El comisario de la Policía Federal Gustavo Gauna fue fotografiado armado y sin uniforme durante la represión a la manifestación contra la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Diversos medios, entre ellos ANCCOM, lo retrataron, algunos mientras apuntaba. Denuncias de los organismos de Derechos Humanos.
El jueves 6 de agosto, mientras el Senado debatía la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, organizaciones sindicales, sociales y políticas se movilizaron frente al Congreso para rechazar el proyecto impulsado por el Gobierno. La jornada estuvo atravesada por un fuerte despliegue de las fuerzas de seguridad y, bajo la lluvia, la protesta terminó con represión, heridos y 29 detenidos.
Entre las imágenes que dejó el operativo hay una –que entre otros fotógrafos la registro la fotoperiodista de ANCCOM, Oriana Estrada- que concentra una de las escenas más controvertidas de la jornada. Un hombre vestido de civil, con un arma larga en las manos, junto a efectivos uniformados de la Policía Federal. No lleva uniforme ni una identificación visible que permita reconocerlo fácilmente como integrante de una fuerza de seguridad. Se trata del comisario mayor Gustavo Antonio Gauna, Director General de Organizaciones Criminales de la PFA.
Las imágenes difundidas durante y después de la manifestación lo muestran portando una escopeta calibre 12/70. Desde el Gobierno se justificó el accionar policial, alegando que el comisario formaba parte de las brigadas de civil, destinadas a observar e identificar a personas que generan disturbios para luego intervenir y que portaba un arma “no letal”.
La explicación oficial, deja abiertas varias preguntas: ¿qué función cumplen esas brigadas de civil? ¿bajo qué protocolo intervienen en una protesta?, ¿cómo deben identificarse? ¿Quiénes forman parte de ellas? Y, en el caso particular de Gauna, ¿quién dispuso su participación y qué tarea tenía asignada durante el operativo?
Como en 2001
Para Victoria Darraidou, coordinadora del equipo de Violencia Institucional del CELS, la presencia de un integrante de la Policía Federal vestido de civil y armado en una manifestación resulta especialmente preocupante. “En las imágenes se puede observar que se encuentra sin uniforme ni identificación visible y que porta una escopeta 12/70, un arma apta para cargar distintos tipos de munición, como los cartuchos de estruendo, antitumulto, balas de goma y postas de plomo”, señala.
La ministra de Seguridad sostuvo en una conferencia de prensa que Gauna llevaba una placa que permitía identificarlo como policía, a pesar de que esta no era identificable a simple vista. Para CELS, “esto es importante para que las personas que asisten a la manifestación puedan identificar quiénes son integrantes de las fuerzas de seguridad y también para los procesos de rendición de cuentas de la propia intervención de las fuerzas de seguridad, una vez que los hechos ocurrieron”.
Darraidou señala que la propia Policía Federal cuenta desde 2003 con normativa interna que establece la obligatoriedad del uniforme para los agentes que intervienen en operativos en contextos de protesta social. Ese criterio fue incorporado en 2011 a una resolución ministerial que fijaba criterios mínimos para la actuación de las fuerzas federales en manifestaciones y derogado en 2023 cuando Patricia Bullrich, entonces ministra de Seguridad, oficializó el protocolo para manifestaciones conocido como “protocolo antipiquetes”. Sin embargo, “eso no significa que actualmente esté permitido que un funcionario policial intervenga de forma anónima o de civil en una protesta social”, explica Darraidou y sostiene que “subsisten obligaciones derivadas de tratados internacionales y de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establecen como obligatorio, para la intervención en contextos de protesta, que los integrantes del operativo usen una identificación”.
Desde esa perspectiva, el CELS cuestiona la respuesta del Ministerio de Seguridad frente a la presencia de Gauna en el operativo. “De modo que la intervención de Gauna es absolutamente preocupante”, sostiene Darraidou, y agrega: “Es muy grave que la ministra de Seguridad, lejos de indicar una investigación sobre por qué este comisario inspector formaba parte del operativo sin vestir un uniforme, trate de explicar o fundamentar por qué ese policía estaba en esas condiciones”.
Sin novedades en el frente
La presencia de policías de civil en movilizaciones, sin embargo, no es una novedad. Desde la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) señalan que se trata de una práctica frecuente, aunque hay un elemento que vuelve particularmente significativo el caso de Gauna: “No es tan habitual que anden con armas largas”. Y agregan que lo particularmente significativo es que el comisario haya quedado registrado en imágenes “apuntando”, algo que, según CORREPI, resulta “indicativo del nivel de impunidad imperante”.
Desde la organización también recuerdan que existen numerosos casos de violencia letal protagonizados por agentes que no se encontraban uniformados. Mencionan, entre otros, a los policías Robledo y Leiva, responsables de los disparos con plomo durante la represión del Puente Pueyrredón del 26 de junio de 2002, y el caso de Lucas González, asesinado en Barracas por agentes de la Policía de la Ciudad que se encontraban de civil.
Pero no se trata únicamente de episodios excepcionales. Señalan que los policías, aun cuando se encuentran de franco, conservan la facultad de portar su arma reglamentaria. Según CORREPI, “casi el 70% de los fusilamientos de gatillo fácil ocurren con personal de franco con el arma reglamentaria”. En el caso de las movilizaciones, agregan: “Muchas veces tratan de mimetizarse en la movilización para identificar personas”, una práctica que, sostienen, CORREPI ha podido documentar “con creces” en distintos casos. Entre los antecedentes mencionan el llamado Proyecto X de Gendarmería Nacional.
Por último, reparan en que la situación adquirió una nueva dimensión luego de que Bullrich derogue la Resolución 210/2011, que establecía que el personal de las fuerzas federales que participa de operativos en manifestaciones debe estar uniformado e identificado. “Desde diciembre de 2023 se incrementó la presencia de personal de civil en movilizaciones”. Aunque, según mencionan, aquella obligación “nunca se cumplió efectivamente”, su existencia permitía posteriormente “encarar cuestiones de responsabilidad”.
El abogado Gregorio Dalbón, por su parte, presentó una denuncia por el caso. Acusa a Gauna de abuso de autaoridd y violación de los deberes de funcionario público, además de vejaciones y apremios ilegales. La causa estará en manos de la jueza María Romilda Servini y la investigación quedará a cargo del fiscal federal Carlos Rívolo.
El comisario fue denunciado también por la Comisión Nacional por la Memoria en una presentación judicial más amplia que exige la investigación por el desproporcionado operativo represivo del jueves pasado que incluyó, según el organismo, más de cien granadas de gas lacrimógeno, postas de balas de goma, gas pimienta y cuatro hidrantes que marcharon a contramano por las avenidas De Mayo y 9 de Julio en medio del tránsito.
El diputado socialista Esteban Paulón, a su vez, realizó un pedido de informes para que la ministra Alejandra Monteoliva se presente en el recinto a dar explicaciones de lo sucedido. La mentora de la funcionaria, Patricia Bullrich, negó –como suele hacer ante cada imputación- conocer al comisario Gauna, a pesar de las fotografías que trascendieron donde se los ve juntos en la provincia de Corrientes cuando llegaron allí tras la desaparición del niño de cinco años Loan Peña, cuyo paradero desde hace dos años se desconoce.