«La decisión es que se queme»

«La decisión es que se queme»

Sep 26, 2024 | Comunidad, Destacado 1

Córdoba arde: 70 mil hectáreas ya fueron devoradas por el fuego. Todos coinciden en que fue ocasionado de manera intencional. Los vecinos y los brigadistas están en la primera línea luchando contra las llamas. ANCCOM habló con dos de ellos y responsabilizan a la ausencia estatal.

La provincia de Córdoba está en llamas. Las localidades de San Marcos Sierra, Capilla del Monte, Chancaní, La Granja, Villa Bernal y Salsacate, en especial, no tienen tregua. Alrededor de 800 bomberos, brigadistas y voluntarios de esas comunidades cavan trincheras cortafuegos, y luchan cara a cara con el fuego que ya se llevó puestas esta semana más de 69 mil hectáreas. Los brigadistas sospechan o incluso denuncian que las llamas fueron iniciadas con toda intención.

“Se han encontrado bidones de nafta en las zonas de los incendios, gente corriendo con los bidones y subiéndose a camionetas –afirmó a ANCCOM María Paula Guilaberti, integrante de la brigada cordobesa Forestal Aromito–. La base común a todos los incendios se debe a que se descontroló por un mal manejo del combate del fuego, todos los incendios fueron intencionales, ninguno fue por un asadito o un pucho que se apagó en el suelo, que es lo que suele circular. El tema de los incendios con intencionalidad viene hace años en Córdoba sustentado por  intereses en cambiar la función de los suelos en la provincia..

Por otro lado, la brigadista asegura que hay malas prácticas y escasa responsabilidad de parte de los equipos del gobierno provincial en la utilización del método contrafuego, la quema de territorios para quitar combustible natural al incendio. Por ejemplo, sostuvo que  “si vas a hacer un contrafuego, cómo lo vas a apagar sin contar con los recursos para apagarlo. Estas contradicciones generan muchas dudas sobre las verdaderas intenciones en ayudar”. 

Diego Leandro Pasmanik, integrante de la brigada de San Marcos Sierra, aseguró que “no hay ninguna decisión política, ni provincial ni nacional, para que el fuego frene. Son los vecinos los que salen a colaborar y tratar de apagar el fuego. Siempre hay una cuestión de decisión política de frenar el fuego a tiempo o no. Si quienes tienen los recursos no lo hacen, las instituciones y el Estado, claramente la decisión es que se queme”.

La indiferencia y la no respuesta por parte del Estado no ayudan a que catástrofes de esta magnitud sigan efectuándose. La Ley Bases, el RIGI, el desfinanciamiento hacia la protección ambiental, y la poca predisposición del Gobierno nacional -más allá de la visita de hoy del presidente Javier Milei a Córdoba- perjudican la prevención y la solución urgente al drama del fuego. Con presupuesto reducido, los recursos no alcanzan.

El Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC), creado por el gobierno provincial en el año 2021, luego de la catástrofe de incendios que se dio en el año 2020, a cargo del Ministerio de Seguridad cordobés, está abusando con la práctica de contrafuego, según la brigadista de Forestal Aromito. “Es una intencionalidad que no entendemos, la ETAC perdió legitimidad en la misma gente de la comunidad, los vecinos tienen miedo, no hay confianza, ya no sabes si están ahí para combatir el fuego o para lo contrario”, expresó y agregó que “con el combate directo y con los aviones hidrantes haríamos una diferencia increíble, por eso la urgencia de una emergencia nacional y el apoyo de Nación, serían clave para obtener más recursos que no tenemos en el territorio y mejorar la situación. El recurso físico humano ya no da abasto. Las condiciones climáticas azotan a toda la región y el país, hay que dejar de fragmentarlas como si fueran asuntos separados. Nuestros recursos naturales y nuestro ecosistema es uno, hay que cruzar discusiones que parecen aisladas pero no lo son, por eso hablamos de emergencia nacional.”

Brigadas, bomberos voluntarios y vecinos organizados autoconvocados hacen frente al fuego con lo que hay, con su fuerza física –que ya no da abasto– van al combate, caminan kilómetros para llegar a donde no llegan otros actores, sin dormir y enfrentando en simultáneo su vida cotidiana. Sin embargo, la intervención y apoyo del Estado escasea. “Los vecinos y voluntarios que vamos a los fuegos intentamos ser los ojos de los que no están acá, sentimos la desesperación y la necesidad de decirlo. Necesitamos que la población reaccione, que se levante a decir basta, sino no va a pasar nada y van a seguir quemando todo”, dijo Pasmanik.

 

–Hay que reconocer a las brigadas como actor clave e incorporarlas en el manejo del fuego. Nuestro principio es proteger al monte, pero los intereses económicos y políticos por cambiar el uso del suelo nos dejan fuera de la mesa de discusión, tener una voz sería clave para poder denunciar malas prácticas y romper mitos –aseguró Guilaberti.

 

–¿Cuáles son las medidas a seguir en un futuro?

–Que los montes vuelvan a ser bosques. Después de que el fuego se apague seguir hablando y poner en evidencia que esto viene pasando hace muchos años, hay que seguir en la lucha contra estos intereses económicos gordos sobre nuestros recursos naturales. Que no se vaya la preocupación cuando se va la emergencia, y se vuelva a desatar la emergencia cuando ya sea todo cenizas –indicó la brigadista de Forestal Aromito.

 

–¿Qué pasó con los territorios quemados en años anteriores y qué pasará con los que se están incendiando ahora?

–No hubo nunca cambios sustanciales en las políticas de manejo. Algunos de los territorios en zonas quemadas fueron loteados, no se sabe con qué criterio, ni quien maneja esos expedientes, todo está escondido. Hay que tomar decisiones políticas responsables, transparentes y poner los recursos donde hay que ponerlos.

 

–Sabemos que los fuegos intencionados son órdenes de una directiva de gente de altos cargos -completa Pasmarnik-, es gente que paga por hacerlo, la gente que va a quemar representa instituciones. Pareciera que quieren dejar un cementerio a cielo abierto, la gente tuvo que evacuarse de sus casas sola mientras el fuego avanzaba, no había nadie.

Más de 150 organizaciones piden la declaración de emergencia haciendo un llamado a la acción colectiva y a la organización intersectorial con un Estado presente y comprometido, lo urgente es extinguir los incendios.

Los vecinos de Beccar quieren un parque público

Los vecinos de Beccar quieren un parque público

Sep 25, 2024 | Comunidad, Destacado 5

La Asamblea Barrial de Béccar se opone a la construcción de un shopping de Cencosud, licitado en 1996, en un predio que ocupaba la antigua Obras Sanitarias. Hoy se trata de un baldío y su futuro depende de un fallo judicial.

Los segundos y cuartos domingos de cada mes, por la tarde, los vecinos de la Asamblea Barrial de Beccar se reúnen en el frente del expredio de Obras Sanitarias licitado a Cencosud en 1996. Su propósito es visibilizar la lucha que llevan adelante para que el Municipio de San Isidro los convoque y que el Poder Judicial dictamine a favor de que el terreno vuelva a manos del Estado para que se concrete el anhelo de establecer en ese lugar un parque público. En el último tiempo Ramón Lanús, intendente del partido ribereño y empresario vinculado al negocio inmobiliario, manifestó su intención de llegar a una transacción con la multinacional, a lo que los miembros de la asamblea se oponen contundentemente.    

El derecho a la vivienda, a un medioambiente sano, la participación ciudadana en la planificación urbana y la conservación de la identidad de un pueblo son algunas de las consignas que convergen en el lema “Sí al parque público de Béccar”. La organización y lucha colectiva de la asamblea local espera la resolución judicial desde 2017. Hace casi 30 años que el predio ubicado en Av. Centenario y Tomkinson es reclamado por la comunidad. Aun así, en 1996 Cencosud ganó la licitación para construir un centro comercial en el lugar en un plazo determinado, con la condición de dominio revocable. La multinacional ya perdió sus derechos sobre el lugar, pero se niega a reconocerlo. 

Las rejas que imponen distancia y el estado de abandono del lugar no resultan trabas para resignar el reclamo. Tampoco la gran cantidad de carteles de color amarillo y negro que remarcaban que es una propiedad privada monitoreada por agentes de seguridad. Muchos de quienes se hicieron presentes en el último encuentro son personas mayores, gran parte mujeres, que dedicaron un largo rato de su fin de semana a hacer visible el reclamo. Armaron banderines y pintaron carteles que luego amarraron junto a escritos en las paredes que afirmaban: “Sí al parque público de Béccar”. Una rayuela y otras manifestaciones artísticas en colores dan vida a una vereda desamparada. El pasto del terreno se mantiene corto porque adentro hay caballos que se alimentan de él, aunque no son capaces de disimular la basura acumulada y el desmoronamiento de las instalaciones.

La Asamblea Barrial de Béccar nació en el caótico diciembre del 2001. Elda Cedro se unió en febrero de 2002 y sostuvo que “fueron las distintas causas lo que nos mantuvo tantos años unidos”. Cedro considera a la pandemia como factor fundamental de la reflexión ciudadana sobre la importancia de vivir en un medioambiente sano y la importancia que devino para el reclamo por el parque público. Mientras pintaban con stencils sobre cartones, una de las integrantes de la asamblea repartía a quienes pasaban por la vereda volantes con el reclamo. Ninguno los despreció. Como en cada encuentro, se sentaron en ronda para comentar sobre las actualizaciones del caso y reflexiones sobre la comunidad de la que son parte. 

El expredio de Obras Sanitarias es un punto clave para Béccar, por su ubicación geográfica cercana a las desiguales realidades socioeconómicas de la ciudad. En la parte de atrás es lindero de La Cava, un barrio popular donde, dado las características del terreno por la extracción de arcilla para la fábrica de ladrillos que funcionaba en el lugar, viven en condiciones de hacinamiento y marginación social. 

Junto a una cátedra de Arquitectura de FADU los miembros de la asamblea diseñaron un anteproyecto donde, entre otros objetivos planteados, tres hectáreas del terreno serían destinadas a la construcción de viviendas para vecinos de La Cava. El predio comprende 20 hectáreas de arboleda añosa, diversidad de flora y fauna y estructuras de galpones que, en manos del Estado, resultaría fundamental para garantizar el acceso a la salud pública, a la cultura, al ocio y a  la recreación. 

En un informe que presentó Cencosud en el 2017 expusieron que cementar el predio provocaría la pérdida de la totalidad de su biodiversidad. Más allá de la legislación provincial y consensos internacionales que establecen necesarios entre nueve y diez metros cuadrados de espacio público verde por habitante para una mejor calidad de vida, en Béccar no se superan los 1,5 metros cuadrados.

“Si al parque público Béccar” es la consigna que busca conservar uno de los pocos pulmones verdes que le quedan a la localidad. Los años noventa, durante el menemismo, estuvieron signados por la privatización y el achicamiento del Estado. Fue en este contexto que salió la licitación del predio de Obras Sanitarias y en 1996 fue adjudicado a Cencosud. Tomaron posición en el lugar bajo la condición de dominio revocable, es decir que volvería a manos del Estado nacional en caso de no cumplir con lo pautado. El plazo exacto que tenían para llevar a cabo la construcción estaba expresado en un expediente del que no se conoce paradero, pero por defecto en 2016, 20 años después de la licitación, la Administración de Bienes del Estado (AABE) inició el recorrido judicial para recuperarlo. 

Paradójicamente, el presidente de la AABE entre 2015 y 2019 fue Ramón Lanús, actual intendente de San Isidro, quién ganó la interna de Juntos por el Cambio a Macarena Posse, heredera de una “dinastía” de 40 años de poder en el partido. Según argumentan los vecinos de la Asamblea Barrial de Béccar en la carta presentada el 28 de agosto ante el Concejo Deliberante, el mandatario no disimula sus intenciones de llegar a un acuerdo de manera extrajudicial entre Cencosud y el Estado nacional. Los vecinos, que insisten en la recuperación del espacio verde, esperan el dictamen del Juez Patricio Maraniello y no ven posible un acuerdo con la multinacional, que dejó a la deriva el lugar hace 28 años.  

Cedro argumenta que nunca hubo herramientas democráticas para el pueblo en torno a la planificación urbana, ni tampoco una convocatoria a la comunidad cuando se tratan cuestiones vinculadas al medio ambiente, presente en el Acuerdo de Escazú aprobado en Argentina en 2020 . “Hay siempre una resistencia, y eso es un mérito para nosotros” reflexionó una integrante de la ronda ante el recuerdo de los intentos de atropello con respecto al predio que supieron sortear. En cuanto a la causa judicial, lo próximo que esperan son los resultados del tercer peritaje ambiental solicitado por Maraniello, que Cencosud durante cuatro años intentó evadir. “Si al parque público de Béccar” es una lucha que espera la definición del juez, aun conociendo los tiempos que comprende el proceso, porque consideran al parque fundamental para la identidad y el futuro de las nuevas generaciones.

 

“Llegaron, patearon la puerta y sacaron a la gente”

“Llegaron, patearon la puerta y sacaron a la gente”

Sep 25, 2024 | Comunidad, Destacado 4

Veinte familias fueron desalojadas violentamente en La Boca, en un operativo que pasó por encima de una medida cautelar y que se realizó sin que el decreto que lo ordenaba estuviera aún publicado en el Boletín Oficial. Según los vecinos, en el barrio se producen dos desalojos por semana y hay 200 casas en riesgo de desalojo.

Nancy, una de las vecinas desalojadas, junto a la puerta de la que era su casa.

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires desalojó a 15 familias de la casa donde vivían, en la calle Necochea y Pedro de Mendoza, en el barrio de La Boca. El hecho, ocurrido el lunes 26 de agosto pasado, fue una continuación del desalojo comenzado días antes, el 30 de julio, en cumplimiento de un decreto del jefe de Gobierno Jorge Macri.

El operativo avanzó sobre las propiedades situadas en los números 1476, 1480, 1488 y 1492 de Necochea. “Vinieron a las siete de la mañana con un operativo de vallas, también con mucha policía, no dejando pasar a la abogada de las familias. Tampoco permitieron que familiares o vecinos puedan acceder o ayudar a la gente a sacar sus pertenencias”, cuenta Tomás Lerner, militante barrial presente en el desalojo. “Fue muy violento por la cantidad de policías, por el maltrato, por cómo secuestraban las pertenencias de las personas sin orden judicial”.

“En 37 años que estoy en el barrio no vi algo igual”, comenta Alberto, quien residía en Necochea 1488 junto a su familia. “No trajeron una ambulancia ni personal médico, como es requerido en estos casos. Tampoco había personal femenino para tratar con las mujeres. Se llevaron detenidas a una mujer embarazada y a otra discapacitada”, afirma.

“Hubo gente que no llegó a sacar las cosas, porque estaban apurados”, agrega Marta Yane, integrante de la Junta de la Comuna 4 y responsable del área de Vivienda. “Los muebles que sacaba la policía los subían a los camiones. Suben las cosas y después te dan un papel, un remito de lo que subieron, para que cuando consigas lugar para vivir, vayas al depósito a buscarlas. La realidad es que mirábamos los papeles y faltaban cosas. No figuraba el microondas, el plasma. Eso pasa en muchos desalojos”, denuncia.

Vecinos de la cuadra muestran su apoyo a las familias desalojadas.

Para entender mejor lo sucedido, hay que retrotraerse al 30 de julio, fecha en la que tuvo lugar el primer desalojo, ordenado por decreto. “Al momento de concretarse todavía no estaba publicado en el Boletín Oficial. No había manera de saber que iba a suceder –explica Lerner–.  El 30 de julio vinieron con un operativo de más de doscientos policías con camiones, pudieron avanzar sobre cinco domicilios en el día”.

Ante el decreto, los vecinos interpusieron una medida cautelar para que el Gobierno acredite la utilidad pública del inmueble. El juez Juan José Albornoz, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Nº 3 de CABA, ordenó a la administración de Jorge Macri la acreditación correspondiente, frenando, hasta entonces, el avance sobre el resto de los domicilios de Necochea.

Existen dos razones válidas para llevar adelante un desalojo por decreto: que exista un riesgo para las familias dentro del inmueble o que tenga utilidad pública. El Gobierno acreditó la utilidad pública a través de una orden de expropiación realizada por el intendente Osvaldo Cacciatore, durante la última dictadura cívico militar, para el ensanchamiento de la Avenida Pedro de Mendoza. Si bien el proyecto quedó caduco, la expropiación se concretó en 1997.

El 23 de agosto, Albornoz levantó la medida cautelar y habilitó el desalojo únicamente para los domicilios afectados por la utilidad pública, que comprendía a los que tienen frente en la avenida y a los localizados en Necochea 1488 y 1492. La razón esgrimida es que ambos formaban parte de una misma propiedad que ocupaba la esquina. La casa se fue vendiendo por partes con los años, pero es una única estructura. De hecho, para acceder a la planta superior de Pedro de Mendoza se puede ingresar únicamente por Necochea 1488.

El día 26 de agosto, y a pesar de las órdenes de Albornoz, la policía ingresó sobre Necochea 1480 y 1476 con intención de desalojar a los residentes. “El juez durante esa mañana expresó en dos oportunidades, con dos resoluciones, que no estaba bien lo que estaban haciendo, que estaban incumpliendo su resolución y que estaban entrando en desobediencia. El Gobierno de la ciudad decidió avanzar igual”, subraya Lerner.

“Lo novedoso es que hicieron un desalojo administrativo, que normalmente se usa cuando hay peligro de derrumbe”, señala Marta Yane. “En 40 años nunca vi un desalojo administrativo porque sí. En un desalojo administrativo no tenés juicio previo, no tenés oportunidad de defenderte, no tenés tiempo para buscarte otra cosa, que fue lo que pasó acá: llegaron, patearon la puerta y sacaron a la gente”.

Sin embargo, sí tuvieron tiempo para planificar un desalojo con tiempo y de manera que los vecinos no queden en la calle de un día para otro. Cuenta Alberto que hace ocho meses fueron del Gobierno de la ciudad a hacer un censo al edificio. “Venían de mañana, por lo que la gente que trabajaba o salía no se encontraba. También dijeron que en el inmueble existía un peligro de derrumbe. Los vecinos pusimos plata para hacer arreglos y pintar el frente. Esa gente no vino nunca más, hasta el 30 de julio”.

Natalia Quinto, miembro de la organización barrial La Boca Resiste y Propone, que acompañó a las familias durante el desalojo, sostiene: “El Gobierno de la Ciudad, pudiendo planificar, ya que este desalojo podían hacerlo en el momento que quisieran, decidió en lugar de fijar un plazo para la relocalización, hacerlo de manera sorpresiva, volviendo los recursos ineficientes. Si el seguro de caución subsidiado y las cuotas acumuladas para ingresos a alquileres hubiesen estado antes, permitiendo un plazo para la búsqueda de lugar, estamos seguros que la mayoría hubiera resuelto de otra manera y se hubiese evitado esta dramática situación que no deja ganancia a nadie”.

Hoy la propiedad se encuentra completamente tapiada. Los ingresos al inmueble desde la avenida fueron bloqueados con paredes de ladrillo, en tanto que las puertas que dan a Necochea fueron selladas con cemento. Sobre esta calle permanece un volquete con restos de muebles que los vecinos no pudieron sacar a tiempo. En la terraza de la casa se colocó una cerca electrificada, aparentemente para evitar ingresos desde Sanchetti, el edificio contiguo.

En total fueron 20 las familias desalojadas, que resolvieron la situación como pudieron, de manera transitoria, alojándose en casas de amigos o familiares. Algunas se tuvieron que ir a provincias o a distintas localidades. “Hay toda una parte de las familias que tienen menores que están resguardados por un amparo de la asesoría tutelar y obliga al Gobierno a darles un subsidio habitacional mejorado –explica Tomás Lerner–. Pero para ello hay que conseguir un alquiler con determinadas características, para que el Gobierno de la Ciudad lo financie”.

Alberto y María residían con su familia en Necochea al 1488. Cuando fueron desalojados tuvieron que separarse. Ellos están parando en un hotel, mientras que su hija se está quedando de prestado con su nena a pocas cuadras.

Gladys vivía junto a su hija y su nieta en Pedro de Mendoza 1477, donde también atendía un kiosco. Luego de que fueron corridas de su casa, ella se presentó en la Dirección General de Atención Integral Inmediata, al igual que otros vecinos, para solicitar un subsidio habitacional. El pedido de Gladys fue rechazado por no contar con la documentación necesaria. Actualmente, ella y su familia se están alojando en una iglesia. “¿Y a mí quién me paga la plata que puse para arreglar el techo?”, reclama.

Para recibir el Subsidio 690, los solicitantes deben presentar un presupuesto de alquiler emitido por el dueño directo o por el hotel donde pretenden alojarse. “En caso de ser de dueño directo, debe figurar: la dirección del inmueble, fotocopia de factura de servicio (AYSA o ABL) y los datos del propietario (nombre y apellido, DNI y teléfono)”, según se informa en la página oficial del Gobierno de la Ciudad.

Los desalojos son moneda corriente en La Boca. Según Marta Yane, solamente en el barrio se están llevando a cabo dos por semana, y existen unos 200 domicilios que corren riesgo de atravesar esa situación. “Tiene que ver con la construcción de las 10 torres de 145 metros que quieren hacer en lo que era la vieja ciudad deportiva de La Boca. Se quiere convertir La Boca en San Telmo. El problema es que La Boca tiene muchos vecinos históricos, es un barrio con mucha identidad y con mucha vida cultural, entonces la resistencia es mayor. Pero recién se está empezando a armar esto”.

 “Todo está relacionado con el proceso de extractivismo del suelo urbano que es el modelo de desarrollo que el PRO lleva adelante en la ciudad –expresa Natalia Quinto–. No hay posible proceso de especulación inmobiliaria que se lleve adelante sobre un suelo ocupado. Estos días escuchamos que el mercado se mueve, es por la generación de expectativas para los inversores de que nada los va a detener en el aumento del precio del suelo”.

Absuelven a cuatro manifestantes del Chubutazo

Absuelven a cuatro manifestantes del Chubutazo

Sep 23, 2024 | Comunidad, Destacado 3

Un tribunal popular declaró «no culpables» a los acusados de incendiar el diario El Chubut en la manifestación de diciembre de 2021 contra la rezonificación minera.

El pasado 19 de septiembre un jurado popular absolvió a cuatro manifestantes implicados por las protestas de diciembre del 2021, una histórica jornada para la provincia de Chubut en la que una pueblada sin precedentes consiguió derogar el Proyecto de Zonificación Minera.

Marcos Antonio Wilipán, Víctor Emanuel Cotut, Jonathan Andrés Luna Almada y Walter Eduardo Medina fueron declarados “no culpables” en la causa llevada a juicio por la Fiscalía de Trelew, acusados de estrago doloso, por daños e incendio  al edificio del diario El Chubut, ocurridos el 20 de diciembre de 2021.

Este hecho implica una nueva derrota para quienes se han dedicado a perseguir sistemáticamente a grupos ambientalistas en la provincia, criminalizando los actos de protesta: el Poder Judicial resolvió a favor de los manifestantes, librándolos de culpa.

En la provincia de Chubut han habido numerosos casos de protesta ciudadana en contra de la explotación minera que hace muchos años amenaza con azotar el ecosistema. De estos casos, en la provincia hay muchos antecedentes, y uno de los más importantes sucedió en 2021, el popularmente conocido “Chubutazo”.

 Ha habido victorias y derrotas para ambos sectores. Desde la aprobación de la Ley 5001 en el 2003, que prohibió la actividad minera metalífera a cielo abierto y con uso de cianuro, gran hito para la lucha ambientalista, hasta la adhesión del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), impulsado por el gobierno de Javier Milei y votado por mayoría en la Legislatura de Chubut, el pasado mes de agosto.

El 15 de diciembre de ese año, la Legislatura chubutense aprobó el “Proyecto de Desarrollo Industrial Minero Metalífero Sustentable de la Provincia de Chubut”, un proyecto de zonificación minera que dejaba el medioambiente local a merced de la megaminería.

Esto provocó una enorme respuesta popular que implicó seis días seguidos de manifestaciones en Rawson y Trelew, enmarcadas en tiempos de represión policial y persecución judicial de quienes salieron a las calles en defensa del agua. Durante esa jornada hubo 56 detenidos.

En el segundo artículo de la Ley 5001 había un permiso de zonificación para ejercer la explotación en una parte delimitada de la provincia. Dicho artículo tenía como fecha de caducidad 120 días después de aprobada esa ley, en 2003. A pesar de ello, el proyecto de zonificación fue presentado por el entonces gobernador Mariano Arcioni, tomando ese artículo sin vigencia, y haciendo una delimitación en el departamento de Telsen y la localidad de Gan Gan para poder realizar actividades de explotación minera.

En diálogo con ANCCOM, Noelia Silva, activista ambientalista y comunicadora social, dijo que “ese proyecto lo aprobaron en una sesión especial con el pueblo en la calle, los que estábamos ahí nos dispusimos a bloquear las salidas de la Legislatura, pidiendo a los diputados que reviertan esa aprobación, y automáticamente apareció la Infantería y empezó a disparar sin mediar palabra”. Aquella noche del 15 de diciembre la represión continuó hasta las cuatro de la mañana, “eso sucedió durante seis días ininterrumpidos, en Rawson y Trelew”, agregó Silva.

Finalmente, se derogó el Proyecto de Zonificación Minera, gracias a la Ley 5.001 y a las rebeliones populares que, luego de casi una semana de represiones y protestas, consiguieron una de las victorias más importantes en la lucha contra la explotación minera.

La disputa de los grupos ambientalistas en contra de la megaminería ha sido un conflicto constante y sin final, que ha consignado los últimos 20 años en la provincia. En esta pugna también se han visto recurrentemente involucrados los diputados y gobernadores oficialistas, que en muchas oportunidades se han articulado con el Poder Judicial para criminalizar estas manifestaciones.

Son muchos los casos ya en los que las protestas se han visto obstaculizadas por denuncias y causas armadas, la mayoría de ellas que no llegaban a ningún lado. A esto, además, se le ha sumado la operación de los principales medios de comunicación de la provincia que se han encargado de inculpar a los ambientalistas. Este conflicto en la provincia, aún hoy, sigue estando vigente, y lejos está de concluir.

Todavía quedan ocho ciudadanos con juicio pendiente por las protestas del 2021, uno de ellos por el supuesto incendio de la Fiscalía y Casa de Gobierno, y los otros siete inculpados por daño y hurto, que consiguieron seis de ellos la suspensión del juicio a prueba.

Incendio a las oficinas del diario El Chubut

El 20 de diciembre de 2021, en el marco de esta jornada de protestas, un grupo numeroso de manifestantes que habían participado de un corte de ruta, marcharon alrededor de las 18 horas hacia la ciudad de Trelew. Allí se acercaron a inmediaciones del edificio del diario El Chubut como forma de protesta de la relación cómplice que entienden los manifestantes tiene esa redacción con el Poder Ejecutivo. “Siempre hay un reclamo fuerte, pero ese día se desbandó”, comentó Silva.

En ese momento, se dan los hechos por los que son llevados a la justicia los cuatro imputados recientemente absueltos, acusados de daños al edificio por lanzar piedras y de incendios provocados por el uso de bombas molotov, hecho que no se pudo probar. Incluso uno de los acusados, Walter Medina, declaró que ni siquiera había estado en el lugar de los hechos porque estaba en reposo por una fractura.

Igualmente, Medina había tenido una orden de captura, y fue detenido junto a otras personas, y apresado preventivamente durante una semana hasta que fue liberado por el reclamo popular. “Estaban sufriendo una preventiva de 60 días sin ningún tipo de prueba en contra”, explicó Silva.

 

Mientras eran juzgados, todos ellos declararon no haber participado en los hechos de los que se les acusaba. Y fueron claves los testimonios de algunos testigos para poder evidenciar su no culpabilidad. Un reportero gráfico jubilado, que en ese momento trabajaba en el municipio local, señaló haber visto a quienes habrían iniciado el ataque, un grupo de personas encapuchadas y vestidas de negro que rápidamente habrían huído del lugar.

Debido a que muchos jueces tuvieron que correrse para tomar la presidencia del tribunal por la exposición mediática que esto implicaba, se decidió que ese proceso iba a ser llevado a cabo por un jurado popular. La jueza María Laura Martini, por ejemplo, luego de elevar el juicio a prueba por la quema de Casa de Gobierno recibió un fuerte amedrentamiento por muchos de los medios más importantes de Chubut, e incluso una diputada presentó un proyecto para rever el pedido de traslado a Rawson, por motivos laborales, que Martini había solicitado un mes antes de esa resolución y que, finalmente, fue rechazado por el Consejo de la Magistratura.

“Nosotros realmente no sabemos cómo pueden salir las cosas con el sistema judicial, porque está mediáticamente expuesto que hay un apriete y un control del Ejecutivo sobre el mismo”, comentó Silva, y explicó también la incertidumbre que tenían los acusados por ser juzgados por un jurado popular: “En la provincia se estigmatiza mucho a la protesta social, y a nosotros realmente nos daba miedo que los vecinos tuvieran que resolver”, apuntó. No obstante, el último día de juicio, el jurado determinó de forma unánime la inocencia de los imputados.

 

 

 

Trincheras contra el hambre

Trincheras contra el hambre

Sep 18, 2024 | Comunidad, Destacado 2

Hay 6 millones de niños en situación de pobreza y 2 millones bajo la línea de indigencia, mientras el Ministerio de Capital Humano de Sandra Pettovello esconde alimentos hasta que se pudran. Crónica de una recorrida por los comedores del conurbano bonaerense.

No hace frío ni calor, pero en Santa Rosa, un barrio de Florencio Varela poblado de calles de tierra, la gente anda en ojotas. A veces ojotas y medias. Es viernes por la tarde y en una casa cerca de la escuela primaria, la familia de Norma prende fuego en el patio descubierto.

Desde hace tres meses, ahí funciona un merendero para ochenta pibes. “Hay necesidad en el barrio. Yo iba al kiosko y veía que los chicos pedían pan viejo, algo para comer”, cuenta Norma con la voz tomada. Cuando se abrió la posibilidad de crear un nuevo merendero desde el Movimiento Kultural, organización de la que participa, no dudó. Las siete personas que se ponen al hombro la merienda de los chicos una vez por semana, empiezan a preparar la masa de las tortas fritas a las 14 y más cerca de las 16 preparan la leche. “Amasamos cinco kilos de harina y ocho de leche. Imagináte, me recansan los brazos”, se ríe Norma con ojos agotados.

Se fija en la hora con impaciencia y toma mates con nerviosismo: está esperando que sean las 16.30 y que en un rato salgan los chicos de la escuela. No llueve, así que pudo prender el fuego para cocinar. Cuando llega la hora, despeja la mesa. El patio de Norma no es tan grande como para que los chicos pasen a tomar algo, así que su marido agarra la tabla de la mesa y Luis, con sus solidarios 20 años, la base. La mesa, con la comida, sale a la vereda, para compartirse.

Cabizbaja, con un buzo gris dos talles más grande, shorts deportivos finos y ojotas con medias, llega una chica de 17 años. Se lleva leche para los dos bebés que tiene en su casa y una bolsa con panificados. Tiene las rodillas huesudas al descubierto y la mirada de alguien a la que le han arrebatado más que el derecho a la comida. Le falta el brillo de quienes sueñan o incluso pueden imaginar una pequeña rebeldía. Los hombros se le caen por el peso de los estigmas: si pide es “negra”, si reclama se le suma “piquetera”.

Las personas que superan los 18 no suelen acercarse a pedir. Miran con recelo, a veces también con deseo, pero siguen de largo. Acompañan a sus hermanos más pequeños, pero se mantienen a una distancia. “Te da la cosa cuando sos grande, vergüenza. Yo te digo porque a mí también me pasaba. Es el orgullo de querer arreglarte solo. Cuando sos chico no lo tenés”, explica Luis. Una veinteañera manda a su hermana de 10 años a pedir. Los ojos de la nena dan con la altura de la mesa. Con el mentón hacia arriba, observa cómo Norma pone la leche en una botella y la boca se le abre. Incluso a la distancia, se nota que ya se imagina tomándola. La ensoñación se rompe cuando desde enfrente la hermana, que se siente demasiado mirada, la apura. En su casa son cuatro hermanos y hay que compartir.

Luis no deja de mirar hacia la calle que lleva a un barrio que está “más al fondo”, Las Palomas. Por esas calles, espera que venga El Gruñón, un chico de 7 años que desde que lo conoce tiene el ceño fruncido, una mirada turbia y una sonrisa que nunca asoma. El Gruñón todavía no sabe por qué, pero en menos de una década de vida está resentido con la sociedad que lo expulsa.

Sus nombres podrían ser cualquiera, son sólo algunos de los seis millones de chicos en situación de pobreza o de los dos millones bajo la línea de indigencia. Para el Ministerio de Capital Humano ellos ni sus necesidades importan. El Estado nacional no entrega ninguna mercadería: la deja pudrirse en galpones. De los 44 mil comedores y merenderos inscriptos en el Registro Nacional de Comedores (RENACOM), la ministra Sandra Pettovello sólo reconoce a 9 mil.

La Provincia de Buenos Aires trata de salvar la situación: a los merenderos les da harina, azúcar y artículos de limpieza y a las ollas populares, además conservas y alimentos secos. Según la medición de UNICEF hasta febrero, el 66% de las infancias de Argentina son pobres o están bajo el nivel de indigencia. En Bosques, otro barrio del distrito del conurbano sur, todos los jueves a la nochecita, Argentina Humana prepara una olla popular para setenta personas.

En julio el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), parte de Argentina Humana, lanzó una colecta para seguir manteniendo estos espacios de lucha contra el hambre en los barrios. “Lo que se obtiene en las colectas para la red de comedores y merenderos de Argentina Humana se destina para las secciones más desfavorecidas. Separamos al país en tres secciones. Jujuy y las provincias del norte son de la primera, porque allá no tienen ninguna ayuda provincial. Acá, con lo que aporta la provincia y lo que consiguen los compañeros, la olla se hace igual. No alcanza y hay que hacer malabares, sí, pero se hace igual”, explica El Gringo. Mientras tanto, los chicos del barrio y los hijos de las familias que van a la olla juegan con aros y platos de circo. Esta vez, el galpón donde funciona la olla, abre un sábado a la tarde para que, por un momento, los pibes sean sólo pibes.

Estela, una docente que ayuda en Bosques desde que empezó hace dos meses, recorre el salón ofreciendo leche chocolatada y hablando con las mamás de los chicos: cada momento es una oportunidad para armar un lazo con los vecinos. “Para algunos la olla es la única comida caliente del día.Yo ya viví esto en los noventa. Lo social es es una lucha eterna. Hay que construir lo político para que algo cambie. La olla es una herramienta política. No es para siempre. Esto es una organización política, si no ¿qué somos? La iglesia. No, nosotros no hacemos caridad”, determina. En la vereda de enfrente funciona una iglesia evangelista con un banner que todavía brilla como nuevo. La lona reza “Jesús es el camino” y acompaña con la foto de un águila y un león.

En el plano de la vida concreta, los leones con dientes ensangrentados acusan a quienes trabajan en los barrios de “gestores de la pobreza”. Sin embargo, Aníbal, un cartonero varelense organizado en la Federación de Cartoneros, Cartoneros y Recicladores (FACCyR), tiene, como su compañera, una visión totalmente opuesta. “Yo no quiero que mis compañeros sean cartoneros toda la vida. Yo quiero que aprendan un oficio, que tengan un laburo digno. Vos después de laburar tenés que tener condiciones para desarrollarte, no sólo comer, también poder vivir en tu propia casa, hacer tu vida. El trabajo y la formación son claves”, clama con vehemencia.

Cuando tenía 11 años, en otro neoliberalismo, murió su papá y tuvo que salir a la calle a ganarse el mango y hacerse de un oficio. Después de un tiempo, armó una cooperativa de herrería para que gente como él pueda formarse y vender su trabajo. “Tenés que asegurar tu sustento, eso es lo primero, después ves si querés militar o hacer otras cosas”, sintetiza con la firme dureza de años de buscar cartón bajo el sol picante y la humedad de la noche. En su voz, firme, se cristaliza el deseo de que la dignidad se haga costumbre: que los pibes que juegan con los aros puedan soñarse en un futuro mejor y que la política lo posibilite con transparencia y garantía. En sus ojos está la convicción de que a nadie más le roben, como a él, el derecho a una infancia con comida, risas y juegos.

No es cualquier verdura

No es cualquier verdura

Sep 18, 2024 | Comunidad, Destacado 3

Vecinos de San Cristóbal y Parque Patricios se manifestaron para evitar el desalojo de la huerta barrial que funciona dentro del Parque Vuelta de Obligado, alimenta a comedores populares y recibe a escuelas de la zona para educar en el cuidado ambiental.

Vecinos autoconvocados se manifestaron en el semáforo de la Avenida Juan de Garay y Pichincha, con carteles que informaban el aviso de desalojo de la “Huerta Garay”, el martes 17 de septiembre a las 16, con un abrazo para resistir a la amenaza. Quienes llevan adelante la huerta fueron notificados del inminente desalojo tras la demolición de la canchita de fútbol vecina. El Gobierno de la Ciudad les dio dos días para desarmar el lugar, luego de negociaciones lograron que fueran cinco.

A unos cincuenta metros, Nélida Santamaría, gestora de la huerta situada en Garay 2206, se planta firme en la entrada. Por ese dintel ha cruzado durante treinta años: primero para aprender a sembrar la tierra, luego para enseñar a otros a cultivarla y cosechar sus frutos.

Nelly, con cara de anfitriona de un evento al que nunca hubiera querido asistir, ve pasar a la gente. Saluda. Quiere estar atenta a lo que sucede en todas partes. Afuera, entre los bocinazos, los vecinos juntan firmas para impedir el desalojo de la huerta. Adentro, un funcionario del Gobierno de la Ciudad pasea entre las plantas que ella cuida.

Nelly está dispuesta a conversar. Toma del brazo a la cronista como a un familiar. Enreda su codo como lo hacen las señoras grandes con sus amistades. Frente a las preguntas, titubea, aprieta el brazo más fuerte y pide ir más lento. Se encuentra un poco nerviosa, dice que está ahí, mostrando la huerta, pero su mente piensa en lo que está pasando allá.

Tras unos minutos de calma, Nelly empieza a esbozar unas palabras: que ellos a todo esto lo hicieron siempre de corazón. Que nunca recibieron subvención del Estado. Que jamás tuvieron problemas con un gobierno. Que ahora tienen que andar presentando papeles y papeles cuando ellos no joden a nadie.

Relata los orígenes de la huerta y se remonta a treinta años. Surgió sobre un terreno que antes ocupaba la Policía Federal. Cuando se fueron, dejaron montículos de basura. Con la ayuda de los vecinos, se limpió y transformó el terreno, donde poco a poco brotó una huerta humilde, sostenida por tarimas. En esos tiempos eran muchas manos para colaborar y organizarse. Con ventas de chorizos lograron recaudar fondos para alambrar el predio, «para que los choclos no quedaran desparramados por cualquier lado», ríe Nelly.

Los frutos de la huerta tienen destinos tales como comedores comunitarios, y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Además, aportan a la educación ambiental de vecinos y reciben la visita educativa de decenas de colegios. Niños de diferentes edades disfrutan un tipo de experiencia verde, de esas que escasean en la ciudad.

“Los chicos se van chochísimos”, dice Nelly. “Caminan entre las hileras de plantas, huelen las hojitas de romero, tomillo, menta. Después se sientan a tomar la merienda, en una mesa larga que tenemos. Yo les pongo bandejas con tierra, plantitas y vasos que funcionan como macetas. Entonces ellos arman todo y se llevan a sus casas una pequeña maceta, sembrada con sus propias manos».

 

Casi todos los colegios de la zona visitaron la huerta. Hizo falta organizar fechas y horarios para que no se acumularan muchos turnos. Han llegado a asistir grupos de setenta niños, según cuenta Héctor, otro de los vecinos que colaboran en la huerta. Pertenece al grupo de los viernes. Entre las tareas está el riego, combatir a las hormigas “te descuidás un poco y te quedaste sin verduras”, dice. Destaca el liderazgo de Nelly, su entrega absoluta por el proyecto. «Hay que saber conducir lugares así», afirma.

Él es uno de los que conversó con el funcionario del Gobierno de la Ciudad. Ante la pregunta sobre ese encuentro, responde que están en plena negociación y en plan de resistencia. Que la idea de un espacio así debería ser ampliada, para que le llegue a más personas, no destruida. «Un lugar verde, en el medio de la ciudad, que no jode a nadie y que los chicos y los vecinos disfrutan. Casi no existen cosas así», concluye.