Frente al Ministerio de Economía y alrededor de la Pirámide de Mayo, docentes universitarios de distintas disciplinas dictaron clases públicas para exigirle al Gobierno que cumpla la Ley de Financiamiento Universitario. Los profesoras subrayan que el atraso salarial es de un 34 por ciento.
La Universidad de Buenos Aires llevó a cabo una jornada de clases públicas en Plaza de Mayo este martes 15 de septiembre. Bajo el lema “En democracia, la Justicia debe hacer cumplir la ley”, docentes de distintas facultades dictaron clases alrededor de la Pirámide de Mayo, rodeados de columnas de manifestantes de los diferentes gremios. Además, los estudiantes brindaron servicios gratuitos en odontología, oftalmología, veterinaria, psicología y derecho a la comunidad, a través del programa “UBA en Acción”.
Sobre la explanada del Ministerio de Economía se podía ver en acción el trabajo de docentes e investigadores en una feria científica. Allí se exponía el auto de carrera monoplaza “Suipacha 901” desarrollado por 50 estudiantes de una enorme variedad de carreras, desde Ingeniería Mecánica hasta Informática y Diseño de Imagen y Sonido.
Las filas de personas esperando a ser atendidas gratuitamente por estudiantes de la Facultad de Odontología se extendían desde los consultores móviles de “UBA en acción”, estacionados sobre la Avenida Hipolito Yrigoyen, hasta el centro de la plaza, convergiendo con los manifestantes.
Alrededor de las 11:15, la plaza ya estaba llena. A los habituales contingentes de turistas, y a los grupos de chicos de la escuela primaria, de salida educativa junto a sus maestras, se sumaron los docentes y no docentes reclamando frente a la Casa Rosada que el Poder Ejecutivo cumpla la Ley de Financiamiento Universitario.
Frente al ninguneo del Gobierno, las universidades mostraron a la sociedad su tarea cotidiana.
La batalla judicial
Docentes y no docentes exigen al Gobierno que aumente los salarios de acuerdo a lo previsto por la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada en octubre del 2025 (tras el rechazo al veto del Poder Ejecutivo). “Para cumplir con la ley, nuestros salarios el próximo mes deberían tener una recomposición de un 34%”, explicó a ANCCOM el decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Guillermo Durán.
Luego de la sanción de la ley, comenzó la lucha por su cumplimiento efectivo. Las universidades tuvieron que recurrir a la Justicia, ante la negativa del Gobierno a aplicarla. Incluso tras una medida cautelar que obligaba al Ejecutivo a cumplir los artículos 5 y 6, referidos a la actualización salarial de docentes y no docentes, y las becas de asistencia estudiantil y la posterior ratificación de esa cautelar por parte de la Corte Suprema, el Javier Milei sigue argumentando que la ley hace peligrar el equilibrio fiscal, a pesar de que impacta apenas en un 0,23% del PBI.
“Por medio de las marchas se consiguió la Ley de Financiamiento con doble votación en el Congreso, pero el Gobierno lo trabó. Aunque avanzamos en la justicia, lo concreto es que no cumple”, resumió el decano de la Facultad de Psicología, Jorge Biglieri.
“En un Estado de derecho, se cumplen las leyes. Y la Constitución Nacional es nuestra Ley Fundamental. Además de garantizar nuestros derechos, organiza el poder. Entre esos derechos se encuentra, naturalmente, el derecho a enseñar y a aprender”, dijo Silvia Nonna, vicedecana de la Facultad de Derecho, en su clase pública. “La Universidad pública no la podemos considerar una concesión del Gobierno. Los derechos están escritos, y hay que respetarlos”, explicó frente a los alumnos.
Además del estado de los salarios de los trabajadores, los decanos alertan acerca de las consecuencias a largo plazo del desfinanciamiento universitario. “Ya llevamos tres años de todo esto. Pensar que hay jóvenes que ya decidieron que no eligen ser investigadores”, explicó Alejandro Martínez, decano de la Facultad de Ingeniería. “Se nos van muchos a la universidad privada, se nos llevan profesores. Y más que nada investigadores; que es lo que más afecta este desfinanciamiento”, añadió.
“Obviamente todo el mundo tiene que vivir. Entonces, no se puede sostener. Hay ofertas de las instituciones privadas para llevarse los profesores más calificados de la universidad y pagarle sueldos más altos. Las privadas no pagan grandes sueldos, pero ahora están llevando adelante una política de captación de los mejores profesores de la universidad pública y les hacen firmar contratos de exclusividad”, concordó el decano de Psicología con su par de Ingeniería.
¿Qué hacemos ahora?
Entre los gremios docentes hay diferencias en cómo llevar a cabo el reclamo contra el Gobierno nacional. “A la hora de definir una metodología de protesta y de lucha, hay distintas posiciones. Las más duras creen que los paros espasmódicos, (epilépticos, les digo yo) no sirven mucho. Es decir, hay que ir a una confrontación completa de las fuerzas, a un conflicto abierto y radical: paro por tiempo indeterminado. ¿Hasta dónde sirve también hacer paros que sean programados?”, explicó Emiliano Torterola, docente de la carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales, y del Ciclo Básico Común (CBC).
Algunos estudiantes opinaron de manera similar al docente. Benjamín y Lucila, alumnos de la carrera de Sociología, creen que, aunque es un reclamo legítimo, en momentos, el conflicto pierde visibilidad y fuerza, incluso a pesar de los paros reiterados. Con respecto a la medida de un paro por tiempo indeterminado, Lucila afirmó: “Yo creo que es la única opción que quizá sea capaz de tener la fuerza para que de una vez por todas se pueda cumplir con la ley”.
“Dudo que se vaya a hacer, todos están dormidos básicamente, ni siquiera sé si los estudiantes acompañarían la medida”, dijo Benjamín. Aunque aclaró que está a favor del paro, y que no le importa cómo le afecte personalmente, “Me preocupan las consecuencias que vaya a tener –añadió-, si es que son buenas o si terminan deslegitimando más a la universidad pública. Es un problema. No sé cuál es la salida”, concluyó.
Por otro lado, ante la pregunta de cómo seguir, las autoridades concuerdan en continuar por este camino, aunque algunos son más optimistas que otros. “Primero, debemos seguir visibilizando la situación ante la sociedad y esencialmente ante la justicia, para que juegue más fuerte e implemente las multas por el no cumplimiento con la ley”, afirmó el decano de la facultad de Ciencias Exactas, Guillermo Durán.
“Optimistas seguro. Sí: hay que tener una cuota de optimismo, si no uno caería en la resignación y no estaría todo esto”, aseguró Biglieri. Más escéptico, Durán sentenció: “No es una cuestión de convencimiento. Están decididos a terminar con las universidades públicas de calidad y con el sistema de ciencia y tecnología de calidad y por lo tanto van a terminar su gobierno de esa manera”.
