Además de preparar el menú y entregar las viandas, los comedores comunitarios que reciben alguna ayuda de la Ciudad deben registrar todos los días, mediante una aplicación oficial, el documento de cada persona que retira comida. Los que no cumplieron con este registro fueron suspendidos, dejaron de recibir mercadería y no pudieron abrir sus puertas.
El comedor Copitos de La Boca asiste a 450 personas cada día.
El camión llega temprano con los alimentos frescos: carne, pollo y verduras. Una vez por semana entrega también los productos secos, como fideos, arroz y aceite. Con esa mercadería, en el comedor comunitario Siete Esquinas, en esta Ciudad, deben preparar 145 raciones. Afuera, sin embargo, esperan casi 190 personas.
La diferencia de 45 platos es la primera cuenta del día y nadie logra resolverla. Las cocineras estiran las porciones y, cuando ya no alcanza, alguien tiene que salir a decir que no: “Nosotros tenemos que rechazar gente que está realmente con hambre, pero no podemos achicar más los pedazos de carne o los pedazos de pollo”, dice Cecilia Rojas, responsable del espacio.
A esa dificultad, cotidiana desde hace años, se le sumó otra más reciente. Antes de empezar la entrega, una persona debe encender el celular provisto por el Gobierno de la Ciudad, abrir una aplicación y registrar el DNI de cada vecino que retira una vianda. Si ese registro no se hace, el comedor puede ser suspendido y dejar de recibir alimentos durante un período determinado.
Siete Esquinas funciona en el antiguo mercado ubicado en Escalada y Juan B. Alberdi. El galpón perteneció a la Ciudad hasta 1991, permaneció cerrado durante una década y volvió a abrir en 2003, recuperado por una cooperativa surgida de la asamblea barrial. Está en el cruce donde confluyen Mataderos, Floresta, Villa Luro y Parque Avellaneda. De personas que llegan desde esos cuatro barrios se arma la fila. También de otros más alejados: “Hay gente que viene del centro, de distintos lugares”, cuenta Rojas. En los últimos años, dice, cambió el perfil de quienes buscan un plato de comida: “Cada vez llegan más jubilados”.
Hace años que el comedor reclama un aumento en la cantidad de raciones: “Se dan cuenta de que tenemos más gente que raciones y no hay ninguna explicación ni ninguna respuesta”, señala la referente.
Las trabajadoras continúan anotando a mano y recién después trasladan esa información a la aplicación.
La hora y media
A unas treinta cuadras de allí, en Necochea 779, La Boca, la fila frente a Copitos empieza a formarse alrededor de las nueve y media de la mañana. En verano, incluso antes. La gente se sienta sobre el cordón de la vereda de enfrente, conversa, espera. La entrega comienza a las once y media.
Desde la pandemia el comedor dejó de servir la comida dentro del salón. El espacio ya no alcanzaba para la cantidad de personas que asistían y todas las raciones comenzaron a entregarse en viandas. Los viernes, además, reparten la merienda correspondiente al fin de semana para que las familias tengan qué comer el sábado y el domingo. Son unas 450 personas, distribuidas en alrededor de 180 familias. Cecilia Persico coordina el comedor junto a otras dieciséis mujeres, organizadas en dos grupos de trabajo.
Cuando se entrega la última vianda empieza otra jornada. Ya sin la fila en la puerta, la hija de Emilia Persico toma el celular y comienza a cargar uno por uno los datos de quienes retiraron comida: “No la podés hacer mientras tanto, porque con tanta gente llevás un ratito por cada uno”, explica la coordinadora. Entre que ingresa los datos y espera la respuesta del sistema, el procedimiento demora cerca de una hora y media.
El registro digital no reemplazó al de siempre: se sumó. Las trabajadoras continúan anotando a mano quién asistió y quién no, y recién después trasladan esa información a la aplicación: “Ahora ya estamos más cancheras”, dice Persico.
Los comedores comunitarios ya estaban obligados a presentar, cada seis meses, un listado con las personas que asistían: “Lo nuevo es la obligatoriedad de la persona a venir y la obligatoriedad de las personas que participamos de esta tarea de tomar asistencia”, explica.
Al principio el sistema exigía escanear cada DNI. Después permitió cargar los datos manualmente y, más adelante, incorporar con nombre y apellido a quienes no tienen documento. Sin embargo, sigue dependiendo de una conexión a internet, algo que no está garantizado en todos los barrios.
En Siete Esquinas tuvieron que destinar a una persona exclusivamente a esa tarea: “Todas estas labores son gratuitas, a nosotros nadie nos da ni un centavo por hacer estas cosas”, resume Rojas. Y compara esa inversión con otras necesidades que, según sostiene, siguen sin respuesta: “Hay plata para comprar teléfonos celulares para tener un control, cuando era mucho más fácil que tuvieran en cuenta a los trabajadores sociales que iban al territorio a ver las necesidades que hay”.
El Programa de Fortalecimiento de Grupos Comunitarios reúne a cerca de 500 espacios en la Ciudad y todos recibieron un celular con la aplicación instalada. Para Persico, el registro no alcanza: “La aplicación solo sirve para decir: hoy vinieron tantos a buscar la comida, y nada más”.
El sistema no informa cuántas personas viven en la calle, cuántas necesitan medicación o cuántas están por perder la vivienda. Las organizaciones propusieron incorporar datos sobre escolaridad y acceso a la salud para construir un diagnóstico más amplio de la situación social, pero nunca obtuvieron respuesta: “Ahí se pierde el sentido de lo comunitario, se pierde la visión de la realidad, no hay un diagnóstico de las dimensiones de la pobreza”, sostiene la coordinadora.
El menú del miércoles
En la manzana 26 de la Villa 20, en la esquina de Barros Pazos y Miralla, Lugano, el mediodía del grupo comunitario Los Patitos tiene un menú decidido de antemano. Los lunes se sirve pasta; los martes, medallones de pollo; los miércoles, guiso de carne; los jueves, milanesa con puré; los viernes, pollo al horno con ensalada. No lo define el comedor. Lo establece el Gobierno de la Ciudad.
En ese mismo espacio se entregan entre 380 y 400 raciones por día y funciona además un centro de alfabetización para adultos. Cada treinta días llega una inspección para verificar que lo que hay en la olla coincida con lo que figura en la planilla: “Consiste en controlar el alimento, si viene en mal estado, y si se hace el mismo menú del día”, explica Carlos Cañete, referente del comedor.
A diferencia de otros espacios, describe una relación fluida con las autoridades. Todos los miércoles, cuenta, los referentes de los barrios se reúnen en el Elefante Blanco con funcionarios del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat para discutir los menús y la calidad de los productos que reciben: “A veces viene otra marca de fideos y se te hace todo bollo”, ejemplifica.
El celular llegó a principios de año y la capacitación duró una sola jornada. Después, una integrante del grupo quedó a cargo de cargar, de lunes a viernes, la asistencia de cada familia. La resistencia apareció cuando el sistema exigía escanear el documento de identidad de cada persona: “No queríamos escanear a cada beneficiario, nos parecía de policía controlar cada DNI. Los beneficiarios tampoco lo querían”, recuerda Cañete. Con el tiempo, como ocurrió en otros comedores, terminaron adaptándose al nuevo mecanismo.
Quince días
Los tres comedores terminaron utilizando la aplicación. Dos de ellos lo hicieron después de haber sido sancionados. La penalidad siempre fue la misma: el Gobierno dejó de enviar la mercadería y como consecuencia el lugar debe permanecer cerrado. No hubo multas ni instancias de descargo. Simplemente, el camión dejó de llegar. Transcurrido un plazo de unas semanas, el envío de alimentos se reanudó automáticamente y el comedor volvió a funcionar bajo un seguimiento más estricto. Lo único que no regresó fueron las comidas que dejaron de servirse durante esos días.
En Los Patitos la suspensión llegó después de impedir el ingreso de los inspectores durante un control. El comedor permaneció cerrado dos semanas: “Lo tuvimos que hacer sí o sí”, resume Cañete.
En Siete Esquinas la sanción fue distinta. No habían designado a una persona para realizar diariamente la carga en la aplicación: “Tuvimos que hacer un esfuerzo muy grande para que alguien asuma esa tarea. Nos sancionaron 15 días sin alimentos y tuvimos que dar el brazo a torcer”, recuerda Rojas.
Los pallets y la boleta de luz
Las inspecciones existen desde hace años. Están a cargo de equipos técnicos encabezados por trabajadoras sociales y, hasta hace un tiempo, también participaban nutricionistas asignadas a cada barrio. Lo que cambió, según coinciden las organizaciones, fue la frecuencia de los controles y el tipo de exigencias.
En Siete Esquinas las inspecciones son semanales: “Nosotros somos controladas todas las semanas”, dice Rojas. En Copitos recuerdan operativos en los que cuatro o cinco personas recorrían el lugar, revisaban los freezers y regresaban durante el horario de entrega para contar cuántas personas retiraban comida.
Ninguno de los tres espacios rechaza las inspecciones: “Estoy de acuerdo con las condiciones de seguridad”, aclara Persico. Por eso, en Copitos reemplazaron las estanterías de madera por estructuras metálicas y levantaron las cajas del piso. Sin embargo, las exigencias continúan creciendo: pallets plásticos, carros con ruedas, matafuegos especiales para cocina: “Primero tenés que pagar la luz y el agua para poder comprarlas. Que nos las compren ellos, que nos las bajen ellos, no tenemos problema”, reclama la coordinadora, que pide que el control alcance también a la mercadería que llega desde los proveedores: “Viene el pan con el pollo y ves la bolsa del pan mojada con el descongelamiento. Me vas a controlar a mí, controlá también a la empresa”.
Los alimentos llegan, pero el dinero no siempre. Copitos y Siete Esquinas reciben, además de la mercadería, un subsidio semestral, mientras que Los Patitos sostiene su funcionamiento únicamente con los alimentos que entrega el programa. Incluso donde existe ese aporte, las cuentas tampoco cierran. El último desembolso, además de la entrega de comida, que recibió Copitos fue de dos millones de pesos, correspondiente a seis meses: “Con esto pago dos boletas de agua y dos boletas de luz. Nada más”, calcula Persico. En Siete Esquinas el subsidio apenas alcanza para cubrir el gas, y las ollas, los utensilios, las reparaciones y buena parte de los gastos cotidianos salen del bolsillo de quienes sostienen el espacio.
Los nuevos
Mientras las exigencias y las necesidades aumentan, la red de comedores se reduce. En La Boca, de los 28 grupos comunitarios que integraban el programa hoy quedan 21. Los otros siete cerraron o fueron suspendidos y las familias que asistían a esos espacios comenzaron a acercarse a los que continuaban abiertos: “Los absorbimos nosotros y no nos aumentaron raciones”, dice Persico.
Hace años que coordina Copitos: “Para mí el comedor es un termómetro, no me hace falta ningún economista”, dice la referente. Durante los últimos años del gobierno de Mauricio Macri, recuerda, la demanda aumentó cerca de un 50 por ciento. Durante la gestión de Alberto Fernández se estabilizó. En la pandemia volvió a crecer, aunque de manera transitoria. Lo que observa desde hace dos años es distinto: “Hay un mix de realidades que va desde la persona en situación de calle hasta el que tiene el kiosquito, o el que trabaja en blanco y no le alcanza y viene a buscar la comida para la noche”. Entre quienes hacen la fila aparecen vecinos con casa propia, algunos con auto y cada vez más jubilados: “Hay mucha gente que viene con vergüenza”, dijo.
En Los Patitos entregan comida a 389 personas y todos los días alguien pregunta si quedó una vacante: “Hay más necesidad que antes”, resume Cañete. En Copitos ya no hay lugar para incorporar nuevas familias. En Siete Esquinas, mientras tanto, cerca de 50 personas diariamente no están contempladas en la cantidad de alimentos que descarga el camión.
La aplicación registra una por una a las personas que alcanzan una vianda. A quienes vuelven a su casa sin comida, en cambio, no los cuenta nadie.