A pesar de que había asegurado que para este mes el índice de inflación minorista comenzaría con cero, las estadísticas del INDEC anunciaron el 1,7%. El costo social del programa del gobierno.
A pesar de la promesa presidencial de alcanzar una inflación que empiece con «cero» para este mes, el 1,7% de agosto fijado por el INDEC terminó de confirmar la brecha entre el discurso oficial y la realidad de los hogares. Especialistas consultados por ANCCOM analizan por qué, aun sin emisión monetaria, con un ajuste drástico y con un índice que contempla una canasta desactualizada, los precios no se congelan. La verdadera discusión ya no es cuándo se alcanzará la meta, sino a costa de cuántas familias.
Para el discurso oficial, la explicación de la inflación es única y sencilla: la culpa es siempre de la emisión de dinero. Desde esa mirada, Agustín Etchebarne, director general de la Fundación Libertad y Progreso, defiende el rumbo argumentando que «la inflación es, en esencia, un fenómeno monetario. Con equilibrio fiscal permanente, emisión cero y un Banco Central que no financie al Tesoro, la inflación tiende a converger a cero». Según esta perspectiva, el freno de las ventas y la pérdida de ingresos son apenas un costo inevitable y pasajero que hay que pagar hasta que la economía se ordene sola.
Pero cuando se mira lo que pasa en la calle, la teoría del Gobierno se choca de frente con la billetera de los trabajadores. La inflación no desaparece por decreto ni por dejar de imprimir billetes, porque los costos de la vida cotidiana siguen empujando hacia arriba. Los aumentos constantes en los servicios básicos —la luz, el gas, el agua y el transporte público— devoran los ingresos antes de que las familias lleguen a la góndola. Pablo Ferrari, economista del CEDIEP (Centro de Estudios sobre Desarrollo, Innovación y Económica Política), explica que «en general los procesos inflacionarios tienden a reducir el salario real» y detalla cómo las empresas y comerciantes intentan defenderse aumentando preventivamente: «ya no solamente hay que subir los precios en general, sino que uno muchas veces se anticipa a subir el precio, especulando o previendo el aumento del costo del insumo». Así, aunque la gente no tenga plata en el bolsillo, los precios no bajan porque las tarifas y los costos fijos de los comercios tampoco bajan.
En este punto queda al descubierto el corazón del plan económico: el costo de frenar los precios no recae sobre las cuentas públicas, sino sobre la mesa de las familias. Al subir los boletos de transporte y las facturas de servicios públicos muy por encima de los sueldos, el dinero que le queda a una familia para comer, vestirse o comprar remedios se redujo drásticamente. En definitiva, el salario disponible se desplomó. Para contener los precios, el Gobierno congeló los ingresos de los trabajadores y los jubilados, usando la caída del consumo como un freno de mano para la economía.
Guido Bambini, analista económico del CEPA (Centro de Economía Política Argentina), describe con crudeza el método elegido para frenar los precios y el impacto que dejó en la sociedad: «El principal problema, comparado con otros planes de estabilización, es que, al no haber hecho política de ingresos, de compensación, hizo justamente que perdieran notablemente poder adquisitivo los salarios y los ingresos de los trabajadores pasivos, las jubilaciones en general». Las consecuencias sociales de esta política quedan a la vista en los datos que aporta Bambini: «Es muy sencillo bajar la inflación rompiendo todo como lo están rompiendo. No es casual que hayan cerrado más de 30.000 empresas hasta mayo de este año y más de 411.000 puestos de trabajo registrados perdidos».
Mientras algunos sectores ligados a la exportación -como el petróleo o la minería- siguen funcionando en su propio mundo, la economía donde vive la mayoría de los argentinos sufre un vaciamiento diario. Joaquín Waldman, investigador del IIEP de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, pone el acento en el deterioro de la vida cotidiana y los servicios que el Estado dejó de prestar para mostrar números ordenados: «Lo que me preocupa es la deseabilidad de un superávit con peor provisión de servicios públicos y sin obra pública. Creo que habría que ir a una combinación distinta. Preferiría reactivar la inversión en infraestructura, incrementar los salarios en educación y salud».
«Si creció el nivel de endeudamiento, y no solo endeudamiento, sino de mora, todavía el consumo se va a reducir mucho más. Si antes la persona tenía 100 pesos para gastar y no le alcanzaba, por lo cual incurrió en un endeudamiento de 20, el próximo mes le va a quedar 80. Y necesitaba tener 120, por eso pidió el préstamo. Ahí hay un tema, por el nivel inédito, no tanto en endeudamiento, sino de morosidad», dice Ferrari.
A todo esto, para llegar a fin de mes, muchas familias empezaron a hacer algo peligroso: endeudarse para comprar comida o pagar las facturas de luz y gas. Cuando el sueldo no alcanza para lo básico, la gente recurre a la tarjeta de crédito o a préstamos que después no puede pagar. Esto provocó una bola de nieve de deudas sin precedentes. Ferrari advierte sobre el fenómeno inusual de personas que ya no pueden saldar sus deudas: «Si creció el nivel de endeudamiento, y no solo endeudamiento, sino de mora, todavía el consumo se va a reducir mucho más. Si antes la persona tenía 100 pesos para gastar y no le alcanzaba, por lo cual incurrió en un endeudamiento de 20, el próximo mes le va a quedar 80. Y necesitaba tener 120, por eso pidió el préstamo. Ahí hay un tema, por el nivel inédito, no tanto en endeudamiento, sino de morosidad».
La pregunta que recorre a la sociedad es cuál es el límite de este ahogo. Los especialistas coinciden en que la crisis actual no se manifiesta necesariamente con un estallido masivo en la calle al “estilo del 2001”, sino con algo más silencioso y doloroso: una degradación profunda de la salud física y mental de la población. Bambini explica que hoy la principal angustia de las familias ya no es la inflación, sino la falta de empleo y la pérdida de poder adquisitivo en general de los salarios, que derivan en un proceso de implosión social: «Otro 2001 no creo. Porque tenés ‘trabajos refugio’ mal pagos, pero refugios al fin, en las economías de plataforma. La crisis es más una implosión: crecimiento de suicidios, problemas de salud mental, apuestas online, adicciones en general, más que una explosión como en el 2001».
Celebrar que la inflación bajó al 1,7% mensual ignorando cómo se llegó a ese resultado puede asemejarse a tapar el sol con la mano. La desaceleración de los precios no se logró por un milagro económico ni por una mayor eficiencia productiva, sino acorralando el bolsillo popular, destruyendo puestos de trabajo y empujando a miles de familias a la morosidad y al cansancio. Cuando la estabilidad monetaria exige paralizar la economía real y estrangular el bolsillo de los trabajadores, la disminución de la inflación deja de ser un logro para convertirse en un síntoma de destrucción social.