de periodistas cubrían ayer la audiencia.
“Hay distintos valores dependiendo la inversión de la empresa, según la región, me niego a dar un promedio”, respondió Aranguren. Fue uno de los momentos más tensos de la audiencia.
Gioja repreguntó y, ante la falta de respuesta, citó un informe realizado por la Fundación Bariloche que establece un costo promedio de 1,9 dólares el B.T.U de gas en boca de pozo en el país. “¿Por qué esa diferencia de 1,9 a 5,5 dólares que ustedes fijaron para las nuevas tarifas? ¿Por qué los usuarios tienen que pagar ese costo? Doña Rosa, no tiene que pagar esos costos que son excesivos”, interrogó.
También le manifestó la preocupación que le generó el destino de un grupo de trabajadores del Ministerio quienes habían iniciado una medida de fuerza ante el serio riesgo de que los despidan.
En respuesta, Aranguren remarcó que el preció del crudo lo “regula el mercado” ya que la ley argentina lo determina así y si se desea establecer un precio desde el Estado, “hay que cambiar el marco regulatorio desde el Congreso”. Respecto a los trabajadores comentó que se iba a reunir con representantes gremiales para ver que sucederá
“Rechazamos la extorsión del ministro, del gobierno a la Corte Suprema de Justicia, al Congreso Nacional, al decir que la obra pública se va a parar si no se aplica el tarifazo”, dijo el diputado del Frente de Izquierda Néstor Pitrola durante su alocución, en referencia a las distintas expresiones públicas que han tenido desde el Presidente hasta funcionarios públicos en la semana que la que el alto Tribunal fijará posición sobre el tarifazo. Faltaban apenas unas horas para que la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, avalara los amparos contra el aumento.
“Rechazamos cualquier criterio de aumento, queremos ir hasta el hueso de un sistema que fundieron los servicios públicos en los últimos 20 años. ¿Por qué se siguen ocultando las clausulas que heredamos del negocio de (Miguel) Gallucio y Kiciloff con la petrolera Chevron?”, cuestionó Pitrola. Además, denunció que “se están despidiendo miles de trabajadores de empresas petroleras en el norte de Santa Cruz y en Chubut”.
Otro punto de tensión se sucedió con el propio Kiciloff quien fue citado varias veces por el ministro, al explicar el porqué de los precios diferenciales para la producción de gas.
“Esto está mal hecho, hay que hacer tabula rasa”, afirmó vehemente Kiciloff, quien pidió que para salir del atolladero generado por el tarifazo “hay que hacer las audiencias públicas que marca la ley”.
Remarcó que el modelo de “regulación del libre mercado” y “precios internacionales” que tuvo fuerte vigencia durante la década del 90, no es “el modelo que queremos” ya que fueron los causantes de que la cantidad de reservas de gas disminuyeran profundamente, dejando una vez finalizado ese período “reservas de gas para 10 años”.
En contraposición a lo que viene sosteniendo el gobierno nacional, el ex ministro de Economía afirmó que este año “la producción de gas subió un 5%”
Kiciloff pidió que el gobierno nacional “vaya para atrás” respecto a las subas de las tarifas y que luego se discuta “el cuadro tarifario por los próximos cuatro años” y subrayó que “no sirve la austeridad, porque se descarga sobre la gente y la gente no puede vivir, no puede comer, y la industria y la economía inevitablemente se desploma”.
Al finalizar, le preguntó al presidente de la comisión y al ministro interpelado: “¿Van a volver atrás con el tarifazo? ¿Van a escuchar el pedido de las organizaciones sociales, clubes de barrio, sindicatos que ustedes dicen proteger? Porque sino esto es sólo un acto que les permite ganar tiempo para luego continuar con la misma tarifa y a querer cobrar el retroactivo por todos estos meses”.
Aranguren respondió con sequedad: “Este gobierno dio señales de escuchar y por eso están presentes en el salón”. Hubo aplausos de la bancada oficialista.
La férrea defensa del “tarifazo” por parte del oficialismo tuvo al jefe de la bancada de Cambiemos en Diputados, Nicolás Massot, como uno de sus protagonistas centrales.
Sostuvo que “a cualquier Estado le gustaría tener una política de subsidio ilimitado” pero que dicha decisión se tomó “en un momento de crisis” pero que luego se transfomó en una necesidad electoral”, en referencia al sostenimiento de los subsidios que mantuvo los gobiernos de Cristina Fernández.
“Lo peor de todo es que decidimos seguir con esa política cuando perdimos el déficit fiscal”, reafirmó Massot.
Actualizada 17/08/2016
Ago 17, 2016 | inicio
Este lunes a las 18 se inició un acampe con huelga de hambre en Plaza de Mayo para solidarizarse con la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, y denunciar la situación que atraviesa como detenida política. Al ayuno se sumaron Alejandro Gafagnini, coordinador nacional de la Tupac Amaru; Nélida Rojas, referente de la misma organización en Mendoza; el sacerdote Francisco Oliveira, de Curas en la Opción por los Pobres; Gumercinda Giménez Valdés, de Madres contra la Violencia Institucional; y Ana González, antropóloga, profesora de la Universidad de Buenos Aires y activista de derechos humanos. Después de una larga vigilia, acompañados por distintas agrupaciones que se fueron acercando a la plaza durante la noche, los cinco huelguistas dieron una conferencia de prensa ayer a las 9.
El primer orador, Alejandro Gafagnini, destacó la denuncia de Milagro Sala sobre la existencia de celdas de castigo en la prisión de Alto Comedero «que están fuertemente cuestionadas por Naciones Unidas y que no existen más en el país salvo en algunas provincias». Las celdas, precisó, «son de dos por dos, sin luz, y allí las compañeras internas tienen que dormir en el piso, sin contacto con nadie. Son celdas que tienen mucho que ver con situaciones de tortura. Es una vergüenza como argentinos que tengamos presos políticos, pero además tener estos calabozos de tortura en nuestros penales», subrayó el dirigente de la Tupac.
«Es una vergüenza como argentinos que tengamos presos políticos, pero además tener estos calabozos de tortura en nuestros penales», subrayó el dirigente de la Tupac.
Milagro Sala lleva 214 días presa ilegalmente. El mecanismo aplicado por el Poder Judicial de Jujuy, manejado por el gobernador Gerardo Morales, consiste en renovar continuamente las causas contra ella –que ya suman nueve–, cambiando constantemente la orden de detención y así violando la presunción de inocencia (ver ‘Milagro está presa por ser mujer, kolla y dirigente social‘, la entrevista a Elizabeth Goméz Alcorta, abogada de Sala).
El pasado viernes, Milagro y otras reclusas cuestionaron la existencia de las celdas de castigo que funcionan en el penal de Alto Comedero. Frente a esta “inconducta”, las autoridades penitenciarias la sancionaron con un “aislamiento” de diez días, tan irregular como el resto de las causas, puesto que, al no ser notificada, le negaron el derecho legítimo de la defensa. En función de esta medida, Milagro –junto a tres compañeras de la Tupac también detenidas– empezó una huelga de hambre que finalmente levantó ayer por la tarde a pedido de su familia.
Padre Francisco «Paco» Oliveira. Acampe y huelga de hambre por la libertad de Milagro Sala en Plaza de Mayo. 16/08/2016.
«Parecería que no alcanza la prisión, la estigmatización, el saqueo a los barrios de la Tupac Amaru, la persecución: han decidido además castigar a Milagro en el mismo penal y por un acto solidario», afirmó Gefagnini, quien se quejó de la falta de predisposición del Gobierno Nacional para dialogar con el Comité por la Libertad de Milagro: «Hace 15 días le pedimos una reunión al (ministro de Justicia) Germán Garavano y al secretario de Derechos Humanos (Claudio Avruj) porque sabíamos que iban a suceder este tipo de cosas. Esta es una escalada de violencia que está llevando adelante el Gobierno provincial con la anuencia de la Nación. Hace diez días echaron a la psicóloga del penal que había establecido una excelente relación con Milagro; eso le costó que la despidieran de su trabajo. La respuesta la tuvimos ayer: nos dieron la reunión para el 31 de agosto. Se ve claramente cuáles son las prioridades de estos funcionarios ante la violación sistemática de los derechos humanos y la situación que se está viviendo en Jujuy».
Gefagnini anunció que la huelga de hambre continuará hasta el lunes 22 de agosto, fecha en la cual supuestamente levantarían la incomunicación de Milagro. Representantes de las agrupaciones que apoyan el acampe se sumarán diariamente al reclamo, ayunando por 24 horas.
Parecería que no alcanza la prisión, la estigmatización, el saqueo a los barrios de la Tupac Amaru, la persecución: han decidido además castigar a Milagro en el mismo penal y por un acto solidario», afirmó Alejandro Gefagnini.
El párroco de Nuestra Señora Fátima de la Isla Maciel, el Padre Francisco «Paco» Oliveira, sostuvo: «No estoy a nombre personal, estoy en representación de los Curas en la Opción por los Pobres». Desde el 16 de enero, las cartas públicas que quincenalmente emite la organización comienzan diciendo: «Hace ya demasiado tiempo está detenida injustamente, y es una presa política, Milagro Sala». A estas misivas hizo referencia el padre Paco: «No podíamos sólo quedarnos en una carta cuando ella hace cuatro días está en huelga de hambre, nos lleva la delantera», y agregó: «No sé si vamos a tocarles el corazón, no haría falta tocarles el corazón, alcanza con la ley, la razón de los jueces que llevan adelante el tema en Jujuy, o del poder político. Por eso estamos en la Plaza de Mayo y no en Tribunales. Claramente hay decisiones políticas que hacen que hoy Milagro Sala y los compañeros de la Tupac Amaru estén presos y perseguidos».
«Que se metan con nosotros, con los grandes, hasta se entiende. Pero que nuestros niños jujeños de Alto Comedero no se hayan podido bañar este verano en las piletas de natación que hizo la Tupac, porque les cortaron el agua, es una vergüenza, y si eso no es atentar contra los más pobres, no sé yo qué palabra podemos decir», expresó. Antes de finalizar, transmitió el apoyo de todos los Curas en Opción Por los Pobres: “Queremos que ella sienta, y que sienta toda la Tupac Amaru, que tienen nuestro abrazo, que tienen nuestra compañía porque compartimos su lucha y sus ideales».
«La violencia la está ejerciendo este Gobierno con las medidas que está tomando en contra del pueblo», remarco Rojas.
Antes de la ronda de preguntas, la referente mendocina de la Tupac, Nélida Rojas, aseguró que Milagro «luchó sola, sin nada, cuando el norte del país estaba abandonado, cuando los niños se morían de hambre y el Estado no se hacía presente, hasta que con el gobierno de Néstor y Cristina pudieron realizar y concretar los sueños de miles de jujeños, y así en otras provincias, como en Mendoza, la mía». Según Rojas, lo que más ha molestado a este Gobierno es «que le hayan dado dinero al pueblo para que lo administre, y que hayamos podido hacer más que cualquier diputado que hoy se presenta en programas mediáticos ensuciando a nuestra compañera».
La Tupac es una organización pacífica, que no busca ningún tipo de confrontación violenta, remarcó Rojas y concluyó: «La violencia la está ejerciendo este Gobierno con las medidas que está tomando en contra del pueblo. Esto es una muestra de que seguimos apostando al diálogo, tratando de que entiendan que un pueblo tiene que ser libre, que sus dirigentes sociales tienen que ser libres, como están libre ellos aunque estén procesados».
Actualizada 17/08/2016
Ago 17, 2016 | inicio
Fotorreportaje para #NoticiasEnImágenes por Magalí Druscovich y Sofía Genovese.
Ago 17, 2016 | inicio
Tras dos años de prisión, la Corte Suprema de Tucumán ordenó ayer la liberación de Belén condenada a ocho años por “homicidio agravado por el vínculo”. La resolución no es definitiva, pero rige hasta que el máximo tribunal provincial se pronuncie sobre el fondo de la causa. Edurne Cárdenas, abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), organismo que lucha por la liberación de la joven, explica las implicancias del fallo y destaca el papel de la movilización social ante un caso paradigmático de violación de derechos.
¿Qué significa esta decisión del máximo tribunal de Tucumán?
Por un lado, el fallo es sólo por el cese de la prisión preventiva de Belén, pero ella sigue estando imputada. Lo que estamos celebrando es que Belén pueda esperar el fallo en libertad, que es lo que debería haber sucedido y no presa durante dos años. Una chica que llegó al hospital público a pedir ayuda, terminó presa. Entonces, celebramos la decisión de la Corte, pero no es nada más que una cuestión para salvar una injusticia gravísima.
¿Bajo qué justificación le dictaron la prisión preventiva a Belén?
En general, estas determinaciones son solo cuando entienden que se puede escapar o no colaborar con la Justicia. La situación de Belén no daba para pensar eso, es una chica que trabajaba en una cooperativa y vivía con su familia.
¿Qué elementos jugaron para que la Corte resolviera su liberación?
De alguna forma ha escuchado el clamor y la demanda popular, y no solamente porque el caso ha tomado una dimensión pública muy fuerte. La abogada defensora, Soledad Deza (integrante de Católicas por el Derecho a Decidir), ha hecho un trabajo realmente muy bueno de movilizar y acompañar a Belén. Mientras estuvo en la cárcel, la puso al tanto de todo lo que iba pasando. Antes, Belén había tenido una defensora oficial que la dejó tirada a su suerte hasta unos días antes del juicio. Después hubo una muy buena defensa en la apelación y una gran movilización social, porque las marchas del viernes no han sido gratuitas para la Corte.
¿Qué más debió pasar?
Desde el CELS, junto con otras diez organizaciones, y también desde algunos organismos del Estado -como el Consejo Nacional de las Mujeres y la Defensoría General de la Nación-, nos presentamos como amicus curiae en la causa. Entonces hubo una observación específica sobre el caso. En las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas dicen “liberen a Belén, y que revean el caso a la luz de los estándares de derechos humanos”; y además que se despenalice el aborto. La Corte no puede mirar para otro lado.
¿El Poder Judicial, aun cuando persiste en su óptica patriarcal, es susceptible a las demandas sociales?
Yo soy una activista feminista y creo en las fuerzas de los movimientos sociales. En el caso de Belén se construyeron un montón de actores. El poder de la movilización por la campaña Nacional del Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito puso en la calle a miles de personas en distintos puntos del país. Fue muy fuerte la conformación de una Mesa por Belén con cientos de agrupaciones y personas interesadas, además de las organizaciones más formales que nos presentamos como amigos del tribunal… La movilización social no es gratuita, tiene efectos, y este caso lo demuestra.
¿Por qué el de Belén es un caso paradigmático?
Porque presenta un montón de aristas impactantes. Cómo llega Belén a estar presa: por pedir ayuda en un hospital público, el mismo hospital que después la denuncia. Y su defensa pública, que no la defiende, y después un tribunal que no escucha nunca a la víctima, sólo a los testigos, al médico. Ahí hay una muestra de poder patriarcal: si vos sos mujer tenés que ser madre, y si no sos madre sos una asesina. Y por último, la forma en la que el caso toma conocimiento público: Belén, imputada por homicidio, ni siquiera es una causa que se conoció por aborto.
¿Cómo avanzar ante prácticas extorsivas de algunos trabajadores de la salud en esto de “te atiendo a cambio de una confesión de culpa”?
No podría decir que sean todos los trabajadores de la salud, pero hay una práctica y una ideología muy fuerte que tiene que ver con la relación médico-paciente, también con la persona que pide ayuda en un hospital y que está en una situación de vulnerabilidad, esto genera una relación desigual. Hay prácticas muy instaladas y hay que trabajar mucho desde la formación de todos los trabajadores de la salud para entender que en el trato con sus pacientes tiene que mediar una mirada diferente.
En este caso, desde el comienzo, hubo todo tipo de irregularidades…
Imaginate, levantarte de un legrado, no sabías que estabas embarazada, y estás esposada en una cama de hospital. Eso es tortura, lo dijo Naciones Unidas. Es una práctica contraria a los derechos humanos que no debemos naturalizar.
¿Es un trabajo cultural de largo plazo?
Sí, y Belén pagó un costo altísimo, se modificó su vida de una manera espantosa, estuvo más de dos años presa por pedir ayuda en un hospital. Con su caso se echa luz a muchas prácticas que están arraigadas en diferentes espacios de relación social, pero que cuando las mirás con detenimiento ves que no están bien. Espero que este caso sirva para revertir estas prácticas, que tenga un carácter pedagógico, porque el mensaje que desde el CELS llevamos a la Corte es que tenemos que lograr que no haya más Belenes. Cuando un médico reciba a una mujer en una situación de aborto, que en este caso era espontáneo, pero aun si es provocado, existe un protocolo del Ministerio de Salud de la Nación, la tenés que atender y tratar bien, y hay una relación médico-paciente que se rige por el secreto profesional. Todas estas cosas, que en este caso se tornan obscenas, tienen que ayudar para que no vuelvan a pasar.
¿Cómo sigue la causa?
Estamos a la espera de lo que decida la Corte Suprema de Tucumán. Creemos que esta Corte tiene la oportunidad de dictar un fallo que permita que no haya más Belenes, un fallo que dé cuenta de que esta situación tan injusta no sea en vano. La Corte tiene un desafío por delante y tiene una oportunidad.
Actualizada 17/08/2016
Ago 16, 2016 | inicio
La empresa de capitales mexicanos FEMSA, distribuidora de los productos de Coca-Cola en Buenos Aires y alrededores, fue intimada por la Justicia a reincorporar a un trabajador que había sido despedido luego de organizar entre sus compañeros la marcha del 24 de marzo, fecha que conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, y de ser señalado por integrar una lista gremial combativa. Esta reincorporación, efectivizada finalmente el viernes pasado, se suma a otras también ordenadas por el Poder Judicial, y ocurridas en las plantas de Pompeya, en la Capital Federal, y de Monte Grande, en la Provincia de Buenos Aires.
José Agustín Gómez, de 55 años, trabajaba en la compañía desde 2003, en el puesto de operador de movimiento interno. El lunes 28 de marzo –inesperadamente para él- sus superiores le notificaron que lo echaban de la empresa bajo la acusación de integrar una “organización rompeconos” que se dedicaba a la rotura sistemática e intencional de estas guías de señalización.
Gustavo Intrieri, abogado del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDh) que representa a Gómez, afirma que el fallo del Juzgado Laboral N° 30 dejó asentado que las pruebas presentadas por los asesores legales de Coca-Cola-FEMSA no tienen validez alguna. “Se lo terminó acusando de la rotura de más de 15 conos, pero solo presentaron la rotura de uno solo, la cual se sabe que sucedió el 18 de marzo a las 20.00. Pero quedó asentado que en ese momento José se encontraba en otro sector”, explica el abogado. El letrado sostiene que la supuesta rotura de conos fue un montaje de la empresa para tratar de sacarse de encima al trabajador, a causa de su actividad gremial y de su participación en la convocatoria al acto del 24 de marzo.
El abogado cuenta el último manotazo de ahogado que intentó hacer la empresa de “la gaseosa de la felicidad”: “Pretendió revertir la cautelar del 14 de julio (la cual obliga a la reincorporación del operario despedido) mediante la presentación de documentos y testigos falsos”. Y se explaya en su explicación: “Como pruebas entregó dos fotos en las que quiere demostrar que José está participando del hecho, pero se observa que se trata de otra persona distinta. Incluso las fotos presentan fechas distintas y un cono en lugares distintos, con lo cual no puede tratarse del mismo hecho. Hasta esa torpeza cometieron”.
Traiciones
A los dos días del despido, los compañeros de Gómez organizaron una asamblea de la que participaron unos sesenta trabajadores en horario laboral para que los abogados del sindicato intercedieran a su favor. “Incluso se ofrecían a pagar los conos magullados”, asegurá el trabajador ahora reincorporado. Bajo esta presión, dos días más tarde, el viernes 1º de abril, intermedió la Federación Argentina de Trabajadores de Aguas Gaseosas y Afines (FATAGA), a través del subsecretario Américo Romero. “El representante gremial –recuerda José- me da la razón y me dice que la acusación resultaba inverosímil. Igual yo le dije que no se quedara con mi testimonio, que investigue a fondo para dar cuenta de la verdad”.
No obstante, el 6 de abril Romero le presentó a Gómez un telegrama en el que aceptaba formalmente su desvinculación de la empresa. “Yo había ido para que verifiquen que las acusaciones eran falsas y para que luchen por mi reincorporación, y el señor Romero me comunica que no iban a rever mi caso porque -para él- el sindicato no está para interceder en estas cosas. Pero si los sindicatos no están para ayudar al trabajador, ¿entonces para qué están?”, se pregunta con tono de impotencia.
La vuelta de los años 90
Durante el neoliberalismo de los años 90, las grandes empresas fueron favorecidas por una serie de leyes que flexibilizaban el empleo y precarizaron las condiciones de trabajo. Intrieri esclarece la situación en la Coca-Cola de aquellos años: “Los trabajadores carecían de representación sindical de base, ni siquiera había afiliados al sindicato. No se podía criticar nada”.
Y se explaya en cómo se dio el cambio: “Producto de una organización interna, los trabajadores de Amancio Alcorta lograron imponer la representación gremial, que luego se trasladó a la planta de Monte Grande. Pero el sindicato recién nombró a los delegados en 2012, para protegerse antes de que surgieran representantes más de base, y en 2014 los trabajadores presentaron una lista más representativa, la Lista Bordó, que se oponía al accionar de las directivas mafiosas del sindicato de FATAGA, donde no se convoca a asamblea ni se toman decisiones de modo democrático. Cuando gana la Lista Bordó comienza el ataque a los empleados de la comisión interna de la planta Monte Grande”, relata Intrieri.
Más tarde, según Intrieri, este disciplinamiento fue aplicado por los directivos de Coca-Cola-FEMSA a su central de Pompeya, donde los trabajadores estaban organizados en la Lista Marrón, una agrupación se define como clasista y está integrada mayoritariamente por miembros que tienen afinidad o que militan en el Partido de los Trabajadores Socialistas.
José Gómez, militante de esta lista, no tiene dudas de que los gerentes de Coca-Cola-FEMSA buscan desprenderse de los miembros más activos y organizados en la defensa de derechos. “Nosotros luchamos por derechos que creemos justos, como -por ejemplo- dejar de cobrar el día simple cuando trabajamos en día feriado, o exigir que no nos cambien de serie y de puesto, o que no nos cambien de horario. Siempre le fui fiel al trabajo y nunca le fallé a la empresa, pero parece que luchar por derechos laborales para ellos es ser mala persona”, advierte.
La desvinculación estratégica de trabajadores que están organizados no es nueva en la empresa de la gaseosa más publicitada del país: “Los compañeros de la Agrupación Marrón veníamos sufriendo despidos desde agosto del año pasado, pero despedían con otro método: sin causa y con indemnización”, declara Gómez.
Otros casos
Cristian Durán protagonizó la primera reincorporación de esta serie dictada por la Justicia. Su despido de Coca Cola fue en agosto de 2015 y ocho meses más tarde una cautelar judicial, que aún aguarda sentencia firme, ordenó su vuelta al trabajo en la planta de la calle Amancio Alcorta, en Pompeya.
“Era sabido en la planta que yo soy activista de la agrupación Marrón, la cual busca defender los derechos de los trabajadores que todavía al día de hoy se siguen vulnerando. Nosotros hemos denunciado a la empresa y también al sindicato por no defender al laburante”, declara Durán.
Otras sentencias que han salido favorables a los trabajadores son las de Sandro Giménez en la planta de Monte Grande y de Jonathan Mendoza, Gabriel Zapata, Walter Lell, Mario Fernández y Gastón Borda en la de Pompeya. A estos se suman dos casos más de empleados que han preferido, por desgaste emocional, no reincorporarse a Coca-Cola-FEMSA.
Por lo pronto, en el caso de Gómez, el más reciente de esta serie de trabajadores despedidos y reincorporados por orden judicial, pudo reingresar a su trabajo el viernes pasado.
Actualizada 16/08/2016
Ago 12, 2016 | inicio
El 30 de octubre de 1977 comenzó oficialmente la marcha que todos los jueves llevan adelante las Madres de Plaza de Mayo alrededor de la pirámide central. Esta semana se cumplieron dos mil rondas de aquella fundacional, provocada por las disposiciones de la dictadura cívico militar que se instaló en 1976: “Cada jueves a las 15:30 las Madres venimos a la Plaza. Para nosotras es una cita de honor. Cuando vamos entrando a la Plaza, sentimos el calor, los ojos, las manos, la respiración de nuestros hijos, que nos acompañan y que nos están guiando en este camino” declaró la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini.
La llegada al aniversario no pasó desapercibida gracias a condiciones exógenas. El pasado jueves 4 de agosto el juez Marcelo Martínez de Giorgi pidió la detención para Hebe de Bonafini lo que despertó la adhesión de centenares de militantes de distintas organizaciones y de numerosas personas que se acercaron a la sede de las Madres para solidarizarse, prestar su apoyo y su enérgico rechazo a la decisión tomada por el juez. Esa misma tarde, decenas de personas colaboraron para que la camioneta de las Madres logre salir y dirigirse a la Plaza. Otro factor fueron los dichos del presidente Mauricio Macri durante una entrevista, en la que evitó hablar de los detenidos-desaparecidos alegando desconocimiento total de la causa, allí también calificó a Bonafini como “desquiciada” y al terrorismo de Estado como “guerra sucia”.
En este contexto desde distintos sectores de la sociedad, se produjo una convocatoria para acompañar a las Madres de Plaza de Mayo, en su ronda número dos mil. Pasado el mediodía el clima de un día histórico comenzaba a sentirse a varias cuadras del punto de encuentro y, una vez ahí, se veían tanto banderas de agrupaciones y partidos políticos, como de sindicatos. Pero más que nada, ciudadanos y ciudadanas congregados por algo más profundo que una determinada identificación político-partidaria. Mientras esperaban, decenas de personas escribieron en hojas que tenían una Casa Rosada dibujada. Esas hojas se unieron unas con otras y formaron una red entre la Pirámide central y las rejas que la rodean. Un joven con una bandera en la mano expresó: “Hoy vine junto a mis compañeros para apoyar esta lucha que llevan las Madres hace años y que hoy, con su ronda 2000, sigue más viva que nunca. Las acompañamos para poder seguir construyendo derechos y una patria más justa”. Una compañera a su lado, agregó: “Estamos viviendo una nueva etapa de revanchismo en la que las políticas de derechos humanos, memoria, verdad y justicia son dejadas de lado por un gobierno que retoma la teoría de los dos demonios y la guerra sucia”.
Cuando llegó la camioneta, el grito fue unánime: “Madres de la Plaza, el pueblo las abraza”. En ese mismo momento, los centenares tuvieron que reacomodarse, para devolverle a las Madres el lugar que ocupan desde 1977. Las Madres estuvieron rodeadas y acompañadas por sus compañeras de Abuelas de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S, Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas, Memoria Abierta y demás organismos de derechos humanos. Delia Giovanola, de Abuelas, recordó: “A nosotras no se nos hubiera ocurrido jamás caminar en círculo alrededor del mástil de la plaza, sino que fuimos obligadas porque no nos permitían, por el estado de sitio, estar hablando. Así que las rondas que hicimos no fueron elección nuestra, sino una imposición del mismo gobierno de facto. Querían que caminemos y caminamos”. Esta vez, la ronda se realizó a bordo de una combi que bordeó la Plaza, mientras a su lado se cantaban consignas como: “Con Hebe no se jode”.
Luego comenzaron varias horas de incertidumbre en el que circulaban cantitos y mates, acompañados de una pregunta fundamental: “¿Y ahora?”. Sin música, sin voces amplificadas, sin señales de una continuidad, la multitud aguardó hasta que, finalmente, cerca de las 17:30, comenzó el acto de cierre. Las Madres entregaron el emblemático pañuelo al diputado Edgardo Depetri, quien desde el escenario, ubicado a la izquierda de una plaza vallada, afirmó: “Las Madres en sus marchas empezaron a abrirnos los ojos y el camino para decir con fuerza en esta Plaza, y en todas las que sea necesario, que no hubo ‘guerra’ o ‘guerra sucia’. Hubo Terrorismo de Estado y aniquilamiento de nuestros compañeros”. Luego se sucedieron tres discursos: uno inicial de Verónica Parodi, directora del ECuNHi; el segundo de Silvina Rivilli, de la agrupación 13 de agosto de Córdoba; y el último, de la periodista Nora Veiras, quien afirmó que “las Madres hicieron realidad lo que parecía inconcebible, transformar el dolor y el miedo, en coraje y por sobre todo, en acción, en lucha. Son genuinas protagonistas de la historia”.
El cierre estuvo a cargo de la titular de la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, quien aclaró: “No es fácil ver esta Plaza llena de gente alegre, feliz, de gente que vino a conmemorar, a acompañar para decirnos que están dispuestos a seguir el camino de nuestros hijos”. Luego de un recorrido veloz sobre posibles temas para el discurso, en el que se incluyeron los partos y los estudios universitarios, recordó: “Un día mi hijo mayor me dijo que tenía que guardar a un pibe, le dije que le pregunte al padre, él le dijo que me pregunte a mí y yo dije que sí. Y así empecé a entender el maravilloso proyecto de tanto pibe que se jugó la camiseta para que hoy podamos estar acá en libertad. Se jugaron la vida por la patria, por el otro. Nuestros hijos nos decían que teníamos que llenar las calles y las plazas, por eso las Madres nunca fuimos Madres de escritorio, fuimos Madres de las calles”.
Para finalizar, haciendo referencia al contexto sociopolítico pero también a modo de invitación, añadió: “En el año 1981 escribí una carta a mis hijos en la cual decía que yo sabía que un día un hijo nuestro iba a cruzar la Plaza de Mayo e iba a ocupar el sillón de Rivadavia. Cuando vino Néstor (Kirchner) no hicimos más Marchas de la Resistencia porque el enemigo ya no estaba en la casa de gobierno. Pero las retomamos ahora, el 26 y 27 de este mes, porque hace ocho meses, en la casa de gobierno, tenemos otra vez un enemigo”.
