El proyecto de presupuesto 2027 reduce partidas y derechos de las personas con discapacidad. No solo los opositores y las personas afectadas se oponen, también los partidos que vienen siendo funcionales al oficialismo. El Ejecutivo dejó transcender que habrá cambios para que la propuesta sea votada en el Congreso.
El Congreso insistió en la Ley que declara la emergencia en discapacidad tras el veto del Poder Ejecutivo.
El proyecto de Presupuesto 2027 que envió el presidente Javier Milei al Congreso puso en foco, nuevamente, la Ley de Emergencia en Discapacidad. La inclusión inesperada de un ajuste sobre este sector implica un nuevo ataque. Desmantela parte del régimen vigente derogando s artículos de la ley de emergencia que alcanzan el régimen de pensiones no contributivas, la compatibilidad con el empleo, la cobertura sanitaria de sus beneficiarios y el mecanismo para determinar y actualizar los valores que cobran los prestadores. El nuevo ajuste era tan brutal que no solo la oposición sino también sus aliados se resistían a votarlo. Por eso, ya dejó trascender que realizará cambios para morigerar los recortes al sector con el objetivo de que sea votado por el Congreso.
La diputada del Frente de Izquierda de los Trabajadores por la provincia de Buenos Aires, Romina Del Pla, en diálogo con ANCCOM, manifestó que “no hay nada nuevo bajo el sol” ya que no es noticia que los sectores más vulnerables sufran desfinanciamiento y vaciamiento con la excusa del ordenamiento de la economía: “La preocupación sobre el equilibrio fiscal aparece solo cuando hay que recortar derechos de la clase trabajadora pero no al hablar de las patronales”, agregó Del Pla.
Entre los motivos de aquellos que se manifestaron en contra de la aplicación del presupuesto, se resalta la inconstitucionalidad del proyecto y Del Pla confirmó: “Pretenden modificar leyes de fondo al eliminar artículos de la Ley de Emergencia y de la misma Ley de Discapacidad, que implica quitar derechos elementales en función de la dignidad y necesidad de personas con discapacidad y sus familias”.
En la reunión de las comisión de Discapacidad y Presupuesto que se realizó esta semana, donde también participaron representantes de asociaciones civiles que trabajan y transportistas que trabajan con el sector, se siguió esta línea y se profundizó sobre las implicancias concretas que tendrían las modificaciones de la ley. Entre ellas, las más preocupantes fueron las que refieren a un cambio de régimen de las pensiones, la incompatibilidad entre el acceso a ellas y contar con un trabajo formal, la destrucción del nomenclador de prestaciones básicas y su modo de actualización, entre otras.
El diputado de Unión por la Patria por la provincia de Buenos Aires, Juan Marino, explicó: “El proyecto vuelve para atrás todo el sistema de pensiones no contributivas para personas con discapacidad de protección social que se había puesto en pie gracias a la Ley de Emergencia y vuelve a un esquema de invalidez laboral donde si una persona con discapacidad consigue un trabajo registrado de unas pocas horas ya le quitan la pensión”.
Y como si el impedimento a que estos beneficiaros puedan complementar su ingreso con trabajo y ganen autonomía fuera poco, aparece la baja de ingreso. Según un estudio que realizó el Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP), el gasto total que implicaría el presupuesto 2027 sería de un 26,7% menos que lo cerrado en 2023, lo cual incluye que una de las partidas más golpeadas sea la de pensiones por invalidez laboral, que descendería casi un 25%.
Otra de las medidas es la eliminación del Nomenclador Único. Sobre eso, la psicóloga Marina Borda, que trabaja con discapacidad hace dieciséis años, explica: “La función del nomenclador es establecer igualdad en el acceso al servicio. Al desregularlo, las obras sociales serán las que establezcan los aranceles según sus intereses por sobre el trabajo de los prestadores”. Borda advierte que afectará la calidad del servicio ya que se recurriría a copagos o la reducción horaria de la prestación para equiparar con el monto real de honorarios.
Al respecto, Marino expuso en la comisión: “Ya no habría una actualización automática mensual por inflación del arancel, sino una actualización trimestral que queda a discreción de la Secretaría Nacional de Discapacidad, lo cual genera una fragmentación y una destrucción del sistema tal cual existe. Termina pasando que los profesionales no pueden seguir asistiendo a personas con discapacidad. Estas quedan libradas a su propia suerte. El que tenga plata va a poder pagar y el que no se quedará sin el acceso a sus derechos”.
En tal sentido, la psicóloga Paula Hydzik, que se desempeña en el sector de discapacidad desde 2015, explicó: “Nadie tiene ganas de trabajar con una obra social que no se sabe si va a pagar o si lo hará después de un año. Es muy difícil porque se genera mucha incertidumbre en nuestro trabajo e ingresos- Entonces nos afecta en todo sentido”. Y agregó: “Los que deciden no son especialistas, como el secretario de Salud, que es dueño de una prepaga. Ahí te das cuenta que los cargos pertenecen a gente con poder que beneficia a grandes empresarios”.
Ante tantos rechazos, el Gobierno ya dejó trascender que aceptará cambios en su propuesta para obtener votos de Pro, la UCR y las fuerzas provinciales. Según trascendió, en la nueva propuesta no habrá incompatibilidad entre contar un empleo registrado y una pensión por discapacidad. También se mantendría el nomenclador universal y se revisarían los requisitos para obtener la pensión, que en el proyecto original del Ejecutivo quedaba a total discreción de lo que se estableciera en la reglamentación de la norma. Todos estos temas se tratarán el próximo miércoles en una nueva reunión conjunta de comisiones al mismo tiempo que se realizará una marcha en apoyo a las personas con discapacidad frente al Congreso.