En el marco de la 196° período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Frente de Sindicatos Unidos (FreSu) y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa) denunciaron al Estado argentino por el retroceso en materia de derechos humanos, laborales y a la salud.
El CELS, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSu) y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa), junto a los representantes de la Asociación de Abogados Laboralistas, Mariana Amartino y Matías Cremonte y de la Asociación Nacional de Jueces del Trabajo (ANJUT), presidida por Juan Orsini, se pronunciaron hoy por la sociedad civil para denunciar al Estado argentino por poner en marcha “una regresiva reforma laboral que provoca un retroceso de la legislación del trabajo al siglo XIX”, que se produce la desprotección contra el despido injustificado, debilitamiento del salario, regresividad en materia de jornada y descanso, restricciones al acceso a la justicia, el impacto diferenciado a las mujeres, y el incremento de la informalidad, entre otros problemas.
“La Ley de Modernización Laboral tiene serios elementos que marcan una alarma en los indicadores de regresividad de derechos, tanto en lo que hace a la faz de las libertades sindicales. Es decir, del derecho de las organizaciones sindicales y sus miembros de actuar en lo que se conoce como el derecho individual del trabajo. Por ejemplo, desconoce la condición de los trabajadores, excluyéndolos del régimen de control de trabajo, limitando los derechos de indemnización o eliminándolos en muchos casos de los períodos de prueba, eliminando licencias específicas, afectando cuestiones de género”; sostuvo Damían Loreti, secretario del CELS. Y agregó: “También es por la derogación específica de algunos estatutos profesionales, como el Estatuto del Periodista, y la Ley de Protección Estatutaria del Empleado Administrativo de las Empresas Periodísticas”.
La solicitud de audiencia realizada por estas organizaciones e instituciones sociales el 24 de abril de 2026, se basa en las consecuencias de la Ley 27.802 y sostiene que existen antecedentes en la agenda de la modernización laboral: el proyecto de redistribución del poder de la última dictadura cívico-militar que se retomó en el gobierno de Menem y años más tarde, en el de Mauricio Macri. El DNU 70/2023 del actual presidente, Javier Milei, fue un paso fundamental. Si bien los puntos del decreto que abarcaban el ámbito laboral, fueron declarados inválidos por inconstitucionalidad, varios aspectos se aprobaron con la sanción Ley de Bases (27.742) en 2024.
También está el “Protocolo para el mantenimiento del orden público ante cortes de vías de circulación”, aprobado por el Ministerio de Seguridad de la Nación a fines de 2023, que posibilita la represión de las prstetas, las detenciones arbitrarias masivas y aleatorias, el empleo indebido de armas consideradas “menos letales” y un claro designio de liberar las calles a cualquier costo.
El atentado contra el derecho a protesta implica la imposibilidad de manifestarse y reclamar para conseguir o sostener derechos. Sobre esto, Clara Chevalier, secretaria general de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), declaró en diálogo con ANCCOM: “Es muy grave que se plantee la flexibilización horaria en la jornada laboral porque los que son responsables del cuidado de otras personas, no pueden estar organizando sus vidas en torno a lo que toca. Eso perjudica el derecho personal, individual, y a su vez, también está vulnerado el derecho que tiene que ver con juntarse con otros, organizarse y conquistar derechos. Nadie en toda la historia del capitalismo, pudo lograr sus derechos laborales solo. Todo esto es algo más profundo y estructural”.
Por su parte, Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que participó en representación de FreSu, apuntó contra el poder de forma directa. “La reforma laboral tiene la finalidad de abaratar las fuerzas de trabajo y aumentar los márgenes de rentabilidad de las grandes empresas, es decir, que el resultado sería más horas de trabajo y salarios más bajos”. Además, aseguró que no se crearon más puestos de trabajo, a pesar de que ese era el discurso del gobierno, sino que “se está reemplazando empleo informal por empleo informal, empleo registrado por empleo precario”.
Además, el secretario general de Pilotos (APLA), Pablo Biró, denunció: “El Estado me ha iniciado una persecución mediática, gremial, jurídica y personal por ser el secretario general de la Asociación de Pilotos. Se trata de una campaña abierta y pública de difamación llevada adelante por funcionarios del gobierno, utilizando la aplicación Mi Argentina o las carteleras de las estaciones terminales. Usaron todos los recursos del Estado. Me imputaron delitos penales, me hicieron saber que perseguían a mi familia, a mi mujer y a mis hijas, y tuve que presentar un habeas corpus preventivo «. Ante esto, Aguiar sostuvo: “Los altos niveles de autoritarismo no son compatibles con el sistema democrático. La democracia está en riesgo, por supuesto, esperamos ser escuchados; vamos a realizar peticiones concretas”.
La abogada Amortino solicitó en nombre de todas las organizaciones presentes, que la CIDH “emita una comunicación dirigida al Estado argentino en la que llame la atención sobre la incompatibilidad de la reforma laboral con los estándares interamericanos, y llame al cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos. Solicitamos también que esa comunicación sea remitida a todos los tribunales locales para ser tenida en cuenta como instrumento de interpretación del derecho”.
En cuanto a la derogación del Estatuto del Periodista, el secretario adjunto del SiPreBA, Francisco Rabini, señaló que ese accionar “es parte de la reforma laboral que vinimos a denunciar y demuestra que existe una política sistemática destinada a lesionar la libertad sindical y el derecho a huelga. Al debilitar los convenios y facilitar el despido de delegados, se busca desarticular la organización colectiva que históricamente garantizó la pluralidad de voces en nuestro país”.
Siguiendo la misma línea, la abogada Amortino argumentó que la derogación del estatuto no forma parte de los estándares de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y pidió que se le exija al Estado argentino “el restablecimiento de las garantías fundamentales para el ejercicio libre y seguro de la profesión» y, ante cualquier duda, invitó al país a la Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales Culturales y Ambientales (REDESCA), para que recaudara información sobre la situación actual de los ciudadanos que se dan como consecuencias de la reforma laboral en cuestión.
Además, en este período de sesiones temático, es decir, que no se tratan litigios individuales, se habló sobre el acuerdo firmado por Argentina y Estados Unidos en febrero de 2026, en el que, para que exista un comercio recíproco, nuestro país debe reducir y eliminar barreras arancelarias y no arancelarias, y otorgar privilegios comerciales a los productos estadounidenses. El mismo, fue citado en la audiencia sobre el derecho a la salud el lunes 3 de agosto, ya que “por decisión unilateral, el país decidió derogar los criterios estrictos de patentabilidad de medicamentos”; sostuvo Diego Morales, director del Área de Litigio y Defensa Legal del CELS.
Sobre esto último, Chevalier explicó: “El derecho a la salud se abordó por el abandono del Estado nacional en el sector, ya sea por la falta de políticas públicas y/o por el desfinanciamiento a los hospitales públicos. Al desmantelamiento por completo del programa Remediar, se suma la incorporación de todos esos medicamentos en la lista de medicamentos de venta libre, lo que hace que queden sin cobertura y sin regulación. Tampoco hay más campañas de vacunación. La salud ahora es un privilegio, y eso no puede pasar”.
Ante las exposiciones del FreSu, CELS y SiPreBa, los comisionados de la CIDH cuestionaron y solicitaron explicaciones por las irregularidades en la implementación a la reforma laboral a los representantes del Gobierno argentino.