Feb 24, 2016 | inicio
Los organismos defensores de los derechos humanos se reunieron finalmente ayer con el presidente de la Nación, Mauricio Macri. Del encuentro participaron Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo; Haydée Gastelú, por Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora; Lita Boitano, en representación de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas; Carlos Pisoni, de H.I.J.O.S y Gastón Chillier, por el CELS. Junto al Presidente, estuvieron la canciller Susana Malcorra, el ministro de Justicia, Germán Garavano, y el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj. Estos dos últimos, más tarde, participaron de la conferencia de prensa junto a los representantes de los diferentes organismos.
“Fue una reunión importante, cordial, respetuosa. Se habló con absoluta sinceridad”, sostuvo Avruj al tomar la palabra y, así, comenzó la conferencia. Una hora antes, los organismos de derechos humanos se presentaron ante el Presidente con un documento con varios temas a tratar. “Se hablaron cuestiones que nos preocupan”, afirmó Carlotto. Entre aquellos temas, aparecen la continuidad de las políticas de memoria, verdad y justicia; el derecho al trabajo, el derecho a la protesta social, la violencia institucional, el derecho a la comunicación y las conmemoraciones por los 40 años del golpe cìvico-militar, el próximo Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia.
24 de marzo
Uno de los pocos puntos que tuvo acuerdo fue el referido a las conmemoraciones por el 24 de marzo en el marco de la próxima visita del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, los organismos solicitaron que su presencia no interfiera en la conmemoración popular a 40 años del último golpe. “El Presidente garantizó algunas acciones como el 24 de marzo próximo. Nosotros estamos organizando lo mismo de siempre, una marcha. Sin embargo, la presencia del presidente de EEUU complica por cuestiones de seguridad”, sostuvo Carlotto.
Al mismo tiempo, se reclamó el pedido al presidente norteamericano la apertura de los archivos aún no desclasificados por el gobierno estadounidense sobre el período dictatorial, además de la cooperación de este país en la búsqueda de los posibles nietos apropiados que vivan allí y la extradición del Capitán Roberto Bravo por su intervención en la Masacre de Trelew.
Ante la pregunta si aceptaría reunirse con el presidente de EEUU, Carlotto confesó: “Si bien sabemos que la doctrina de la seguridad nacional nace en EEUU y la represión en Latinoamérica fue apoyada y fomentada por ese país, hubo personas ilustres como (James) Carter que no estuvieron a favor. Yo me atrevo a decir que sí, me juntaría con él y le pediría la cooperación en temas como la desclasificación de archivos que hay en EEUU”.
La visita de Obama fue un punto que provocó tensión. “Desde H.I.J.O.S sentimos que la llegada del presidente Obama para el 24 de marzo es una provocación y su visita al predio de la ex ESMA, también. El gobierno de los Estados Unidos ha participado de los genocidios, está comprobado por los archivos y, en ese sentido, le manifestamos a Macri esa provocación”, señaló Carlos Pisoni.
Avruj respondió que Obama no representaba esa corriente que estuvo a favor de las dictaduras latinoamericanas: “Obama representa esa otra parte de la historia”. En este punto, ANCCOM quiso saber si esa mirada haría posible que el gobierno argentino eleve al mandatario norteamericano los reclamos de los organismos en relación a los archivos aún no desclasificados y la extradición de Bravo. “No tenemos información para adelantar ni confirmar sobre la agenda de la visita, pero lo vamos a tener en cuenta”, fue su respuesta.
Memoria, Verdad y Justicia.
Avruj comenzó la conferencia de prensa afirmando que el Estado garantiza la continuidad de las políticas de derechos humanos: “Se repasaron los temas que se hablaron hace menos de un mes, los cuales están vinculados con la preocupación de los organismos por la continuidad de las políticas de Estado. Hemos ratificado y el Presidente ha ratificado la posición llamando al trabajo de la Justicia y su independencia”.
ANCCOM preguntó sobre el desarme de varias dependencias estatales que coordinan políticas públicas de memoria, entre las que se encuentran la subsecretaría de DDHH del BCRA, el Centro de Asistencia Fernando Ulloa y el Programa Verdad y Justicia. “En primer lugar, el rol del Ejecutivo está garantizado como querellante. En cuanto al Programa Verdad y Justicia se está reacomodando, pero sigue funcionando. En relación a los otros organismos, aún se están reorganizando”, subrayó.
Protocolo de seguridad y Milagro Sala
En relación al “Protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas” y a la detención de Milagro Sala, aparecieron los desacuerdos entre ambas partes. En conferencia de prensa, Gastón Chillier, del CELS, hizo hincapié en estos dos puntos y manifestó: “Una de las diferencias que hubo con el presidente Macri fue en relación a la protesta social. Le planteamos nuestro desacuerdo con el nuevo Protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad, el cual no permite el ejercicio de varios derechos como el derecho a protestar y el ejercicio de la actividad periodística”. Ante esta preocupación, la respuesta del Presidente fue considerar al derecho a la protesta en contraposición con otros derechos. “Al plantearnos su punto de vista, referimos que el actual protocolo tiene un enfoque represivo. El Estado debe trabajar en la protesta pero sin olvidar que es un megáfono de la democracia”, agregó Chillier.
Cuando se ahondó en la temática de la protesta social, se puso énfasis en dos hechos recientes: la detención de Milagro Sala y la represión a los integrantes de la murga Los reyes del Ritmo. Frente a este último caso, Chillier afirmó: “Hace unos días, la respuesta de la ministra de Seguridad fue casi un apoyo a la Gendarmería. Sin embargo, hoy nos dijeron que se había abierto un expediente de investigación en el Ministerio de Seguridad. Nosotros le pedimos si podíamos acceder porque la respuesta que se le había dado al CELS días atrás es que esta investigación aún era ambigua”.
En relación a Milagro Sala, el representante del CELS insistió con el origen ilegítimo de la detención y recordó que la dirigente de la Tupac Amaru no está procesada, mientras que funcionarios del gobierno están procesados y en libertad. “Su primera detención fue consecuencia de haber convocado a una manifestación pública en reclamo a medidas de gobierno. Exigimos su inmediata liberación y manifestamos que este hecho representa una amenaza a la vigencia de las libertades democráticas. Milagro Sala es una presa política, no hay fundamento legal alguno para su prisión preventiva y cualquier investigación en su contra debe desarrollarse sin vulnerar el principio de inocencia ni el derecho a la libertad personal”, remarcaba el documento que presentaron los organismos.
Otro punto que generó discrepancias fue el que tuvo como centro a la Procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó. “El Presidente decididamente debe respetar el mandato constitucional de la procuradora Alejandra Gils Carbó, impulsora de los procesos juicios por delitos de lesa humanidad”, enfatizó Lita Boitano. “En este punto, claramente, no estuvimos de acuerdo”, respondió Garavano.
“El diálogo se abrió y todo diálogo que comienza es positivo –expresó Carlotto–. La sensación es que estamos en la casa del Presidente y es un Presidente constitucional. Al dialogar lo que queremos hacer es reforzar esa democracia”.
La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo no ocultó las diferencias que mantiene con el actual gobierno, pero sí valoró el diálogo entre ambas partes: “Vinimos al diálogo. Habrá futuros encuentros. Si hay que venir a felicitarlo, lo haremos. No somos partidarios. Deseamos hablar con la verdad en la mano. Debemos evitar el enfrentamiento, la intolerancia y la grieta que no la hicimos nosotros”.
Feb 18, 2016 | inicio
El 23 de noviembre del 2015, la periodista Marcela Ojeda le preguntó a Mauricio Macri en una conferencia de prensa cuál era su posición frente a los juicios a los represores. “La Justicia tendrá plena independencia para seguir trabajando”, fue su respuesta. Esta afirmación anticipó la política de Derechos Humanos del actual gobierno: la Justicia, únicamente, estará presente. Las políticas de derechos humanos no se limitan únicamente al juicio y su sentencia ya que existe un contexto en el cual las víctimas, cuyos derechos fueron violados, deben ser acompañadas y respaldadas. Es ahí donde el Estado tiene un rol fundamental y un efecto reparador. El Estado, y no solamente el Poder Judicial deben estar presentes.
En la Argentina, hasta hace una década, el Estado no había asumido su rol en el acompañamiento y reparación de las víctimas. Sin embargo, al asumir el presidente Néstor Kirchner, el Estado Nacional modificó su rol: “Nosotros percibimos que el Estado tiene un efecto reparador en el plano simbólico. En ese sentido, las víctimas pueden descansar en que hay alguien que ha asumido la búsqueda y el compromiso de justicia”, afirma Julieta Calmels, ex directora del Centro Ulloa.
Sin embargo, al no participar el Estado con sus tres poderes, ese rol desaparece. En el libro Experiencias en Salud Mental y Derechos Humanos. Aportes desde la política pública, editado en noviembre de 2015 por el Centro Ulloa, se afirma: “(…) para salir de la escena del horror se requiere de tres movimientos. Por un lado, la interrupción de los hechos de violencia (materiales y simbólicos), y por otro, un movimiento del sujeto para pasar a otra escena. Pero también es necesario un movimiento de las instituciones del Estado. Si la violencia se interrumpe y el sujeto realiza un movimiento para posicionarse de modo diferente, pero las instituciones no asumen lo ocurrido como algo que también les concierne, el hecho queda meramente en la interioridad de cada persona y las posibilidades subjetivas de cada quien”. Es decir, para que la víctima pueda dar un salto cualitativo en relación a su trauma, hace falta un exterior que lo reconozca y que exista más allá del sujeto. Ese exterior es el Estado con sus tres poderes.
«Para que la víctima pueda dar un salto cualitativo en relación a su trauma, hace falta un exterior que lo reconozca y que exista más allá del sujeto».
“Sin su presencia, el sujeto no tiene, simbólicamente, dónde apoyar su vida para poder recomponer esa situación traumática. Los organismos en su momento cumplieron ese rol, pero es un rol distinto. Una cosa es el Estado con todo su andamiaje de recursos económicos, simbólicos, jurídicos e institucionales, y otra cosa son los organismos que forman parte de la sociedad civil, enfatiza Calmels. Actualmente, hay un corrimiento del Estado. Atrás de un despido, hay una política pública y una situación de desamparo para las víctimas”.
Corrimiento del Estado
En la Argentina, en los últimos años de democracia, la mayor parte del tiempo, la lucha por la Memoria, Verdad y Justicia la llevaron adelante los organismos de Derechos Humanos en soledad. “Cualquier Estado debe escuchar a los destinatarios de una política pública para poder llevarla a cabo. Caso contrario, tiende a fracasar porque se pierde una parte nuclear de lo que es la política. Si no se escucha a las víctimas, cómo sabemos quiénes son los responsables”, sostiene Natalia Federman, ex directora Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad.
Durante estos dos meses, Macri aún no se juntó con los organismos de Derechos Humanos, en su lugar envió al jefe de Gabinete, Marcos Peña. “Haber mandado al Jefe de Gabinete para entrevistarse con los organismos es simbólico. Si uno compara a quiénes estaba atendiendo ese día – empresarios de AEA, entre ellos, Héctor Magnetto – ve la importancia que va a tener la política de Derechos Humanos. Eso es lo que preocupa”, afirma Federman. “Uno puede tener una agenda apretada, pero la decisión de delegar ese diálogo y ver con quiénes se juntaron muestra que no es una prioridad para la gestión”, agrega.
En la Argentina, en los últimos años de democracia, la mayor parte del tiempo, la lucha por la Memoria, Verdad y Justicia la llevaron adelante los organismos de Derechos Humanos en soledad.
La Justicia, únicamente
“Vengo a pedir perdón en nombre del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante tantos años tantas atrocidades”, afirmó Néstor Kirchner en el 2003. A partir de allí, el Estado argentino, a través de los tres poderes, asumió la responsabilidad en torno a la historia.
La política de Derechos Humanos en general, y la política de Memoria, Verdad y Justicia en particular, no se pueden desarrollar si no es a partir de los tres poderes en conjunto. Es así que las políticas impulsadas por el Poder Ejecutivo son importantes como políticas integrales. Por ejemplo, una de las tareas del Ejecutivo es ser querella en los juicios de lesa humanidad. Al mismo tiempo, el Programa Memoria y Justicia se encarga de articular y coordinar a todas las dependencias del Poder Ejecutivo para brindar apoyo institucional a las investigaciones que se llevan adelante en los juicios de lesa humanidad. En definitiva, es a partir de una política integral que el Poder Ejecutivo cumple su rol reparador.
“Ante hechos tan graves como las violaciones a los derechos humanos, en primer lugar debe ponerse en funcionamiento la justicia y la reposición de la ley transgredida para reconocer las responsabilidades y hacer valer las consecuencias: la sanción. Pero incluso estando eso, también es necesaria una segunda operación: la inscripción de las víctimas en la comunidad, que puedan filiarse a una genealogía social común que no las excluya, las segregue o las estigmatice. Este movimiento le concierne también al Estado”, explican en Experiencias en Salud Mental y Derechos Humanos. Aportes desde la política pública. Es decir, el Estado debe posicionarse y presentar una sanción social que provoque no solo efectos en la víctima, sino también en la sociedad. Por lo que excede a la Justicia, únicamente.
Parálisis y desarme
“Existen dos formas de vaciar una política: la parálisis del trabajo y el despido”, afirma Calmels. Ambas, presentes en los últimos dos meses en las políticas de Derechos Humanos del nuevo gobierno.
La subgerencia de Derechos Humanos del BCRA, durante el último año, investigó cuál fue el rol del Banco en relación al plan económico de la última dictadura militar. Relevó actas y documentación secreta para abordar la responsabilidad civil en los delitos. “No quedó nadie trabajando. El área ha quedado vacía”, sostiene Federman quien participó en la subgerencia. “En el Ministerio de Seguridad, aún, no hay un panorama claro. Una de las personas que llevaba una parte importante de las competencias del área de Derechos Humanos -que tenía que ver con la extracción de ADN de niños y niñas que hubieras sido apropiados y hoy son adultos- fue despedida. Esos allanamientos se hacían de una manera supervisada y colaborando en forma adecuada con la Justicia. Hay que atender adecuadamente y no hay que olvidar que la persona allanada es una víctima más allá de que no desee hacerse el ADN. En ese contexto, se había creado un grupo específico que era coordinado por la Dirección Nacional de Derechos Humanos. Era un grupo idóneo”, agrega.
«Juicio y castigo», una de las consignas promovidas por los organismos de DDHH.
Por otro lado, está el caso del Centro Ulloa que asiste integralmente en salud y acompaña en todo el país a víctimas de violaciones a los derechos humanos: del Terrorismo de Estado, de violencia institucional, y en el último tiempo, la incorporación de la atención a víctimas de Cromañón y el acompañando a juicios como el de encubrimiento al atentado a la AMIA. “Los profesionales que despidieron atienden a personas que están en estas tres situaciones donde el Estado está comprometido. Cuando llega alguien o nosotros nos acercamos a ofrecer el acompañamiento es porque ya hubo una violación de los derechos humanos. Primero hay que crear en la víctima una relación donde el Estado asume la culpa de ese delito que cometió contra ellos y está dispuesto a acompañarlos para arreglarlo. Si la decisión es vaciar esos programas, como efecto simbólico se produce el efecto contrario”, cuenta Calmels.
También está el caso del Programa Verdad y Justicia, dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Hubo despidos en las tres áreas: Abogados, Investigación e Implementación Operativa. Un caso que refleja las consecuencias de esta política es el despido de Natalia Vaca, perteneciente al área de Abogados en Salta. “El juicio en Salta era el primero que se reanudaba en febrero. Ese juicio es importante porque es el primero que se realiza a un empresario. Se juzga su participación y responsabilidad”. Tras su despido, ya no es el Programa el encargado de notificar a los testigos. “Eso implica que sean re-victimizados al ser notificados por las fuerzas de seguridad -relata Verónica Almada, trabajadora del Ministerio de Justicia de la Nación, despedida-, al mismo tiempo hubo una parálisis en el Programa. Por ejemplo, en Salta se complicó porque no tenemos los viáticos para viajar”.
A pesar de todo, que la Justicia tenga plena independencia para seguir trabajando es una buena noticia, pero no es suficiente. “La posición que asume el Estado a través de sus tres poderes es determinante. Cuando el Estado se desentiende, no imparte justicia, no ampara ni repara. Cuando esto pasa, cuando hay ausencia del Estado, de las políticas de Estado para con las víctimas, éstas quedan libradas meramente a su singularidad, sostiene Experiencias en Salud Mental y Derechos Humanos. Aportes desde la política pública, nada más liberal en última instancia que el corrimiento del Estado, así como nada más democrático que la potencia de su aparición”.
Ene 23, 2016 | inicio
Leandro N. Alem y Sarmiento. 11 de la mañana. Un grupo de 100 personas, rodeado por otras 200 que acompañan una lucha, una más de los trabajadores que deciden los pasos a seguir: “Su objetivo es desgastarnos, tenemos que contar con un elemento para forzar una conciliación obligatoria”, “nos están dando la peor parte del decreto”, “la pelea es adentro del edificio, nos tenemos que exponer”, “queremos luchar, pero no vamos a entrar a la fuerza”. En la puerta del Centro Cultural Kirchner (CCK), se escuchan diferentes voces, diversas posturas, pero todas con una misma conclusión: “A un trabajador no se le puede negar su lugar natural y ese lugar, en nuestro caso, es el CCK”, afirma Hernán Granovsky, delegado del Centro Cultural.
Por orden de las nuevas autoridades, el pasado sábado 2 enero 530 trabajadores del Centro Cultural Kirchner no pudieron acceder a sus puestos de trabajo porque su ingreso al edificio estaba prohibido. La medida ocurrió sin previo aviso, sin ninguna nota formal, sin ninguna resolución ni acto administrativo. La modalidad fue una lista que identificaba a quienes tenían restringido el acceso. “Al entrar al edificio, nos encontramos con una lista con nombre y apellido de aquellos que sí podían ingresar, en su mayoría gente de mantenimiento y recursos humanos, y de quienes no teníamos permitida la entrada”, cuentan dos trabajadoras del CCK, quienes prefirieron mantener en reserva su identidad por medio a mayores represalias. “Si bien sabemos que nuestro futuro pende de un hilo, pensamos que se iba a respetar el acuerdo al cual se llegó la semana pasada”, agregan.
El martes 29, después de tres semanas de cimbronazos permanentes, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) había llegado a un acuerdo con Hernán Lombardi, titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, bajo cuya esfera se encuentra ahora el CCK. Lombardi les había prometido su continuidad laboral durante los tres meses que se hiciera efectivo el Decreto 254/2015: “La semana anterior tuvimos una reunión con Lombardi, quien se comprometió por la continuidad laboral de los 530 trabajadores del CCK. Iba a hacer efectivo el decreto presidencial, no obstante garantizó durante los tres meses de revisión, la renovación de los contratos. Ayer los trabajadores se encontraron con las puertas cerradas”, sostiene Diego Martínez, dirigente de ATE. “Al ingresar al edificio, nos recibió una persona de Recursos Humanos que nos comunicó que nuestros contratos ya no eran reconocidos -explica Hernán Granovsky- y como solución nos dijeron que nos iban a evaluar para decidir nuestra continuidad o reubicación en el nuevo organigrama del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos”.
Los cambios con la nueva gestión
La mayoría de los trabajadores del CCK contaba con un contrato que finalizaba efectivamente el 31 de diciembre. Sin embargo, antes del 10 de ese mismo mes, se llegó a un nuevo acuerdo y se firmaron los nuevos contratos por un año más. De este modo, los trabajadores tenían asegurada su continuidad. No obstante, una serie de medidas modificaron el panorama.
La primera medida que tomó el gobierno de Mauricio Macri a través del decreto 254/2015 instruyó a ministros, secretarios y autoridades a revisar los procesos concursales y de selección de personal de los organismos descentralizados, así como empresas y sociedades del Estado. Como primera respuesta ante esta normativa, ATE llamó a un paro nacional la semana pasada con el principal objetivo de impedir los despidos masivos. Lombardi garantizó la continuidad de los 530 trabajadores del CCK durante los tres meses que se hacía efectiva la revisión.
La segunda medida fue bajo la dirección de Gabriela Ricardes, flamante secretaria de Contenidos del Sistema Federal de Medios Públicos y parte del equipo de transición que se está haciendo cargo del CCK, quien no reconoció los nuevos contratos. A partir de ahí, los trabajadores ya no pudieron ingresar a su puesto de trabajo. “El sábado, primero, nos comunicaron que el CCK estaba cerrado porque iba a abrir únicamente de lunes a viernes. El lunes, nos encontramos con la decisión de no dejarnos ingresar al edificio. Nos comunicamos con el secretario de Ricardes, Diego Fernández, quien se excusó con el paro que realizamos para no reunirse con nosotros”, cuenta Marcelo “Nono” Frondizi, secretario de acción política de ATE Capital. “Recibidos por personal de Recursos Humanos, se nos informó que seríamos sometidos a entrevistas laborales sin estar en nuestros puestos de trabajo, de hecho, que nos retiremos a nuestras casas y que ellos se irían comunicando con cada uno de nosotros. Justificaron estar recolectando la información para ver cómo entraría en el nuevo organigrama del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, y que llegado el momento, ellos se comunicarían. Nos invitaron a llenar un formulario con los datos que ya fueron dados y que incluso se encuentran en nuestros legajos”, relatan los trabajadores en el comunicado subido a su perfil de Facebook “Trabajadores del Centro Cultural Kirchner”. Ante esta medida, vino la segunda respuesta de los trabajadores: mantener un estado de asamblea permanente, acompañados por los sindicatos ATE Capital y UPCN Cultura, a la espera de una negociación con Lombardi o Ricardes.
Estado de asamblea permanente
Leandro N. Alem y Sarmiento. 12 del mediodia. 300 personas se reúnen en las escaleras del Centro Cultural Kirchner para exigir la reincorporación de los 530 trabajadores. Múltiples banderas de ATE, banderas con escritos – “Por el trabajo y la cultura pública”, “#TrabajadoresCCK”, “El CCK no se abre sin sus trabajadores. Renovación de los contratos” y cánticos contra Lombardi y en defensa de los derechos de los trabajadores ambientan la lucha. En este escenario se escucha la voz de “Nono” Frondizi: “Otro días más y las autoridades no nos atienden. Lo único que vale es la firmeza. Cada trabajador tiene que llevar el pan a su casa. Quieren un plan de ajuste para destruir lo que se logró durante estos doce años. No hay que tener miedo. Así lo demostró el conjunto del movimiento obrero. Somos peronistas y no nos vamos a rendir. Vamos a proteger el proyecto del CCK porque es el proyecto público que defendemos”.
La lucha continúa y los trabajadores convocan al público, artistas, trabajadores, organizaciones sociales y culturales, medios y a todos los que quieran acompañarlos, el próximo jueves 7 de enero a las 16, a encontrarse en la puerta del Centro Cultural Kirchner. La autoridades no responden, pero los cánticos no dejan de sonar mientras se despliega una bandera que corta un carril de la avenida: “Soy estatal, mi trabajo son tus derechos”. Son trabajadores y el CCK es la cultura pública.
Ene 19, 2016 | inicio
Miles de personas se reunieron en la Plaza de Mayo por la liberación de la dirigente social jujeña Milagro Sala, en repudio a la criminalización de la protesta social y por la defensa de los puestos de trabajo.
El lunes 21 de diciembre, en la 49° Cumbre del Mercosur, Mauricio Macri exigía la pronta liberación de los presos políticos en Venezuela. “No puede haber persecución ideológica”, sostenía. El 16 de enero, casi un mes después, la dirigente social y líder de la Tupac Amaru fue detenida en Jujuy, acusada por el gobernador Gerardo Morales de «instigación a la violencia y tumulto». En apoyo a la dirigente social, el lunes 18, miles de personas – organizaciones sociales, movimientos y partidos políticos – se reunieron en la Plaza de Mayo para formar un “Cabildo Abierto”. Las consignas fueron la liberación de la dirigente social Milagro Sala, el repudio a la criminalización de la protesta social y la defensa del trabajo.
A pesar de la multitud, no había cámaras de televisión. No solo los canales ignoraron a los manifestantes, tampoco los portales online de los principales medios de comunicación, que prefirieron dedicar su espacio a los actos de homenaje al cumplirse un año de la muerte del fiscal Alberto Nisman.
“A Milagro Sala se la llevaron en un operativo de 150 efectivos. Fueron cuatro los imputados. ¿Ustedes creen que los otros tres siguen detenidos? Esto demuestra que es una presa política del gobernador. Si nosotros estamos en la Plaza Belgrano no es porque ella nos incita a la violencia, lo decidimos en una asamblea por los 20 mil puestos de trabajo que están quedando desocupados. Esa es la lucha, por eso acampamos”, sostuvo Marcos, uno de los tres representantes jujeños de la Tupac Amaru que llegaron hasta Buenos Aires.
Hace 35 días, organizaciones sociales jujeñas iniciaron un acampe en la Plaza Belgrano con el objetivo de dialogar con el nuevo gobierno de Morales por la continuidad de las obras de construcción que vienen realizando a través de cooperativas y de los puestos de trabajo. “Durante estos días, tuvimos intimidaciones, aprietes y presiones. Nos dijo que no iba a haber más planes, ni beneficios, ni viviendas para los que estemos en el acampe”, agregó Marcos. Y así fue. Mediante el Decreto Nº 403-G-16 del Poder Ejecutivo provincial, Morales estableció que las organizaciones sociales que no se empadronaran en el Plan de Regularización y Transparencia de Cooperativas y Beneficios Sociales y permanecieran en el acampe, perderían los beneficios sociales y su personería jurídica sería suspendida.
“Recuerdo cuando Milagro nos decía que nunca debíamos bajar la cabeza. Y eso me viene hoy a la memoria: tenemos nuestras viviendas, nuestro polideportivo, pero sobre todo tenemos nuestra dignidad”, contó emocionada Marcela, “la pajarito”, representante jujeña de la Tupac Amaru. Y agregó con un tono eufórico mientras la plaza la apoyaba con aplausos: “Donde Morales dijo que íbamos a cambiar, hoy estamos aguantando; porque ellos no quieren cambiar, nos quieren imponer. Nos quieren quitar lo que nosotros logramos y construimos. Yo, Morales, hoy te digo: ´No. No vas a entrar a nuestros barrios, no nos vas a controlar nuestras vidas. Yo soy Milagro Sala y todos los que estamos hoy acá somos Milagro Sala´. ¡Morales, yo no te bajo nunca más la cabeza. Toda mi vida he bajado la cabeza. Hoy puedo mirarte y decirte que yo soy argentina, soy jujeña y me tenés que escuchar!”.
“Ella nos miró”
Horas antes de la marcha, legisladores nacionales y del Parlasur del Frente para la Victoria, acompañados por dirigentes de diversas organizaciones, brindaron una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados. En el lugar, reiteraron las consignas que más tarde iban a hacer eco en la Plaza de Mayo: “Con la detención de Sala, se busca criminalizar la protesta, cuando en realidad está ejerciendo su derecho a peticionar”, sostuvo Agustín Rossi, ex ministro de Defensa y diputado del Parlasur. Y agregó: “Es la primera presa política en el gobierno de Mauricio Macri».
En un mismo sentido, durante el acto, el ex presidente del AFSCA Martín Sabbatella y el diputado Edgardo Depetri hablaron con ANCCOM y sostuvieron que la detención de Milagro Sala constituye la voracidad de los intereses económicos que el gobierno representa: “Les importa cero las instituciones, les importa cero la democracia, les importa cero la división de poderes. Lo único que les importa es transferir los derechos del pueblo a los grupos económicos concentrados que representan”, afirmó Sabbatella. Y ante la pregunta de por qué creían que este gobierno en un mes había tomado diversas medidas represivas, el ex titular de la AFSCA concluyó: “Estamos ante un gobierno legal, pero un gobierno autoritario, prepotente, que busca un blindaje judicial y mediático para tomar medidas antipopulares. Lo que se les escapa de ese blindaje, lo reprimen o lo encarcelan”. A su vez, Depetri completó: “El objetivo, con su detención, es callar esas voces para que no se discuta el rol del Estado”.
Durante una hora y media, miles de personas no exigieron únicamente la liberación de Milagro Sala. Su detención y su lucha representó la defensa de 20 mil puestos de trabajos que acaba de dar de baja el gobierno de Mauricio Macri y el repudio a la criminalización de la protesta social. La dirigente sindical personaliza lo logrado durante los últimos 16 años y así lo expresó Marcela, “la pajarito”: “Para nosotros Milagro es la persona que nos miró cuando nadie daba una moneda por nosotros. Éramos los rezagados del gobierno. Milagro apostó por nosotros. Hoy en día soy una mujer que dejó de pasar hambre, en cuya casa ya no llueve más adentro que afuera. Hace 167 años no había ningún gobierno que apostara por nosotros. Vino Milagro y nos dio una esperanza a los jujeños”.
Durante una hora y media, miles de personas acompañaron al pueblo jujeño y se pusieron de pie y cantaron el himno tras las palabras de la Abuela de Plaza de Mayo Estela de Carlotto, quien cerró el acto: “El pueblo votó –dijo- y vamos a respetar la voluntad del pueblo siempre que el que nos gobierne nos respete. Y nos está insultando. No abandonemos la lucha. No tenemos miedo, ellos tienen miedo de nosotros. Por eso tenemos bastón, porque nunca nos arrodillamos y no nos vamos a arrodillar ahora”.
Dic 7, 2015 | inicio
En las inmediaciones del cementerio de Chacarita, en la calle Girardot, se ubica la fábrica de pastas y tapas de empanadas y tartas La Litoraleña. A la diez de la mañana, los empleados se encuentran en su lugar de trabajo. Sin embargo, la producción está detenida. La fábrica está tomada. Las causas son el adeudamiento de cinco meses de salario y el despido de 32 empleados. “No somos delincuentes, somos trabajadores que queremos trabajar y hace más de cinco meses que no tenemos respuesta del dueño de la fábrica”, asegura a ANCCOM Luis Baini, delegado sindical de La Litoraleña, luego de la infructuosa audiencia de conciliación convocada para la primera semana de diciembre.
El conflicto comenzó hace varios meses. En un principio, el pago de los salarios estaba atrasado. Sin embargo, la situación empeoró hace algo más de sesenta días, cuando el sueldo dejó de cobrarse por completo. Para acentuar el problema, el viernes 30 de octubre llegaron 29 telegramas de despido, que se sumaron a otros tres anteriores que habían recibido en mayo. “Desde hace varios meses que están jugando con el desgaste. La situación se agravó cuando dejamos de llevar plata a nuestras casas y con el despido de los 29 compañeros, sin indemnización alguna”, sostiene.
Por estos motivos, 82 empleados decidieron tomar la fábrica para pedir, en primer lugar, la restitución de los 32 compañeros y, en segundo lugar, la cancelación de la deuda. “Nuestro principal objetivo es conseguir lo más inmediato y lo más justo. Ya no podemos volver a que nos paguen a cuenta gota y entrar a un concurso de acreedores de un año. Tenemos que definir esta situación inmediatamente por nuestras familias. Nuestras casas están vacías y, como consecuencia, nos estamos metiendo en un endeudamiento que nosotros no creamos”, refuerza Baini.
Según sostuvieron los trabajadores en conferencia de prensa el 1° de noviembre, la firma Deconti, dueña de la marca La Litoraleña, está concursada y cuenta con un pasivo de 83 millones de pesos y una deuda a la AFIP de 17 millones de pesos. A esta situación, se le suma una deuda con la Mutual 12 de Enero por una estafa, a partir de créditos personales de los empleados: “Nos descontaban de nuestros haberes, pero no pagaban”, resalta Baini.
Por este motivo, los trabajadores concuerdan en que el objetivo de la firma es jugar con el desgaste de los trabajadores a partir del retraso y la falta de pago. “Su objetivo es reducir el personal –sostiene Baini– y como no quieren pagar las respectivas indemnizaciones porque la mayoría de los empleados están hace más de quince años, pretenden que por cansancio renunciemos”.
Vaciamiento
Los trabajadores de La Litoraleña concuerdan en que los dueños de la firma Deconti planean un vaciamiento o reducción del personal para achicar costos. “Nosotros estuvimos produciendo hasta último momento, pero ellos no hacían otra cosa que jugar: ´si te pago no compro la materia prima, si compro la materia prima no te pago´”, afirma Baini. Por otro lado, los trabajadores despedidos tienen algo en común: son parte del personal más antiguo. Su despido refuerza esta idea. “A fines de octubre recibimos, junto a 28 compañeros, un telegrama de despido. Entre las causas estaban usurpación de la propiedad y obstaculización de la salida de mercadería”, cuenta Rubén Pérez, trabajador de La Litoraleña desde hace más de cinco años. Su situación lo preocupa, aunque sabe que sus compañeros no van a aceptar trato alguno sin que ellos sean reincorporados a sus puestos de trabajo.
A pesar de esta situación, el objetivo de los trabajadores es continuar con la producción de manera autogestionada a partir de la creación de una cooperativa. “Estamos defendiendo nuestra fuente de trabajo. Nosotros queremos trabajar. Las máquinas están, la empresa vende. El tema es que no queremos hacerlo gratis para un patrón que no nos paga –sostiene Baini– Queremos trabajar para nosotros y para nuestras familias”.
Para lograr su objetivo, los trabajadores de la Litoraleña están recibiendo el apoyo de varios partidos políticos, entre los que se destacan el Frente para la Victoria y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Al mismo tiempo, la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados (FACTA) y la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT) están presentes en su lucha. “Ante esta situación, recibimos apoyo de legisladores, comuneros y de FACTA. Sin embargo, el apoyo que realmente necesitamos nunca llegó. Las respuestas que recibimos por parte del Ministerio de Trabajo fueron insatisfactorias en todo momento”, afirma Baini.
Instancias de negociación
Varias fueron las instancias de negociación entre los trabajadores de La Litoraleña y los abogados de la firma Deconti. Sin embargo, la oferta siempre fue insatisfactoria para los empleados: “En las primeras conciliaciones nos prometían plata, pero nunca estaba. Y si lo estaba era muy poca. Con una remuneración de 12 mil pesos mensuales, nosotros llevábamos a nuestras casas 700 pesos por semana. No podíamos solucionar nada con ese dinero”, cuenta Baini. “En la última conciliación, desde el Ministerio de Trabajo nos ofrecieron una miseria. Ellos planteaban un acuerdo, pero su oferta era miserable. Nos ofrecían pagar 1500 pesos. Yo llego acá con esa oferta y los muchachos me parten la cabeza”, ironiza.
A pesar de las dificultades, la unión entre trabajadores los fortalece. Esto queda de manifiesto, apenas se divisa Girardot 345. Durante el día son varios los operarios que están en la vereda de la fábrica charlando y buscando una solución. Otros se mantienen dentro de la planta, en el comedor. Entre todos muestran aquello que afirman una y otra vez “la base está unida y fuerte”.
La lucha continúa
El empresario Rodolfo Conti no solo despidió a 29 trabajadores, sino que, ante la toma de la fábrica, también realizó una denuncia penal que fue resuelta, en un principio, a favor del reclamo de los operarios. La justicia de la ciudad de Buenos Aires dictaminó el jueves 12 de noviembre que la toma de la fábrica por parte de los 82 trabajadores no comete “ningún delito ni contravención alguna ya que la medida de lucha forma parte de un reclamo sindical”. Baini asegura: “Nosotros estamos ante un problema gremial, estamos defendiendo nuestra fuente de trabajo. Desde ya que no se trata de una usurpación privada”.
Ataliva Dinani, abogado de Facta-CNCT (Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo) acompañó a los empleados durante las negociaciones y los defendió ante la denuncia penal. “La Fiscalía actuante entendió que los trabajadores no estaban delinquiendo, sino que Rodolfo Conti estaba violando las leyes laborales –expresa Dinani– Por eso, los compañeros de La Litoraleña se encuentran cada día más decididos a mantener la medida de lucha”.
Sin embargo, luego del fallo a favor de los trabajadores, las denuncias no cesaron en su contra y, a fines de noviembre, el fiscal Norberto Brotto ordenó poner una consigna policial para evitar que ingresaran al edificio. “Nuestra idea es producir a pesar de la consigna policial y, con el apoyo de otros trabajadores, cooperativas y de Facta, poder comprar la materia prima. Exigimos al fiscal Brotto que nos deje trabajar tranquilos”, sostiene Baini.
Sus objetivos están claros: la incorporación de los empleados despedidos y el cobro de los sueldos atrasados. Mientras tanto, defienden su fuente de trabajo. Esa es su consigna y así lo comunicaron el 30 de noviembre en una conferencia de prensa que se realizó en la puerta de la fábrica: “Ya presentamos la documentación para constituirnos como cooperativa y poder defender lo nuestro a partir de la producción autogestionada”, finalizó Baini.
