El INDEC publicó un nuevo relevamiento que pone en evidencia el fracaso del modelo económico de Milei. Tres especialistas analizan por qué cada vez más personas no pueden cubrir sus necesidades básicas.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer su último informe oficial en donde registró un incremento de 4,1 puntos porcentuales de las personas pobres durante el primer semestre de 2026. La tasa pasó del 28,2% (2° semestre de 2025) al 32,3% para el primer semestre de 2026, mientras que la indigencia en personas subió del 6,3% al 7,5% en el mismo período. En cuanto a los hogares, la pobreza pasó del 21,0% al 24,4% y la indigencia del 4,8% al 5,6%, según los datos oficiales del organismo.
Estos informes permiten dimensionar con datos precisos las condiciones de vida reales de la población, constituyéndose en el diagnóstico indispensable para la formulación, evaluación y rectificación de políticas públicas orientadas al desarrollo social y la equidad. En particular, el relevamiento sobre la pobreza y la indigencia pone en duda de manera directa la efectividad del Estado en la garantía de derechos básicos —como la alimentación, la vivienda y el acceso a la salud—, visibilizando las urgencias estructurales que atraviesan los sectores más vulnerables de la sociedad más allá de las variaciones del momento en la economía.
Aunque el presidente Javier Milei ha sostenido reiteradamente que su administración logró una disminución drástica de la pobreza —apoyándose en simulaciones y estimaciones iniciales que la ubicaban en torno al 57% al inicio de su gestión y afirmando haber sacado de esa situación a entre 10 y más de 14 millones de personas—, las cifras presentadas en este nuevo reporte contradicen esa afirmación.
Para explicar este aumento fueron consultados tres especialistas, que coincidieron en un diagnóstico: los precios subieron más rápido que los ingresos. Luis Laguinge, magíster en Economía por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), especialista en economía de la distribución e investigador del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (Cedlas), explicó que el INDEC considera pobre a un hogar cuando sus ingresos no alcanzan para pagar la canasta básica total, que incluye alimentos, ropa, transporte y otros gastos básicos. En el semestre, la canasta subió cerca del 20%, mientras que los ingresos por persona crecieron un 11,5%. De esta manera, más hogares quedaron por debajo del costo de la canasta.
Leopoldo Tornarolli, magíster en Economía e investigador del Cedlas y del Instituto de Investigaciones Económicas (IIE) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP, recordó que la inflación subió todos los meses entre mayo de 2025 y marzo de 2026. Además afirmó que «faltó creación de empleo de calidad«: se perdieron empleos formales, con recibo de sueldo y aportes, y solo creció el trabajo en negro, que paga menos. Según Laguinge, salarios y jubilaciones subieron entre 13% y 14% en el semestre, menos que la inflación del 17%, por lo que alcanzan para comprar menos que antes.
Por su parte, Jésica Lorena Pla, investigadora del Conicet, docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y de la Universidad Abierta Interamericana (UAI), y especializada en clases sociales, trayectorias y la cuestión social, explicó que las familias intentaron compensar la pérdida con ‘changas’ o préstamos hasta llegar a un límite: «Muchísimas familias endeudadas están encontrando su techo». El problema, agregó, alcanzó a la clase media. Los más golpeados son los trabajadores informales y los hogares donde «las personas que trabajan tienen cada vez más personas que sostener», como hijos o abuelos con jubilaciones bajas. Si además deben pagar un alquiler, la situación se agrava: una madre sola con hijos o un adulto mayor sin casa propia reúnen varios de esos factores a la vez.
Tornarolli coincidió: los adultos mayores fueron el grupo en el que más creció la pobreza, que pasó de menos del 10% a casi el 15%. Sus haberes se actualizan según la inflación de meses anteriores y, cuando los precios se aceleran, el aumento llega tarde y queda corto.
Pla, a su vez, advirtió que el daño no termina en el bolsillo: una familia que vive pendiente de llegar a fin de mes no puede planificar la escuela o la carrera de sus hijos. «Los efectos más graves recaen sobre las generaciones futuras», sostuvo.
Laguinge ubicó el dato como el cuarto aumento más alto de la última década, detrás de los de 2018, 2020 y 2024. Aquellos respondieron a devaluaciones bruscas o a la cuarentena por el covid 19, pero esta vez la pobreza creció sin una crisis de por medio. Para el economista, eso revela un problema de fondo: «Argentina no ha logrado romper el piso de 25% en la tasa de pobreza en los últimos 30 años».
Tornarolli advirtió que la medición también influye: la canasta se basa en hábitos de consumo de hace casi 20 años y, «en un país volátil tiende a exagerar tanto las subas como las bajas de la pobreza». Desde 2024 las encuestas registran mejor los ingresos de los hogares, lo que hizo que la baja anunciada por el Gobierno pareciera mayor de lo que fue.
Ambos economistas coincidieron en que ayudas sociales como la Asignación Universal por Hijo (AUH) conservaron su valor y deben mantenerse, pero no alcanzan sin un crecimiento sostenido. Laguinge propuso un dólar más alto para que lo fabricado en el país pueda competir con lo importado y, así, se reactive la industria y la construcción, además de negociaciones salariales libres y menos impuestos para contratar. Pla planteó otro camino: más protección para chicos y jubilados, leyes que cuiden el empleo y regulen el trabajo por aplicaciones, e impuestos a las ganancias financieras.
Las propuestas para mejorar la situación varían, pero los tres coincidieron en que sin trabajo de calidad la pobreza no bajará de manera estable. Aun si el indicador cae en la próxima medición, advirtió Laguinge, «resulta difícil pensar que Argentina pueda lograr avances significativos« mientras el empleo formal siga en retroceso.