Los bebés apropiados en la dictadura de Pinochet

La presidenta de la Fundación Hijos y Madres del Silencio de Chile, Marisol Rodríguez, la secretaria de la misma entidad, Ana María Olivares, y el secretario de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Manuel Gonçalves Granada, encabezaron debatieron sobre el derecho a la identidad en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (FSOC-UBA). La actividad se realizó en el marco de la firma de un acuerdo de trabajo conjunto entre ambas instituciones, orientado a consolidar redes de apoyo técnico, transmisión de experiencias en la gestión de archivos biográficos y exigencias al Estado para la localización de personas cuya identidad fue alterada. A lo largo del encuentro, los disertantes examinaron el engranaje burocrático y judicial que facilitó la salida ilegal de miles de niños chilenos hacia el extranjero durante la dictadura de Augusto Pinochet, los efectos psicosociales en las víctimas adultas, las luchas de las familias biológicas y el rol de las políticas públicas en la reconstrucción histórica regional.

La Fundación Hijos y Madres del Silencio surgió en 2014 a partir del agrupamiento voluntario de familias que detectaron irregularidades en los procesos de adscripción y registro de nacimientos en Chile. Con el avance de las indagaciones, la agrupación constató que el fenómeno trascendía las fronteras nacionales y abarcaba una red internacional con destinos como Suecia, Francia, Italia, Estados Unidos y Australia. Hasta la fecha, la entidad coordinó más de 400 reencuentros entre personas apropiadas y sus madres biológicas. Durante su intervención, Rodríguez explicó las características organizativas del espacio y el alcance de los delitos investigados: «Nuestra fundación, en principio, era un grupo de Facebook, luego una organización y ahora somos una fundación. Siempre lo digo, porque por lo menos en Chile cuando uno dice fundación piensan que somos un gran estamento, con mucho dinero, pero no es así. Somos todos voluntarios y voluntarias». En su exposición, la titular de la ONG remarcó la necesidad de definir estos hechos como violaciones sistemáticas a los derechos humanos ejecutadas por agentes estatales. Rodríguez precisó que las víctimas enviadas al exterior sufrieron una alteración registral que les otorgó una doble identidad administrativa.

Sobre este punto, la dirigente diferenció las adopciones regulares de los procesos de apropiación forzada: «Cuando nos damos cuenta que son adopciones forzadas, sustracción de menores, sabemos que, sin duda, son delitos de lesa humanidad, porque nos encontramos con que ni siquiera fueron adoptados. En Chile fueron apropiados, igual que acá, donde pasaron de una familia a otra familia como hijos propios, pero los que se fueron al extranjero son, o se le llaman en Chile, adopciones ideológicamente falsas. Porque tienen un sistema legal donde estuvieron en una institución o desde el hospital lo sacó un asistente social, un trabajador social, pasa por un juez y pasa por todo el sistema legal chileno, a donde firman estos jueces. Se trata de una salida del país que es una adquisición, no es una adopción». Las modalidades de sustracción de menores en Chile operaron de manera diferenciada según la vulnerabilidad socioeconómica y étnica de las familias afectadas. En los centros hospitalarios públicos, las autoridades médicas informaban a las madres que sus hijos habían fallecido inmediatamente después del parto, negándose a entregar los restos e indicando supuestos sepelios en fosas comunes. En las zonas rurales y en sectores pertenecientes al pueblo mapuche, trabajadoras sociales e integrantes de fuerzas de seguridad retenían a los niños en guarderías e instituciones de abrigo bajo el pretexto de asistencias temporales de salud, para luego tramitar declaratorias de abandono mediante firmas obtenidas a personas analfabetas. Asimismo, en centros como La Colina, los lactantes desnutridos permanecían en aislamiento institucional para certificar un supuesto maltrato materno en los expedientes judiciales de adopción.

Como representación gráfica de este reclamo, la fundación presentó en la UBA la instalación artística y testimonial «Tejiendo Esperanza», compuesta por un tramo de la escala del exilio del Museo de la Memoria de Chile y decenas de escarpines tejidos a mano por madres que buscan a sus hijos. Rodríguez detalló el sentido simbólico de esta producción artesanal: «Esta presentación, o esta instalación, es de todas las madres de Chile que tejieron, y su gran mayoría, son 500 zapatitos para cada hijo e hija separado de su familia de origen. Cada mamá, cuando está embarazada, teje estos zapatitos para sus hijos, sobre todo en los tiempos que se fueron los niños al extranjero, que fueron apropiados, porque no había dinero para comprar unos en el comercio, sino que se tejen. Y ahora lo siguen haciendo las abuelas. Y pedimos a cada mamá que buscaba que les tejieran los zapatitos a sus hijos». Por su parte, la secretaria de la Fundación, Ana María Olivares, analizó la estructura ideológica del tráfico ilegal de niños. La dirigente sostuvo que la Junta Militar chilena consideraba a los hijos de familias de escasos recursos como una población de riesgo ideológico, lo que derivó en la creación de agencias intermediarias encargadas de coordinar pagos con jueces, asistentes sociales y médicos. Según datos presentados por la organización, más de 800 niños salían anualmente de Chile con destino a más de 20 países, registrándose 2.200 adoptados en Suecia y 1.700 en Francia. En el extranjero, las familias receptoras abonaban sumas cercanas a los 5.000 dólares bajo la apariencia de aranceles legales de adopción.

«Teníamos una dictadura que pensaba que estos niños, hijos de pobres, eran un cultivo de terroristas», dijo Olivares.

Al describir la fundamentación doctrinaria utilizada por el régimen de Pinochet, Olivares citó registros secretos de las Fuerzas Armadas: «Tenemos una dictadura que pensaba que estos niños, hijos de pobres, eran un cultivo de terroristas. Y era un cultivo para ellos, estos terroristas eran animales. El otro día yo no lo quería mencionar así, pero es así porque, de hecho, ellos hacen como una suerte de análisis. La Junta Militar plasma en documentos secretos que hoy se han dado a conocer donde dicen que son cultivo de una casta animal que no tienen sentimientos, son resentidos. Acá este es un cultivo para terroristas, marxistas, etc. Entonces, efectivamente, el sacar a estos niños de sus hogares no era suficiente».
La secretaria de la entidad chilena abordó también las secuelas psicosociales que atraviesan los adultos apropiados en sus países de crianza, donde han enfrentado situaciones de discriminación racial, depresión y dificultades de integración cultural.
Olivares explicó que, tras iniciar la búsqueda de sus familias de origen, las personas retornadas experimentan un proceso de reconstrucción afectiva que comienza con la llegada al aeropuerto de Santiago de Chile, donde son recibidos por el «Team de Madres» de la fundación con pancartas y ceremonias tradicionales como el machitún. No obstante, remarcó las complejidades operativas derivadas del idioma, las diferencias de pautas culturales y las brechas socioeconómicas entre los adoptados y sus parientes biológicos.
En el ámbito institucional chileno, las causas judiciales sufrieron dilaciones derivadas de interpretaciones sobre la prescripción de los delitos y de la participación de magistrados que integraban el mismo Poder Judicial que otorgó las autorizaciones de salida durante la dictadura.

A diferencia de la inacción del Estado chileno, comisiones gubernamentales de Suecia, Noruega y Dinamarca abrieron investigaciones oficiales tras reunirse con delegaciones de madres afectadas en la región de la Araucanía. Olivares graficó esa disparidad de respuesta política: «En Chile nosotros logramos que hubiese una investigación a nivel parlamentario. Se hace una investigación, pero no tiene el peso de una investigación estatal, porque es solo de un poder del Estado que le dice al presidente; ´creemos que acá hay indicios de delitos que deben ser investigados`. Y el Ejecutivo dice que el Poder Judicial ya está investigando. Pero resulta que el Poder Judicial, aunque tenga muy buenas intenciones, está buscando y juzgando a los mismos jueces que dieron las autorizaciones para salir. Entonces tú juzgas a tus pares y ahí la cosa se pone compleja». Durante el bloque dedicado a la experiencia argentina, el secretario de Abuelas de Plaza de Mayo y nieto restituido número 57, Manuel Gonçalves Granada, expuso sobre la trayectoria de la organización en la formulación de herramientas de persecución penal y restitución de identidades sustraídas. Gonçalves Granada compartió su proceso de reconstrucción personal tras ser localizado a fines de la década de 1990 y se refirió al reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ordenó mantener abierta la investigación penal sobre los jueces de menores y funcionarios judiciales que intervinieron en su adopción ilegal. Asimismo, resaltó la importancia de la contención institucional que Abuelas brindó a los jóvenes restituidos para confrontar las narrativas que justificaban las apropiaciones. En relación al valor formativo del trabajo de Abuelas de Plaza de Mayo en la desarticulación de los discursos punitivos hacia las familias y en la legitimación del derecho a la identidad, Gonçalves Granada manifestó: «Ese cuestionamiento que se hizo a la abuela se venía arrastrado desde la propia dictadura. Lo que el lenguaje de la dictadura le dejaba a la sociedad. Lo que los medios de comunicación en ese momento permitían: si se va a hablar del robo de bebés, hablemos en realidad de que esos chicos están con buenas familias. Y eso en realidad no deja de ser reflejo de lo que es la apropiación de menores en general. Esto que contaban las compañeras en Chile. Se los robaban por mapuche, por pobre, por mujeres. En definitiva, el sistema vulnerando a las mujeres, arrancándole a sus hijos y diciendo que hay una madre que es mejor que esta otra madre». El dirigente de Abuelas analizó el rol estratégico que cumplen los organismos creados por el Estado argentino a demanda de las Abuelas, entre los que se destacan la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), las unidades fiscales especializadas y el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). Gonçalves Granada contrapuso esta estructura institucional con el panorama chileno, donde las unidades de búsqueda estatales sufrieron cierres y desmantelamientos presupuestarios. Al ser consultado sobre el funcionamiento del BNDG y el abordaje de los casos, el secretario sostuvo que la efectividad de las búsquedas radica en la combinación sistemática entre análisis de ADN e investigación documental de los archivos públicos. Sobre la complementariedad entre los peritajes genéticos y el trabajo de archivo en los procesos de restitución, Gonçalves Granada afirmó: «Un banco genético no es una respuesta mágica, ni siquiera si todos quisiéramos usar ese banco. No sería ni estratégico ni más efectivo pensarlo así porque muchos casos se resuelven se resuelven por documentación, no por ADN. Por supuesto, después, por tener esa documentación que te da una respuesta, el ADN es lo que no deja lugar a duda de nada». Respecto a la situación epidemiológica y política del banco de datos genéticos en Chile, Rodríguez detalló que en 2020 se realizaron 58 tomas de muestras en el Museo de la Memoria, las cuales quedaron bajo custodia del Servicio Médico Legal sin ser procesadas en una base pública unificada debido a la interrupción de los programas gubernamentales y a la exigencia de causas judiciales abiertas para el acceso. Frente a este escenario, las disertantes chilenas remarcaron la trascendencia de la cooperación con Abuelas de Plaza de Mayo para la instrumentación de iniciativas como el Archivo Bibliográfico Familiar, dispositivo destinado a recopilar fotografías, cartas, testimonios orales e historias de vida de los padres y madres para ser transmitidos a los hijos localizados.