El Congreso ya debate el proyecto de cuentas públicas que el gobierno envió para 2027. ¿Quiénes ganarán y quiénes perderán si se aprueba?
El Presidente, junto a su hermana Karina y Luis Caputo, en la Cámara de Diputados en abril de 2026.
El gobierno presentó al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027, la ley que permite leer el rumbo y prioridades de la gestión de gobierno. Los economistas Hernán Letcher -director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA)-, Haroldo Montagu – exviceministro de Economía en el gobierno de Alberto Fernández- y Fabián Amico, docente de la Universidad de Buenos Aires lo desmenuzan y analizan cómo podría afectar a los argentinos, qué sectores saldrían beneficiados y cuáles afectados.
Amico, que también es docente de la Universidad Nacional de Moreno, define al presupuesto como una declaración de intenciones capaz de generar un círculo vicioso de menor actividad, caída del empleo registrado y un desplome de la recaudación, a partir de la profundización del ajuste en un contexto de recesión.
En la misma línea, Montagu caracteriza al proyecto como una “planilla de cálculo” diseñada con el fin de que los números puedan cerrar en el papel. El exviceministro comenta sobre como el crecimiento del 4% y una inflación del 18% para el año 2027 contradicen, según su análisis, la dinámica observada durante 2026, cuando la inversión cae un 11% en términos reales.
Por su parte, Letcher remarca la incongruencia visible entre la reducción del consumo interno de los sectores populares y el alivio de la carga tributaria a los sectores de mayor poder adquisitivo, cuyo consumo, según lo plantea, no estaría principalmente orientado a la demanda local.
El proyecto contempla remover los aumentos automáticos de la Asignación Universal por Hijo para el año 2027. Letcher también cuestiona el cambio en las condiciones vinculadas a las pensiones por invalidez. “Respecto del modelo de invalidez laboral, es un retroceso fenomenal, particularmente expresado en la decisión que no se pueda trabajar y tener la pensión por invalidez a la vez”, sostiene el economista. Además, señala que este tipo de propuestas suelen formar parte de una estrategia de negociación o plantearse con la intención de que sean removidas posteriormente, como una forma de demostrar sensibilidad.
Montagu coincide con la orientación de Letcher y señala que algunas de estas medidas podrían funcionar como una “prenda de negociación” o moneda de cambio frente a la oposición, a cambio de la aprobación de otros artículos del proyecto de presupuesto.
Esta lectura permite ver la dinámica que podría atravesar el proyecto durante su tratamiento en el Congreso. De hecho, el Gobierno ya anunció que aceptará negociar aquellas medidas que afectan al colectivo de personas con discapacidad.
Dentro del proyecto presentado también se propone un aumento de la recaudación proveniente de empresas a través de modificaciones en los beneficios fiscales destinados a corporaciones. Los tres especialistas coinciden en señalar que, tal como está planteado, la disminución de las exenciones a las corporaciones sería mínima.
Amico explica que, desde su perspectiva, el esquema tiende a ser más regresivo “de facto” debido a la reducción de retenciones a las exportaciones primarias, a la capacidad de las grandes corporaciones para eludir impuestos y a la imposibilidad de las familias de evitar el IVA sobre productos básicos. También señala el otorgamiento de exenciones impositivas a grandes empresas.
Montagu, en tanto, subraya que regímenes como el de Tierra del Fuego y la Ley de Economía del Conocimiento, así también empresas como Mercado Libre, continúan recibiendo beneficios fiscales.
Letcher aporta otra dimensión a la discusión y señala una incongruencia económica en la reducción de los ingresos de los sectores de menores recursos, que podría deprimir el consumo interno y, consecuentemente, la recaudación. “Yo estoy ajustando sobre sectores que, además, me mejoran la recaudación y estoy liberando recursos en sectores que no me mejoran la recaudación”, explica y agrega: “Si un rico ahorra bienes personales, no va a comprar más leche o yerba”.
En relación al proceso electoral, Letcher hace énfasis en las proyecciones salariales. “El presupuesto, de hecho, dice que los salarios van a crecer en términos reales, lo cual no creo que vaya a suceder”, sostiene. Para el economista, el cumplimiento de esa proyección requiere que las paritarias superen la inflación proyectada: “No creo que eso se cumpla porque implicaría que el gobierno deje, por ejemplo, que las paritarias cierren al 2% con una inflación que ellos mismos calculan en un 1,4% mensual”.
Respecto a qué modificaciones introducirían al proyecto de Presupuesto del gobierno, los economistas plantearon sus miradas. En este punto, coincidieron en la necesidad de reorientar la dirección de la política macroeconómica.
Amico propone una política fiscal contracíclica capaz de contemplar el aumento del gasto público a fin de reactivar la demanda. Montagu, en esta línea, pone el foco en el gasto de capital y la obra pública. Para dimensionar la reducción del gasto en gasto público, señala que, por cada 100 pesos destinados a infraestructura en 2023, el presupuesto 2027 contempla apenas 15 pesos.
“Mejorar los ingresos de recaudación en sectores que tienen capacidad de pago y la reduciría sobre los sectores que tienen menos ingreso, mejorando también las prestaciones o los recursos de obra pública, educación, salud, discapacidad o jubilados”, concluye Letcher sobre el tema.