«El Banco no se vende»

«El Banco no se vende»

Los trabajadores bancarios del Nación realizaron un abrazo en la sede central para manifestar su oposición a que la entidad sea transformada en una Sociedad Anónima. Participaron, además de los bancarios, la Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino, que nuclea pymes de todo el país.

En la vereda de enfrente de Casa Rosada, los bancarios se reúnen para impedir la conversión del Banco Nación en una Sociedad Anónima. Desde las escalinatas de la sede central, la Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino, que nuclea PyMEs de todo el país, canta “No se ven-de/ la patria no se vende/ No se ven-de/ El Banco no se vende”.

Sosteniendo su bandera, está Javier Escalada, empresario, que explica por qué es crucial el Banco Nación: “Es prestamista de las PyMEs, nos da mucho apoyo y da una referencia de las tasas de crédito y plazo fijo y del valor del tipo de cambio. Es una herramienta para un proyecto nacional que privilegia la producción y el trabajo: se constituyó para darle al país independencia económica, soberanía política y, con los años, justicia social”. Con un dejo de enojo, sintetiza: “Le molesta a los proyectos que quieren la financiación y trabajan para la banca internacional, los fondos buitres, los que especulan con el trabajo y la producción argentina”.

En esa línea, Silvina Batakis, exministra de Economía, analiza que la política económica del actual gobierno es el “empobrecimiento de la población”. Además, agregó: “Nosotros teníamos cosas para hacer y corregir, pero ellos tienen un objetivo muy claro: acelerar todos los procesos de privatización y achicar el sueldo de todos los trabajadores, formales e informales, y las jubilaciones. Lo dijo el presidente hace muy poco: ‘El objetivo es la licuadora’”.

Daniel Mercado, secretario de prensa de La Bancaria de la seccional Buenos Aires,  trabaja desde los 80 en el Banco Nación y le parece que nada de lo que hace Milei es una novedad, ni siquiera con quiénes lo hace. El día anterior al acto, el Gobierno nacional contrató al estudio jurídico de Horacio Liendo encargado de la conversión a Sociedad Anónima. “Liendo es uno de los personeros de la época de Menem que auspiciaba el desguace del Estado. El Banco es autárquico y aporta al Estado nacional: la única intención de esto es hacer caja, venderlo para sacar 20 mil millones aproximadamente”, contestó el secretario de prensa que recordaba la resistencia en los 90 con banderazos y juntadas de firmas.

Juan Vitta, miembro de la mesa nacional de la CTA, añade: “Son los que hicieron la convertibilidad. El padre de Liendo estuvo en la dictadura. Obviamente es una provocación poner a ese estudio”. Pero tiene esperanzas para la resistencia: “A diferencia de 2015, las movilizaciones están siendo más numerosas y en estos actos chicos antes éramos 50 personas, ahora somos más de 500”.

Mientras tanto, en la esquina de Bartolomé Mitre y 25 Mayo, un policía de la Ciudad pregunta por el desarrollo de la actividad. Un señor de camisa rayada le responde hasta que un compañero se acerca cantando “No se vende”. El policía sonríe y la mirada inquisidora de los bancarios lo obliga a responder: “No somos federales. Nosotros tampoco queremos que se venda” y muestra que en uno de los bolsillos de su cargo lleva doblada lo que podría ser una remera del color azul de La Bancaria.

“El Banco es el único que está presente en todas las provincias y es una fuente de trabajo inmensa. Apoya siempre al pueblo y, desde que está, el gobierno atacó al pueblo. No podemos esperar estar mal 30 años para estar mejor en el futuro porque el momento de comer de la gente es ahora”, sentencia Soledad, empleada del banco hace 17 años, con la boca abierta.

Alejandro Gramajo, secretario general de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), tiene una mirada similar: “Esta asamblea de todos los trabajadores en unidad es la unidad y la movilización popular para impedir que nuestro pueblo sufra y que el país se transforme en un recipiente de las corporaciones económicas. Las medidas de este gobierno grafican la insensibilidad y la determinación para llevar al pueblo argentino a una situación de miseria absoluta”. 

Al entrar a la sede central, el ruido de bombos invade. Gente con camisas y pantalón de vestir está parada en los mostradores de mármol. Desde el escenario, una locutora nombra las adhesiones e invita a entonar el Himno Nacional.. Banderas del Banco Nación, del Banco Ciudad y de La Bancaria se agitan en las estrofas. La gente aplaude cuando el diputado Hugo Yasky, exsecretario general de la CTA, y Héctor Daer, secretario general de la CGT, toman la palabra, pero nada se compara a la sensación que genera Sergio Palazzo, secretario general de La Bancaria y actual diputado nacional, cuando toma el micrófono. Ahí, el Banco estalla en aplausos.

“Cuando venía el capítulo de estas privatizaciones, levantaron el proyecto de Ley Ómnibus porque sabían que la derrota era estruendosa, pero en lugar de aceptar lo que los representantes del pueblo en el Parlamento dijeron, eligieron el camino de la venganza: no subir el salario mínimo ni las asignaciones para los movimientos sociales y, con nosotros, cuando a escondidas hacen reuniones de directorio para contratar al estudio de Tomás Horacio Liendo hijo y todo su equipo para iniciar el proceso de conversión a Sociedad Anónima para su posterior privatización”, exclama Palazzo. La explanada chifla con la mera mención del apellido.

“En este Banco todavía tenemos pendiente el pago del premio anual, la respuesta es ‘no hay plata’, pero el honorario del estudio Liendo es de 120 mil pesos por hora. Ocho horas de trabajo, un millón de pesos por día”, añade. Una señora de 50 años y pelo lacio se voltea hacia un compañero con la boca abierta: “120 mil pesos podés creer”, comenta en plena incredulidad.

Para tranquilizar a su estadio, Palazzo comienza a explicar: “No pueden avanzar en la privatización porque el DNU es nulo porque no tiene un mínimo estudio de los temas que abarca, porque no hay ninguna justificación de la necesidad y la urgencia y porque tienen que cambiar la Carta Orgánica del Banco. Para cambiarla, necesitan del voto en el Congreso. Y nos vamos a garantizar que no tengan los votos”. 

Augusto, un trabajador del BN, asiente: “La privatización del banco sólo beneficia a los intereses de grupos empresarios, hacerlo por un DNU sin fundamentos y sin consenso nacional es muy sucio”.

“Para el Directorio en el primer piso y, si quieren escuchar, para Balcarce 50 (Casa Rosada), si no les alcanza con los argumentos jurídicos, la imposibilidad de privatización se la van a dar los trabajadores y trabajadoras”, arengó Palazzo. La bancaria hace repiquetear los bombos.

Al salir del edificio, un bancario exhala con emoción: “Palazzo la descose toda”. Su compañera, entrerisas, le contesta: “Sí, te mete argumentos, datos, todo”. Les dan para sostener una bandera argentina de 500 metros de largo que, ni bien salen, ya se está desenrollando. Algunos llevan libros de firmas para un proyecto de Palazzo y Carlos Cisneros, que evite la privatización y se excluya al Banco como un bien privatizable de ahora en más.

“Si un hermano está en peligro, lo conveniente es salir a ayudarlo”, dice Silvia Alonso, trabajadora del Banco Provincia de Buenos Aires, mientras firma con lágrimas en los ojos. “El Banco ayuda a toda la sociedad: si lo venden, no les van a dar a los del campo para la sequía”, anticipa en tono de reto.

Roberto Baradel camina con la bandera y enfatiza: “La privatización atenta contra el desarrollo de nuestro país, de productores, de empresarios, del interior del país. La unidad de los trabajadores es clave. Palazzo convocó hoy a la CTA y la CGT para defender al Banco. Los docentes nos vamos a llevar unos cuadernos para hacer firmar en todas las provincias”. De fondo, los bancarios arengan en círculos cantando “El Banco no se vende”.

¿Dios necesita ir a terapia?

¿Dios necesita ir a terapia?

La obra «Oh Dios Mio!», escrita por la israelí Anat Gov volvió al Teatro Nün protagonizada por Lili Popovich y Juan Pagliere bajo la dirección de Carlos Kaspar.

Oh Dios Mio! vuelve al Teatro Nün todos los domingos de febrero y marzo a las 20:30. La obra escrita por la guionista israelí Anat Gov y dirigida por Carlos Kaspar, plantea un hilarante encuentro entre una psicóloga prestigiosa y un paciente misterioso que necesita una sesión con urgencia y resulta ser nada menos que Dios.

Ubicado en Villa Crespo, el Teatro Nün vuelve a acoger esta obra de 80 minutos de duración en donde sobran las risas y los momentos emotivos. Caracterizada por su profesionalismo y talento como coach actoral y actriz Lili Popovich se pone en la piel de Ela, una psicóloga de gran prestigio que además es madre soltera de un hijo con autismo.

Por su parte, Juan Pugliere, actor nacido en Pinamar con una basta experiencia en teatro, encarna a Dios. Ambos actores logran estar a la altura del desafío que representa la obra.

“Es un llamado a la reflexión” comenta a ANCCOM Carlos Kaspar, actor, director y docente teatral con una amplia trayectoria sobre Oh Dios Mio!. La obra volvió de la mano de Kaspar en 2023 y se reestrenó este verano: “Lo que más me movilizó son las preguntas que todos nos hemos hecho alguna vez, ya sea en la infancia, la adolescencia o en la adultez en relación a la existencia y a Dios. Todos nos hemos preguntado estas cosas que se pregunta este Dios tan atribulado, triste y enfermo” argumenta el director.

Un dios humanizado

La idea de personificar a Dios también presentó un desafío atractivo para el equipo. Kaspar explicó que para pensar en este personaje le pareció importante “romper con los clichés y con cierta distancia” que genera la típica imagen de un dios barbudo, vestido de blanco, sabio y amenazador: “Me pareció muy lindo jugar con esa idea de que sea un hombre común y corriente que camina entre nosotros sin que nos demos cuenta. Soy un convencido de que cada uno tiene una imagen interior totalmente diferente de Dios. Incluso los agnósticos y los ateos la tienen. Me parece que está bueno mostrar un dios más bien mundano”, concluye.

Para Juan Pagliere: “El desafío de ser Dios es inconmensurable, inabarcable, casi te diría que hasta indescifrable por momentos”. Coincide con el director de la obra y con la mirada de hacer un dios más humano: “Kaspar me propuso transitar muchas emociones a la hora de personificarlo. Poder contar a través de este dios al ser humano en toda su totalidad: en sus emociones, personalidades o en sus diversas formas de comunicarse con el mundo. Por momentos era encontrar un dios vanidoso, furioso, omnipotente, alegre, un niño, alguien sensible, reflexivo y también temeroso”, explica Pagliere.

El equipo también encontró inspiración en la escritora de la obra, Anat Gov, quien falleció de cáncer en 2012 en Israel, su país de origen. Reconocida en el mundo por su trabajo como guionista en televisión y teatro, algunos de sus textos también fueron llevados a la pantalla grande; uno de ellas se llama El final que quiero, película estrenada el año pasado y protagonizada por la actriz estadounidense Andie MacDowell.

Oh Dios Mio! tuvo su primer estreno en el país hace más de una década con dirección de Juan Freund. Entre 2013 y 2015 la dirigió Lía Jelín junto con los actores Thelma Biral y Juan Leyrado, quienes se presentaron en grandes teatros por Avenida Corrientes y Mar del Plata. El año pasado tuvo su versión con Paula Morales y Gastón Ricaud con la dirección de Kaspar. Este nuevo equipo también pasó por el Teatro Municipal Carlos Gardel en Lanús, el Teatro Estudio en La Plata y el Teatro Municipal Pepe Soriano en Tigre.

La obra goza de una intimidad muy particular entre los actores y el espectador. El teatro de vanguardia Nün contribuye a generar este ambiente. Lili Popovich sostiene que a pesar de ser presentada en espacios para más de 500 personas la obra se presta a interpretarse de manera intimista: “La única diferencia con los otros teatros es que nos ponen micrófonos inalámbricos. El proceso que hago como actriz junto a mi compañero es el mismo porque no nos separamos el uno del otro para trabajar. La obra no existiría sin dos actores totalmente involucrados con el material”, y agrega: “El público está casi con nosotros adentro”.

Popovich cuenta que en el primer ensayo “se enamoró de la obra”, que le resultó “sumamente interesante y novedosa”. Su personaje, madre soltera de un hijo con autismo, tiene mucho que reprocharle a Dios por lo que es incapaz de sentir empatía al intentar ayudarlo. La obra construye una historia que cuestiona tanto la existencia y los actos de la humanidad mientras hace un repaso por el Antiguo Testamento de una forma ocurrente. “Para mí fue descubrir una experiencia nueva, ponerme en diálogo interno sobre sí creo en Dios o que me pasa cuando me sucede algo terrible ‘¿Acudo a Dios?’. Empezás a cuestionarte cosas que la obra también cuestiona y de las que nosotros como actores, y el director mismo, debemos preguntarnos. No es casualidad que esta mujer haya sido elegida por Dios para ser su terapeuta”, comenta la actriz.

Un contexto particular

Tanto Lili Popovich como Juan Pagliere sostienen que si bien no les gusta “politizar” la obra, entienden que en un contexto como el actual la cultura es fundamental y debe ser vista como un capital de primera necesidad. Si bien el proyecto de la Ley Ómnibus finalmente no se aprobó, el debate sobre el apartado cultural que planteó, entre otras determinaciones, la derogación de la Ley Nacional del Teatro y recortes a instituciones culturales como el Fondo Nacional de las Artes, representó una amenaza para todo el sector artístico.

Al respecto Carlos Kaspar reflexiona: “Yo creo que es un momento particular en el mundo, no solo en Argentina. Sino mirá lo que sucede en Ucrania o Israel. Que ironía que justamente en Israel se esté perpetrando una matanza de esta manera. Cuando se vulneran derechos, cuando se le hace creer a la gente que el Estado es un simple administrador de bienes y que está bien contaminar un río porque conviene económicamente…, yo creo que justamente la obra habla de esa forma de pensar. En ese sentido, la obra es totalmente autorreferencial”, concluye el director de la obra.

Las entradas pueden adquirirse por Alternativa Astral y en el Teatro Nün ubicado en Ramirez de Velazco 419, CABA.

 

¿El final del comercio fronterizo?

¿El final del comercio fronterizo?

La liberación de precios impuesta por el gobierno de Javier Milei que provocó la suba de precios generales frenó el consumo de los uruguayos que cruzaban a la Argentina para proveerse de insumos. El caso de Gualeguaychú.

La desregulación económica llevada adelante por el gobierno de Javier Milei desde su asunción el 10 de diciembre pasado encarna una liberación de precios y otra consecuente baja en el consumo de bienes y servicios. Se trata de un volantazo que, si bien tiene efectos sobre la economía en general, también lanza esquirlas al comercio fronterizo, un fenómeno que se había instalado en muchas ciudades argentinas cercanas a los países limítrofes.

Gastón Remy, economista y docente de la Universidad Nacional de Jujuy, explica que “la liberación de precios es parte de un plan económico del Gobierno nacional que parte de una premisa falsa que es que los precios estarían reprimidos” y añade que, como consecuencia, se permite que “los grandes formadores de precios pongan precios como si viviéramos en Estados Unidos o Europa”. Esta nueva realidad que desencadena la suba de bienes de primera necesidad y combustibles cambió en buena medida una cotidianeidad que parecía instalada en Gualeguaychú: la de haberse convertido en paraíso argentino para los uruguayos, quienes cruzaban la frontera para proveerse de insumos a bajo costo.

La situación actual del comercio fronterizo encuentra su núcleo en una combinación de aristas contradictorias. Según Remy, la devaluación por la que el peso argentino pierde la mitad de su valor llevó al abaratamiento de los productos locales, y la acelerada inflación desencadenó en que este abaratamiento se pierda rápidamente e incluso se encarezcan esos mismos productos con respecto a los países limítrofes.

En enero de este año, el Observatorio Económico de la Universidad Católica del Uruguay publicó un Indicador de Precios Fronterizos que refleja la diferencia de precios de una canasta representativa de productos entre las ciudades fronterizas de Salto y Concordia. Según la medición, las diferencias porcentuales muestran variaciones que benefician a ambos países dependiendo del producto pero, en rasgos generales, hubo una reducción en la diferencia de precios que puede explicar por qué los uruguayos están dejando de realizar sus compras básicas en nuestro país. Mientras en la categoría que engloba alimentos y bebidas no alcohólicas la diferencia se redujo un 35% desde noviembre pasado y ahora alcanza el 92,9%, la diferencia actual en la nafta es del 65,5% frente a un 177,1% registrado en noviembre.

Se acaban los paseos de compras

 “Los uruguayos ya no vienen como antes. La devaluación del peso, la suba del dólar oficial y la nafta hicieron que ya no les sirva tanto”, explica Juan Carlos García, encargado de la sucursal de Supermercados Malambo ubicada en la intersección de Seguí y Rivadavia. Según García, “los precios nos han aumentado un 100% desde la asunción de Milei” y en el primer mes la baja en el consumo fue notoria.

A pesar del panorama desalentador, García comenta que la suba del dólar blue generó que “los uruguayos de a poquito estén volviendo”, aunque no en las cantidades a las que estaban acostumbrados los gualeguaychenses desde la reapertura de la frontera en diciembre de 2021. García señala que ahora vienen principalmente las familias de mayores recursos en sus autos particulares y no las trafics que durante tantos meses pagaban muchas personas para realizar paseos de compras por la ciudad argentina.

De acuerdo con lo recolectado por el Ministerio de Turismo de Uruguay, el turismo emisivo hacia Argentina descendió en el cuarto trimestre de 2023. Mientras en el tercer trimestre viajaron a nuestro país 1.052.341 residentes uruguayos con un gasto total de U$S 362.995.134, el último estudio que incluye veinte días del gobierno de Milei, la devaluación del 118% y el aumento de precios, muestra un movimiento de 951.991 residentes con un gasto total de U$S 288.736.746. Queda por ver qué reflejarán las estadísticas del primer trimestre de este año. García intuye que el invierno va a ser complicado en la ciudad carnavalera: “Entre algunos uruguayos que vienen a comprar y los turistas que vienen al carnaval más o menos se está moviendo. El tema va a ser después de marzo, para mí va a estar todo muy tranquilo”, comenta.

El combustible de nuestra economía

Las recientes subas en el combustible suman al descenso del movimiento de inmigrantes golondrina. “El último aumento fue el 1 de febrero, del 6%”, cuenta Matías, playero de Cm Combustibles, la sucursal de YPF más cercana a la frontera entre Gualeguaychú y Fray Bentos. Los precios actuales de Infinia Nafta, Super, Infinia Diesel y Diesel 500 son de $1031, $858, $1098 y $925 por litro respectivamente.

Matías explica que “muchas patentes extranjeras han pasado por la estación, en especial uruguayas” y que “las ventas se han mantenido normales a pesar del último aumento”. Esto puede deberse a la cercanía de la estación con la frontera que une ambos países y con el Hipermercado Carrefour donde los uruguayos suelen realizar el grueso de sus compras.

Esta sucursal, dice Matías, también tiene la particularidad de no contar con precios diferenciados para extranjeros como es el caso de La Rotonda Combustibles de YPF en Gualeguaychú que tiene un surtidor exclusivo para patentes extranjeras que ofrece el litro de Infinia Nafta e Infinia Diesel a $1150, medida que tomó la empresa petrolera a mediados de 2022 como respuesta al faltante de combustibles.

Según García, la devaluación quedó retrasada respecto de los aumentos en combustible y estos, a su vez, desencadenaron “una suba importante” de los precios de los productos. Aún así, los Supermercados Malambo no tuvieron reducción del personal pero sí un achicamiento en los pedidos a proveedores: “Ahora se pide únicamente lo que va a góndola, nada para stockear en depósito”, comenta.

 

Lejos de ser primermundistas

“Hoy sale lo mismo comprar un paquete de fideos acá en dólares que en Estados Unidos o Europa”, dice Remy. La diferencia reside en que se liberaron los precios pero no los salarios ni jubilaciones que “están perdiendo profundamente frente a la inflación y comparado con los países centrales son un décimo más bajos”, explica el economista. Se trata de una transferencia de ingresos de los grupos más desprotegidos al sector de los dueños de las grandes empresas. Según Remy, el panorama actual deja ver una alta inflación con menor actividad, caída del consumo y aumento del desempleo que puede provocar un efecto recesivo en el comercio interior pero no en las exportaciones, que se rigen por la demanda mundial y cuya rentabilidad se ve favorecida por la devaluación. En la medida en que se mantengan congelados los salarios el consumo va a seguir bajando y, explica Remy, la economía argentina va a tener una caída importante que puede llevar a que los sectores más frágiles tengan que reducir su personal e incluso cesar sus actividades. Si bien el turismo carnavalero todavía sostiene el comercio de Gualeguaychú, la temporada de verano está cercana a terminar. La paradoja es que mientras el año pasado se señalaba a los uruguayos como responsables parciales del aumento de precios, ahora es cuestión de tiempo para que se extrañen sus compras que permitirían sostener el comercio frente a una crisis cuyo fin no se vislumbra.

Jubilados de vanguardia

Jubilados de vanguardia

Como en la década de 1990, un grupo de trabajadores pasivos se reúne todos los miércoles frente al Congreso para exigir aumentos que les den un respiro en el bolsillo. Participaron de las manifestaciones contra la Ley Ómnibus y fueron reprimidos. ¿Quiénes son? ¿Cuál es su historia?

Jubilados Insurgentes es un movimiento creado en el año 2019 por personas de distintas afinidades y militancias políticas. No tiene dirigentes ni referentes porque creen en una democracia directa que reemplace a un sistema de representatividad que está en crisis. Todos los lunes hacen asambleas vía Meet para reunir a todos los integrantes esparcidos por la Argentina en las que, a partir de consensos, trabajan, cada uno con su idea política, en función del bienestar no solo de los jubilados, sino también de los trabajadores en actividad –porque pelean por la defensa del sistema previsional vigente–, de los estudiantes y de los desocupados.

“Insurgentes trata de poner sobre la mesa todas las necesidades que tienen los jubilados. Hay compañeros a quienes no les dan los medicamentos oncológicos ni turnos de visitas con el médico. La situación es muy grave”, afirma Beatrice, una de las integrantes del movimiento que en los tiempos que corren prefiere preservar su apellido. Y todos coinciden en un número: 500.000 pesos de jubilación mínima, es decir, un monto que por lo menos alcance para cubrir la canasta básica de un adulto mayor.

En la vereda

El grupo Jubilados Insurgentes se junta todos los miércoles a las 15 horas en la puerta del Anexo “A”, edificio ubicado frente al Congreso sobre la avenida Rivadavia entre Riobamba y avenida Callao, y hacen “semaforazos” sin interrumpir la circulación de autos y peatones. Al ritmo de consignas como “Trabajadores, les estamos avisando que sus jubilaciones se las están afanando”, “Paro general”, “Jubilados, carajo”, “¿A dónde está esa famosa CGT?”, “Necesitamos una huelga general”, Insurgentes se organiza del cordón de la calle hacia la vereda para cumplir con el protocolo de seguridad impuesto por este nuevo gobierno.

Así y todo, la policía bajo las órdenes de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich los amedrentó, al igual que a tantos otros manifestantes, durante las jornadas del 31 de enero al 2 de febrero. “Me comí el gas en los ojos, por más que tenía lentes, y en la nariz. Me dejaron las fosas nasales ardiendo una hora. Vinieron compañeros militantes, me dieron limón y, más o menos, se me calmó, pero el gas que están usando es venenoso: dicen que con leche se calma, pero esto ataca a los pulmones”, indica uno de los jubilados reprimidos y agrega: “No nos van a doblegar, lo único que han hecho es potenciarnos. A nosotros nos reprimieron y crecimos.”

Desde los 15

Mario Palavecino tiene 69 años y vive en el barrio porteño de Villa Lugano. Trabajó 43 años en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en relación de dependencia y hace ‘changas’ desde los 15. Hoy cuida a su nieto mientras su hija sale a trabajar. Si bien militó en la izquierda, actualmente no se identifica ni agrupa con ningún partido político.

Palavecino dice que esta arremetida del gobierno no se arregla únicamente con movilizaciones en las calles: les exige a los dirigentes de las centrales obreras, CTA y CGT, más allá de sus diferencias, a ponerse a la cabeza de las demandas con un plan de lucha nacional que incluya paros y marchas. Al ser consultado por el reciente aumento de las jubilaciones del 29%, cataloga este ajuste como “un afano” y agrega que “debería estar, para los compañeros que tienen la mínima, en un piso de 500.000 pesos, el equivalente a la canasta básica de adulto mayor.”

Para Mario, “este gobierno endurece el garrote contra los trabajadores, pero es muy blando con los titulares del Fondo Monetario. Dicen que no hay plata, pero se la llevan todas las grandes corporaciones bancarias. Se está pagando una deuda altamente fraudulenta que es una estafa al pueblo argentino. No hay plata para los trabajadores, para los jubilados ni para los sectores populares. Al final la casta somos vos, él y yo”, se enoja.

Un paseo por la historia

Rubén Cocurullo, de 76 años, nació en el barrio de Saavedra y aún sigue allí. Trabajó ocho años en relación de dependencia hasta que se dio cuenta que “era explotado por el patrón”. Tomó la decisión de continuar de manera autónoma y lo hizo por 43 años hasta jubilarse con la mínima.

No forma parte de ningún partido político porque “son todos piramidales.” Así, desde 1999, cuando se fue del Partido Socialista Democrático, Rubén decidió formar, junto a otras seis personas, el grupo Jubilados Autogestionados en la Biblioteca Popular José Ingenieros. Junto a dicho grupo, organiza reuniones semanales en el Centro Cultural Casa del Pueblo, situado en Villa del Parque, para llevar a cabo charlas, debates, conmemoraciones y muestras, entre otras actividades culturales costeadas por ellos mismos.

Rubén se remonta al pasado para recordar que hoy, en el gobierno, están “los mismos” que participaron de la Semana Roja de 1909 en Plaza Lorea, de la Semana Trágica de 1919 en la Plaza Martín Fierro, de la masacre de la Patagonia rebelde de 1921, de la masacre de Oberá de 1936 y del asesinato de los Pilagá en 1947: “los Vasena, los Bullrich… esos son exactamente los mismos que nos vienen gobernando”, enumera.

Por último, deja dos mensajes, uno de ellos para los policías que reprimen en las movilizaciones: “Muchachos, despierten de una vez. Ustedes cobran 500 ‘lucas’ por mes como cualquiera. Son trabajadores adiestrados para la represión, para asesinar al pueblo, y no saben que de este lado puede estar el abuelo, el tío, o el padre del amigo.” Y otro para la juventud, especialmente, para quienes votaron a Javier Milei: “A los jóvenes les hicieron leer una mitad de la biblioteca y no la otra. Cuando estos chicos se encuentren sin un ‘mango’ en el bolsillo, sin jubilación y explotados, la decisión que van a tomar va a ser irse del país porque «es una mierda».”

De San Fernando al Congreso

Más de una hora y media tarda en llegar Juan Manuel Quintero desde su hogar, ubicado en la localidad de Virreyes, para reunirse con sus compañeros de Jubilados Insurgentes. A sus 76 años, y luego de toda una vida de trabajo como metalúrgico, Juan Manuel muestra una faceta política que se desliga de su militancia en el Partido Comunista de los Trabajadores (PCT), movimiento que integró hasta la irrupción del Golpe de Estado de 1976, y en el fundado por Luis Zamora, Movimiento al Socialismo (MAS), desde el año 1982, y hoy expresa su descontento hacia los dirigentes partidarios.

Juan Manuel acusa a este gobierno de tener relaciones muy estrechas con el sionismo, con los ‘yankis’ y con los anglosajones. “Quieren destruir todas las conquistas que ganó la clase obrera. La mayoría de los políticos se hacen los distraídos y algunos dicen «cuanto peor, mejor». Por eso, les exigimos a las tres centrales sindicales (Confederación General del Trabajo, CTA Autónoma y CTA de los Trabajadores) que luchen para tirar este plan económico e ir con uno distinto que empiece por un aumento de todo: jubilaciones, pensiones”, enfatiza. “Si no, este país es semicolonia. ¿Es difícil? No, no es difícil. La clase obrera a nivel mundial está luchando: hizo 25 paros en Latinoamérica, hizo un paro en Alemania. Hay una situación revolucionaria que llegó acá: la clase obrera puso en jaque al gobierno el 24 (de enero) y, lamentablemente, las conducciones le dieron un respiro”, agrega.

Remando contra la corriente

Beatrice tiene 78 años y vive en Balvanera, “ahí en Once”, dice mientras señala en dirección a los autos que circulan por la Avenida Rivadavia. Estudia Sociología en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA: le quedan tan sólo dos exámenes y la entrega de dos informes para recibirse y cumplir aquel sueño que se vio truncado desde joven, cuando le contó a su padre que quería arrancar la ‘facu’. “¿Qué? ¡Vos tenés que ser maestra jardinera, casarte y tener hijos!”. En ese recuerdo aparece la lucha histórica de las mujeres, ese combate contra aquello que se llama ‘estigma’ y existe hace siglos. Ella, militante del movimiento feminista, insiste en que la desigualdad de género sigue siendo la misma porque todavía las mujeres no ganan lo mismo que los hombres y deben cuidar a los hijos, cumplir con las tareas del hogar y mantener su empleo formal al mismo tiempo.

Beatrice trabajó en el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) de manera ininterrumpida por 26 años y, ahora, con una pensión de 169.000 pesos –una cifra que se considera como ‘privilegio’ dentro de los jubilados–, no le “da para nada.” De hecho, cuenta que vive con su hijo de 52 años para recortar sus gastos lo máximo posible. “Se invirtió todo: ahora es mi hijo quien se hace cargo de gran parte de las cosas, es él quien me cuida a mí.”

En la mirada de Beatrice “hay un sistema que indica que somos descartables. Los jóvenes producen hasta que se vuelven descartables, y eso forma parte de un sistema que se llama capitalismo. Es el ‘usar y tirar’. Esto es una lucha de tipo política: en la medida que sigamos así, el capitalismo no va a aguantar”.

 

El derecho a la comunicación, en peligro

El derecho a la comunicación, en peligro

Organizaciones de la sociedad civil alertaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre regresiones en materia de Derecho a la Comunicación y Libertad de Expresión.

Más allá de la caída de la “Ley Ómnibus”, las intenciones del Gobierno y las reformas que introdujo el DNU 70/2023 en materia de comunicación siguen vigentes. A esto se le suma el Protocolo Antipiquetes que durante las coberturas del debate de la ley en el Congreso atentó contra la vida, la integridad física y la libertad de las y los trabajadores de prensa.

Entre las organizaciones de la sociedad civil que solicitaron a la CIDH que advierta al Estado argentino sobre regresiones en derechos humanos fundamentales se encuentran el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Mundial de Radios Comunitarias – Argentina (AMARC), la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, la Red de carreras de Comunicación Social y Periodismo, entre otras. Estas organizaciones le acercaron información detallada a la CIDH sobre la situación de la libertad de expresión a partir de la asunción del nuevo gobierno.

Como antecedente cabe citar las reformas en materia de comunicación que realizó el gobierno de Mauricio Macri en 2015, a pocos días de haber asumido. Al año siguiente, gracias a un pedido de organizaciones de la sociedad civil, estos cambios desembocaron en una audiencia pública en la sede de Washington de la CIDH. Allí, el Estado argentino tuvo que brindar explicaciones sobre las modificaciones realizadas por DNU a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) y a la Ley Argentina Digital, puesto que incumplían los estándares internacionales sobre libertad de expresión.

En aquella audiencia, los representantes del Estado argentino sostuvieron que eran modificaciones transitorias, ya que iban a crear una nueva Ley Integral de Comunicaciones que contemplara la convergencia tecnológica, algo que nunca ocurrió. Diego Morales, director de Litigios y Defensa legal del CELS, en diálogo con ANCCOM, afirma que “con la llegada de Milei, aquellas garantías que al menos subsistían para que no se generase un proceso de concentración significativo, fueron eliminadas”.

La presentación de las organizaciones plantea que el DNU 70/23 derogó los límites a la concentración de la propiedad de medios audiovisuales a nivel nacional habilitando niveles de concentración mediática incompatibles con los estándares de libertad de expresión de la CIDH. “Todo el sistema audiovisual quedó organizado sin ningún tipo de límite para el trabajo de las empresas, Macri ya había sacado ciertos límites, pero este Gobierno organizó la liberación total”, señala Morales.

Según Mariano Randazzo, integrante de Radio Sur y de AMARC, “lo que está en juego es el derecho a la comunicación en su integralidad. Nosotros no concebimos ni a las audiencias como consumidores ni a la comunicación como un negocio, sino como un derecho que tenemos los pueblos a construir nuestras experiencias comunicacionales vinculadas a nuestras identidades, culturas, saberes, a nuestras historias y a partir desde ahí construir nuevas representaciones mediáticas de una manera plural, diversa y democrática”, explica.

Otro eje de la solicitud ante la CIDH es la intervención de los medios públicos, que ya no depende del modelo definido en la LSCA, sino que “ahora es el propio Poder Ejecutivo el único que determina los contenidos y los sistemas de programación con el riesgo de ir a su privatización”, enfatiza Morales.

“Los medios comunitarios existíamos cuando no había ninguna ley que nos regulara. Nacemos con la necesidad de nuestras comunidades y experiencias políticas, sociales y culturales de comunicarnos. No existimos gracias al Estado. Es muy fuerte la vocación que tenemos por construir una comunicación diversa, plural, democrática y participativa con una perspectiva social. Vamos a seguir existiendo y seremos un actor central”, dice Randazzo.

Al respecto, Randazzo agrega: “La intención explícita de querer privatizar los medios públicos es parte de cerrar voces y limitar la diversidad, los medios públicos van más allá del rating y de la lógica comercial, su función es cumplir un rol social”. Hay que añadir que la LSCA organizaba el sistema de medios en tres prestadores: estatales, privados y privados sin fines de lucro (como es el caso de las radios comunitarias).

Además del objetivo de privatizar los medios públicos, está la de eliminar los Fondos de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA), creados por la LSCA y una fuente importante de ingresos de los medios comunitarios. “Los riesgos de estas medidas son muy concretos, ya que nuestro sistema de medios, tal como lo conocemos, hasta el momento desaparecería y el actor que quedaría con las mejores condiciones para gestionar la comunicación argentina sería el sector privado, ese es el núcleo de nuestra presentación”, puntualiza Morales.

Los FOMECA son administrados por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), organismo que fue intervenido por decreto. Randazzo asegura que “su intervención es una restricción a la construcción democrática que tenía ese organismo, porque ahí participaban las minorías parlamentarias, representantes de las provincias y organizaciones de la sociedad civil. Si bien el FOMECA todavía no se borró del mapa, el hecho de que no se estén firmando expedientes para que eso avance es una manera de frenarlo”.

Otro de los puntos que trata la presentación ante la CIDH es la eliminación de la Defensoría del Público, organismo también creado en 2009 por la LSCA. Morales destaca que “es un órgano que permite que se lleven adelante denuncias y que ciertos procesos de estigmatización generados por los medios de comunicación puedan ser discutidos y modificados”.

“Las políticas de Milei efectivamente son una continuidad de los decretos de Macri que en su momento ni bien asumió significaron la mutilación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Milei ahora viene a terminar ese trabajo”, opina Randazzo. Sin embargo, aclara: “Los medios comunitarios existíamos cuando no había ninguna ley que nos regulara, porque nacemos con la necesidad de nuestras comunidades y experiencias políticas, sociales y culturales de comunicarnos. No existimos gracias al Estado. Es mucho más fuerte la vocación que tenemos por construir una comunicación diversa, plural, democrática y participativa con una perspectiva social, que lo que va a lograr hacer este Gobierno. La comunicación comunitaria va a seguir existiendo en nuestro país y va a ser un actor central”.

La nota a la CIDH alerta sobre el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa. “Aprovechamos la oportunidad para incluir todos los ataques que recibieron periodistas y fotógrafos al momento de cubrir manifestaciones. Alertamos sobre el ejercicio de la profesión, no solo en la protesta social, sino en los ataques que reciben periodistas que se oponen al Gobierno”, subraya Morales.

Para Morales, “sería muy importante que la CIDH opine sobre esta transformación de cómo es el sistema de comunicación en Argentina, que opine sobre temas estructurales”. Randazzo, en tanto, espera que la CIDH sea una tribuna internacional que los acompañe en la lucha. “Vale la pena presentarse más allá de los tiempos y las gestiones, sabemos que no es una cosa automática e inmediata –afirma–. Esta estrategia en unidad con otros sectores es una más en el camino por lograr el reconocimiento del derecho a la comunicación”.