Luego del fracaso de las paritarias, todas las federaciones gremiales de las universidades públicas del país vuelven a las medidas de fuerza. La espiralización del conflicto derivará en una nueva marcha federal. Docentes y nodocentes denuncian un 31 por ciento de pérdida salarial.
Docentes y no docentes de todas las universidades públicas del país realizan este martes 8 de septiembre un nuevo paro de 24 horas. La medida fue definida luego del fracaso de la última negociación paritaria con el Gobierno, que ofreció un aumento del 3% frente a la necesidad de una recomposición que los gremios calculan en más del 31%. Sin embargo, en la base de esta medida sigue estando el incumplimiento por parte del Poder Ejecutivo de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso, sostenida tras el veto presidencial y respaldada por la Corte Suprema de Justicia.
Además, esta medida de fuerza forma parte de un plan de lucha más complejo que incluye una jornada nacional de clases públicas para el 15 de septiembre bajo la consigna “La universidad en la calle”, una nueva instancia de protesta en coincidencia con la próxima convocatoria paritaria el 17 del mismo mes, y la preparación de una nueva Marcha Federal Universitaria para octubre. El conflicto, lejos de resolverse, parece ingresar en una nueva etapa.
Para Pablo Perazzi, secretario general de FEDUBA, la propuesta fue insuficiente: “Obviamente fue rechazado eso, y se lo tomó como una burla a los representantes de las distintas federaciones”, dijo. El dirigente recordó que en junio se había acordado un aumento del 21% pero sostuvo que esa suba no significó una recuperación real del poder adquisitivo. Según explicó, el incremento cubrió parte de la inflación acumulada entre octubre del 2025 y junio de este año, cuando se realizó aquella negociación, mientras continuaron pendientes otros compromisos vinculados con salarios, becas estudiantiles, gastos de funcionamiento y hospitales universitarios.
En este mismo sentido, para Darío Capelli, delegado de FEDUBA: “El paro es parte de un plan de lucha motivado por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, que actualizaba los gastos de funcionamiento y los salarios de los trabajadores docentes y no docentes y las becas estudiantiles”.
Desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a las universidades públicas del país, advierten que “desde el 2023 hasta la fecha, las transferencias cayeron más de un 50% al sistema universitario, por lo tanto en todos los aspectos estamos a la mitad de nuestras posibilidades y capacidades”, aseguró Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario y presidente del CIN.
Adhiriendo a esta posición, María Bonicatto, secretaria de Políticas Sociales en la Universidad Nacional La Plata y docente de la Carrera de Trabajo Social expresó que “lo primero que ocurre cuando la universidad empieza a tener dificultades presupuestarias, es que hay una gran preocupación, una gran tensión por saber que no se puede contar con el dinero necesario para sostener los procesos esenciales, de enseñanza, de investigación, de vínculo con la comunidad. Pero no siempre está la capacidad instalada para saber cuál es la forma de tomar decisiones más eficaces y eficientes. Entonces empieza a aparecer un riesgo importante de quedarte en una situación de parálisis, con personas mal pagas, que no tienen lo que necesitan en términos de insumos para poder producir con la calidad que las universidades estamos acostumbradas. Es una situación sin salida que afecta directamente la calidad de lo que generamos”.
La Ley de Financiamiento Universitario atravesó un largo recorrido político y judicial. Fue aprobada por ambas cámaras del Congreso, y también respaldada por la Justicia. En junio, la Corte Suprema dejó firme una medida cautelar que obliga al Estado a aplicar los artículos 5 y 6 de la ley, vinculados con la actualización de los salarios docentes y no docentes y la recomposición de las becas estudiantiles. El máximo tribunal desestimó el recurso del Poder Ejecutivo por no tratarse de una sentencia definitiva sobre el fondo de la causa.
Desde el Gobierno, en cambio, sostienen que las exigencias de los gremios y las universidades deben analizarse dentro de las posibilidades fiscales del Estado. En agosto, el Ministerio de Capital Humano calificó las medidas de fuerza como políticas y afirmó que el Ejecutivo había cumplido con las paritarias presupuestarias correspondientes, argumentos que los sindicatos rechazan. Para Capelli, allí se encuentra el núcleo del conflicto: “El Gobierno es un poder del Estado. Los otros dos poderes, tanto el Legislativo como el Judicial, han dicho que el Gobierno tiene que cumplir la ley”, sostuvo. Y agregó: “el Gobierno no puede cumplir con las leyes que le gustan e incumplir las que no le gustan”.
La crisis implica y excede las condiciones materiales: “Hay un problema adicional, que no es solo un problema de presupuesto y salario, sino también de desconsideración y de maltrato hacia la comunidad universitaria, científica y académica del país”, sostuvo Bartolacci. El rector advirtió que las universidades continúan funcionando gracias al compromiso de sus comunidades, aunque reconoció que, sin respuestas, cada vez resulta “más difícil y más cuesta arriba” sostener el normal desarrollo de las actividades.
Detrás de los porcentajes, las paritarias y la ley, hay una consecuencia cotidiana: trabajar en la universidad ya no garantiza un salario suficiente para vivir. El fenómeno del pluriempleo aparece como una de las principales expresiones de la crisis: “Esto se está viviendo en la UBA y fuera de la UBA. Tenemos casos de compañeros o compañeras con dos cargos simples, más el cargo de investigador científico en el Conicet, tres salarios, y si alquilas, tenés un hijo o una familia, no te alcanza”, relató Perazzi. Según contó, muchos docentes deben sumar clases particulares u otros trabajos para completar sus ingresos.
La pérdida de poder adquisitivo puede traducirse en menor dedicación a la docencia y a la investigación, dificultades para sostener cargos y, a largo plazo, en un debilitamiento de las funciones que cumplen las universidades en la producción de conocimiento. Para el secretario general de FEDUBA, el conflicto tampoco puede separarse de una discusión política sobre el modelo de sociedad que queremos: “No va a haber solución salarial sin solución política y no va a haber solución política sin movilización popular”, y agregó: “El cuerpo lo tenés que poner en la calle. El pueblo argentino todo lo que consiguió, lo consiguió al calor de la lucha callejera y de las medidas de acción directa”.
Capelli expresó una posición similar. Si bien reconoció que el argumento oficial para no aplicar la ley es fiscal, consideró que detrás de esa explicación existe “una motivación política” para reducir el rol de la universidad en producir conocimiento estratégico. Esa reducción afecta especialmente a las investigaciones relacionadas con el “afianzamiento de la soberanía”, desde el desarrollo de submarinos y la exploración terrestre hasta la investigación orbital. En ese sentido, Capelli mencionó la baja o el desfinanciamiento de programas vinculados con ARSAT, el reactor Carem y proyectos del Conicet sobre el fondo del mar. En el mismo sentido, Bonicatto planteó que “el gobierno nacional ha sido muy claro con lo que piensa de las universidades públicas, lo considera un gasto innecesario, lo considera un lugar donde no se genera nada que valga la pena”.
En este escenario, volver a la calle aparece para los gremios como algo más que una herramienta de presión. Las clases públicas previstas para la próxima semana y la organización de una quinta Marcha Federal Universitaria, buscan sacar el conflicto de las universidades y mostrar que lo que está en discusión no afecta solamente a quienes trabajan o estudian en ellas: “El movimiento estudiantil no acompaña solamente, sino que es sujeto protagonista de ese hecho político”, señaló Capelli al referirse a la participación de los estudiantes y de la sociedad argentina en general en las protestas.
El referente gremial de AGD UBA, Javier Palma, dijo que a nivel nacional “el paro es fuerte porque se hace en todas las federaciones, tanto docentes como no docentes. Hay una situación absolutamente de hastío. Estamos frente a un gobierno en rebeldía que no quiere cumplir, se niega a cumplir ningún tipo de medida judicial. Y en este momento, desde AGD entendemos que es el momento para reforzar la lucha, porque no es por el ámbito judicial -que el gobierno desconoce- que vamos a obtener lo que nos corresponde. Sino que hay que volver a insistir en construir un plan de lucha fuerte con toda la comunidad universitaria”.
Bartolacci también destacó el papel que tuvo la sociedad en las movilizaciones anteriores. Plantea que las respuestas parciales que el sistema universitario logró, estuvieron vinculadas a la masiva participación social en las marchas federales y al “abrazo conmovedor de la sociedad argentina a su universidad pública”. Y adelantó que, si no aparecen respuestas en el proceso judicial ni en la próxima negociación paritaria del 17 de septiembre, volverán a convocar a una movilización en octubre.