Amnistía Internacional documentó cómo es el modus operandi del Gobierno en la represión a los fotoperiodistas que, desde que Javier Milei asumió la presidencia, debieron sumar máscaras antigas a sus lentes y cámaras. ¿Cómo influye la precarización laboral en la desprotección?
Buenos Aires, miércoles por la tarde. El sol de marzo todavía pega fuerte sobre el asfalto de la avenida Rivadavia. Frente al Congreso, la plaza va quedando vacía: los jubilados que horas antes colmaban las veredas se dispersaron, algunos a las apuradas, otros con el paso cansado de quien lleva semanas volviendo al mismo lugar y al mismo reclamo. Quedan pocas personas. El ruido bajó. Todo indica que la jornada terminó.
Tomás Cuesta no se fue. El fotoperiodista independiente de 30 años tenía un encargo de Amnistía Internacional: registrar en video cómo actuaba la policía en ese tipo de situaciones, en ese momento específico en que la multitud se disuelve y las fuerzas de seguridad quedan solas con los últimos que resisten. Tenía la cámara en alto. Hacía su trabajo.
Un policía se acercó y empezó a bajarle el brazo. Cuesta lo subió. El policía insistió. Era un forcejeo silencioso, casi absurdo, hasta que dejó de serlo: cuatro gendarmes lo tiraron al piso. Uno le puso la rodilla en la cabeza. Otro le torció el brazo hacia atrás. Lo arrastraron detenido detrás del Congreso, lejos de una plaza que ya casi no tenía testigos.
El episodio no fue una confusión ni un exceso aislado, sino un fenómeno que se repite de forma sistemática, y en el cual las cifras respaldan lo que los fotógrafos describen como una escalada desde la asunción de este gobierno. Amnistía Internacional documentó que durante 2024 aproximadamente 50 periodistas y trabajadores de prensa resultaron heridos durante coberturas, a causa del «accionar violento de las fuerzas de seguridad». El propio informe advierte que esa cifra es un subregistro, ya que el Ministerio de Seguridad denegó o brindó información parcial ante los pedidos de acceso a la información pública. En 2025, según el Informe sobre Libertad de Expresión elaborado por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA), la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), se registraron 83 periodistas agredidos hasta fines de octubre. Solo en la marcha del 12 de marzo se documentaron al menos 20 casos de violencia policial contra trabajadores de prensa. El incremento respecto de 2024 fue del 66%. Esto demostró la aplicación de una lógica que varios fotoperiodistas identifican con precisión: cuando registran lo que las fuerzas de seguridad prefieren que no quede documentado, se convierten en una amenaza. La cámara pasó a ser vista como una herramienta peligrosa en escenarios donde la información se intenta controlar.
El reportero gráfico Tomás Cuesta, en el momento de su detención.
El documento que irrita
«Esa posibilidad de detener el tiempo», responde Leandro Teysseire, reportero gráfico de 51 años que trabaja en Página 12 y que a su vez es editor de ANCCOM y docente de fotoperiodismo en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, cuando piensa en qué puede hacer una foto que no logra ningún otro formato periodístico. La imagen fija no fluye ni se puede esquivar: llega de golpe y permanece.
Juan Manuel Foglia, que tiene 54 años y treinta en el oficio, desarrolla esa idea desde la experiencia: “El documento fotográfico los irrita terriblemente. La fotografía, cuando se transforma en una imagen textual, trasciende mucho más. Implica una mirada más crítica, se generan más preguntas». En Argentina, siempre fueron las imágenes las que quedaron grabadas en la memoria colectiva. Las fuerzas de seguridad también lo saben y es el motivo de su ensañamiento, según Foglia.
Cristina Sille, fotoperiodista de Radio y Televisión Argentina (RTA) con pasado en ANCCOM, lo formula desde otro ángulo: «La imagen siempre tiene algo impactante. En un segundo de ver una foto ya te penetra la retina, muy rápido podés generar algún tipo de sentido. Por eso en estos tiempos más álgidos se apuesta mucho a la imagen fotográfica». Para Sille, una joven reportera de 28 años, el formato tiene además una dimensión que excede la cobertura inmediata: «Hay una importancia que va mucho más allá de publicar en redes: la fotografía como documento, como archivo, como prueba judicial, que termina cumpliendo el rol de almacenar la verdad del hecho».
El caso de Pablo Grillo lo demostró en concreto. Luego del ataque, todos los fotoperiodistas que estaban ese día en la plaza entregaron sus crudos -las imágenes sin editar- para ayudar a reconstruir los hechos. El cruce de ese material, tomado desde distintos ángulos y por distintas cámaras, permitió identificar a Héctor Jesús Guerrero, el gendarme que disparó el cartucho que hirió a Grillo. La fotografía no solo había registrado la violencia, sino que se había convertido en la prueba que el sistema judicial necesitaba.
Es precisamente esa capacidad de constituirse en prueba lo que explica la violencia hacia quien fotografía. El informe Un año de protestas 2024 de Amnistía Internacional lo plantea en términos jurídicos: «Las filmaciones, fotografías y testimonios de la prensa libre funcionan como un control exógeno de la actuación de las fuerzas de seguridad, siendo en innumerable cantidad de ocasiones la fuente de prueba respecto de cómo sucedieron los hechos realmente. La participación libre de la prensa resulta indispensable, ya que de otro modo la única fuente de información serían las propias fuerzas de seguridad». Atacar a un fotoperiodista no es solo violencia física, es también una forma de suprimir evidencia.
El antes y el después
Hay un momento que los reporteros identifican como bisagra. No es una fecha exacta, sino una acumulación: la asunción de Milei en diciembre de 2023, el decreto del protocolo antipiquetes cinco días después, y las primeras marchas de jubilados en 2024. «Siempre es una actividad riesgosa, ya que al estar en la calle uno está más expuesto. Pero en estos últimos años de Milei, significa estar comprometido con poder comunicar lo que pasa», señala Federico Imas, reportero gráfico de Prensa Obrera.
Para Teysseire, el deterioro viene de más atrás: «La relación cambia con el gobierno de Macri. Ahí nos dimos cuenta que los periodistas éramos un blanco directo, pero careteándola un poco. Hoy no caretean nada». La diferencia entre antes y ahora, para él, es de intención: «Cuando ves que un gas lacrimógeno va directo a la cara de un periodista y no hay ningún manifestante ahí, entendés que están yendo directo a la prensa. No es una consecuencia no deseada».
El cambio se mide también en equipamiento. «Antes del 2023 uno salía casi sin protección a cubrir alguna movilización», recuerda Imas. «Ahora hay que llevar kit de seguridad casi siempre. Hubo colegas que, en vez de comprarse un lente, ahorraban para comprarse un casco o una máscara de gas. Hasta ese punto hemos llegado». La Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA) elaboró un protocolo de seguridad y consiguió, a través del SIPREBA, kits básicos de protección para sus socios. «Sin máscara prácticamente no podés ir a las marchas», resume Foglia. Lo que antes era impensado se convirtió en norma.
Durante las coberturas, lo que cambió es también la percepción del riesgo segundo a segundo. «Pasa muchas veces que la situación cambia en treinta segundos», advierte Mariana Nedelcu, reportera gráfica que trabaja con Reuters, El País y Clarín, y que define su trabajo por la atención a la atmósfera y al detalle. La calma que antecede a la tormenta puede poner en riesgo no solo el trabajo, sino también la integridad física. A sus 45 años, Nedelcu afirma que “hay que estar atentos a esos pequeños movimientos que uno ve», y que la cobertura exige una atención y una tensión constantes, una vigilancia permanente sobre el entorno para distinguir esas sutilezas y saber hacia dónde moverse de la manera más segura posible.
Esos treinta segundos pueden ser también los treinta segundos en que las fuerzas policiales consideran que una protesta se transformó en un «delito flagrante» bajo el protocolo antipiquetes. Desde su implementación en diciembre de 2023, la normativa habilitó a las fuerzas federales a intervenir sin orden judicial, priorizando la circulación sobre el derecho a la protesta. En ese margen que separa la tensión del estallido, la cámara ya es un blanco. «Desde el retorno de la democracia, nunca viví esta forma de amedrentamiento. Tiene que ver con eso: bajar esa línea y mostrarlo. No sólo reprimir, sino mostrar que están reprimiendo y que nadie se acerque a ninguna marcha», agrega Foglia.
12 de marzo: cuando el patrón se hizo visible
El 12 de marzo de 2025, durante una marcha de jubilados frente al Congreso, el fotoperiodista Pablo Grillo fue alcanzado en la cabeza por un cartucho de gas lacrimógeno disparado por efectivos de Gendarmería. El impacto le provocó fractura múltiple de cráneo, pérdida de masa encefálica e hidrocefalia. Estuvo casi tres meses en terapia intensiva.
Foglia estaba sobre Rivadavia cuando cruzó la plaza y comenzó a tomar imágenes sin saber aún que estaba registrando a Grillo. Según su relato, «todo pasó en un minuto desde que lo voltea el cartucho hasta que lo asisten. Los mismos manifestantes no se habían dado cuenta de la lesión del chico». El fotógrafo tenía el documento. Lo que mostraba no necesitaba explicación.
Teysseire también estaba ese día, cubriendo para Página 12. «Ese gas lacrimógeno sale de forma rasante, como una bala que apunta directamente a una persona. Por la cantidad de gases que vi, me parece que había alguna habilitación para hacerlo de esa manera», reflexiona. Cuesta, que vivió su propia detención dos meses después, también analizó lo sucedido: «No creo que el tipo que estaba disparando haya dicho ‘voy a tratar de bajar a un fotógrafo’. Creo que simplemente se engolosinan, están mal entrenados, no son profesionales en lo que hacen y tienen una bajada de hacer lo que sea para mantener el orden. Esa combinación los hace cometer errores muy grosos».
Lo que le pasó a Grillo fue el momento en que todo lo que venía ocurriendo en las marchas quedó registrado con nombre, apellido y una imagen que no dejaba lugar a dudas.
El reportero gráfico Pablo Grillo mientras es subido a una ambulancia del SAME.
Solos y precarizados
Detrás de cada fotógrafo que sale a una marcha hay una condición laboral que determina con qué respaldo cuenta. El Informe Libertad de Expresión 2024 revela que el 76% de los trabajadores de prensa no alcanza la línea de pobreza con el ingreso de su trabajo principal y que el 52% tiene dos o más empleos. Entre quienes trabajan como freelancers, el 78% factura por debajo de la canasta básica.
El cierre de Télam en abril de 2025 ilustra con claridad cómo la precarización y la represión se retroalimentan. Sille, que trabajó en la agencia hasta su disolución, lo vivió desde adentro: «Mi modalidad cambió completamente. Yo antes pertenecía un staff y tenía un sueldo y hoy ya no tengo agenda». Según ella, la pérdida no es sólo económica, sino que «los ataques a la prensa, con el silenciamiento de Télam, son un propósito. Quieren una sociedad desinformada. Ya no tenés una agencia que tome esa información, la centralice y la vuelva a poner en territorio».
Lo que Sille describe tiene un correlato concreto en el equipamiento. «Nosotros pasamos de decir ‘¿qué lente me conviene comprar?’ a decir ‘¿qué marca de máscara está mejor?’. Y todo a cuenta nuestra. Cuando trabajás para un medio tenés un seguro, te dan equipo, te dan una máscara. Cuando trabajás por tu cuenta, tu cámara es tuya, no tenés una ART por estar en la calle», describe. El efecto acumulativo de esa combinación es, según ella, exactamente el buscado: «En un contexto cada vez más violento y más represivo, nosotros estamos cada vez más solos y más precarizados. Terminan consiguiendo achicar o desmoralizar a la prensa».
Por qué siguen yendo
La pregunta más difícil no es por qué los atacan. Es por qué vuelven. Ninguno duda demasiado antes de responder, y en todos aparece algo que va más allá de la vocación: una convicción sobre el rol social de lo que hacen. «Si molesta lo que hacemos, es que estamos haciendo bien nuestro trabajo», dice Cuesta. «Me motiva estar en el lugar donde suceden las cosas, porque sos testigo privilegiado de sucesos», formula Teysseire desde un lugar más visceral. Por su parte, Nedelcu lo piensa como una forma de dejar registro, de «generar una evidencia, un documento visual de aquello que está sucediendo». Foglia lo afirma con la certeza de quien lleva treinta años en esto: «Sigo yendo porque quiero ser parte de retratar esta situación que yo no había vivido nunca antes. Y para mostrar que la fotografía sigue siendo un documento fuerte.»
Por último, Sille le pone palabras al impulso que todos comparten: «Ante un gobierno que busca la desinformación, nuestra militancia es informar. Hay una importancia que va mucho más allá de publicar la foto en redes: la fotografía como documento, como archivo, como prueba judicial. Si dejás de contar lo que pasa es porque ya es natural. ¿Dónde termina la escalada represiva si no hay una indignación detrás de eso?»
Con cada respuesta se evidencia un propósito compartido: la fotografía como documento. Y en un escenario donde, como advierte Imas, “quieren acallar las voces que se rebelan contra las medidas antipopulares del gobierno”, comprender la importancia de esta profesión es parte de entender lo que está en juego.
El fotoperiodismo en contextos de represión no es solo un oficio: es una forma de resistencia. La cámara, convertida en testigo, arma y escudo, documenta lo que se intenta ocultar y preserva la memoria de quienes se atreven a manifestar. En cada disparo fotográfico se juega la posibilidad de visibilizar la violencia, de exigir justicia y de sostener la democracia frente a quienes buscan silenciarla.